28 de febrero de 2014

Moción de Izquierda Unida de Daimiel para la celebración de una feria o muestra provincial/regional de turismo y medio ambiente en el pabellón ferial

En la Comisión de Hacienda, celebrada el día 19 de febrero de 2.014, este grupo municipal propuso la realización de una feria o muestra sobre turismo y medio ambiente en Daimiel, como elemento dinamizador en lo concerniente al turismo, ecología, gastronomía, hostelería, artesanía, etc., así como, potenciar el uso del pabellón ferial, al margen de las actividades que se desarrollan en él.
Daimiel, por su situación estratégica, ubicado en el centro peninsular, con buenas vías de comunicación, con el Parque Nacional Las Tablas de Daimiel en todo su apogeo, ahora ampliado en su extensión y toda su superficie ocupada por agua, con la próxima apertura a visitantes de la Motilla del Azuer, con un entorno extraordinario en patrimonio cultural, con todos nuestros ríos en todo su esplendor, creemos que sería interesante la celebración o realización de una feria o muestra sobre turismo y medio ambiente como potenciador de los valores que nos hacen singulares, además de la economía y del empleo local y comarcal.
Coincidiendo con la celebración, se deberían desarrollar una serie de actividades complementarias a la propia feria, para hacerla más atractiva, como por ejemplo: las empresas locales de turismo podrían ofrecer paquetes conjuntos de visita a Las Tablas y la Motilla del Azuer, sin olvidarnos de nuestro Museo Comarcal, alguna degustación de productos típicos, una muestra fotográfica, etc.
Pensamos, que de llevarse a cabo, esta va a ser una ventana abierta al mundo, donde vamos a exponer nuestras potencialidades y nuestros valores; y coincidiendo con esta feria, es de esperar que haya más afluencia de visitantes, lo cuales visitaran nuestra localidad y serán un termómetro de cómo nos ven; por tanto, debemos poner todo nuestro empeño e ilusión, para que salga bien.
Para poder llevar a cabo esto, es necesaria la colaboración de todos, no solo la parte política, si no también, la sociedad civil, el mundo empresarial, tanto de las empresas dedicadas al turismo, como de la hostelería, gastronomía, artesanía, etc.
Obviamente, para desarrollar esta feria o muestra, tiene que existir una dotación económica para poder llevarla a buen fin. Y ésta pasa por una dotación económica publica, tanto local como regional, con la colaboración de las empresas que expongan sus productos o sus ofertas turísticas (stands), por la publicidad que alguna empresa quiera instalar en el recinto ferial, buscar firmas colaboradoras, etc.
El diseño de esta muestra se podría canalizar a través de la Comisión de Hacienda o crear una comisión, donde tengan voz y voto todas las partes implicadas.
Sabemos que poner en marcha esta iniciativa es una tarea larga y complicada, donde intervienen muchos factores para su realización. La fecha para su celebración será la que se acuerde con todas las partes implicadas al igual que su duración, pero podría estar entorno a unos 3 días, coincidiendo con un fin de semana, y una buena fecha podría ser en el mes de Septiembre o de octubre.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
  • La realización de una feria o muestra provincial y/o regional de turismo y medioambiente.
  • Creación de una Comisión o a través de la Comisión de Hacienda para poder llevarla a cabo.
  • Solicitar la colaboración de la JCCM.


Moción de Izquierda Unida de Daimiel en defensa de los centros de salud públicos de la localidad

Hace pocos días se publicaba la noticia en algunos medios de información del posible cierre del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento en Daimiel. Se relacionaba con la posible ampliación de la zona de influencia del hospital de Manzanares, y se recogían declaraciones del alcalde de dicha localidad en las que apuntaba que la Junta de Comunidades estaría estudiando el caso.

Al día siguiente, el señor alcalde desmentía que hubiera algo parecido en ese sentido. No dudamos en absoluto de la palabra del señor alcalde, pero tenemos muy presentes y en cuenta los antecedentes en que este equipo de gobierno no se ha enfrentado o no ha sido capaz de impedir que instituciones superiores nos cerraran importantes infraestructuras, como la Granja Escuela, o se retrasaran indefinidamente ciertas mejoras en la localidad, como ha sido el caso del nuevo colegio San Isidro.

Si a ello añadimos el progresivo desmantelamiento de especialidades que el propio CEDT ha sufrido durante esta legislatura, y el desconocimiento del alcalde, manifestado públicamente, sobre la situación en el centro de salud 1 con respecto al mal funcionamiento de la calefacción, y los perjuicios que esto estaba ocasionando tanto a profesionales como usuarios, pues nos aventuramos a decir que la información que este equipo de gobierno maneja sobre los recursos sanitarios de la localidad y su futuro no es muy alentadora.

Aunque sólo se tratara de un rumor, lo suyo es atajarlo lo más contundentemente a nivel institucional, impidiendo que entre los daimieleños y daimieleñas pueda surgir el más mínimo atisbo de duda sobre el futuro de sus centros de salud. Y que mejor lugar y momento que el Pleno municipal para manifestarlo. La defensa de nuestros servicios públicos, del tipo que sea, es la máxima del grupo municipal de Izquierda Unida en Daimiel, un compromiso que nos guía y nos hace responsables de la situación presente y futura de dichos servicios.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Firmar un compromiso público por parte de los tres grupos políticos representados en este momento en el Ayuntamiento de Daimiel, en representación de toda la ciudadanía, manifestando la defensa a ultranza del presente y futuro de los centros de salud en la localidad, impidiendo y luchando para que no pierdan más recursos de los existentes actualmente.

2. – Manifestar públicamente la intención de dimitir en el caso de no utilizar todos los recursos disponibles por el consistorio para evitar el desmantelamiento de los centros de salud en la localidad.

El PP tumba las 15 propuestas de resolución presentadas por IU, ICV-EUiA, CHA sin plantear ninguna enmienda

El Partido Popular tumbó hoy las 15 propuestas de resolución presentadas por el Grupo de IU, ICV-EiA, CHA en la votación con la que han concluido los tres días del debate sobre el estado de la Nación. Tras las reiteradas acusaciones lanzadas estos días por el PP, a través del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros diputados de su grupo, de la supuesta ‘falta de propuestas concretas’, los ‘populares’ han laminado todas las iniciativas de este grupo, a las que ni siquiera llegó a plantear enmienda alguna.

Entre las propuestas planteadas por el grupo que preside Cayo Lara se incluía la petición de retirada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también la del anteproyecto de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, la reforma de la Administración Local o la reforma laboral, además de impedir la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

En relación a este último tema de la reforma educativa, la resolución registrada reclamaba al Gobierno abrir de forma urgente un proceso de negociación y diálogo con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar las medidas necesarias para mejorar el sistema educativo público.

Proponía impedir el cambio de titularidad, la “enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos” existente, así como establecer una moratoria a los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos.

Junto a la solicitud de que se garantice una educación laica, plural y culturalmente respetuosa con la diversidad lingüística de las comunidades autónomas, IU, ICV-EUiA, CHA planteaba que se rebajen las tasas universitarias, aumentar las becas o dignificar el trabajo del profesorado y del personal investigador.

La resolución para responder al anteproyecto de ley del aborto buscaba que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y conseguir que no se modifique la legislación actual si no es para garantizar y ampliar los derechos ya reconocidos.

En materia de derechos y libertades, junto a poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana, se proponían medidas para garantizar la correcta actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que porten su identificación de forma “clara y visible” para evitar objetivos “intimidatorios” en las identificaciones y cacheos.

También se planteaba acabar con los controles basados en “rasgos étnicos y raciales” y se solicitaba el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), poner freno a las “devoluciones ilegales” de inmigrantes, revisar los acuerdos de cooperación con Marruecos y elaborar una ley integral contra las mafias de ciudadanos para su entrada en nuestro país.

