Casi el 40% de España está en riesgo de desertificación

PÚBLICO.ES / AGENCIAS
La creación de un Observatorio de la Desertificación en España y de un sistema que establezca las zonas en riesgo donde se deben tomar acciones de prevención son dos de las medidas que recoge el nuevo Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Este plan, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y que se publica en el Boletín Oficial del Estado, fija las líneas de acción del Gobierno para evitar la desertificación, que amenaza de forma significativa a más de un tercio de la superficie del país. Según datos de este programa, el 17,85 % de la superficie está en riesgo alto o muy alto y el 19,20% en riesgo medio.

El 74,05 % de la superficie de España, que suman 37.476.605 hectáreas, son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, de las que el 2,03 % sufre riesgo muy alto de sufrir procesos de desertificación, el 15,82 % está en riesgo alto, el 19,20 por ciento en riesgo medio y el 36,99 % de ellas está calificado de riesgo bajo. Mientras, el 26,95 % del territorio restante son zonas húmedas y subhúmedas, agua o superficie artificial.

Por áreas, las más afectadas por este fenómeno son el sureste y este peninsular y Canarias, y las que presentan un menor riesgo de desertificación son las tierras del tercio norte peninsular.

Creación de una Oficina Técnica y de un Sistema de Evaluación y Vigilancia
El plan propone también la creación de una Oficina Técnica de la Desertificación que, junto con el Observatorio, desarrollará las medidas propuestas para prevenir la degradación de los suelos como fomentar una agricultura sostenible, luchar contra la sequía o conservar la masa forestal, así como para luchar contra los incendios e investigar este fenómeno.

Se creará un Sistema Integrado de Evaluación y Vigilancia de la Desertificación, que coordinará los estudios que se desarrollan sobre este problema y propondrá otros nuevos para evaluar el estado actual de los suelos y pronosticar su evolución dependiendo de cómo varíen el clima y otros factores.

La aprobación de este programa es uno de los compromisos adquiridos por España al firmar la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Participación de las Comunidades Autónomas

La puesta en marcha del plan requerirá la implicación de las comunidades autónomas, que han participado en su elaboración a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, junto con otros organismos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

IU y UGT coinciden en que la crisis no debe frenar la protección a los parados y la inversión en políticas activas de empleo

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, han coincidido hoy en que los recortes de ingresos que la crisis económica provocará en las cuentas públicas no debe afectar a la protección que se ofrece a los desempleados, ni tampoco a la necesidad de que se produzcan inversiones reales para mejorar las políticas activas de empleo y los servicios públicos para un número de parados que se incrementa como consecuencia de la mala situación económica.

Llamazares y Méndez plantearon estas cuestiones tras la reunión que mantuvieron delegaciones de ambas organizaciones en la sede del sindicato. Llamazares destacó que la situación de grave crisis económica “no justifica ajustes presupuestarios por parte del Gobierno, ni medidas sociales laborales y sociales regresivas. Por el contrario, debemos buscar un cambio de modelo económico y buscar otro más equilibrado, más justo y más sostenible”.

El máximo dirigente de Izquierda Unida alertó de que están en peligro “algunas de las conquistas sociales y laborales logradas por los trabajadores en las últimas décadas. Como también lo están los sistemas educativo y sanitario públicos. No se pueden consentir recortes en ambos”.

Llamazares se sumó al planteamiento, ya expresado en las últimas semanas por Izquierda Unida, para apoyar activamente las movilizaciones que desde distintos ámbitos –incluidas las que preparan CC.OO y UGT- se iniciarán a partir del mes de septiembre contra la Directiva de Tiempo de Trabajo, aprobada por los ministros de Trabajo de la Unión Europea en junio, que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales y sienta las bases para eliminar la negociación colectiva.

Izquierda Unida también movilizará a sus militantes y simpatizantes en contra de la denominada ‘Directiva de Retorno’ que endurece la vida de los inmigrantes en los Estados de la UE, elimina derechos y facilita sus expulsiones de Europa recortando las garantías judiciales existentes hasta ahora.