31 de marzo de 2014

El Gobierno falsea los datos de la Seguridad Social

El Gobierno justifica su gestión de la Seguridad Social basándose en una falsedad: afirma que el déficit previsto inicialmente en 2013 era de 1,4% del PIB, pero que la diferencia entre los gastos y los ingresos del organismo sólo superará por poco el 1,1%. Dice, pues, que ha mejorado sus previsiones iniciales. Esta afirmación es pura y simplemente falsa.
El Presupuesto de 2013 señalaba en la página 10 literalmente lo siguiente: "El presupuesto de la Seguridad Social para el año 2013 se presenta formalmente equilibrado en términos de ingresos y gastos del sistema", por una cuantía de 128.231.735,46 euros en el Presupuesto consolidado.
Poniéndose la venda antes que la herida, el Gobierno asumía en el presupuesto para 2014 que iba a haber un importante déficit en el sistema de la Seguridad Social. Como ahora este déficit descomunal es algo menor que el corregido sobre la marcha, se dice que la previsión "inicial" ha mejorado. Pero la prevision inicial era el equilibrio financiero.
Para disimular la trampa, incluso se ha retrasado premeditadamente la publicación de unos datos que el Gobierno anterior siempre presentaba hacia el 15 de enero. El del PP lo ha hecho el 31 de marzo, cuando era imposible postergar más la publicación de esos datos.

¿De dónde viene este déficit?

Los datos oficiales de la contabilidad presupuestaria facilitados por la Intervención General de la Seguridad Social contenidos en el proyecto de Presupuestos de 2014 y la liquidación de 2013, permiten hacer balance de los dos últimos años de gestión del Gobierno socialista y los dos primeros del PP.
Ejercicio
2010
2011
2012
2013

Ingresos por Cotizaciones
105.491,0
105.311,6
101.059,2
98.093,15
Gastos por Pensiones
97.732,2
101.529,8
105.498,6
108.579,77
Superávit o Déficit
2.444,1
- 487,3
-5.812,8
-8.808,23
En millones de euros
Un dato parece claro: si la Seguridad Social hubiera mantenido las cotizaciones sociales cobradas en 2011, tras varios años de dura crisis, el déficit prácticamente no hubiera existido. Pero las pensiones, esas que hay que recortar para sostener, han crecido menos de lo que han caído las cuotas, que aguantaron hasta 2011.

Tres informaciones complementarias

Los datos de subsidios por incapacidad temporal no han dejado de bajar, lo cual puede parecer bien, aunque algunos pensamos que se están tratando por igual a los enfermos de verdad que a los simuladores. También están bajando un 5% las ayudas por maternidad, paternidad y riesgo por el embarazo, lo que se contradice con la teórica defensa natalista de este Gobierno.
Y por último, los datos de la Seguridad Social empeoran claramente, pero las Mutuas de Accidentes de Trabajo, asociaciones de empresarios,  siguen con superávit, de la misma forma que sus reservas no han sido tocadas mientras disminuye el Fondo de Reserva.
Lo de menos es que el Gobierno falte a la verdad. Lo que de verdad es grave es que las arcas públicas se vacíen mientras las prestaciones se recortan y los fondos de gestión privados son intocables.

Fuente:   www.publico.es

"Abrumador" impacto del cambio climático: Más sequías e inundaciones

Incremento de las migraciones vinculadas a las condiciones climáticas, así como los conflictos y las amenazas a la seguridad nacional

   El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha presentado este lunes un informe en la localidad japonesa de Yokohama en el que ha resaltado que el impacto del cambio climático es "abrumador" y ha indicado que los ecosistemas están soportando un gran peso a causa del mismo, al tiempo que ha alertado del futuro impacto sobre los seres humanos.
   El documento, acordado tras una semana de discusiones en la localidad, es el segundo de un grupo de informes que se presentará este año y que apuntan a las causas, efectos y soluciones para el cambio climático. El IPCC ha subrayado que la cantidad de pruebas científicas que respaldan la existencia de este fenómeno y de sus peligros es aplastante, y ha detallado que la misma se ha duplicado desde 2007, cuando presentó su último informe.
   "El incremento de las magnitudes de calor hace que ascienda la posibilidad de impactos severos, penetrantes e irreversibles", ha indicado. El texto recoge que desde los glaciares al permafrost, el impacto ha sido consistente en todos los continentes y océanos.
   "Antes de esto pensábamos que sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero ahora tenemos pruebas aplastantes de que está pasando y de que es real", ha dicho el doctor Saleemil Huq, uno de los autores del documento.
   Por su parte, el secretario de la Organización Mundial Meteorológica, Michel Jarraud, ha sostenido que, antes de este informe, la gente podía citar "ignorancia" respecto al cambio climático. "Ahora, la ignorancia ha dejado de ser una buena excusa", ha remachado.
   El informe detalla impactos a corto plazo en los ecosistemas en los próximos 20 ó 30 años y cifra cinco motivos de preocupación, entre los que están las amenazas a sistemas únicos como el hielo del Ártico y las barreras de coral, el impacto sobre el mar y los sistemas de agua dulce.
   En este sentido, el documento afirma que los océanos aumentarán su acidez, amenazando a los corales y a las especies que viven en ellos y provocando que los animales, plantas y otras especies se muevan hacia los polos con el incremento de las temperaturas.
PRONOSTICA MÁS HAMBRUNA
   Respecto al impacto del cambio climático sobre los seres humanos, el IPCC ha alertado de que la seguridad alimentaria es un aspecto que desata especial preocupación. Las previsiones contemplan pérdidas de hasta el 25 por ciento en las cosechas de maíz, arroz y trigo en el periodo que se extiende hasta 2050.
   Además, múltiples especies de peces, fuente de alimentos para una importante parte de la población, se desplazarán a causa del calentamiento de las aguas, lo que podría provocar una disminución en la pesca en los trópicos y la Antártida de hasta el 50 por ciento en dicho periodo de tiempo.
   "Es un informe aleccionador. Si proyectamos el futuro, los riesgos sólo aumentan sobre la población, los cultivos, la disponibilidad de agua, y los sucesos extremos", ha sostenido el profesor Neil Adger, de la Universidad de Exeter, también autor de un capítulo del informe.
   El documento resalta además que la población mundial se verá además afectada por inundaciones y un incremento de la tasa de mortalidad a causa del calor, y advierte del incremento de las migraciones vinculadas a las condiciones climáticas, así como los conflictos y las amenazas a la seguridad nacional derivadas de las mismas.
ES POSIBLE LUCHAR
   Por otro lado, apunta que el mundo, en la mayor parte de los casos está "poco preparado" para afrontar los riesgos de este fenómeno, aunque aún es "posible" luchar en su contra, aunque esto requiere "tomar decisiones". El trabajo incluye las aportaciones de 309 autores principales y editores de 70 países que, a su vez, solicitaron ayuda a otros 436 autores y un total de 1.729 revisores expertos.
   El copresidente del grupo de trabajo II, Vicente Barros, ha manifestado que esta es una época en la que "el cambio climático está causado por el hombre" y que en muchos casos el mundo no está preparado para los riesgos relacionados con el clima. "Invertir en una mejor preparación puede reportar dividendos en el presente y en el futuro", ha manifestado.
   Por su parte, el también copresidente del grupo de trabajo II, Chris Field, --premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA este año-- ha manifestado que ya se está empezando a producir una adaptación para reducir los riesgos derivados del cambio climático, pero ha lamentado que se concede más importancia a reaccionar ante fenómenos ya ocurridos que a prepararse para la evolución futura.
   "La adaptación al cambio climático no es un programa exótico que no se haya intentado nunca. Los gobiernos, las empresas y las comunidades de todo el mundo están adquiriendo experiencias sobre la adaptación", ha señalado Field durante la presentación del documento en Japón.
   Además, ha manifestado que estas experiencias son precisamente el punto de partida para lograr adaptaciones "más audaces y ambiciosas, que serán importantes a medida que continúen cambiando el clima y la sociedad" y ha explicado que con niveles elevados de calentamiento por el aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero "será difícil controlar los riesgos y, aunque se invierta de manera significativa y continuada en la adaptación, habrá limitaciones".
YA SE PRODUCE EN TODO EL MUNDO
   En el momento actual, se han referido a los impactos del cambio climático que "ya se han observado" en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas de la tierra y los océanos, el abastecimiento de agua y los medios de vida de algunas personas y ha expuesto que el rasgo "más llamativo" es que estos impactos se están produciendo desde los trópicos hasta los polos, desde las islas pequeñas hasta los grandes continentes y desde los países más ricos hasta los más pobres.
   En este contexto, Field ha insistido en que personas, sociedades y ecosistemas son vulnerables en todo el mundo, pero la vulnerabilidad es diferente en cada lugar, al tiempo que el cambio climático interactúa con "otras tensiones", aumentando el riesgo.
   A este respecto, Barros ha manifestado que la adaptación puede contribuir "decisivamente" a disminuir esos riesgos" y que en parte, el motivo de que la adaptación sea "tan importante" es que el mundo se enfrenta a una multitud de riesgos derivados del cambio climático que ya están integrados en el sistema climático, debido a emisiones previas y a la infraestructura existente".
   Del mismo modo, Field ha subrayado que si se comprende que controlar los riesgos del cambio climático es una "tarea acuciante" se abre una "amplia gama de posibilidades" para integrar la adaptación en el desarrollo económico y social y en las iniciativas para limitar el calentamiento en el futuro.
   "Es indudable que nos enfrentamos a una tarea difícil, pero comprender esas dificultades y hacerles frente de manera creativa puede hacer que la adaptación al cambio climático se convierta en una vía importante para construir un mundo más dinámico a corto plazo y en un futuro más lejano", ha valorado.
   Por su parte, el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri ha subrayado que el informe del grupo de trabajo II es "otro avance importante en la comprensión sobre cómo reducir y gestionar los riesgos del cambio climático" y que junto, con los informes de los Grupos de Trabajo I y III, el documento proporciona un panorama conceptual de las características esenciales del problema, pero también de las posibles soluciones.
   Finalmente, Pachauri ha declarado que los informes del IPCC son "una de las empresas científicas más ambiciosas de la historia de la humanidad" y ha confesado que se siente "muy honrado y agradecido" por las aportaciones de cuantos los hicieron posibles".