Otra de las resoluciones planteaba la reprobación de Rajoy y de todo su Gobierno “por situar a España en un retroceso económico y social y una involución democrática sin precedentes”.

IU, ICV-EUiA, CHA basó esta propuesta en la gestión que el Ejecutivo del PP hace de la salida de la crisis económica, las reformas en educación, su agenda de “privatizaciones y restricciones de derechos”, la “criminalización y represión de la movilización ciudadana” y los casos de corrupción que afectan a altos dirigentes ‘populares’, con el ‘caso Bárcenas’ a la cabeza.

Las propuestas se completaban con iniciativas para impulsar la Memoria Histórica, la rebaja del IVA cultural o con una serie de apartados específicos de lucha contra la pobreza. Así, se proponía establecer una renta básica de ciudadanía, que se tengan en cuenta las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se establezca la dación en pago.

En una resolución específica se insiste en la derogación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda frente a los servicios públicos y los derechos sociales. También incrementar de forma gradual el salario mínimo hasta que represente al menos el 60%, llegando hasta los 1.100 euros en octubre de 2015.

También es conocida la propuesta de reforma fiscal para hacerla más progresiva y justa, acabando con la “maraña” de deducciones, bonificaciones y exenciones actuales e implantando una lucha contra el fraude fiscal más afectiva.

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS 15 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE IU, ICV-EUiA, CHA QUE HOY HAN SIDO RECHAZADAS

1.      Propuesta de resolución para la desaprobación de la gestión del presidente y su Gobierno

2.      P. de r. por una reforma que mejore la progresividad y suficiència del sistema tributario

3.      P. de r. del impacto negativo sobre el empleo de la reforma laboral

4.      P. de r. sobre defensa de los Servicios públicos

5.      P. de r. para las políticas de igualdad y el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo

6.      P. de r. sobre la lucha contra la probreza y defensa de los derechos sociales

7.      P. de r. por la defensa de los Derechos Humanos y la política de cooperación internacional para el desarrollo

8.      P. de r. por una reforma del Art. 135 de la Constitución y una auditoría de la deuda pública

9.      P. de r. contra las prospecciones petrolíferes y el abandono de técnicas peligrosas y el fomento de los combustibles fósiles

10.  P. de r. para combatir la pobreza energètica y por un modelo energético transparente, equitativo y que fomente las energies limpias

11.  P. de r. por la puesta en marcha de una política industrial activa y el desarrollo y la potenciación de la I+D+i

12.  P. de r. sobre defensa, consolidación y refuerzo de la Administración Local

13.  P. de r. por el derecho a una vivienda digna y una segunda oportunidad

14.  P. de r. para la autorización de la convocatoria de consultas Populares por vía de referèndum y el respeto del derecho a decidir.

15.  P. de r. sobre infraestructures, acuerdos y demandas pendientes de desarrollar en Aragón.

Centella defiende las resoluciones elaboradas por IU en el Debate sobre el estado de la Nación porque "hay otra forma de afrontar la crisis que la reaccionaria y antisocial del PP"

Intervención en el Pleno del Congreso del portavoz parlamentario de IU antes de la votación en que fueron rechazas las 15 propuestas registradas.

"Señor presidente, señorías, nuestro grupo ha presentado una serie de resoluciones coherentes con la intervención de nuestros portavoces el martes pasado. Son resoluciones que tratan de afrontar los problemas reales de quienes sufren directamente la crisis, de quienes están en paro, de quienes son desahuciados y que ya no pueden pagar la luz o sufren las consecuencias de una reforma laboral de la que ustedes están tan orgullosos, pero que ha provocado más despidos, más baratos y una reducción de salario, es decir, peores condiciones laborales.

Presentamos estas resoluciones porque entendemos que la crisis tiene otra salida; hay otras formas de afrontar la crisis que la reaccionaria, la antisocial y autoritaria que el Partido Popular está tratando de aplicar. Mis compañeros, junto conmigo, desarrollarán algunas de estas propuestas.

Yo quiero detenerme en dos. Una, la que plantea la desaprobación de la gestión del Gobierno en este año, ya que comprobamos que la mayoría social que lleva años sufriendo la crisis no vive hoy mejor que hace un año, porque comprobamos que solamente una minoría sigue teniendo beneficios.

Ustedes pueden, por decreto-ley que tanto les gusta, decretar el fin de la crisis. Ustedes pueden decretar lo que quieran, pero la realidad es más fuerte que la intervención del presidente el martes. La realidad se impone a su demagogia y hoy los que trabajan lo hacen por más tiempo y cobran menos, y los millones que no trabajan llevan años buscando trabajo y no pueden seguir esperando a que su macroeconomía les devuelva el trabajo perdido. Por eso, no sólo nuestro grupo es quien suspende al Gobierno, no sólo nuestro grupo es quien desaprueba al Gobierno; lo reflejan todas las encuestas. No nos arrogamos representar aquí a nadie que no nos haya votado. Sólo constatamos una realidad, que hoy la mayoría de la población, según marcan las encuestas, no está de acuerdo con su política y la desaprueba. Eso es lo que constatamos en esta resolución.

Este Gobierno ha tratado de convertir este debate en un acto más de una campaña en la que trata de hacer valer aquella máxima de que una mentira si se repite cientos de veces alguien acaba creyéndosela. Cuando estamos hablando de cómo vive la gente, de cómo sufren millones de personas, es muy difícil que eso cuele. No vamos a ponernos de acuerdo, pero queremos poner por testigo a toda aquella gente que, le repito, hoy está peor que hace un año y que son mayoría en este país.

También voy a defender la resolución que plantea la eliminación de la reforma del artículo 135 de la Constitución que ustedes, junto con el Grupo Socialista, hicieron un día con nocturnidad y alevosía. Lo hacemos porque esa reforma supuso la puntilla a un acuerdo constitucional. Esa Constitución que ustedes dicen seguir defendiendo, ese día la acabaron de enterrar porque se hizo, como decía,  con nocturnidad y alevosía. Se hizo al dictado de la troika -por cierto, hay que comprar un libro para conocer la carta que se mandó, hay que gastarse el dinero porque alguien va a cobrar por haber escrito aquella carta y haberla recibido-; pero, sobre todo, porque se hizo sin permitir que se pronunciase el soberano que es el pueblo español y porque ese artículo marca una prioridad que nos divide. Marca a quienes consideran que lo prioritario es pagar la deuda, que lo prioritario es pagar a los bancos,  y  a quienes consideramos que hay otras prioridades.

Significa, ni más ni menos, que se pueden cerrar hospitales, que se puede devaluar la educación, que se puede acabar con la asistencia a la dependencia, pero que no se puede dejar de pagar a la Banca. Eso nos parece injusto, inhumano y, además, inútil. Por eso, esta modificación significa la evidencia más clara de nuestra sumisión a los intereses de la banca alemana, de sumisión a una normativa que permite que la banca privada haga su  negocio a costa de los Estados porque no pueden pedir créditos al Banco Central Europeo.

Blindar en la Constitución esa prioridad impide también el establecimiento de políticas económicas alternativas. Es una losa que va a impedir cualquier política progresista, cualquier salida realmente social de la crisis. Por eso lo confrontamos con esta modificación;  lo confrontamos en su día y hoy venimos a plantearlo ya con el tiempo pasado demostrando que teníamos razón, que era inútil, que era inadecuada y que además viene a romper algo de lo que ustedes alardean.

Porque ustedes vienen aquí a defender la Constitución, vienen a defender el consenso y luego, en lo más importante, que es la prioridad de en qué se gasta el Estado el dinero, cómo se resuelve la crisis, no hay consenso, no hay acuerdo, simplemente lo que hay es la prioridad de la Banca frente a la prioridad de las personas.

