29 de diciembre de 2006

Sin agua para Las Tablas de Daimiel

El País - 29/12/2006

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un trasvase de 12 hectómetros cúbicos (hm3) para el mes de enero para consumo humano y nada para regadío, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura había recomendado al Ejecutivo una transferencia de 46 hm3 en el trimestre enero-marzo, de los cuales 11 hm3 debían ir a regadío, pero el Consejo de Ministros ha preferido destinar sólo agua para abastecimiento y analizar a finales de enero la situación de los embalses de la cabecera del Tajo para autorizar otras transferencias.

En cuanto a la situación de sequía del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) que no ha recibido agua del trasvase, la ministra de Medio Ambiente ha recordado que su Departamento "trabaja para que el parque tenga más agua y no necesariamente a partir del trasvase Tajo-Segura". El Ministerio compra fincas del entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel para "retirar esas fincas de la actividad de regadío, que es la que supone un reducción gradual del agua de los acuíferos de Daimiel".

Con este tipo de actuaciones, "podemos tener resultados mucho más eficientes que si ahora acordásemos, desde el trasvase Tajo-Segura un envío que en cualquier caso sería muy pequeño en cuanto a volumen y buena parte se perdería antes de llegar a las Tablas", ha dicho la ministra. "Estamos pensando de manera alternativa, pensando en el futuro del Parque Nacional, que por supuesto queremos preservar", ha afirmado.

Así, en la actualidad se constata que existe una recuperación del sistema Entrepeñas-Buendía. No obstante, es preciso dejar pasar unas semanas para evaluar cuánta agua va a ser posible suministrar a las poblaciones y cuánta puede destinarse, inicialmente, a regadío, contemplando la totalidad del año agronómico, ha argumentado el Gobierno.

26 de diciembre de 2006

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba autoriza dos campos de golf en un encinar protegido

El Pais

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), una localidad de 6.000 habitantes gobernada por el PSOE, ha dado luz verde este mes a una recalificación para construir 900 chalés, un hotel de cinco estrellas y dos campos de golf sobre 1.200 hectáreas, parte de las cuales están en un encinar protegido. En junio de 2006, la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, consideró "compatible y admisible" la construcción de los campos de golf en un encinar considerado "suelo rústico de protección natural".

La empresa vasca Arahonde compró la finca Las Pachecas, de 1.185 hectáreas (11 millones de metros cuadrados, como 1.185 campos de fútbol) para hacer allí un hotel de lujo, dos campos de golf y 900 chalés. El alcalde, José Díaz Pintado, defiende el proyecto: "¿Dónde está escrito que Argamasilla no puede tener un complejo turístico con campo de golf?". Y da un argumento irrefutable: "Así los fontaneros y albañiles del pueblo que van cada día a Madrid podrían trabajar aquí". El pleno aprobó el lunes con los votos a favor del PSOE y en contra de PP e IU tramitar el convenio urbanístico por el que, a cambio de la recalificación, la empresa daría 6,8 millones de euros.

El alcalde admite que parte del complejo se asentaría sobre suelo hoy catalogado como un encinar protegido, pero niega que haya impacto sobre el medio ambiente: "No se tala ni una encina y además repoblarán el doble en otro sitio". Además, esgrime que el director general de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha dio el visto bueno a los dos campos de golf en terreno protegido amparándose en un artículo de la norma autonómica que permite construir en zonas protegidas cuando sea "necesario para la mejor conservación" o "para el uso y disfrutes públicos".

Compra de agua

El coordinador regional de IU y concejal de Argamasilla, Cayo Lara, criticó el proyecto y denunció que la zona bebe de un acuífero que, de lo sobreexplotado que está, ha secado las Tablas de Daimiel. La empresa intentó comprar 0,6 hectómetros cúbicos de agua a los regantes de la zona. El Ministerio de Medio Ambiente anuló el acuerdo ya que "el uso de agua estaba destinada única y exclusivamente para riego" y que el intento de compra suponía "un claro supuesto de fraude de ley".