Fuente:   www.europapress.es

IU ultima la querella que presentará contra todos los antiguos miembros del Consejo de Administración de Bankia y BFA

Cayo Lara adelanta esta iniciativa a los miembros de la Presidencia Federal, órgano de dirección de IU que en su reunión de hoy recibe más detalles de Enrique Santiago, encargado de coordinar a nivel técnico una actuación dirigida especialmente a la comercialización de las preferentes
Izquierda Unida tendrá lista en los próximos días la querella que prepara desde hace tiempo para registrar en la Audiencia Nacional contra todos los antiguos miembros del consejo de administración de Bankia y BFA que, junto a otras cuestiones, estará centrada en la comercialización de las preferentes y las consecuencias penales que de ello se puedan derivar. La Presidencia Federal de IU recibió hoy información de esta actuación a través de Enrique Santiago, secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, y abogado que coordina el contenido técnico de la querella.

IU busca con esta actuación judicial que se investigue la posible comisión por parte de los anteriores máximos responsables ejecutivos de esta entidad bancaria de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad, alteración del precio de las cosas y asociación ilícita.

Santiago se está encargando de supervisar los últimos detalles jurídicos de la querella en su calidad de letrado y miembro de la dirección federal, igual que coordinó también el trabajo para la presentación hace más de un año de la actuación en relación a los denominados ‘papeles de Bárcenas’, lo que permitió que se abriera una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre un tema que ha acabado convirtiéndose en el ‘caso PP-Bárcenas’.

En la presentación de su Informe Político a los miembros de la Presidencia Federal de IU el coordinador federal, Cayo Lara, se refirió también a esta querella contra los ex máximos responsables de Bankia y BFA y aseguró que “muchos decían que no nos íbamos a atrever por razones internas, pero sí la vamos a llevar a los tribunales”.

Indicó que a Izquierda Unida no le va a “temblar el pulso en los temas que tengan que ver con cualquier tipo de corrupción y corruptelas”, al tiempo que se comprometió a que “esa hoja de ruta nadie la va a cambiar”.

IU, que lleva años denunciando políticamente cómo se ha gestionado el rescate bancario que ha acabado con la nacionalización de multitud de las antiguas cajas de ahorro por la nefasta gestión que hubo en ellas en la época de la ‘burbuja inmobiliaria’ y al comienzo de la crisis económica, pretende que la investigación judicial que se derive de la querella “constante si hubo un saqueo” de buena parte de los fondos propiedad de estas entidades “en beneficio de intereses personales y partidarios”.

En el caso concreto de Bankia estas actuaciones, que incluyeron la concesión de créditos dudosos a cambio de garantías poco fiables, acabaron en la inyección de cerca de 23.000 millones de euros procedentes de los fondos destinados al rescate bancario, dinero que debe devolverse en los próximos años a través de los ingresos públicos y que no se recuperará en su totalidad con la privatización de parte de la entidad que ahora está en manos públicas, acción que el Gobierno del PP ya ha iniciado.

Cayo Lara responde irónico a la intención del PP de esconder y limitar las manifestaciones y afirma que "no sé si estará pensando en llevárselas a la Moraleja"

El coordinador federal de IU muestra su satisfacción por el rechazo del CGPJ a importantes artículos del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la “ley mordaza” que impulsa el ministro Fernández Díaz

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado hoy la intención del PP de esconder las manifestaciones bajo el pretexto de alejarlas de las zonas históricas de las principales ciudades. La propuesta para recortar el derecho constitucional de manifestación en el centro de las localidades, lanzada ayer por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y que no tardó en secundar el ministro del Interior,  Jorge Fernández Díaz, recibió la respuesta irónica de Lara, que señaló si Botella “no sé si estará pensando en llevarse las manifestaciones a La Moraleja”.

Cayo Lara compareció esta mañana en rueda de prensa en la sede de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) junto al diputado Ricardo Sixto y a la coordinadora de la federación valenciana de IU, Marga Sanz. Consideró que lo que busca el partido de Mariano Rajoy con propuestas de este tipo es “ningunear las manifestaciones” y se suman a otras “medidas represivas” con el objetivo “no sólo de que la gente no salga a la calle, sino que ni se conozca que hay una protesta”.

Para el máximo responsable de IU, las protestas que se suceden son el “resultado legítimo” de la política de recortes y de eliminación de derechos del Gobierno ‘popular’ y valoró que “no se resolverán con represión” sino cuando termine “la violencia social” que ejerce “el Consejo de Ministros contra los ciudadanos”.

Lara aludió a la multitudinaria manifestación del 22M de las ‘Marchas de la Dignidad’ en Madrid “una de las más importantes de la democracia” y lamentó que desde distintas instancias políticas y mediáticas se haya dado “más repercusión a los actos vandálicos que se produjeron al final por la acción de unos cuantos. Algunos piensan que se forzó la máquina para que no fuese noticia la manifestación, sino los disturbios”.

Denunció que el resultado de las políticas del PP es “una desigualdad creciente” contra la que “aumentan las protestas sociales, que están cargadas de razones” y, por ello, “cada vez sale más gente a la calle”.

Lara -que desarrolla toda su jornada de trabajo de hoy en Valencia y esta tarde intervendrá en un acto público en la localidad de Torrent bajo el lema ‘Ante los recortes del PP, ¡Hay alternativa!- abundó en esta línea. Se refirió también al rechazo unánime del Pleno del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) a importantes artículos del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la norma que impulsa el ministro Fernández Díaz y a la que se refirió como “ley mordaza”, por considerarlos inconstitucionales. Aseguró que en lugar de tratar de sacar adelante leyes así el Gobierno debería “decretar medidas sociales, con lo que impediría que la gente salga a la calle a protestar”.

Se refirió también a uno de los últimos informes de Cáritas, que revela que España es el segundo país de Europa tras Rumanía con mayor pobreza infantil, y señaló que datos así deberían llevar al Gobierno del PP a situarse “no el triunfalismo de que vamos a salir de la crisis” sino “en la realidad objetiva”, porque “la situación política tiene un nombre: desigualdad”.

Alberto Garzón reprocha a Montoro que aproveche su Ley de Racionalización del Sector Público para "devaluar o suprimir organismos como el Instituto de la Mujer o el Consejo de la Juventud"

Intervención íntegra del portavoz económico de IU, ICV-EUiA, CHA en el Pleno del Congreso para responder a las explicaciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas "Señor ministro, usted ha hecho en su intervención una descripción de la economía de España que es en exceso optimista, desgraciadamente, por la situación en la que nos encontramos y que sólo podríamos entender si, por ejemplo, fuésemos banqueros, grandes empresarios o grandes empresarios de las autopistas.

Así entenderíamos ese optimismo que usted ha estado señalando respecto a la situación actual que -dice usted- en este caso, en este proyecto de ley se inserta en esa política general. Sin embargo, acabamos de conocer una noticia reciente de hoy mismo: España es el segundo país con más pobreza infantil de la Unión Europea. Eso no se corresponde o no debería corresponderse con un país desarrollado que se refleja en las palabras que usted ha dicho. Parece ser que usted está haciendo un uso de las palabras, del lenguaje, que no es coincidente con lo que los ciudadanos están viviendo en la calle.

Eso, que es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente desde el comienzo de esta legislatura, tiene aún más ‘inri’ cuando nos enfrentamos ante un proyecto de ley que utiliza el lenguaje de una forma quizás demasiado torticera, porque el propio lenguaje -otros grupos han podido señalar en las intervenciones anteriores algunas de estas cuestiones- lleva a claros equívocos. Cuando hablamos de racionalización -que como otros han señalado anteriormente, algunas instituciones, entre ellas el Consejo de Estado, es una palabra excesiva para el contenido del proyecto de ley-, uno está pensando en una radicalización del cambio de la estructura de las instituciones públicas en nuestro país y, por desgracia, por lo que nosotros entendemos -a continuación lo explicaremos-, no se trata de eso. Al contrario, de lo que estamos hablando es de una reordenación bastante caótica, descontrolada y a continuación precisaremos por qué nos lo parece  esta forma.

No obstante, primero quiero señalar una cuestión general a la que usted también se ha referido: el elemento de cómo relacionar una mejor utilización de servicios públicos, cuestión que si se vendiera de esa forma todo el mundo firmaría, porque todo el mundo quiere utilizar mejor los servicios públicos y las instituciones públicas; hasta ahí no cabe ninguna duda. La cuestión es que eso pueda encubrir una devaluación de la calidad de esos servicios y de esas instituciones, que a nuestro juicio es lo que va a ocurrir y es lo que se deriva de este proyecto de ley concreto.

Sin embargo, dentro de ese esquema general, cuando hablamos de gastos tenemos que recordar que en el proyecto de ley presentado por el Grupo Popular nos encontramos con que se reconoce que España es uno de los países que menos gasta en gasto público con respecto al producto interior bruto; estadísticamente es así.