Para terminar, nuestro grupo desaprueba la gestión del Gobierno de este año porque estamos peor. Por mucho que ustedes hagan juegos malabares con las cifras este país no ha mejorado en este año. Ponemos en primer lugar el artículo 135 de la Constitución. Queremos que hoy se vote aquí y se plantee acabar con esa losa porque, repito, con ella será imposible una política de progreso en este país. Muchas gracias. "

Ley del Aborto: 1.900 médicos firman un manifiesto contra la reforma de Gallardón

aborto manifiesto
1.900 profesionales de la sanidad pública y privada han suscrito un manifiesto contra la reforma de la Ley del Aborto que prevé aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy.
El documento, titulado "Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país", alerta que la ley pone en peligro la salud y la vida de las mujeres y asegura que la eliminación del supuesto de malformación "contradice" la ética de los profesionales y es "contraria al sentir mayoritario de la población".
El 61% de los firmantes son médicos, el 21% son matronas y enfermeras, y el 13%, psicólogos. Todos manifiestan que la ley que quiere aprobar el Ejecutivo sólo servirá para "agudizar el dolor" de las 3.000 mujeres que hoy en día deciden interrumpir su embarazo por malformación del feto.
Según los sanitarios, basar esta restricción en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es usar un argumento "incorrecto" porque "en ningún apartado se habla del discapacitado no nacido, dado que la discapacidad no existe antes del nacimiento, dándose ésta a largo plazo y en interacción con el medio".

Fuente:   www.huffingtonpost.es

El peor bienio de la historia: nunca se destruyó tanto empleo fijo y a jornada completa como en 2012 y 2013

  • Un informe de CCOO alerta de la “intensa quiebra de la calidad” del trabajo asalariado debido a la reforma laboral, la recesión y los recortes
  • Un estudio de UGT destaca que desde 2012 se sustituyen los empleos más cualificados y de mayores sueldos por otros precarios y sin valor añadido
  • Desde que se aprobó la reforma laboral se pierde más trabajo fijo que temporal y más público que privado

Fuente: www.infolibre.es

27 de febrero de 2014

IU afirma que en CLM hay una 'involución democrática y social'

El coordinador regional de IU Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, en rueda de prensa - ArchivoEl coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, afirmó que lo que hay en la Comunidad Autónoma es una "involución democrática y social", propiciada "por las imposiciones de las políticas neoliberales y que nos están abocando a un retroceso sin precedentes".
Ante ello, manifestó Martínez en rueda de prensa en Albacete, "queremos plantar cara" y hacerlo de la mano de los movimientos sociales y, por ello, es por lo que IU está dando a conocer por toda España, y esta tarde toca en Albacete, la campaña 'Revolución democrática y social', con el diputado nacional y portavoz del grupo de Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella.
"Si hay que poner un ejemplo de esa involución democrática es la reforma del Estatuto de Autonomía que pretende sacar adelante el PP y que va a convertir a las Cortes de Castilla-La Mancha en un instrumento nada representativo de la opinión de los ciudadanos", argumentó.
Por su parte, Centella, que detalló los objetivos de esta campaña, insistió que "el PP no puede pretender abanderar la regeneración democrática mientras tenga a su extesorero en la cárcel o mientras Cospedal esté tratando de dar un golpe de mano en Castilla-La Mancha".
Para el diputado nacional, "la señora Cospedal tiene un concepto de democracia del embudo" donde "tiene una entrada muy ancha para todo lo que ella pueda representar y una muy estrecha para lo que es la vida democrática real de los colectivos políticos, sociales o sindicales".
La idea de esta campaña, defendió, es "plantear un debate sobre la democracia, sobre la participación real en la vida diaria, no cada cuatro años".

Fuente:   www.clm24.es

CCOO: "El Gobierno de Cospedal impondrá el director de los centros educativos públicos"

"Las modificaciones que presenta la Consejería de Educación al decreto que regula la elección de los directores en los centros educativos públicos suponen un auténtico atentado contra la participación de la comunidad educativa y un desprecio a la democracia en la gestión de los mismos". Así lo considera la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha, cuyo secretario de Política Educativa, José Manuel Almeida, califica la norma de "auténtica cacicada"


"Todos los sindicatos representantes del profesorado hemos mostrado nuestro más enérgico rechazo a esta modificación. Pero la administración vuelve a imponer su voluntad de forma absolutamente unilateral. No escuchan, no les interesa la opinión de los verdaderos conocedores de la realidad de los centros: los profesores, los padres y los alumnos."
Según indica CCOO en nota de prensa, el Gobierno pretende tener publicado el nuevo decreto en las próximas semanas para utilizarlo en la elección de los directores de todos los colegios, institutos y centros educativos públicos de la región que se produce habitualmente en los meses de marzo y abril.
Así pues, a partir de este mismo curso, las comisiones de selección encargadas en cada centro de la elección del director estará formada por cuatro representantes de la administración educativa, dos representantes de los profesores y un representante del Consejo Escolar. "La administración, como vemos, se reserva mayoría absoluta por decreto. La elección de los directores de los centros educativos de Castilla-La Mancha queda controlada por completo."
"Son los primeros efectos de la Lomce en nuestra región", indica Almeida. "Este decreto se adapta a la nueva ley y, como sabemos, nuestro gobierno regional es un claro defensor de la involución, de la vuelta al pasado que supone la Lomce".
"Es inadmisible. Una estafa a la participación. Un engaño manifiesto a la democracia en los centros. Un nuevo recorte a los derechos de la comunidad educativa a la que cercenan cualquier posibilidad de elegir la persona que consideran más adecuada para gestionar su centro educativo", denuncia Almeida.
La Federación de Enseñanza de CCOO CLM quiere mostrar también públicamente su más profundo rechazo a que la figura del director se convierta en un mero peón de la administración. "Nos preocupa y asusta el clientelismo que produce este nuevo sistema de elección".
El sindicato defiende un modelo de dirección colegiado y elegido por el Consejo Escolar. "Rechazamos el que se propone a desarrollar el Gobierno de Cospedal: un sistema de dirección piramidal y jerárquico".

Fuente:   www.encastillalamancha.es

La justicia europea dictamina que el 'céntimo sanitario' vulnera la legislación de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.
Los jueces señalan que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". Ello significa que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, según las estimaciones de las propias autoridades españolas.
El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.
El gravamen en cuestión es el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que estaba destinado a financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.
En su sentencia de este jueves, el Tribunal declara que el 'céntimo sanitario' es contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.
En este sentido, señala que lo recaudado por el céntimo sanitario se destina a las comunidades autónomas para que éstas financien el ejercicio de algunas de sus competencias. "Pues bien, el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica", afirma el Tribunal.
Según los jueces, para considerar que persigue una finalidad específica, el debería tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. "Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto", apunta el fallo.
Sin embargo, las comunidades autónomas destinan la recaudación "a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos gravados". Además, la norma española no establece ningún mecanismo de afectación predeterminada a fines medioambientales, denuncian los jueces.
NO HA HABIDO BUENA FE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS
La Generalitat de Catalunya y el Gobierno español solicitaron al Tribunal de Justicia que limitara los efectos en el tiempo de esta sentencia en el supuesto de que fuera desfavorable. Alegaron en particular que el céntimo sanitario ha dado lugar a una gran cantidad de litigios y que la obligación de devolverlo "pone en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas".
El Tribunal de Justicia ha desestimado esta petición argumentando que "no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años".
El fallo recuerda que en el año 2000 la justicia europea ya se pronunció sobre un impuesto con características análogas. Además, en 2001, la Comisión había informado a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión. Por otro lado, en 2003 (el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH), la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.
El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia.
"Si ello no fuera así, las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo basándose únicamente en consideraciones de este tipo redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes", concluye el fallo.