Tras el dictamen, el Ayuntamiento ha pedido a la Confederación del Guadiana que le triplique su dotación de agua para abastecimiento y afirma que el campo de golf se regará con agua de la depuradora.

19 de diciembre de 2006

El Consejo Federal de IU aprueba el documento político presentado por Llamazares


Madrid, 16 de diciembre de 2006.- EFE.-
El Consejo Político Federal de IU aprobó hoy con el 61 por ciento de votos a favor el documento presentado por el coordinador general de la formación, Gaspar Llamazares, en el que, entre otras propuestas, promueve a partir de enero una campaña de movilizaciones en defensa del proceso de paz.

La propuesta de Llamazares, que lleva por título "Una alternativa a favor de la mayoría: ampliar el espacio político de IU", recibió 74 votos favorables, 27 en contra y 20 abstenciones, con lo que recibió el visto bueno del máximo órgano directivo de IU entre asambleas.

El documento político centra parte de su atención en la etapa de incertidumbre que atraviesa el proceso de paz y, aún reconociendo que la principal responsabilidad corresponde a ETA y a su entorno, también hace responsable al PP por convertir este tema en una ocasión para "sacar beneficios políticos partidarios".

Además, expresa su "decepción" por la acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en esta cuestión, ya que considera que "el coraje inicial se ha diluido apresados por el temor a los efectos electorales de esta gestión".

También reprocha a Zapatero su "preocupación" por hacerse un hueco en el centro político y le recrimina la "vergonzante" Ley sobre la Memoria Histórica, su política económica "continuista" y el acuerdo con la Iglesia, que califica de "grave error".

En el ámbito interno, el documento político defiende el respeto que debe tenerse a las decisiones de los órganos de IU y, entre ellos, la Comisión de Garantías y Control, después de la polémica generada por la decisión de éste órgano de "anular" una norma electoral de IU-Comunidad de Madrid que, según un sector de la federación madrileña, implica la anulación de algunas candidaturas.

15 de diciembre de 2006

Razones para la Reforma Electoral en Castilla - La Mancha

Razón nº 1
Para corregir el déficit democrático en Castilla La Mancha, Comunidad Autónoma con más déficit democrático en las Cortes de todas las Comunidades del Estado Español.

1. El número de habitantes por escaño en CLM es de 39.337. (En las CCAA con menos de 4 millones/habitante, la media es de 23.138).
2. CLM es la Comunidad Autónoma pluriprovincial con menos escaños en las Cortes. (Sólo tienen menos escaños 6 CC.AA. uniprovinciales).
3. CLM es de las que tiene menos escaños por provincia (ocupa puesto 17). Con 9,2 escaños/ provincia sólo la superan Castilla y León y Canarias.
4. CLM es la Comunidad Autónoma que tiene más kilómetros cuadrados por escaño, con 1.690 km2 por escaño.
5. CLM es la Comunidad Autónoma en la que más porcentaje de voto se necesita para obtener escaño. Entre el 9% Toledo y el 13% en Guadalajara

Razón nº 2

Para impedir que se siga vulnerando el derecho a la igualdad recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. (Art. 21.3)

Se vulnera el derecho de igualdad ante la Ley cuando el voto de una parte de la ciudadanía que vota al PP o al PSOE tiene más valor electoral que el de los ciudadanos y ciudadanas que votan a IU.

Razón nº 3

Para evitar que se continúe impidiendo el desarrollo de valores superiores del ordenamiento jurídico como los del pluralismo político, instrumento fundamental para la participación política recogidos en la Constitución Española (art. 1.1 y 6) y el Estatuto de Autonomía de CLM (art. 4.2) Se violenta el derecho de la ciudadanía a participar y estar representada a través de los partidos políticos, al impedir la representación en las Cortes de todos los grupos políticos avalados con el voto de la sociedad castellano manchega.