De esa forma tenemos que empezar reconociendo, porque sería deshonesto hacerlo de otra forma, que no es un problema de gasto lo que asola a la economía española; al contrario, lo que estamos viendo es que es un problema de ingresos. De ingresos, señor Montoro -lo hemos visto en esta legislatura-, derivados del fraude fiscal, de ingresos derivados de un mal sistema fiscal y de ingresos porque la crisis económica ha disminuido la actividad productiva. Hay que incidir ahí, y el Gobierno incide mal. Además, usted ha aprovechado su intervención para anunciar más reformas tributarias que van en la línea contraria a lo que nosotros queremos, que es lo que usted ha anunciado: disminuir los impuestos directos sin haber mencionado los impuestos indirectos, que ya veremos finalmente cómo quedan; por tanto, esa política es errónea en ese sentido.

Después, si hacemos mención al gasto, nos encontramos con que la política que usted ha estado describiendo es hipócrita porque no es coincidente con la realidad, porque este Gobierno es el Gobierno del endeudamiento público, porque por mucho que demonice el gasto público o el endeudamiento público, al final es el Gobierno que más ha desembolsado para rescatar al sistema financiero, que más ha ampliado los créditos extraordinarios del gasto militar, que más ha rescatado a las autopistas, como recientemente hemos visto, y eso sólo se deriva de una interpretación ideológica de lo que es el gasto.

Porque el gasto público no es bueno o malo per se, depende del tipo de gasto público al que nos estemos refiriendo. Hay gasto público productivo, gasto público productivo, señor ministro, que todos entenderemos que permite estimular el crecimiento económico o sentar las bases de mayor productividad, como es el gasto público en educación y en innovación. Ese es un gasto público naturalmente positivo. También hay un gasto público que, siendo en términos economicistas improductivo, es socialmente necesario, gasto que permite que se articule mejor la ciudadanía, que se puedan promover determinados valores y principios democráticos, también es necesario;  también hay un gasto público improductivo que se deriva del capitalismo de amiguetes y del despilfarro.

Si hacemos esa diferenciación, nosotros siempre firmaremos a favor de acabar con ese gasto improductivo que tiene que ver con las redes clientelares, con el ‘capitalismo de amiguetes’ y con todo lo que hemos tenido oportunidad otras veces de denunciar. Sin embargo, este proyecto, que hubiera sido la oportunidad para acabar con ese gasto improductivo y aumentar la eficiencia del conjunto del gasto productivo y del gasto social necesario, no responde a eso; en absoluto responde a ningún criterio de esa naturaleza.

Quería aprovechar para citar cuatro puntos de reformas concretas que están insertas en este proyecto de ley y que, sin embargo, nos parecen de las más peligrosas y de lo menos necesario de hacer. En primer lugar, la integración en el INTA de diversos organismos, sin que ello repercuta en el empleo público; es decir, no se garantiza de ninguna de las formas que el empleo público se vaya a mantener. Y usted ha hecho una referencia al empleo público casi como un sacrificio; ha venido a decir que toda la pérdida del empleo público acometida desde el inicio de la crisis es un sacrificio necesario. Pues bien, eso no es compatible con estar diciendo continuamente que el objetivo de este Gobierno es el empleo. Es una situación de nuevo hipócrita y que necesariamente en el caso particular y concreto al que se refiere este proyecto de ley, que es el del INTA, y la inserción de otros organismos dentro del mismo, debería garantizar el empleo público.

En segundo lugar, el Instituto de la Mujer. No contentos con acabar con el ministerio, ahora se devalúa el Instituto de la Mujer. Proponemos en cambio que se pueda adscribir este instituto al Ministerio de la Presidencia para demostrar el carácter trasversal que tienen que tener las políticas de igualdad. Es necesario y en el proceso de las enmiendas parciales seguiremos insistiendo en ese punto.

En tercer lugar, el Observatorio Nacional de Salud, también devaluado, a nuestro juicio, como consecuencia de este proyecto de ley. Sabemos que la Sanidad Pública es fundamental, lo defendemos y lo defenderemos aquí y en la calle como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, pero sabemos que hacen falta también instituciones que estén fiscalizando continuamente todo lo que tiene que ver con la salud en nuestro país y los servicios públicos en general. Es un paso en falso por parte de este Gobierno devaluar aquellas instituciones que consolidan y mejoran la posición de la salud y del sistema sanitario en nuestro país.

En último lugar, algo que no es menos importante y, sin embargo, está potencialmente mucho más claro en la política del Gobierno a la hora de elaborar este proyecto de ley. Tiene que ver con el Consejo de la Juventud de España, señor ministro, porque nos deja muy claro por qué y cómo se ha elaborado este proyecto de ley y por qué y cómo se han elegido determinadas instituciones para suprimir y para reordenar y cuáles son los criterios elegidos.

El Consejo de la Juventud de España es una plataforma de organizaciones juveniles que son autónomas, es decir, no tienen que ver de forma directa con el Gobierno de España. Por tanto, permiten una pluralidad también política a la hora de hacer sus informes, a pesar de tener una financiación pública. Ese Consejo de la Juventud de España, que ha tenido unos grandes resultados y con el que la juventud está, en general, contenta con lo que ha sido su percepción, a pesar de que se pueden hacer críticas pasadas de insuficiencia en la presupuestación, es ahora un organismo que se ha suprimido en este proyecto de ley.

Sin embargo, se mantiene el instituto conocido como Injuve, que sí es dependiente directamente del Gobierno. Teníamos una aparente duplicidad de instituciones, el Injuve, dependiente del Gobierno, y el Consejo de la Juventud de España, que no dependía del Gobierno. Este Gobierno ha elegido -ahí se ve muy bien el criterio- eliminar el que no depende del Gobierno para mantener y cambiar el nombre al que depende directamente del mismo, que va a ser mucho menos crítico con las políticas gubernamentales.

Este ejemplo representa muy bien la política y el criterio con los que se ha hecho este proyecto de ley. Si este proyecto de ley se hubiese hecho, como decía al principio, para eliminar el gasto público improductivo -el de los despilfarros, el del amiguismo o el de las redes clientelares-, tendría la aprobación de toda la Cámara. Sin embargo, no hay criterio de esa naturaleza. Hay un criterio oscuro y poco transparente, siempre envuelto en grandes discursos retóricos de que es lo mejor para España, de que es eficiente y productivo. Pero luego, cuando bajamos a la realidad, vemos lo que está ocurriendo: una devaluación de instituciones públicas que son necesarias. Naturalmente tienen una financiación, pero son socialmente necesarias; incluso, como en el caso del INTA, tienen que ver con la investigación y con la capacidad potencial de la economía española de cara al futuro. Sin embargo, se las devalúa; cuando no directamente, como en el caso del Consejo de la Juventud, se las elimina aprovechando que eran organizaciones no adscritas al Gobierno. Por lo tanto, es un despropósito.

Teniendo la oportunidad tan clara para poder optimizar los gastos y hacer paralelamente políticas de ingresos adecuadas para tener servicios públicos de calidad -como, por cierto, dice la Constitución española, que tanto sale a relucir estos días-, este proyecto de ley va en la dirección contraria, que es la misma dirección que están llevando las políticas del Gobierno y que hemos venido denunciando últimamente. La noticia de hoy de que España es el segundo país con más pobreza infantil también es consecuencia en parte de la política de este Gobierno -aunque sea de una forma más indirecta, lo es- y es también reflejo de lo insuficientes que son las medidas legislativas que se están tomando, incluso de los efectos directos que pueden llevar a tener este tipo de políticas en el medio y en el largo plazo. Muchas gracias."

El INE sitúa en el 1,1% la caída del PIB castellano-manchego en 2013

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha registró un descenso del 1,1 por ciento en el año 2013, una décima por encima de la media nacional, que ha contabilizado una bajada de 1,2 por ciento, según los datos regionales de crecimiento publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.
Canarias y Baleares fueron las comunidades autónomas que registraron un menor descenso de su PIB en términos de volumen (-0,4%), seguidas de Comunitat Valenciana y Cataluña (-0,8% en ambos casos).
Además de estas comunidades, otras cuatro regiones presentaron tasas de crecimiento real de su PIB mayores o similar a la media nacional del -1,2%: Galicia (-1,0%), Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Ceuta (-1,1%, en ambos casos) y Aragón, cuya tasa de crecimiento real fue del -1,2%.
El INE atribuye el menor descenso en la tasa real de variación del PIB registrado en Canarias y Baleares fundamentalmente a una evolución del sector servicios de sus respectivas economías más favorable que la observada a nivel nacional.
Por el contrario, la variación real del PIB en Principado de Asturias y Castilla y León estuvo afectada, en gran medida, por el descenso en términos de volumen del valor añadido asociado al sector industria y energía. En Asturias también cabe destacar el peor comportamiento de la rama de actividad construcción en comparación con la media nacional.
Por su parte, los mayores descensos en la variación del PIB en términos de volumen correspondieron a las comunidades autónomas de Principado de Asturias y Castilla y León (-2,1% ambas), Cantabria y País Vasco (-1,9%, en ambos casos).
Ninguna región española se situó por encima del dato estimado para el conjunto de la Unión Europea de 27 Estados (UE-27), que fue del 0,1%.

Fuente:   www.clm24.es

28 de marzo de 2014

Caridad García pide a la Defensora del Pueblo que actúe "de oficio" ante "la pobreza estructural y la desigualdad creciente" provocada por la crisis y los recortes

La portavoz parlamentaria de IU, ICV-EUiA, CHA en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo afirma que la defensa de la ciudadanía “debería ser la mayor preocupación de las Administraciones Públicas”

La diputada de IU y portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Caridad García Álvarez, ha reclamado hoy en el Pleno del Congreso a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que actúe “de oficio” ante la “pobreza estructural y la desigualdad creciente” que sufren los españoles, debido a las consecuencias de una crisis “que ellos no han provocado”. Según García Álvarez, la defensa de la ciudadanía “debería ser la mayor preocupación de las Administraciones Públicas”.