Fuente:   www.eldiario.es

El PP acaba en dos horas de debate con casi 30 años de justicia universal en España

El PP ha acabado con la justicia universal. Lo ha hecho en menos de un mes a través de la presentación de una iniciativa parlamentaria para modificar la ley orgánica del Poder Judicial que se ha debatido en escasas dos horas en el Congreso. La mayoría absoluta del partido de Mariano Rajoy ha rechazado las enmiendas de la oposición, que ha rechazado en bloque la limitación de la jurisprudencia universal, y ha permitido sacar adelante la iniciativa registrada a finales de enero.
Con este cambio legislativo, los tribunales españoles no podrán perseguir delitos contra la humanidad como lo habían hecho hasta ahora, sino que se establecen limitaciones: solo podrán hacerlo si entre las víctimas hay españoles, si son ellas o la Fiscalía quienes denuncien los hechos o si los perpretadores de los crímenes tienen nacionalidad o residencia en España.
La oposición ha acusado al PP de ceder ante el chantaje del Gobierno chino así como de los empresarios de la potencia asiática. El cambio de la ley se produce poco después de que la Audiencia Nacional imputara a varios exdirigentes chinos -entre ellos un expresidente y un exprimer ministro- por el genocidio del Tíbet.
"No les importa dinamitar el proceso porque han recibido órdenes de china", ha expresado el portavoz de ERC, Joan Tardá. Gaspar Llamazares, que ha intervenido en representación de IU, ha señalado que es "humillante el papel del Gobierno porque paga con esta ley la foto con Obama y de los empresarios chinos que se niegan a reunirse" por la investigación de la Audiencia. "Favorece la impunidad de los genocidas, los tiranos, los mafiosos y los corruptos- ha señalado Irene Lozano, de UPyD-. sus amigos los gobernantes chinos reúnen esas cuatro cualidades".
El PSOE ha cargado contra el recorte en derechos y libertades que está acometiendo el PP, así como porque supondrá un incumplimiento de tratados internacionales. Toda la oposición ha criticado, además, que esta iniciativa se haya tramitado por la vía de urgencia, un proceder que han calificado de "despropósito" y "fraudulento". Así, han señalado que el Gobierno ha tramitado esta iniciativa a través del grupo parlamentario popular para evitar los informes jurídicos que el Ejecutivo tiene que solicitar al CGPJ y al Consejo de Estado a la hora de legislar. "Se evita los necesarios informes", ha señalado la nacionalista gallega Idoia Fernández.
El PP se ha defendido asegurando que el trámite parlamentario por la vía de urgencia se ha utilizado en muchas otras ocasiones y ha recordad algunos de los casos en los que los socialistas lo emplaron. El diputado José Miguel Castillo ha asegurado que la propuesta del PP es "realista": "Con nuestra proposición se incluirá todo lo que se pueda juzgar. Sin demagogias ni cuentos chinos". El diputado popular ha insistido en que "no corresponde a un estado en particular restablecer el orden contra todos y en cualquier parte".
La propuesta aprobada por el PP permite que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada. Los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
"Los requisitos que establece son de imposible cumplimiento", ha expresado Llamazares, para quien esos criterios son los que ya abarca la propia justicia penal española. "Es muy improbable que la víctima denuncia, porque en muchos casos ya no está", ha apuntado antes de advertir de que la Fiscalía va a seguir los pasos del Gobierno en esos casos.
La aprobación de este cambio legal tiene un carácter retroactivo, es decir, que implica el archivo de todas las causas que actualmente tramitan los tribunales en base al principio del derecho universal. "La búsqueda de la exclusión y el archivo de las causas conduce a inseguridad jurídica", ha advertido el diputado socialista Julio Villarrubia. En esa misma línea, Llamazares ha señalado que el "carácter retroactivo es un escarnio para las víctimas". "Hay muchas personas inocentes que hoy se removerán en sus tumas", ha dicho el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
En concreto, la modificación de esta ley paralizará doce procesos abiertos por la Audiencia Nacional: al del genocidio en el Tíbet, China asume otra investigación contra el líder Jia Qinglin por torturas y genocidio tras una denuncia presentada por el grupo Falun Gong. También se investigan genocidios en Guatemala -a raíz de una denuncia interpuesta por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú-; en Ruanda, por el asesinato de unos cuatro millones de personas; y en el Sáhara por la desaparición de 542 personas desde que España se retiró del territorio en 1975. El juez Ismael Moreno también dictó órdenes de extradición de cuatro nazis por el Holocausto judío.
Otro de los casos que se dejará de investigar tras esta aprobación es el asesinato en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso, a quien dispararó el ejército americano en abril de 2003. El juez Santiago Pedraz ha emitido órdenes de extradición de tres soldados implicados en la muerte, pero Estados Unidos no ha respondido. Pedraz informó recientemente de la negativa al Gobierno de Rajoy. La familia de José Couso ha manifestado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tras el cambio legislativo que paralizará la investigación.
También se investigan los vuelos de la CIA que hicieron parada en España cuando tenían detenidos a presuntos terroristas, el asesinato de un diplomático español a manos de la dictadura de Pinochet o el asesinato de jesuitas en El Salvador. Los ataques a la flotilla de la libertad en Gaza y a un campo de refugiados iraníes en Irak son otras de las causas que se archivarán.

Fuente:   www.eldiario.es

Cayo Lara: “Cada viernes hay un decreto del Gobierno para joder a los ciudadanos”

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En la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, el coordinador federal de Izquierda Unida, ha criticado la falta de consideración de Mariano Rajoy con la sociedad.
El coordinador de IU, Cayo Lara, ha acusado hoy al Gobierno, en los pasillos del Congreso, de aprobar “cada viernes un decreto para joder a los ciudadanos”.
A su llegada a la Cámara al inicio de la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, Cayo Lara defendido su actuación en la sesión en representación de la “gente que sufre de verdad” y se ha mostrado molesto con las lecturas bipartidistas. 
“Algunos hablan ya del jefe del Gobierno, del líder de la oposición, y parece que el debate ya se acaba en eso; el líder de la oposición que, por cierto, no sabemos todavía cuál es, porque solamente lo están focalizando en un nombre, pero el debate es mucho más plural, más rico”, ha argumentado.
A su juicio, fue la Izquierda Plural la que puso en escena los problemas de la calle, de la gente que está sufriendo, de todas las mareas, de las movilizaciones, de los trabajadores en paro: “lo trajimos no sólo con la palabra, sino también con las camisetas; otros nos traen cada viernes un decreto para joder a los ciudadanos; en fin cada uno hacemos lo que podemos”, ha aseverado.

Fuente:   www.elcomunista.net

Los salarios caen el doble de la cifra oficial

Según ha detallado la entidad en su último boletín económico, el ritmo de bajada salarial “podría ser algo más intenso” de lo reflejado en las estadísticas.
El Banco de España asegura en su último boletín económico que el proceso de moderación salarial que se inició en 2010 “podría ser algo más intenso” de lo que indican las estadísticas agregadas sobre costes laborales.
A partir de 2008, coincidiendo con el inicio del proceso de destrucción de empleo, el efecto de la composición del empleo sobre los salarios empezó a aumentar “de manera significativa”, según el Banco de España.
De esta forma, los trabajadores más jóvenes redujeron su participación en el empleo total en casi nueve puntos entre 2008 y 2012, y los extranjeros la recortaron dos puntos. Los trabajadores con menor nivel educativo disminuyeron su peso desde el 14,8% de 2008 al 10,2% en 2012, en tanto que la participación de los trabajadores con menor antigüedad en la empresa se redujo “con intensidad”, como consecuencia del mayor impacto de la crisis sobre el empleo temporal.
La institución entiende que este proceso de moderación salarial puede ser más intenso de lo que reflejan las estadísticas sobre costes laborales.

