26 de septiembre de 2013

IU de Castilla-La Mancha se opone al copago hospitalario por ser "inhumano"

Daniel Martínez.
En un comunicado de prensa, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha pedido al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que tome una decisión sobre este asunto "pensando en la salud de las personas" y le ha solicitado que no aplique el copago en Castilla-La Mancha, que entra en vigor el próximo 1 de octubre.
Si bien, como explicó el consejero en el encuentro digital mantenido con Encastillalamancha, el copago "no es optativo, España es un estado social y de derecho donde las normas se cumplen. Es una norma de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Esta comunidad, que es muy leal con su país, no tiene otra opción que ponerla en marcha. Será una medida positiva".
Martínez ha calificado de "muy grave e inhumana" esta medida que, a su juicio, demuestra "la nula sensibilidad" con los enfermos graves y las personas más vulnerables en una sanidad pública cuya gestión "se está supeditando", ha opinado, a los intereses económicos y las empresas privadas del sector.
LA ADMINISTRACIÓN "APENAS AHORRA" CON LA MEDIDA
El coordinador regional de Izquierda Unida ha explicado que los enfermos afectados por este copago no pueden dejar de tomar esa medicación y, además, la administración "apenas ahorra nada e incluso se llegarán a aumentar los costes de la asistencia sanitaria ante el agravamiento de la situación de los enfermos".
Según IU, la implantación del copago hospitalario en Castilla-La Mancha "no solo supone poner en peligro la asistencia sanitaria para los enfermos con menos recursos económicos y con gravísimos problemas de salud" sino que, además, es una "tremenda discriminación" con respecto a pacientes de comunidades como Asturias, País Vasco, Navarra, Andalucía, Canarias y Valencia que no lo aplicarán.
Izquierda Unida ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con más desempleo, menos ingresos per cápita y mayor índice de riesgo de exclusión y pobreza.

Fuente: www.encastillalamancha.es

23 de septiembre de 2013

Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las pensiones

En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual

Pedro Montes (iz) y Henrique Illueca (dcha) al lado de Alberto Garzón, ayer en el Congreso.- MARIANO ASENJO

¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.
Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.

Gasto excesivo 

La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones".
"Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos por la recesión, así que lo verdaderamente insostenible es la recesión"
En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro: seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB. 
Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones", sostienen.

Más ingresos

Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos "no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales". Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.
"Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones" Y la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida". 
Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva".
Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo".

Infórmate

El manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org
Los firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis Monereo,  Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio,Julio Rodríguez y Amat Sánchez.

Fuente: www.publico.es

19 de septiembre de 2013

IU insiste en su disconformidad sobre los asuntos tratados en el último Pleno

http://www.daimiel.es/ptr/gestion/usuarios/user235550/daimiel/files/img/vdaimiel20130919141541.JPG?maxHeight=350&maxWidth=590&distort=1 
Rodríguez de la Rubia se lamentaba de que no hubiera lugar a debate en el último pleno sobre la Cuenta General del Ejercicio 2012. El edil consideraba que, teniendo en cuenta que se trata de un documento donde se reflejan las políticas económicas del Equipo de Gobierno, habría sido "un punto interesante para debatir y comprobar en qué se han aplicado los distintos recursos económicos del Ayuntamiento y su justificación".

Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Daimiel, Galo Sánchez Bermejo y Juan Julián Rodríguez de la Rubia, comparecían en rueda de prensa durante la mañana del jueves para profundizar en los puntos tratados en el último pleno.

Una comparecencia en la que Rodríguez de la Rubia se lamentaba de que no hubiera lugar a debate en el punto sobre la remisión de la Cuenta General del Ejercicio 2012 a los órganos fiscalizadores competentes. El concejal consideraba que, "teniendo en cuenta que se trata de un documento donde se reflejan las políticas económicas del Equipo de Gobierno, habría sido un punto interesante para debatir y comprobar en qué se han aplicado los distintos recursos económicos del Ayuntamiento y su justificación".

En lo que respecta a la relación de facturas que el Ayuntamiento va incluir en la segunda convocatoria del Plan de Pago a Proveedores, aunque reconocía su conformidad en que los proveedores cobren, incidía en el problema de la carga financiera extra que el plan conllevará al Ayuntamiento y que cifraba entre 70.000 y 80.000 euros. El portavoz de la coalición, Galo Sánchez Bermejo, a este respecto, recordaba que a esa carga financiera habría que añadir, además, la que van a provocar "los 300.000 euros" que, según sus palabras, tendría que pagar el Ayuntamiento como indemnización "por los últimos despidos improcedentes".

También expresaba sus dudas ante la eliminación de la Sindicatura de Cuentas regional, "un órgano de control y de fiscalización" que considera "indispensable para la transparencia necesaria en la gestión de los Ayuntamientos".

En cuanto a la no renovación del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), De la Rubia acusaba al Equipo de Gobierno de ocultarles información al respecto ya que entendía que, "sabiendo desde junio que se iba a presentar esta moción, se esperó a utilizarla en el pleno de septiembre, cuando más les convenía". El edil, que insistía en lo negativo de cerrar espacios de participación ciudadana, calificaba el proyecto como "muy interesante" y consideraba que "se podría haber continuado con él, realizando los cambios oportunos, si hubiera existido esa intención por parte del Ayuntamiento".

En este sentido, De la Rubia anunciaba la solicitud al Ayuntamiento de la lista de gastos que ha ocasionado este proyecto a las arcas municipales, ya que "contaba con financiación de la Obra Social de La Caixa, y que en principio, debería no debería haber conllevado coste alguno para el Consistorio", remarcó.

Por otro lado, Sánchez Bermejo también repasó el apartado de preguntas reclamando una vez más la pronta puesta en marcha de la construcción del nuevo colegio público San Isidro e instando al alcalde a exigir al Gobierno Regional el dinero necesario para comenzar las obras.  También exigía un trato igualitario en el espacio reservado para cada uno de los grupos políticos en la revista Daimiel Noticias, refiriéndose al último de los publicados, un monográfico sobre presupuestos, algo sobre lo que, además, según Sánchez Bermejo, no se les informó previamente.

Respecto a  Cooperación Internacional, volvía a citar el acuerdo aprobado "por mayoría, con la abstención de las concejalas del Partido Popular", el pasado mes de julio en la última reunión del Consejo de Cooperación, de elevar a pleno la vuelta a los 56.000 euros para esta partida en el presente ejercicio, algo que esperaba poder debatir en la próxima sesión. En este sentido Sánchez Bermejo insistía también en que actualmente "la partida para Cooperación Internacional es de sólo 25.000 euros, no 40.000", ya que, entienden, los 15.000 euros restantes que van destinados a Cáritas y Cruz Roja, "no se deberían incluir en esta partida". Refiriéndose a la pregunta formulada sobre la Feria Taurina, el concejal rebatía la contestación en el pleno del concejal de Festejos, David Gómez-Cambronero, aclarando que su intención "no es prohibir las corridas de toros", sino que no consideraba adecuado apoyar desde lo público este tipo de actividades dada la actual situación económica.

Por último, hacía referencia a la próxima reforma de las pensiones que va a llevar a cabo el Gobierno Central, acusando al Ejecutivo de no cumplir con sus promesas electorales y de mentir al decir que no bajarán su cuantía con este nuevo modelo, cifrando en alrededor de un 20 por ciento la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas calculándolo sobre el IPC actual.

Fuente: www.daimiel.es