Durante su intervención parlamentaria en respuesta a la presentación por parte de Becerril de su Informe de Gestión del 2013, García Álvarez ha explicado que “el pueblo lo está pasando mal y necesita comprobar que las instituciones se preocupan, tienen intención de apoyarlos y buscar soluciones para salir del auténtico infierno en el que viven”.

“La gente está muy desencantada -ha advertido-, y tiene la sensación de que se les ha abandonado a su suerte en un mundo donde las injusticias son cada día mayores”, unos hechos que han producido cierto “pasotismo institucional”.

La diputada de IU describió la situación en la que viven millones de personas en nuestro país, relativa a los “casi tres millones de niños y niñas bajo el umbral de la pobreza, los cientos de miles de hogares que no tienen ningún ingreso, el paro juvenil cercano el 60%, las pensiones cada vez más devaluadas o la reducción de los salarios año tras año”.

Por ello, García Álvarez declaró “no compartir el optimismo” del Gobierno ni el reflejado en el informe de la Defensora del Pueblo que, a su juicio, “está basado en informes realizados por entidades financieras que han ganado 9.000 millones de euros el pasado año, que a su vez han dejado en la calle a 20.000 trabajadores”, mientras recomiendan “seguir profundizando en los recortes y las rebajas salariales”.

También señaló algunas coincidencias entre su grupo y el informe, entre ellas la interposición del recurso de inconstitucionalidad, realizada a petición del diputado de IU Alberto Garzón, contra los apartados 2 y 3 de la disposición adicional tercera el ‘Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras’. También aludió a la visita de la Defensora del Pueblo a la Unidad Terapéutica Educativa del Centro Penitenciario de Villabona, en Asturias.

A lo largo de su intervención parlamentaria García Álvarez criticó las políticas del Gobierno en materia de inmigración, los recortes en educación, sanidad, dependencia o la devaluación de las pensiones que “están contribuyendo al sostén de numerosas familias en nuestro país, supliendo con ello actuaciones que deberían hacerse desde las administraciones públicas”.

La portavoz en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo se ha referido a las víctimas “de ese terrorismo de Estado promovido por el franquismo” y ha reclamado a Soledad Becerril que “interceda para que las familias recuperen esos cuerpos y poder descansar en paz”, aunque algunos quieran “enterrar su memoria”.

Cáritas cita a Castilla-La Mancha como ejemplo de una región con los recortes sociales más severos

En el informe sobre precariedad y cohesión social en España que ha dado conocer este jueves la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas Española, pone a Castilla-La Mancha como ejemplo de una región donde la magnitud de los recortes del gasto publico ha sido mayor en el conjunto del país.
En un documento que analiza los parámetros e indicadores socioeconómicos de ámbito nacional, con escasas referencias concretas a comunidades autónomas, cuando cita a Castilla-La Mancha es para advertir que es una región donde más se ha recortado en la financiación de los servicios públicos.
Cuando se indica que la concesión de rentas mínimas a hogares sin ingresos ha tocado su techo máximo, señala lo siguiente: "En 2012 se registró, de hecho, una reducción del número de perceptores totales, marcado, en términos cuantitativos, por la reducción del número de beneficiarios en algunas de las comunidades que mas aportan a la cifra total, como, sobre todo, el País Vasco y Andalucía, y, en lo cualitativo, por la reducción que se observa en algunas de las comunidades donde la magnitud de los recortes del gasto público ha sido mayor, como Castilla-La Mancha, donde el volumen de beneficiarios casi disminuyó a la mitad en 2012".
La desigualdad, problema crónico
Según Foessa, el aumento de la desigualdad es, sin duda, una de las amenazas más graves de las posibles secuelas en el largo plazo de la crisis.
"El hecho de que el mayor ajuste se haya producido en las rentas de los hogares con menores recursos o la experiencia de anteriores fases recesivas, alertan de la posibilidad de que este incremento de la desigualdad se convierta en crónico en el largo plazo".
Para esta Fundación, la hipotética recuperación en los próximos trimestres de tasas positivas de crecimiento del PIB no garantiza, por tanto, que los severos problemas de desigualdad de la sociedad española vayan a reducirse drásticamente.
Continúa el informe: La situación general es, por tanto, muy negativa en términos de los resultados del mercado de trabajo, con menos empleo, más paro, con el poco empleo que se crea mayoritariamente de carácter temporal, salarios más bajos y, además, repartidos más desigualmente.
Dentro de los colectivos más afectados por el desempleo sigue siendo muy preocupante su incidencia en los activos más jóvenes, con una tasa de desempleo superior al 50%.
Se trata, además, de uno de los colectivos donde mayor ha sido la pérdida de activos desde la crisis (mas de un millón y medio), con un fuerte efecto-desánimo y un ritmo creciente de salidas forzadas al exterior. "Solo en el primer semestre de 2013 salieron de España más de 110.000 personas de menos de 30 años".
Severos recortes y pobreza
Para esta institución de Cáritas, "el profundo deterioro del mercado de trabajo en la crisis y la acusada debilidad del sistema de protección social, junto con los severos recortes de prestaciones y servicios, han dado origen a un aumento sin precedentes de las distintas manifestaciones de la pobreza en España".
Por último, recuerda que las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado, acompañadas, además, de un empeoramiento continuo en las condiciones de vida de los hogares.
"La inseguridad económica de la población española ha alcanzado sus cotas máximas, llevando a nuestro país a los primeros puestos del ranking europeo en cualquier clasificación que se haga de indicadores de pobreza".

Fuente:   www.elporvenirclm.com

El Poder Judicial censura el proyecto de la ‘ley Fernández’ por “inconstitucional”

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves por unanimidad el informe que ha elaborado sobre la futura Ley de Seguridad Ciudadana, a la que tacha de inconstitucional en gran parte de su articulado y opone numerosos reparos jurídicos.
El informe cuestiona la regulación de cacheos a ciudadanos en la calle (“es imprecisa e incompleta”) y que estos se puedan hacer con la finalidad de “sancionar infracciones” pero sin delimitar si se persigue un delito o un problema administrativo. Además, deja claro que la seguridad ciudadana es tarea y competencia exclusiva de las fuerzas del orden y en ningún caso, en contra de lo que propugna la citada normativa, de los vigilantes de seguridad.

Los artículos cuestionados

Artículo 16. Los policías podrán requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento.(...) Podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados (...) y requerirles para que les acompañen a comisaría.
Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (...) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (...) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.
Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (...) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a las mismas formalidades que la detención.
Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (...) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.
Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (...) teniendo sus manifestaciones valor probatorio de los hechos denunciados.
Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.
Disposición final. Cuando los infractores sean extranjeros (...), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español.
El informe aprobado por todos los vocales, sin distinciones ideológicas, ratifica punto por punto el que consensuaron, y este jueves elevaron al pleno, los dos ponentes: Wenceslao Olea (magistrado del Tribunal Supremo, conservador) y María Victoria Cinto (de la Audiencia de San Sebastián, progresista). Solo una novedad: los dos consejeros nacionalistas del Consejo (Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y Mercè Pigem, por CiU) han ido más allá y han anunciado votos concurrentes. Es decir, han querido dejar más patente su abierta discrepancia con el espíritu del anteproyecto normativo de Interior: tal como está redactado, prioriza la seguridad ciudadana sobre derechos fundamentales individuales. Y debe ser al revés. Este será el sentido de sus escritos.
La norma tildada de inconstitucional (la también llamada ley Fernández, en alusión a su impulsor, el ministro Jorge Fernández Díaz) endurece el castigo a manifestantes y establece medidas muy restrictivas para combatir los desórdenes públicos.
Tras avanzar este periódico el pasado 25 de febrero el crítico informe elaborado por los ponentes, Interior adelantó su intención de modificar esta norma (erigida en uno de sus proyectos estrella) y adecuarla a esas observaciones, y también a las que han formulado el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, que también la ven de dudosa constitucionalidad.
Apenas ha suscitado debate el informe de los ponentes en el pleno. Todos los vocales lo conocían ya, y ninguno había formulado alegaciones. Tampoco este jueves. La única novedad, los votos concurrentes de Pigem y Lucas.
Cacheos y respeto a la dignidad. El informe del Poder Judicial ve ilegal que se pueda cachear a los ciudadanos para ver si han cometido una “infracción” [se supone que administrativa], y critican la imprecisa redacción del texto, que ni siquiera define la figura del cacheo ni lo limita al registro externo y superficial, de lo que se infiere que “no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales”. El texto de Interior tampoco especifica cómo ha de realizarse un cacheo y echa en falta que el proyecto normativo indique expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona que se someta a él. Además, critica que no especifique que el agente encargado del cacheo debe ser del mismo sexo que el afectado, y con el máximo respeto a su identidad sexual.
Derecho penal de peligrosidad. Según el informe del Consejo, el texto de Interior sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal por encima aun de los derechos individuales.
Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, recoge como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. El informe ve inadmisible semejante expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones.
Vigilantes de seguridad. El texto de Interior permite a los vigilantes de seguridad colaborar con la policía. El informe del Consejo recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa atribuye la Constitución en exclusiva a las fuerzas del orden estatales.
Faltas y delitos. Ahora las multas penales las impone un juez atendiendo a la capacidad económica del denunciado, mientras que el texto de Interior obvia esta circunstancia. El informe del Poder Judicial también critica que la futura norma tipifique conductas de las que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública, de ahí que no esté justificado que se consideren una infracción. Además, señala que en algunas infracciones se aprecia falta de proporción, pues se sancionan conductas insignificantes.