Fuente:   www.elcomunista.net

26 de febrero de 2014

El primer informe del CGPJ tilda a la ley del aborto de Gallardón de "anacrónica y criminalizadora"

El informe preliminar elaborado por una de las dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cargo de dictaminar la reforma de la legislación del aborto insta la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, entre otros motivos, porque "da una respuesta anacrónica criminalizadora" a la realidad de la interrupción del embarazo.
Este documento, que aún es un borrador, ha sido elaborado por la progresista Pilar Sepúlveda, que, junto a la conservadora Carmen Llombart, han recibido el encargo de elaborar el dictamen que marcará el posicionamiento del Poder Judicial respecto de la reforma del aborto. El CGPJ aún no ha decidido, no obstante, si al pleno que estudiará la cuestión el próximo mes de marzo llegarán dos propuestas o si las vocales tendrán que consensuar un texto único, según han informado a Europa Press en fuentes de este organismo.
El informe preliminar firmado por Sepúlveda, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma".
Asimismo, afirma que la normativa propuesta representa "un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación de 1985 y además, contempla un régimen aún más retrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, la dignidad, la vida y la integridad, decaen de forma evidente".
A juicio de la vocal del CGPJ, la iniciativa del Gobierno "no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección de concebido porque esa demanda no existe como demuestra el hecho de que el anuncio de presentación y aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros haya creado una verdadera alarma social".
Es por ello que aconseja "reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer".

Fuente:   www.eldiario.es

25 de febrero de 2014

Intervención de Cayo Lara en el Debate sobre el estado de la Nación: "España se merece poder volver a soñar"

"Señorías, Señor Presidente:

A la vista de su intervención de esta mañana y de la comunicación del Gobierno lo primero y lo más suave que se puede decir de su discurso es que ha sido vergonzosamente triunfalista, completamente alejado de la realidad y de los problemas que sufren los ciudadanos de este país.

Señor Rajoy, Vd. nos trae un relato visto desde la ‘burbuja de las élites económicas’, radicalmente ajeno a lo que vive la gente corriente, la gente trabajadora, las clases populares.

Yo suelo pisar la calle y la gente me para y me dice cosas que no están en su discurso. Tal vez porque vivimos en mundos diferentes. El pasado sábado una mujer me dijo que tenía una pensión mínima y que le habían puesto un tratamiento que le costaba 117 euros al mes ‘¡Cómo voy a pagarlo!’

Hay muchas personas mayores que me cuentan que gracias a su pensión mantienen a los hijos y su familia. Conozco a gente que sustituye la calefacción por un sistema con unas cuantas velas, unas bandejas y unos maceteros para caldear la habitación.

Ya no visita Vd. las colas del paro ni los comedores públicos, ni a los trabajadores despedidos por empresas que han obtenido beneficios, ni a los colegios que les faltan profesores y que siguen con aulas prefabricadas, ni a los hospitales que hasta han cerrado camas y aumenta la lista de espera. 

Hice una consulta por las redes para que me hicieran sugerencias para este debate. No le puedo expresar aquí lo que me enviaban masivamente porque no soy gente de insultar a nadie.

Sr. Rajoy, usted no ha hablado hoy de la España real. Su relato no corresponde a este país,  es el relato de ‘Alicia en el país de las Maravillas neoliberales’.

No se puede hacer el discurso que ha hecho aquí teniendo un país con seis millones de parados. Con más de 3 millones que no perciben prestación alguna. Con un escandaloso aumento del número de desahucios. Con más de un 57% de paro juvenil. Con más de un 89% de los jóvenes emigrados con Educación Superior y un ‘exilio laboral’ que no veíamos desde los años 60.

Esta es la España real, con gente que por primera vez, aunque tengan trabajo, sigue siendo pobre, son ‘trabajadores pobres con contrato’. Un país en el que los salarios y las condiciones laborales son cada vez más indignas e indecentes, aunque esto lo venda Vd. como un atractivo para las inversiones extranjeras, tal y como hizo en Japón.

Nos habla Vd. de estabilidad de la economía. La estabilidad de la que presume parece más bien un ‘camino de aduaneros’, lo basan todo en la mejora del comercio exterior y aumentando las exportaciones bajando los salarios.

Pero esa bajada de salarios está contrayendo el consumo interno que, paradójicamente, perjudica a las empresas que tienen su mercado en el interior.

La prima de riesgo de España ha bajado en el último año 168 puntos, pero también ha bajado en Italia, Portugal, Grecia. En este caso es por la actuación del BCE, ¡No es por su política Sr. Rajoy!

Habla pomposamente de lo que llaman apoyo a los emprendedores. Menudo trato están dando a los autónomos, a los que han subido la cuota mensual de la Seguridad Social en un 22%. Pero luego ni les solucionan el problema del crédito, ni hay liquidez, ni hay demanda. El crédito a las empresas se ha reducido un 8,5% en el último año.

Y usted sabe, que sin crédito y sin medidas concretas y eficaces de estímulo a la demanda no hay apoyo a los emprendedores que valga mientras se siga con este modelo productivo perverso.

La acción de su Gobierno está arrasando el sistema de I+D, un sistema clave para cualquier salida real de la crisis y uno de los ejes básicos, junto a sanidad y educación, del pacto social en torno al cual se ha configurado la Europa que conocemos.

La aportación del Estado al sector agrario se ha reducido un 65% en los últimos cinco años. El presupuesto global de la Unión Europea también se reduce para los próximos seis años. Y la injusticia en el reparto de las ayudas es brutal: 2.600 grandes propietarios reciben lo mismo que 500.000 productores agrarios.

En estos dos últimos años la deuda pública ha crecido 24 puntos de PIB y superamos ya el 94%. Los intereses de esa deuda superaran este año los 36.500 millones de euros.

Sr. Rajoy, Vd. sabe que esos intereses son ya impagables porque no se le puede pedir más sacrificios a la gente. Y los países del Sur tampoco podemos pagar la parte de la deuda ilegítima. Alardean ustedes de haber evitado la intervención de la economía española por la troika. ¿Pero no fue una intervención el rescate para salvar a los bancos de 42.000 millones condicionado a la creación de banco malo, el maltrato a los preferentistas, la subida del IVA o la aplicación de la reforma laboral?

Pero sigamos con la España real, en la que viven millones de compatriotas que sufren. Y que no son como esos a los se les llena la boca de patria y luego esconden su dinero en paraísos fiscales. Por cierto, Señor Rajoy, dígales a algunos de sus compañeros que Suiza no es una comunidad autónoma.

Señorías, desde que gobierna el Partido Popular hay 1 millón más de parados según la EPA y sólo en el último año han desaparecido casi 52.000 autónomos. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea, superando incluso a la de Grecia, y la situación de los parados mayores de 50 años es simplemente desesperada.

Casi el 42% de los desempleados está sin protección. El número de cotizantes a la Seguridad Social se ha reducido al de hace 12 años. Han congelado ustedes el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aumenta el número de contratos laborales en fraude de ley y a tiempo parcial, con un incremento escandaloso de horas extraordinarias y jornadas con trabajo en ‘negro’. La economía sumergida crece de forma galopante. Además, la morosidad bancaria supera ya el 13%, una cifra sin precedentes.

Sr. Rajoy, Vd. está gobernando para las élites económicas de este país.

Todo su plan reformista está orientado para favorecer a los poderosos y dañar los intereses de la clase trabajadora, a los pensionistas y a la mayoría de la sociedad.

La reforma laboral no la hicieron para mejorar la calidad del empleo.  En 2013 sólo un 7% de contratos fueron fijos. La verdad es que la reforma se aprobó para facilitar el despido barato y reducir el salario de millones de trabajadores en favor del sector empresarial. Y la peor parte en la contratación y en la reducción de salarios se la lleva la mujer, con una de cada cuatro de ellas trabajando a tiempo parcial y con una brecha salarial que alcanza el 23%.

Su reforma ha dejado en la calle a miles de trabajadores mayores sin esperanza. Ha facilitado la deslocalización y los despidos en empresas con beneficios.

Despedir a trabajadores en empresas con beneficios es un delito contra toda la sociedad. !Le exijo que pongan fin a esas prácticas!

