Tras la aprobación dela nueva regulación estatal en materia de suelo mediante la Ley del Suelo aprobada con el nº 8/2007 de 28 de mayo de 2007, se hacía necesaria y obligatoria una modificación y adaptación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha a la nueva normativa. Además de esa adaptación legal el Gobierno regional ha querido ir más allá y ha aprovechado la ocasión para introducir modificaciones que deberían suponer elementos de mejora y adaptación a las necesidades sociales. Sin embargo estas modificaciones, como ya ha sucedido en anteriores reformas de la ley, han quedado supeditadas a reflejar en la norma determinados intereses de promotores inmobiliarios.
Cada vez que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha legislado sobre la ordenación del territorio y la actividad urbanística en nuestra región, ha tenido determinados y específicos intereses urbanísticos de unos pocos promotores y empresarios del ladrillo en el punto de mira, ha sido más la influencia de unos cuantos que el peso de los intereses de los ciudadanos demandantes de vivienda, del derecho a una vivienda digna a precio asequible y también han pesado más determinados proyectos empresariales que el desarrollo social y medioambientalmente sostenible de nuestra región.
El Coordinador Regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha recordado que “no es la primera vez que la legislación piensa en unos pocos y no en el interés de los ciudadanos y del mejor desarrollo de la región, ya que en una anterior reforma de la LOTAU se eximió a los promotores urbanísticos de construir ni una sola vivienda protegida en municipios menores de 10.000 habitantes, que son la gran mayoría, casi 900, en toda la región; esa medida supuso inyectar grandes ganancias a determinados promotores inmobiliarios que no tenían que construir ninguna vivienda de protección oficial y, a su vez, endeudar hasta las cejas a miles de ciudadanos que se veían obligados a hipotecarse de por vida ante la ausencia de VPO”. “De esta forma y con esta colaboración inestimable “el Pocero” sacó adelante en Seseña un PAU que pretendía construir más de 13.500 viviendas, ni una sola de protección oficial”, añadió el Coordinador de IU.
Para IU, que la reforma de la LOTAU recoja explícitamente las modificaciones de los artículos 54.5 y 89.1b) y ello suponga adaptar una Ley, una norma de carácter regional y básica para nuestro desarrollo, a las pretensiones determinadas, singulares y específicas de determinados promotores demuestra que este Gobierno regional ni sabe, ni quiere, ni puede legislar y sacar adelante políticas en urbanismo y vivienda donde primen los intereses de los ciudadanos y no los de unos pocos que simplemente intentan sacar adelante su negocio. Los proyectos urbanísticos deben adaptarse a la ley, no al contrario, adaptar la ley al proyecto.
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