Fuente:   www.politica.elpais.com

Cayo Lara puntualiza al Director General de la Policía y advierte de que hay una “escalada de la violencia social que ejerce el Gobierno contra muchos ciudadanos”

El coordinador federal de IU recuerda que esta formación condena siempre “todo tipo de violencia” incluidas también las provocaciones que pueden producirse en cualquier manifestación por aquellos encargados de manera oficial de mantener el orden público

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha puntualizado hoy la valoración realizada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, cuando advierte únicamente de que existe una ‘escalada de violencia’ con el objetivo de ‘desestabilizar el Estado de Derecho’. Para Lara, se está produciendo una “escalada de violencia social que ejerce el Gobierno sistemática y permanentemente contra muchos ciudadanos” y que se ejerce a través de las medidas de recortes de derechos y de servicios que se están aprobando.

El también presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, en respuesta a las cuestiones formuladas por los periodistas en los pasillos del Congreso, lamentó que “desgraciadamente entre unos y otros han conseguido desviar el foco de los acontecimientos” centrándolos sólo en los disturbios y no en la “protesta pacífica contra las políticas de este Gobierno”, además del rechazo a esa “violencia social” ejercida por el Ejecutivo. “Nadie se manifiesta por capricho sino por necesidad”, dijo.

Recordó que su grupo parlamentario ha pedido ya la comparecencia del director general de la Policía para que explique lo sucedido el sábado cuando la manifestación autorizada aún no había terminado y para que desde el Gobierno se ofrezcan detalles para “conocer el origen de la carga” y en qué condiciones se produjo.

Lara ha vuelto a señalar que Izquierda Unida condena siempre “todo tipo de violencia”, incluidas también las provocaciones que pueden producirse en cualquier manifestación por aquellos encargados de manera oficial de mantener el orden público.

“Queremos –señaló- conocer la verdad, más allá de la situación interna de la Policía en cuanto a las órdenes, contraórdenes y reivindicaciones. Tenemos que conocer hasta los últimos detalles para que, si hay responsabilidades políticas en la toma de decisiones, también se deriven a los directos responsables de las mismas”.

La OIT afirma que la reforma laboral del PP vulnera derechos sindicales

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) da la razón a la queja presentada por CCOO y UGT en relación a la vulneración de derechos sindicales que suponía la última reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, el organismo internacional asegura que esta reforma, que dio lugar a la convocatoria de dos huelgas generales el pasado 2012, vulnera los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, reconocidos y garantizados por los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT ratificados por España.
El 371º informe del Comité de Libertad Sindical recoge que el Real decreto-Ley y 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado pocos días después de que patronal y sindicatos firmasen el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, contraria varios aspectos sustanciales de este acuerdo debido a las "diversas fórmulas establecidas para modificar lo pactado" que  "favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias", pudiendo "desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva  así como las organizaciones de empleadores y de trabajadores y debilita la libertad sindical y la negociación colectiva con violación de los principios consagrados en los Convenios 87 y 98". El informe también alerta del "riesgo que implica la prioridad aplicativa del convenio de empresa" en lugar del colectivo.
La OIT "invita al Gobierno a que promueva un diálogo tripartito" sobre esta última ley de cara a conseguir los objetivos en materia de negociación colectiva que establecen los principio de la organización y que España ha ratificado.

Administraciones Públicas

Otro aspecto en el que incide este informe en el campo de las Administraciones Públicas, cuyos trabajadores se vieron afectados por el Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que el Ejecutivo establecía una serie de medidas de reordenación y racionalización de las administraciones modificando los estatutos y situaciones contractuales de los trabajadores públicos.
Este decreto ley se aplicó sin consultar con los agentes sociales, como constata el informe, contraviniendo las recomendaciones del organismo, que deja clara la importancia del diálogo con tiempo suficiente antes de la aprobación de este tipo de leyes. La OIT afea al Gobierno que haya utilizado la crisis económica para imponer esta reforma con carácter de urgencia, vía Real Decreto-Ley, sin promover la consulta con las organizaciones sindicales más representativas, algo que el Gobierno esgrimió ante la organización solicitando la desestimación de la queja de CCOO y UGT. "Si la situación del empleo y económica es excepcional, la solución no es imponer una renegociación, una suspensión o una derogación de los convenios colectivos", dice la OIT, que recuerda al Ejecutivo que "debe tratar de convencer a las partes promoviendo el diálogo social".
"A la vista del Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT el Gobierno debería tomar buena nota y sentarse a negociar la reversión de la reforma laboral que venimos demandando las organizaciones sindicales  desde el mismo momento de su imposición", indican CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

Fuente:   www.publico.es

Los Juzgados practicaron 184 desahucios diarios en inmuebles durante 2013

Los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos practicaron 67.189 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013, unos 184 diarios, de los que el 38,5% derivó de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 4,8% de otras causas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   La institución recuerda que estos datos sobre lanzamientos se empezaron a recoger en 2013, por lo que no se pueden comparar con los de años anteriores.
   Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
   El CGPJ aporta asimismo datos de lanzamientos solicitados en los servicios comunes, que no incluyen todos los partidos judiciales. Así, en el cuarto trimestre de 2013, fueron 17.842, un 13,9% menos que en el mismo periodo de 2012, de los que terminaron con cumplimiento 11.085, un 10,8% menos que en el ejercicio anterior.
   El CGPJ cita entre las posibles causas de este descenso la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como la ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende al requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.
   En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013, alcanzaron las 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Además, todos los trimestres del año presentaron descensos interanuales, que en el caso del último fue del 1,1%, hasta las 24.076 ejecuciones.
    La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del total en ambos casos, seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).
   Por último, en cuanto a los procedimiento monitorios (reclamaciones de deudas que consten por escrito), se presentaron 563.176 en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, un 19,5% menos respecto a 2012. Una posible explicación de este descenso, apunta el CGPJ, sería el proceso de implantación de las tasas judiciales.

Fuente:   www.europapress.es

La pobreza energética causa 7.000 muertes en invierno en España

España es  el cuarto país de la UE con más personas en situación de pobreza energética, de entre un total de 54 millones de afectados en los países de la unión.
Como consecuencia de la pobreza energética, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen cada año el 30% de las muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas, por ejemplo. Tomando esta tendencia, si en 2012 se produjeron 24.000 muertes adicionales en invierno, más de 7.000 de estos fallecimientos se habría producido por esta razón.
Al menos, así lo asegura el segundo informe Pobreza energética en España. Análisis de tendencias, de la Asociación de Ciencias Ambientales (CAC). Según el estudio, hasta siete millones de españoles, el 17% de los hogares, tienen dificultades para pagar las facturas energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir estos pagos, y cuatro millones, hasta un 9% de las familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío.
Los jubilados que no pueden calentar sus hogares pasan del 13% al 21% El estudio, que arroja una fotografía de la pobreza energética en 2012, considera que esta situación se produce cuando un hogar es incapaz de hacer frente a los servicios de energía necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y/o cuando está destinando para ello un alto porcentaje de sus ingresos.
La CAC apunta que la crisis y el desempleo, que ronda el 26% y que, según la mayoría de las previsiones, se mantendrá cerca del 25% al menos hasta 2015, han agravado esta situación en los últimos años. En paralelo, recalca que entre 2008 y 2012 han aumentado los costes de la energía un 30%.
Así, señala que las familias que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de los recibos energéticos han aumentado un 34% en los dos últimos años por el efecto de la crisis y el desempleo, mientras que el número de personas que aseguran que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado un 50% entre 2008 y 2012, y un 19% sólo en los dos últimos años.

El paro apaga las luces de los hogares

El informe se refiere de forma expresa a los efectos del paro en términos de pobreza energética y concreta que uno de cada tres hogares (34%) que la padece, alrededor de 1,2 millones personas, frente al 14% registrado en 2007. Ello supone un incremento del 142% en cinco años de crisis.
Cuatro millones de españoles no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en los meses de frío
Asimismo, los jubilados que también se encuentran con dificultades para pagar el recibo de la luz y que no pueden calentar sus hogares ha pasado del 13% al 21% en este mismo periodo.

La opción de la rehabilitación energética

Para combatir el aumento de la pobreza energética la CAC propone, entre otras cuestiones, la redefinición del actual bono social como medida "paliativa", la involucración de todos los actores implicados en su solución con un horizonte en el medio y largo plazo y la apuesta en marcha de un plan de rehabilitación energética que contemple la pobreza energética en su diseño.
En este punto, el director académico del estudio, Sergio Tirado, ha señalado que "la rehabilitación de viviendas ataca la raíz del problema", que es la escasa eficiencia energética de los hogares, como demuestra el hecho de que los hogares más vulnerables a la pobreza energética habitan en viviendas provistas de envolventes térmicas o de sistemas de calefacción de baja eficiencia energética.