La amnistía fiscal sólo favoreció a un puñado de grandes defraudadores, que no sólo no fueron castigados por su fraude a la Hacienda Pública sino que fueron premiados con el pago de un interés ridículo.

La reforma financiera ha sido el gran negocio de la Banca que absorbe a precio de saldo las cajas nacionalizadas, después de ser saneadas con el dinero de todos los ciudadanos que estamos pagando el mayor expolio  perpetrado en la etapa democrática.

¿Por qué se ha negado Vd. tantas veces a crear la Comisión  de Investigación? ¿A quienés está protegiendo?

La creación de la SAREB y la venta de viviendas a precio de ganga a los ‘fondos buitre’ de inversión completan la segunda parte de esta inmensa operación especulativa, mientras se sigue despojando a gente de sus viviendas porque no pueden pagar el precio abusivo de la hipoteca.

Las medidas inútiles que adoptó su Gobierno sobre los desahucios las tomó al dictado de la Banca. La misma Banca con la que ha sido tan servil, paralizando con recursos al Constitucional la ley andaluza impulsada por Izquierda Unida que sí garantizaba el derecho a la vivienda.

Sr. Rajoy, le pido que retire el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley andaluza del Derecho a la Vivienda.

La reforma de las pensiones ha supuesto consolidar los recortes a los 9 millones de pensionistas actuales y a todos los futuros con esa miserable subida 0,25% que se la come la inflación y la  subida de los medicamentos con el injusto ‘repago’.

Pero, sobre todo, lo que facilita el ‘pensionazo’ es el incremento de la contratación de fondos privados de pensiones para la Banca y las compañías aseguradoras, que son el gran negocio que siempre soñaron.

La reforma eléctrica sólo favorece al oligopolio de las compañías eléctricas, que año tras año obtienen jugosos beneficios, subiendo el precio de la luz y poniendo en peligro a empresas altamente consumidoras y a muchos ciudadanos que tienen que optar entre comer o tener la calefacción encendida.

Mientras tanto, la maldita ‘puerta giratoria’ sigue abierta y hace poco hasta cinco ex altos cargos de su partido pasan a Enagás. En el oligopolio eléctrico hay ya más ex ministros y ex presidentes de Gobierno que personas corrientes.

La LOMCE, o la contrarreforma educativa, también se ha hecho al servicio de los sectores privados y de la jerarquía religiosa. Olvida los derechos de universalidad, laicidad y gratuidad y pasa a ser una ley clasista y segregadora, que se implanta, además, sin financiación alguna y se lleva a cabo tras los abrumadores recortes realizados en el sector público.

La reforma del aborto sigue su línea de obediencia al fundamentalismo católico. Su Gobierno está tratando a las mujeres como sujetos sin voluntad propia, sin derechos, a quienes se les quita su libertad más elemental para decidir si quieren ser madres o no. Volvemos a los tiempos más oscuros del franquismo, en el que las que tenían dinero se iban a abortar a Londres y las demás tenían que hacerlo en condiciones lamentables, infrahumanas y con un enorme riesgo para su salud y para sus vidas.

¡Haga un gesto por la libertad de la mujer y retire la nueva Ley del Aborto!

La reforma de la Administración Local lo que realmente pretende es privatizar servicios que en este momento prestan los ayuntamientos, para convertir derechos ciudadanos en negocios para unos cuantos.

La privatización del registro civil en favor de los registros de la propiedad es otro escándalo más que se suma a sus políticas reformistas y que tiene como único sentido beneficiar a los registradores de la propiedad a costa de un nuevo ‘repago’ por los ciudadanos.

En resumen, Sr. Rajoy, Vd. no ha aplicado un programa de reformas, Vd. ha aplicado un ‘programa de destrozos’ contra las clases populares.

Tendrán que hacerles un monumento los banqueros, especuladores y los grandes empresarios de este país. Porque ha sido Vd. capaz, en dos años, de conseguir el mayor trasvase de rentas de la mayoría social a las cuentas de las élites económicas de España. Todo a costa del sufrimiento y las restricciones de millones de españoles.

Sr. Rajoy, Vds. juraron solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero le siguen robando el alma social a la Constitución. Cada día rompen un poco más el pacto social de 1978.

Se está retrocediendo a pasos agigantados en los derechos de la ciudadanía, porque siendo obligación de protegerlos por los poderes públicos, cada día se violan más.

Que pasa con la progresividad fiscal del artículo 31
Qué pasa con el derecho al trabajo
Qué pasa con la remuneración salarial suficiente
Qué pasa con la protección a la infancia
Qué pasa con la orientación al pleno empleo
Qué pasa con la protección en caso de desempleo
Qué pasa con promover el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación
Qué pasa con el derecho a la vivienda
Qué pasa con la atención a los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos
Qué pasa con la actualización periódica de las pensiones

Todos estos derechos recogidos en la Carta Magna están siendo socavados por sus políticas. A esta Constitución ya no la reconoce ni la madre que la parió.

Los únicos derechos que protege son los de las élites económicas, los de la Iglesia, los de la Corona y los del artículo 135 de la CE.

Sr. Rajoy, sus políticas están violando los derechos humanos.

--Quince personas que buscaban el pan y encontraron la muerte, sufrieron la mayor violación de derechos humanos: perder la vida. Le pido la destitución del ministro del Interior.
--Recortar brutalmente las políticas de Cooperación y de la Agencia Oficial de Desarrollo, en España y en Europa, mientras se expolia África por las multinacionales, es una violación de derechos humanos.
--Quitar la atención sanitaria a más de 800.000 personas en España es una violación de derechos humanos.
--Suprimir la Ley de Justicia Universal es contribuir a la violación de derechos humanos y a mantener la impunidad sobre crímenes por los que merecen ser juzgados y condenados sus autores.
--No abordar la recuperación de la Memoria Histórica por el Estado para conseguir la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo es una violación de los derechos humanos.
--Recortar un 30% y no desarrollar planes potentes con medidas educativas y coercitivas para combatir la violencia machista es contribuir a la violación de derechos humanos.

En resumen Sr. Rajoy, lo que están provocando sus políticas es un recorte de derechos y el mayor ‘tsunami de desigualdad’ que hemos conocido en la etapa democrática.

Señor Rajoy, según el último informe de Intermón Oxfam uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y España es el país europeo con más desigualdades tras Letonia. El informe dice que los 20 españoles más ricos tienen una fortuna equivalente a la de 9 millones de las personas más pobres.

Según UNICEF, prácticamente un tercio de los niños españoles vive en familias que están por debajo del umbral de la pobreza.

Desde el principio de la crisis los beneficios de las empresas han aumentado un 7% mientras que las rentas salariales han descendido más de un 9%.

En resumen, que cada día los ricos son más ricos y aumenta el número de pobres. 

Y frente a toda esta ola de desigualdad, de ataque a los derechos, laborales, económicos y sociales de la ciudadanía, se reavivan las luchas de los trabajadores, las luchas vecinales y de las diferentes mareas que ofrecen resistencia a este escandaloso expolio a la mayoría social por las élites económicas del país.

Resistencia que ya tiene resultados positivos en los trabajadores de la limpieza de Madrid. En la ‘marea blanca’, deteniendo el proceso de privatización de la Sanidad Pública madrileña. En los vecinos del barrio burgalés de El Gamonal o en las luchas de los trabajadores de Coca-Cola, que han parado un ERE y tratan de impedir el cierre de plantas en una empresa que tiene grandísimos beneficios, defendiendo sus puestos de trabajo. O las luchas en el sector naval o en Panrico.

Sr. Rajoy, frente a esas movilizaciones ustedes reaccionan con medidas represivas criminalizando la protesta social.