Razón nº 4

Para conseguir que se cumpla el principio de proporcionalidad representativa establecido en el Estatuto de Autonomía de CLM (art. 10.1 y 4.2)

No se cumple con el principio de proporcionalidad representativa cuando 21.790 ciudadanos eligen diputado en las Cortes y el voto de 33.186 no obtiene representación.

Razón nº 5

Para conseguir que las Cortes sean quienes ejerzan realmente la función legislativa y de control al Gobierno y no que sea el Gobierno quien controle y decida el papel de las Cortes.

La debilidad de las Cortes es tan palpable que basta comparar sus escaños con el número de altos cargos del gobierno. Solo los Consejeros y Directores Generales superan en número a los 47 escaños de las Cortes.

Razón nº 6

Para adaptar las Cortes al incremento de transferencias, plantillas de personal, y de recursos presupuestarios que en los últimos años se han multiplicado por varias veces.

Las transferencias de Educación en el 2000, de Sanidad en el 2002 y de Trabajo en el 2003, han supuesto un incremento de más de 40.000 personas en la plantilla de la Junta y los presupuestos regionales se han multiplicado por 4 en los cinco últimos años.

Razón nº 7

Para intentar impedir que los pactos de silencio de los dos grandes partidos sobre temas de interés general de TODA la ciudadanía o de una parte, sigan impidiendo que demasiados asuntos salgan a la luz.

El acceso a la información y la representación institucional, son imprescindibles para defender determinados asuntos hasta las últimas consecuencias, la denuncia pública no es suficiente. La inmunidad parlamentaria determinada en el art. 10.3 del Estatuto de Autonomía, es hoy una garantía para la denuncia pública que no tienen los partidos políticos sin representación parlamentaria.

3 de diciembre de 2006

Amnistía Internacional compara la Ley de Memoria con la de Punto Final

EL PAIS - 17/11/2006

Amnistía Internacional, una de las ONG de defensa de los derechos humanos más respetada, hizo público ayer un informe muy crítico sobre la Ley de Memoria presentada por el Gobierno y que espera en el Congreso a ser tramitada. "Incluye disposiciones claramente contrarias al derecho internacional hasta el punto de que podría convertirse, si no es modificado sustancialmente, en una especie de Ley de Punto Final", sentencia. Se refiere a la norma argentina, ya derogada, que dejó impunes asesinatos cometidos bajo la dictadura.

Amnistía Internacional se ha ocupado ya en dos ocasiones del proceso de recuperación de la memoria republicana en España, ha realizado sendos informes sobre la reapertura de fosas y la mala conservación de los documentos de la represión, y ha sido recibido por el Gobierno para proponer sus recomendaciones. El informe concluye que la iniciativa planteada por el Ejecutivo, muy criticada desde IU-ICV, ERC y todas las asociaciones, "no contempla ni reconocimiento ni ampliación de derechos".

Las conclusiones de Amnistía son especialmente críticas con el apartado de la ley que garantiza a los verdugos y denunciadores de las víctimas que su nombre no se hará público. "El texto obvia por completo los derechos humanos y el derecho internacional y más bien pone obstáculos a los derechos de las víctimas. Especialmente preocupantes son los mecanismos de impunidad incluidos en el proyecto, dirigidos a encubrir la identidad de los autores de violaciones de derechos humanos".

Amnistía lamenta la fórmula inventada por el Gobierno de establecer una declaración de reparación y reconocimiento personal sin valor jurídico. "Incluye una disposición específica para salvaguardar la identidad de los autores de los abusos. Cuando se trata de crímenes sobre los que el derecho internacional no admite limitaciones legales por parte de los Estados dirigidas al perdón u olvido, estas medidas representan una amnistía incompatible con el derecho internacional".

Amnistía exige una Comisión de la Verdad similar a la que existió en otros países que sufrieron dictaduras, como Argentina; eliminar los mecanismos de impunidad; la anulación de los juicios y la creación de una fiscalía especializada en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.