Fuente:   www.publico.es

27 de marzo de 2014

IU felicita a los alcazareños por la consulta popular y espera que «cunda el ejemplo» en otros lugares

IU-CONSULTAEl coordinador local de IU, Antonio García, ha felicitado a los alcazareños y a la Plataforma del Agua por la consulta popular, «en la que ha habido un 99% de síes», al tiempo que ha deseado que «cunda el ejemplo» en otros lugares.
García también se refirió a la paralización del proceso de la empresa Aguas de Alcázar por un recurso del PSOE, a los que ha criticado de «excesivo protagonismo en el tema del agua» y por lo tanto les ha aconsejado que se lo piensen «porque creo que el PSOE no está legitimado para hablar de agua, ya que Barreda dice una cosa en cada sitio».
En cuanto a la Plataforma, señaló que tanto los militantes como los simpatizantes de IU van a seguir volcándose en la misma «y seremos los últimos en abandonar».
En otro orden de cosas, García señaló que «se nos va muriendo la gente de la transición que hizo verdaderos esfuerzos por la libertad, como Armando López Salinas, y no es mal momento para una revisión de las calles, en vez de poner nombres que luego se olvidan, se podían recuperar nombres como el de Democracia, Libertad o Consenso».
Por su parte, el coordinador provincial de IU, Miguel Ramírez, que compareció también en esta rueda de prensa, pidió la mejora de la calidad democrática y de participación ciudadana «precisamente ahora que se van a celebrar los 35 años de la constitución de los ayuntamientos democráticos».
Precisamente, atendiendo a esta premisa, informó que el pasado sábado, aprovechando la Marcha por la Dignidad, se presentó un recurso de iniciativa municipal contra la reforma de los ayuntamientos, en la que han participado más de 2.000 municipios que agrupan a más de 13 millones de vecinos.
En cuanto al fallecimiento de Adolfo Suárez, señaló que «estamos asistiendo a una carrera para ver quién le pone la calle más larga o el parque más grande, y si el PP y CxA de verdad le quieren hacer un homenaje, lo podían haber hecho permitiendo la consulta popular de Alcázar y así le reconocen la reinstauración de la democracia y la legalización del PC».
Ramírez también tuvo palabras para el diputado y expresidente de la Junta, José María Barreda, del que dijo que «me sorprende que venga a Alcázar a hablar de democracia cuando no ha querido hacer la reforma electoral», lamentando también «la ambigüedad» de este partido, «que en Alcázar lleva desde el principio pidiendo agua 100% pública y en otros municipios no lo apoyó como en Manzanares, Miguelturra o Moral de Calatrava».

Fuente:   www.elsemanaldelamancha.com

España es el segundo país de la UE con más pobreza infantil

Nuestro país sólo es superado por Rumanía, con un riesgo de pobreza en menores 9 puntos por encima de la media de la UE

"Las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento", afirma el secretario general de Cáritas Europa

Los hogares sin ingresos han pasado de más de 300.000 en 2007 a casi 700.000 en 2013

11,7 millones de personas están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, un 60,6% más que en 2007

5 millones de personas viven situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007


España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía, según revela el informe de Cáritas Europa, presentado hoy en Atenas, sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis. "Las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento", afirmó el secretario general de Cáritas Europa, el español Jorge Nuño, durante la presentación del informe.
En España, el riesgo de pobreza entre los niños menores de 18 años se situó en 2012 en el 29,9%, casi nueve puntos por encima de la media de la UE, que estuvo en el 21,4%, según datos de 2013 de Eurostat. De 2011 a 2012, la tasa de pobreza en este sector de población aumentó del 15,6 % al 19,4 %.
Por personas en riesgo de pobreza o exclusión social se entienden las que dispone de solo un 60% del ingreso medio del resto de la población; las que tienen entre el 40% y el 50% son catalogadas como "pobres" y las con menos del 40% se encuentran en situación de "pobreza extrema". Estas cifras sitúan a España, junto con Rumanía, a la cabeza de los países con mayor índice de pobreza infantil, seguidos por Bulgaria y Grecia, en tercer y cuarto lugar respectivamente.
"La gente más vulnerable es la que está pagando las consecuencias de la crisis", destacó Nuño. El informe alerta de que España tiene la mayor tasa de abandono escolar prematuro de la UE, un 24,9% frente a un 12,7% de media europea en 2012. Aunque entre 2009 y 2012 se produjo un descenso del abandono escolar prematuro, éste sigue siendo un problema importante, especialmente en algunas regiones como Andalucía, donde la tasa es superior al 30%. El dato es alarmante si se tiene en cuenta que la educación se postula como el sistema capaz de combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, dice el informe.

Españoles, los más afectados de Europa

Cáritas Europa define a la población española como una de las más afectadas por la crisis económica, pues mientras la tasa de pobreza media entre países comunitarios fue del 25,1% en 2012, España registró un 28,2%, lo que se traduce en alrededor de 13 millones de personas en esta situación.
Otro de los sectores de población especialmente afectados por la crisis es el de las personas mayores, pues la pobreza entre ellas ha sufrido un aumento significativo, del 7% en 2008 al 10,6% en 2012. A esto hay que añadir, como recoge el informe, que en muchos hogares son las pensiones de los abuelos los únicos ingresos de la familia.
El estudio revela, además, que el 12% de la población española que trabaja no gana suficiente para escapar de la pobreza en un país que, junto con Grecia, ha experimentado el mayor incremento del desempleo desde el inicio de la crisis.
Como consecuencia, muchos ciudadanos se han visto obligados a buscar trabajo en el extranjero, por lo que en 2011 la emigración se cifró en el 1,1% de la población española.
El responsable de Cáritas Europa recordó que en España hay más de 6 millones de personas sin trabajo y se refirió a los jóvenes que no podrán recibir una pensión adecuada por no haber trabajado el tiempo suficiente como la "generación pérdida", cuya actual situación tendrá un "impacto enorme" en su futuro.
De acuerdo con el informe, se da un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española, caracterizado por una caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, con un hundimiento de las rentas más bajas. Esto ha supuesto que el porcentaje de hogares sin ingresos haya crecido del 2% al 4% en el último trimestre de 2013 y que el número de hogares en esta situación haya pasado desde unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a finales de 2013.
Un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones de personas más que en 2007 (un incremento del 60,6%). Asimismo, 5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007.

Recortes en sanidad y asistencia social

Cáritas menciona también una investigación de la revista médica British Medical Journal sobre los recortes en el sistema sanitario español, que a pesar de tener uno de los gastos sanitarios más bajos de la UE, ha visto disminuida su inversión, con el efecto que esto puede ocasionar en la salud de los ciudadanos.
En relación con su trabajo de asistencia social, la sección española de Cáritas hace una observación sobre los últimos años de crisis en relación con el perfil de personas que solicitan su ayuda. Si al principio eran más las personas inmigrantes las que acudían a sus centros, desde 2010 es mayor el número de ciudadanos españoles que se acerca hasta ellos. Se trata de mujeres, parejas jóvenes con hijos y familias monoparentales que se encuentran en riesgo de exclusión social al quedarse sin casa ni ingresos.
Asimismo, Cáritas critica la disminución de las prestaciones sociales por parte del Estado, lo que ha llevado a las organizaciones no gubernamentales a redoblar sus esfuerzos para intentar paliarla. La organización denuncia que España es una de las sociedades más desiguales de Europa, a lo que contribuye el aumento de los impuestos indirectos, que no discriminan en función de la renta, y que ha provocado, al igual que en otros países como Grecia, un mayor empobrecimiento de los hogares con menos ingresos.
Esta situación ha comportado un aumento de los trastornos depresivos, de los problemas con el alcohol y los suicidios en España y Grecia, que se han disparado desde el comienzo de la crisis.

Fuente:   www.eldiario.es

Ricardo Sixto pide la comparecencia del Director General de la Policía por el 22M y lamenta que “los hechos violentos al final de las marchas se antepongan al éxito de las movilizaciones”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, ha pedido la comparecencia en la Cámara Baja del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que explique los incidentes producidos el 22-M en Madrid tras las denominadas ‘Marchas de la Dignidad’.

Sixto pretende que el máximo responsable policial explique su versión sobre los enfrentamientos, las cargas y, en su conjunto, los altercados producidos el pasado sábado por la noche y que se desarrollaron al margen de la movilización reivindicativa autorizada que protagonizaron centenares de miles de personas. Estos hechos se saldaron con 24 detenciones y con decenas de heridos.

“Queremos saber –señala Sixto- cuáles fueron las órdenes que se dieron y quién las dio” y lamenta que “los hechos violentos que se produjeron al final de las marchas, que demuestran la falta de coordinación policial, se hayan antepuesto al éxito de las movilizaciones”.

Los estudiantes se encierran en el rectorado de la UCLM en apoyo a los detenidos en la Complutense

Una treintena de personas la mayoría estudiantes procedentes del Colectivo Estudiantil de Ciudad Real e integrantes de otros movimientos sociales se han concentrado hoy en la plaza de España, frente al rectorado en una asamblea abierta para buscar acciones de apoyo al medio centenar de personas detenidas esta mañana en el rectorado de la Complutense, en el primer día de la huelga estudiantil a nivel nacional, y que en Castilla-La Mancha se celebró la pasada semana. Una asamblea que ha contado desde el inicio con dos opciones de apoyo, encierro simbólico en el rectorado o manifestación, optando finalmente por ambas: encierro para hacer una asamblea de un par de horas en el hall del rectorado, escribir un manifiesto y remitírselo al rector y concentración mañana frente a la Facultad de Letras de Ciudad Real, a las 13 horas.