--Endurecen el Código Penal
--Aprueban el anteproyecto de la ley de Seguridad Ciudadana conocida como la ‘ley mordaza’. Y no se lo decimos sólo desde Izquierda Unida, se lo ha dicho hoy el Consejo General del Poder Judicial.
--Están a punto de aprobar la de Seguridad Privada que, además, amplía el negocio hasta el punto que el propio Bill Gates ha invertido en Prosegur como negocio seguro.

Quiero denunciar en esta dinámica represiva la irrupción ‘con patada en la puerta’ de la Policía Nacional, en la madrugada del pasado día 15, al Centro Social del PCE de Alcalá de Henares, agrediendo a jóvenes y deteniendo a dos de ellos, incluido un concejal de IU.

Sr. Rajoy le exijo una explicación por estos hechos más propios del franquismo y la depuración de responsabilidades.

Sr. Rajoy, hablan Vds. en la comunicación del Gobierno que se debe ‘erradicar la percepción de impunidad’ respecto a la corrupción. ¡No, lo que hay que erradicar, señorías, es la corrupción!

¿Cómo pueden decir que están luchando contra la corrupción si su partido es un vergel en el que no hace más que aparecer un caso tras otro? No tienen credibilidad.

Y si no es así, ¿por qué nos han rechazado tantas veces y han dicho NO a la creación de una comisión de investigación sobre la estafa financiera?

¿Por qué han dicho NO a tener un pleno monográfico sobre corrupción?

¿Por qué dijeron NO a endurecer el Código Penal para delitos de corrupción, tal y como les propusimos?

Hace justo un año que desde Izquierda Unida presentamos la querella por el entonces llamado ‘caso Bárcenas’. ¿Por qué se han dedicado a mentir, incluso en el Parlamento el pasado 1 de agosto, a destruir pruebas en Génova, a borrar grabaciones y obstruir a la Justicia?

Todo en un afán por tapar la trama de corrupción, que les desacredita para hablar de regeneración y transparencia. Ustedes están acabando con la credibilidad de la Justicia. La lentitud en la Gürtel, la posición de la fiscalía en el ‘caso Blesa’ y la actitud del Gobierno para salvar a la infanta en el ‘caso Nóos’, son sencillamente intolerables.  

Sr. Rajoy, usted NO dedica más medios a la Justicia en los casos de corrupción porque no le interesa que se investigue y porque buscan la impunidad.

Y ya lo decía Horacio: ‘si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá’, y aquí tenemos muchos vasos sucios y muy poca voluntad de limpiarlos.

Hablan ustedes de abordar una reforma integral del sistema tributario. ¿Y eso qué es?

Habla de bajar los impuestos para el 2015. ¿Cuáles? ¿Los del beneficio del capital, de las grandes fortunas o los que pagamos la mayoría? Porque aquí, en España, los que pagamos más impuestos somos los que estamos sujetos a una nómina y la mayoría de la sociedad con los impuestos indirectos como el IVA.

Ustedes siguen rompiendo la progresividad fiscal. Tributamos más los trabajadores que los empresarios. Y tributan proporcionalmente más los pequeños empresarios que los grandes. Es el mundo al revés.

Lo que hace falta es un modelo fiscal más justo. Porque la presión fiscal en España es de las más bajas de toda Europa, con 8 puntos por debajo de la media UE y muy por debajo de nuestros vecinos de Francia e Italia.

Y eso se debe a que en toda la etapa democrática nunca pagamos tanto los trabajadores y la mayoría social, y nunca pagaron tan poco los beneficios del capital y las grandes fortunas.

Valga como botón de muestra que las siete grandes multinacionales de las telecomunicaciones hayan pagado la ridiculez de poco más de un millón de euros en el último ejercicio.

En resumen, Sr. Rajoy: sus políticas destruyen empleo, gobierna para las élites económicas, su programa reformista es un programa de destrozos, recortan los derechos constitucionales, violan derechos humanos, restringen libertades civiles, incrementan la desigualdad y la pobreza, amparan la corrupción, no combaten el fraude fiscal y acentúan la injusticia fiscal.

Tal vez por eso, en las encuestas del CIS, suspende Vd. y todo su Gobierno con peor nota que el año pasado. A la gente se le puede engañar una vez y dos... pero no se le puede engañar eternamente.

Hay demasiada gente que tienen muchos problemas y la solución no puede dejarse para el futuro. La gente está pasándolo mal hoy y llevan sufriendo mucho tiempo como para que nos venda las mismas políticas que generan los dramas y nos venda la ilusión de un lejano paraíso terrenal.

Usted ha roto los puentes entre las instituciones y la ciudadanía, los puentes entre la inclusión y la intemperie social.

En cualquier caso, y fieles a no quedarnos únicamente en la crítica, le desgloso algunas propuestas que sí abrirían una puerta de esperanza a una sociedad cansada de vivir la mayor estafa de la etapa democrática en esta España que se desangra. Puentes de inclusión para detener la ‘hemorragia’.

PROPUESTAS

1.      Es urgente traer a la Cámara un Plan de Urgencia de Empleo/Formación que permita combatir el desempleo de larga duración.
2.      Elaborar y dotar un Plan de Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3.      Traer a la Cámara un Plan de rehabilitación y climatización de viviendas.
4.      Establecer una renta mínima que garantice los recursos básicos para una vida digna.
5.      Acabar radicalmente con las prácticas de fraking y apostar de forma decidida por las energías renovables.
6.      Hacer una reforma fiscal suficiente, justa y progresiva
7.      Aplicar un Plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida
8.      Auditar para renegociar la deuda y los intereses, determinando la parte ilegítima.
9.      Dotar de medios extraordinarios a la Justicia para agilizar los casos de corrupción.
10. Un pleno extraordinario para determinar un nuevo modelo productivo.

Finalmente Sr. Rajoy, sospecho que, como el año anterior, no prestará atención a nuestras propuestas. Lo lamentamos.

Sabe que le hemos pedido la dimisión varias veces por ganar elecciones dopado con fondos ilegales y vulnerar completamente sus promesas electorales. Hoy se la volvemos a pedir, por todo eso, y porque España no se merece un ‘Gobierno en B’ que se levante a castigarla cada viernes en su Consejo de Ministros.

España se merece poder volver a soñar.

IU analizará la privatización de agua en municipios ante irregularidades

IU Castilla-La Mancha se encuentra analizando las condiciones en las que "se ha privatizado el agua en los ayuntamientos de la región" y señaló que "son muchísimas las irregularidades detectadas", tras el caso de la privatización del servicio en el municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan y su aprobación en el pleno el pasado viernes.
"Aunque aún nos encontramos analizando, pormenorizadamente, las condiciones en las que se ha privatizado el agua en los ayuntamientos de nuestra región, ya nos encontramos en condiciones de decir que son muchísimas las irregularidades detectadas, la mayoría provenientes de la pretensiones de las empresas privadas de subir las tasas que cobran a los vecinos por dicho abastecimiento y que no se corresponde con las condiciones firmadas en los contratos", aseguró Juan Ramón Crespo, vicecoordinador regional de IU.
De este modo, Izquierda Unida "continuará estudiando todos los contratos y pliegos de condiciones de las privatizaciones para poder continuar probando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región que la privatización de los servicios esenciales conlleva el encarecimiento y deterioro del servicio", aseguraron en nota de prensa desde IU.
El trabajo culminará, según Crespo, "probando que los servicios públicos, como en este caso el del agua, no puede dejarse en manos privadas, y demostraremos con ejemplos concretos, como perjudican a los vecinos y vecinas cuando son privatizados".
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha manifestó su apoyo a las movilizaciones vecinales en Alcázar de San Juan, "en defensa de lo público y contra su privatización".

