IU y UGT coinciden en que la crisis no debe frenar la protección a los parados y la inversión en políticas activas de empleo

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, han coincidido hoy en que los recortes de ingresos que la crisis económica provocará en las cuentas públicas no debe afectar a la protección que se ofrece a los desempleados, ni tampoco a la necesidad de que se produzcan inversiones reales para mejorar las políticas activas de empleo y los servicios públicos para un número de parados que se incrementa como consecuencia de la mala situación económica.

Llamazares y Méndez plantearon estas cuestiones tras la reunión que mantuvieron delegaciones de ambas organizaciones en la sede del sindicato. Llamazares destacó que la situación de grave crisis económica “no justifica ajustes presupuestarios por parte del Gobierno, ni medidas sociales laborales y sociales regresivas. Por el contrario, debemos buscar un cambio de modelo económico y buscar otro más equilibrado, más justo y más sostenible”.

El máximo dirigente de Izquierda Unida alertó de que están en peligro “algunas de las conquistas sociales y laborales logradas por los trabajadores en las últimas décadas. Como también lo están los sistemas educativo y sanitario públicos. No se pueden consentir recortes en ambos”.

Llamazares se sumó al planteamiento, ya expresado en las últimas semanas por Izquierda Unida, para apoyar activamente las movilizaciones que desde distintos ámbitos –incluidas las que preparan CC.OO y UGT- se iniciarán a partir del mes de septiembre contra la Directiva de Tiempo de Trabajo, aprobada por los ministros de Trabajo de la Unión Europea en junio, que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales y sienta las bases para eliminar la negociación colectiva.

Izquierda Unida también movilizará a sus militantes y simpatizantes en contra de la denominada ‘Directiva de Retorno’ que endurece la vida de los inmigrantes en los Estados de la UE, elimina derechos y facilita sus expulsiones de Europa recortando las garantías judiciales existentes hasta ahora.