IMG 20140326 WA0007 300x293 Los estudiantes se encierran en el rectorado de la UCLM en apoyo a los detenidos en la Complutense
Cartel de la concentración de este jueves
Para abrir la asamblea se ha recordado que los detenidos en Madrid han ocurrido cuando llevaban varios días en el edificio de Gobierno de la Complutense para reclamar una mayor cantidad económica para becas. Unas detenciones en Ciudad Universitaria que se ha recordado llevaba sin ocurrir desde antes de la Transición y que ha llevado a un movimiento contrario de profesores madrileños que esta tarde han pedido la dimisión del rector de la Complutense por permitir el acceso de la policía.
Así con estas acciones previas se ha debatido la opción de un encierro en el rectorado por unas horas o una manifestación de la Facultad de Letras a la Subdelegacion del Gobierno. Dos opciones en las que se ha valorado la fuerza estudiantil y la capacidad para convocarlas con tan poco tiempo, decidiendo el encierro que comenzaba a las 18 horas, y que se ha realizado del mismo modo en otras acciones estudiantiles de Ciudad Real, y una concentración en lugar de manifestación que a través de redes sociales y con el denominado ‘pasaclases’ se dará a conocer desde primera hora de mañana a los estudiantes para que participen.
“No podemos permitir que la Policía entre en un Campus” se ha dicho durante la asamblea, recordando la autonomía universitaria recogida en la Constitución y que en el campus de Ciudad Real hace un año estudiantes denunciaron una agresión y rotura de material antes de una huelga por parte de la policía dentro del campus universitario.
En el comunicado realizado, el el Colectivo Estudiantil de Ciudad Real muestra su “apoyo a los compañeros y compañeras detenidos en la Universidad Complutense de Madrid, durante el inicio de la huelga estudiantil del 26 de marzo”. “Las pretensiones de amedrentar la lucha contra los ataques a la educación pública no deben quedar sin respuesta”, afirman, indicando que “todo lo conquistado durante estos años se ve degradado desde diferentes partes del Gobierno, que se traduce a través de detenciones y represión del movimiento estudiantil”.
El Colectivo denuncia como “permisividad” a las fuerzas policiales, indicando que “no habían realizado ninguna actividad contra la normalidad del centro, ejerciendo sus libertades democráticas” los 54 detenidos. “También denunciar el silencio guardado desde las diferentes autoridades universitarias, gubernamentales y policiales, con respecto a los hechos acaecidos”, indica el Colectivo. Tras exigir la liberación de los detenidos también indican que esta actuación se ha producido en “un contexto de represión y desacreditación de los movimientos sociales, como las marchas por la dignidad del 22 de Marzo, y la próxima entrada de la denominada ley mordaza, la cual es un ataque más contra los derechos y libertades democráticas”.
Unas situaciones por las que piden al rector de la UCLM: “la no permisividad para el acceso policial a los campus y facultades, a los cuales acceden comúnmente sin respetar la autonomía universitaria; “que formule y exija responsabilidades e información al rector de la UCM, José Carrillo” y que “se posicione al lado de los estudiantes exigiendo la puesta en libertad de los y las estudiantes detenidos/as”.

Fuente:  www.elcrisoldeciudadreal.es

El Gobierno vuelve a nacionalizar las autopistas en ruina 30 años después

En 1984 asumió las pérdidas de seis autopistas de peaje que estaban en quiebra por la misma razón que las nueve que ahora se van a rescatar: no tenían tráfico

En 2003 se reprivatizó aquel primer ‘banco malo’ de las autopistas, ENA, y las sociedades que pujaron en aquel proceso son las mismas propietarias de las nuevas autopistas en ruina

Concesiones de Sacyr, Ferrovial, FCC, Acciona, Abertis y OHL son rescatadas diez años después de que participaran en la reprivatización de las autopistas que les habían rescatado


El Gobierno está a punto de anunciar la creación de un ‘banco malo’ que rescatará a nueve autopistas radiales de peaje que hoy están en ruina. La razón de la quiebra es que se crearon cuándo y dónde no debían. A consecuencia de ello, su tráfico, que era bajísimo, ha vuelto a caer un 52% en los dos primeros meses de este ejercicio en relación al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Fomento.
La conocida como ‘Sareb de las autopistas’ se constituirá tras haberse pactado una quita del 50% de los 4.600 millones de euros que en su día los bancos prestaron a los concesionarios. El Estado pagará los 2.300 millones restantes a las entidades financieras mediante un bono a 30 años con un 1% de interés. Las concesionarias no tendrán participación alguna en el capital de este banco malo de las autopistas.

Historia vivida

Pero el sufrido contribuyente español ya vivió otra vez una situación idéntica a esta. Y no fue hace mucho tiempo. El 21 de marzo de 1984, hace ahora 30 años, el Gobierno salió al rescate de seis autopistas de peaje, la mayoría de ellas en Galicia, que habían entrado en quiebra.
La inyección de dinero público se efectuó entonces para la compra por el Estado del 100% del capital de las cinco concesionarias quebradas: Audasa, Aucalsa, Autoestradas, Audenasa y Acega. El banco malo que se creó entonces fue bautizado como Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Acometió la gestión de los ‘activos tóxicos’ integrados en un paquete con los aproximadamente 400 kilómetros de las autopistas del Atlántico, de la Ruta de la Plata, de la Costa da Morte, de Val Miñor, de Navarra, y Central Gallega. La operación se hizo entonces en pesetas y no es fácil encontrar datos históricos del pasivo que las arcas públicas tuvieron que meterse entonces en vena.

Reprivatización

Lo que sí está perfectamente documentado es que, una vez que el sector público, en este caso el holding de empresas estatales SEPI, realizó con éxito la limpieza de los lodos que le había traspasado el sector privado y la puesta en valor de las infraestructuras, en 2003, las seis autopistas de peaje volvieron a ser privatizadas.
La operación de reprivatización de ENA fue organizada desde la propia SEPI. Las condiciones que impuso fueron que el grupo comprador se comprometiera por un periodo de cinco años a permanecer como accionista mayoritario, a mantener los fondos propios del grupo, a conservar la sede social en España y a no prescindir de la plantilla de 634 trabajadores, ni empeorar sus condiciones laborales.
A la reprivatización de ENA se presentaron 13 consorcios que aglutinaban a 21 de compañías, de las que cinco pasaron a la fase final. El adjudicatario finalmente fue el grupo encabezado por Sacyr, que pagó 1.583 millones.

Los mismos perros

A efectos de las enseñanzas que nos puede aportar esta vieja historia que ahora vuelve a reeditarse, es interesante conocer los nombres de las empresas que en mayo de 2003 acudieron al proceso de privatización de ENA. En los consorcios finalistas encontramos los siguientes nombres de constructoras y gestoras de infraestructuras: Sacyr Ferrovial, Europistas, FCC, Acciona, Abertis, Brisa y OHL. Y entre las entidades financieras, Banco Santander Caixanova Caixa Galicia, Caja El Monte Caja Madrid o  Unicaja.
En 2014, sólo una década después de aquella reprivatización, ha dado tiempo a que la voracidad y también la falta de tino de las compañías de infraestructuras hayan vuelto a embarcarse en proyectos ruinosos: han creado autopistas donde no debían, por la falta de tráfico, y el Estado hace un nuevo rescate multimillonario con el nacimiento del segundo banco malo.
Es ilustrativo cotejar que una buena parte de las compañías que intentaron beneficiarse de la privatización de ENA son las mismas que ahora ceden las nueve radiales quebradas y convertidas en ‘activos tóxicos’ a la nueva versión de la Sareb. Se trata de Acciona, ACS, Comsa, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y Sando, entre otras empresas de infraestructura. A ellas se suma un ramillete de entidades financieras: Banco Espírito Santo, la antigua Kutxa, Cajamar, Unicaja, Bankia, Caja Castilla-La Mancha y CAM.

Puerta giratoria

Así, con la perspectiva que da la historia, comprobamos que el sistema está montado de manera que se nacionalizan las pérdidas producto de desmanes de empresas privadas, mientras que se privatizan los activos saneados con el bálsamo medicinal del dinero público.
Pero la instrumentalización de los recursos colectivos en favor de intereses estrictamente privados no termina aquí. A la vez que se ultima la constitución del banco malo se trabaja en la manera de sanear los activos tóxicos para volver a privatizarlos en un plazo conveniente. El plan para comenzar a cobrar peajes blandos en todas las autovías que hoy son de libre circulación es uno de ellos.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha afirmado en varios foros “que es necesario que exista un trasvase del volumen de tráfico de las actuales autovías gratuitas a las deficitarias autopistas radiales: “En Europa se ensayan ya mil fórmulas por las cuales se deriva el tráfico de las autopistas libres a las de peaje”. La imposibilidad de “mantener el ritmo de inversión y conservación con cargo a los Presupuestos” obliga a buscar “alternativas como la tarificación por uso de las carreteras”, una medida que en el caso de los estudios de la patronal generaría ingresos anuales que se elevan a 3.500 millones, pudiendo repercutirse un tercio de ellos a medidas paliativas y el resto, a mantenimiento y conservación.

Horizonte, la reprivatización

Aun cuando no ha nacido oficialmente, el nuevo banco malo de las autopistas radiales ya tiene un calendario que abocará a la reprivatización de los activos que ahora se nacionalizan. Fuentes de Seopan y de Fomento han indicado que la nueva versión de la Empresa Nacional de Autopistas tiene un plan de negocio diseñado en un horizonte de 20 años.
Los estudios indican que el tráfico de las radiales caerá hasta 2015 y que posteriormente comenzará un periodo de recuperación. El Gobierno planea rentabilizar la carga que ahora asume con esta nacionalización con base en un programa de reprivatización que comenzará a partir de 2017 y que se alargará durante varios años. La fórmula que se baraja es que las autopistas malas saldrán a la venta ‘empaquetadas’ junto a otras infraestructuras de gran capacidad que son rentables y de las que, en esas fechas, ya habrá caducado su concesión.

Fuente:   www.eldiario.es

26 de marzo de 2014

El 20 % de los Ayuntamientos que recurrirán la reforma local ante el Constitucional son de Castilla-La Mancha

La oposición defiende ante el Congreso el recurso "histórico" de 2.000 ayuntamientos contra la reforma localLa oposición defiende ante el Congreso el recurso "histórico" de 2.000 ayuntamientos contra la reforma local


El pasado sábado, a las puertas de las Cortes, representantes de once formaciones políticas escenificaron su voluntad unitaria de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para lo que han conseguido recabar acuerdos plenarios de más de 2.000 Ayuntamientos de toda España con 15 millones de habitantes censados. 
El número alcanzado, además de constituir un hito histórico, cumple sobradamente el requisito de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población. Se prevé que antes del 31 de marzo el Ayuntamiento de mayor tamaño, Barcelona, solicite el dictamen del Consejo de Estado como paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. 
Para sus críticos esta ley, que salió adelante con los votos de PP y PNV, es un grave atentado contra la autonomía municipal, recorta servicios sociales, prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación y en sanidad, con la clara intención de privatizarlos.
Los promotores del recurso son PSOE, CiU, IU-ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, CHA  (Chunta Aragonesista), Compromís, Nueva Canarias, UPyD, CAPI (Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes) y FEEM (Federación de entidades Locales menores).
Apoyo en Castilla-La Mancha frente a la ley  
En Castilla-La Mancha la movilización del Psoe e Izquierda Unida ha logrado que casi 400 Ayuntamientos, el 20 % del total de recurrentes, adopten el mencionado acuerdo plenario, lo cual supone el 40 % de los municipios de la Comunidad. 
Para el secretario general del Psoe de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, “la reforma local que ha hecho el PP no sirve para clarificar competencias, no conlleva ningún tipo de ahorro y es una ley que va en contra de los interés de los ciudadanos y de los Ayuntamientos más pequeños”, por lo que justifica la presentación del recurso por 80 Ayuntamientos de la provincia donde su partido gobierna. 
Según Gutiérrez “esta reforma local del PP daña gravemente a los Ayuntamientos y, en el caso de la provincia de Toledo, afecta muy negativamente al 98% de los municipios, que podrán ver eliminadas sus competencias al tener menos de 20.000 habitantes, atacando esta ley directamente a la autonomía municipal”. 
El también alcalde de Escalona cree “disparatado” quitar competencias a los Ayuntamientos y dárselas a las Diputaciones porque “conlleva una preocupante falta de eficacia, el encarecimiento de los servicios, que éstos sean de peor calidad y supondrá su privatización”. , Según el responsable socialista “se cambia rentabilidad social por rentabilidad económica en la prestación de servicios, lo que implica que van a recibir peores servicios y más caros”.
 
El Ayuntamiento de Toledo también se ha unido al recurso de inconstitucionalidad porque, según el portavoz municipal de Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio, “supone un ataque directo a las competencias municipales y al trabajo que las entidades locales hacen cada día con los ciudadanos”.
El concejal advierte que esta ley pretende la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, muchos de los cuales desaparecerán, especialmente los servicios de proximidad como los servicios sociales, de atención a la mujer o de lucha contra la violencia de género, “aludiendo a un reparto competencial que en realidad es sólo una excusa para suprimir servicios a los ciudadanos y seguir este cínico sistema de reducción del déficit”.
 
Además San Emeterio apunta que “esta reforma es especialmente dura con las zonas rurales, esas a las que Cospedal ha castigado tanto, ya que  el 95% de los municipios de nuestra región dejaría de tener servicios sociales, políticas de igualdad, culturales o de desarrollo o creación de empleo” y además, “santifica a las Diputaciones y les cede parte de la prestación de servicios. Hablamos de las únicas administraciones que no son de elección directa por parte de los ciudadanos y que han demostrado en muchos casos ser verdaderos nidos de corrupción, de tratos de favor y  que han funcionado como cortijos al servicio de algún dirigente, y en Toledo lo sabemos bien”, concluye el concejal.

Fuente:   www.eldiario.es

Un nuevo despido injustificado en TeleCospedal y rápida sustitución por una redactora que viene de Intereconomía

PROTESTA CONTRA EL DESPIDO DE ANA BELÉNEl viernes pasado se produjo otro despido injustificado en la Televisión Regional. Nacho Villa decidió despedir a una redactora llamada Ana Belén. Este lunes se ha incorporado su sustituta. Con su mismo horario, sus mismas competencias y con un contrato mercantil.

Se sentará en su mesa, usará su ordenador y los técnicos de TeleCospedal le van a dar un curso para que pueda editar sus videos con programas informáticos que ella desconoce.

Sustitución de un contrato laboral por uno mercantil, presunto fraude de ley en toda regla. Delito contra los derechos de los trabajadores, quizá.

Según nos han asegurado trabajadores de la Televisión de Villa, la nueva contratada viene de Intereconomia: "Otra madrileña de la cuerda para contar una realidad de Castilla-La Mancha que desconoce".

El viernes, trabajadores del ente regional mostraron su protesta con una concentración a la entrada del edificio.

Fuente:   www.dclm.es

25 de marzo de 2014

Izquierda Unida apoya la movilización estudiantil del 26 y 27 de marzo en defensa de la educación pública

Izquierda Unida apoya las movilizaciones de los estudiantes para los próximos 26 y 27 de marzo en defensa de la educación pública, contra los recortes en un derecho esencial como es la educación mientras se destinan miles de millones a rescatar a quienes son los principales causantes de la actual crisis y contra una ley de educación que tiene ya múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados.
Los recortes y la contrarreforma educativa no tienen realmente que ver con la crisis-saqueo actual, sino con un modelo ideológico que el Gobierno del PP quiere implantar, apostando por la escuela privada y concertada buscando el desmantelamiento de la educación pública y la práctica desaparición de la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación. Los reales decretos de Primaria y Formación Profesional Básica que ya se plantean como desarrollo de la LOMCE así lo demuestran, donde incluso el Consejo Escolar del Estado critica la puesta en marcha de unas enseñanzas que se configuran como un callejón sin salida, siendo una estafa para el alumnado y sus familias.
Por eso Izquierda Unida apoyará todas las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa en defensa de la educación pública en todas las provincias y poblaciones del Estado, sumándose en esta ocasión a las protestas y acciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes el 26 y 27 de marzo y continuará pidiendo la derogación de la LOMCE y luchando en las instituciones y en la calle para impedir la destrucción de la educación pública.
Izquierda Unida participa de una manera decidida en esta amplia movilización en defensa de la enseñanza pública, gratuita, de calidad, democrática y laica, que ya ha sido acompañada de numerosas huelgas y manifestaciones durante los últimos cursos académicos. Desde Izquierda Unida llamamos a defender este derecho que el Partido Popular quiere suprimir y estimamos necesaria la continuidad de la movilización hasta lograr parar estos ataques a la educación pública.
IU volverá a estar de nuevo del lado de los estudiantes animando además a la comunidad educativa y a la ciudadanía en su conjunto a sumarse a estas jornadas de lucha el 26 y 27, en el marco de un proceso de movilización sostenida y unitaria de los distintos sectores sociales que están siendo atacados por continuos recortes de sus derechos, y que debe desembocar en una exigencia masiva de “Gobierno dimisión / Elecciones ya” planteando una salida social de la crisis que nos permita avanzar hacia un modelo de sociedad donde primen los intereses de la mayoría y no los de la Troika y aseguren un futuro digno a nuestros jóvenes.

Un masivo sí a la gestión pública de las aguas de Alcázar

Las urnas, cerradas el domingo, pusieron fin a un fin de semana marcado por la aceptación y acogida ciudadana a la actividad impulsada por la Plataforma contra la Privatización del Agua de la localidad. El cierre un día antes del fin de la convocatoria establece un recuento de 6982 votos, con un 99.03% de papeletas por el sí, un 0,82% por el no y 5 votos, tanto nulos como en blanco. Fuentes de la organización afirman que la población se ve en general “muy animada” por el evento, destacando la heterogeneidad de los votantes, entre los que se cuentan personas de muy avanzada edad, quienes han otorgado al evento un carácter anecdótico, llevando regalos e historias a las urnas de votación. Los organizadores han apuntado también a que la convocatoria ha sido tan positiva, que las urnas se han llegado a ver desbordadas en algunos momentos del fin de semana, además de ver como vecinos se movilizaron para garantizar que el máximo de los ciudadanos tuvieran oportunidad de votar.
Durante el fin de semana, las urnas se trasladaron también a las pedanías de Cinco Casas y Alameda de Cervera, donde los resultados obtenidos se consideran “muy significativos”. Por otra parte, se ha señalado también que el cuerpo local de la policía se ha mantenido al margen de la actividad, realizando sólo apariciones rutinarias en los puntos de votación. Por otra parte, no se han podido ofrecer datos de la participación de miembros del Gobierno Municipal, lo que consideran hubiera sido muy importante porque ayudaría a “legitimar la consulta para el pueblo”. Miembros de la organización han querido hacer hincapié en que el sistema informático, a través del cual se está realizando la votación, garantiza que los ciudadanos sólo puedan votar una vez, por lo que invitan a “todos aquellos que dicen que han votado más de una vez, que traigan su DNI para corroborar que no es verdad”.
Las actividades lúdicas del fin de semana, dentro de la convocatoria general de la Fiesta del Agua, incluyeron una exposición fotográfica “El agua y Alcázar”, así como el inicio del collage “Da la cara por el agua”, construido a través de colaboraciones de los ciudadanos por las redes sociales para hacer visible su apoyo por la gestión pública de las aguas, actuaciones musicales de grupos locales, degustación de comida y distintas manifestaciones artísticas. Además, miembros dela Plataforma contra la Privatización del Agua se desplazaron a Madrid para participar en las Marchas por la Dignidad, donde llevaron su mensaje reivindicativo y fueron recibidos por el resto de los manifestantes como un ejemplo de la lucha ciudadana por el agua, y fueron consultados por vecinos de otras localidades que se encuentran en una situación similar a la alcazareña.
Para el día 24 de marzo se espera “el final sprint” de la convocatoria, en el que se confía se alcanzará otro pico de votaciones, gracias al mercadillo que se instala los lunes en la localidad.

Fuente:   www.eldiario.es