Fuente:   www.clm24.es

El Poder Judicial desmonta la ley de seguridad ciudadana por inconstitucional

El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucionalidad muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.
Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.
Derecho penal de peligrosidad. Consideran los redactores del informe que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el espadachín que ha de defenderla con todos los medios a su alcance. Así, la reforma intensifica la acción preventiva, no solo del delito, sino también de las infracciones administrativas y, por tanto, incrementa notablemente las infracciones contra la seguridad ciudadana.
Cacheos e identificaciones. El anteproyecto regula las diligencias de cacheo e identificación realizadas con ocasión de controles preventivos de ciudadanos. Entienden los redactores del informe del Poder Judicial que es cuestionable que se establezca un cacheo para “sancionar una infracción” y critican la imprecisa redacción normativa, puesto que no se sabe qué se quiere decir en ella y si ha de entenderse que ya existe un proceso penal o un procedimiento sancionador. Además, la diligencia de cacheo que recoge la norma es incompleta e imprecisa. No define el cacheo. No lo limita al registro externo y superficial, y no excluye, en consecuencia, la práctica de desnudos, siquiera parciales. El informe echa en falta una referencia más precisa a cómo ha de llevarse a cabo el cacheo, por lo que considera que la nueva norma debería indicar expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona sometida al mismo y su carácter reservado, limitando los cacheos en la vía pública a supuestos de necesidad. Del mismo modo, señala el informe, debería recogerse la indicación del cacheo por una persona del mismo sexo que la cacheada, y con el máximo respeto a su identidad sexual.
Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, incluye como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. Señala el informe que esto supone una expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones que resulta inadmisible.
Intervención de la seguridad privada. El informe rechaza también la obligación de empresas y empleados de seguridad privada las colaborar eficazmente con la policía. Y recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa se atribuye en exclusiva a las citadas fuerzas estatates.

Los artículos cuestionados

Artículo 16. Los policías podrán requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento.(...) Podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados (...) y requerirles para que les acompañen a comisaría.
Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (...) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (...) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.
Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (...) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a las mismas formalidades que la detención.
Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (...) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.
Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (...) teniendo sus manifestaciones valor probatorio de los hechos denunciados.
Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.
Disposición final. Cuando los infractores sean extranjeros (...), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español.
Responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. El artículo 29.3 de la nueva norma establece la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones. Esto contraviene, según el informe, el principio juridico de personalidad de la sanción, por lo que debería suprimirse esta norma.
Faltas y delitos. Algunas de las nuevas infracciones incorporan conductas que actualmente son faltas penales. El informe indica que, ante la supresión de esta clase de infracciones penales en la ley orgánica que proyecta el Gobierno para el Código Penal, hay que tener en cuenta las siguientes consecuencias: a) la sanción no se impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a quien corresponderá la valoración del comportamiento, sin perjuicio de la posibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales; b) para la revisión judicial de la sanción administrativa, será necesario el pago de tasas judiciales, que no existen en el actual procedimiento penal. También hay que analizar que, en el procedimiento sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de valor probatorio de los hechos denunciados, mientras que en el procedimiento penal tienen el valor de simples declaraciones. Además, siempre según el informe, la multa penal se impone ahora por un juez y teniendo en cuenta la capacidad económica del denunciado, mientras que para la determinación de la multa administrativa no se atiende a esta circunstancia. Y no solo eso: según el anteproyecto, la sanción firme administrativa será inscrita en un Registro Central de Infracciones, mientras que ahora la condena por falta no es susceptible de inscripción en registro alguno.
Ultraje a la bandera. Otras de las nuevas infracciones que plasma el anteproyecto se refiere a conductas que ya están tipificadas y sancionadas como delito. Por ejemplo, las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades autónoma, o a sus símbolos o emblemas o las manifestaciones públicas, escritas o verbales. En este caso, según el informe, no se establece en ningún caso la diferencia entre el delito y la infracción administrativa, lo que plantea problemas relacionados con el principio de non bis in ídem (nadie será sancionado dos veces por el mismo hecho).
El informe también critica que la nueva norma tipifique conductas que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública y, por tanto, no está justificada su previsión como infracción. En algunas infracciones se aprecia una falta de proporcionalidad, llegándose a sancionar conductas insignificantes. El informe destaca, además, que la supresión de los criterios de graduación de las sanciones que se hace en el anteproyecto resulta desafortunada y puede dar lugar a sanciones injustas.

Fuente:   www.politica.elpais.com

Cayo Lara adelanta que buscará “responder convenientemente y desmontar el discurso triunfalista de Rajoy” durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha avanzado hoy que en su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso que se inicia mañana intentará “responder convenientemente y desmontar el discurso triunfalista” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre todo en lo que tiene que ver con la salida de la crisis en nuestro país gracias a las reformas aprobadas por el PP.

Lara ha hecho un esbozo durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso de cómo estructurará su discurso, en el que tendrá un lugar destacado el bloque económico y, en éste, la “situación real del desempleo” y las nefastas consecuencias de la reforma laboral, con despidos injustificados y más baratos, y con un “éxodo de jóvenes al exterior” que alivian las listas del paro. Ironizó que “si todos los parados se fueran al extranjero el paro sería cero”.

Como presidente portavoz del grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA interpelará también a Rajoy sobre los motivos que le han llevado a orientar toda su política a “proteger a quienes han dañado la democracia”, entre quienes situó a los poderes económicos, además de a quienes se han dejado corromper y han sacado un claro beneficio de la crisis.

Cayo Lara explicó que su intervención no será exclusivamente crítica y habrá tiempo en ella para presentar “propuestas alternativas” al jefe del Ejecutivo, aunque reconoció que, como en otras ocasiones, carece de esperanzas en que Rajoy las escuche y vuelva a acudir a una cita parlamentaria con los “oídos huecos y sordo”.

Siguiendo con los temas económicos, indicó que denunciará los graves recortes a los servicios sociales y el “populismo y las falacias” a los que recurre el Ejecutivo, como que la prima de riesgo española haya bajado por la gestión del equipo económico de Moncloa. Además, avisará de lo negativas que son las reformas que se preparan, entre ellas la anunciada reforma fiscal o una “nueva política de recortes”.

La intervención de Lara ocupará las tres cuartas partes del tiempo con el que cuenta el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, que se completará con los discursos del diputado de ICV, Joan Coscubiela, y del de CHA, Chesús Yuste.

La corrupción y los casos que salpican a altos dirigentes del PP a lo largo de esta legislatura también tendrán cabida en la intervención, en la que Cayo Lara tiene previsto denunciar la nula “voluntad política del Gobierno, que pone más zancadillas que apoyos a la Justicia” para atajar este grave problema, así como la exigencia de que se dote con medios humanos y materiales efectivos para que las investigaciones en marcha “no mueran en los cajones de los juzgados”.

Por todo ello, Lara insistirá en la petición que viene realizando IU desde hace tiempo para que Rajoy y su Gobierno dimitan y haya una convocatoria de elecciones anticipadas.

24 de febrero de 2014

Bankia deberá devolver 48.000 euros a una pareja de Daimiel que contrató preferentes

La sentencia señala que falta documentación "relevante" para la información de los clientes. Juan Carlos Rodríguez, el abogado daimieleño que ha llevado el caso, ha insistido en que "la entidad tiene la obligación de velar porque el cliente comprenda y entienda el producto".

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Daimiel ha condenado a Bankia a devolver 48.000 euros que había contratado en preferentes a un matrimonio formado por una ama de casa y un albañil en paro. La resolución judicial también obliga a la entidad bancaria a abonar los intereses legales devengados desde la contratación de las preferentes, que se cifran en un 4 por ciento sobre el dinero invertido.

Según las palabras del abogado Juan Carlos Rodríguez, del despacho Indo Iuris/Bufete Díaz de Mera, que ha llevado el caso, la sentencia, del pasado día 17 de febrero, constata que "faltaba documentación relevante por firmar para cumplir con el deber de información que Bankia tenía que proporcionar al matrimonio". Según Rodríguez, "la entidad tiene la obligación de velar porque el cliente comprenda y entienda el producto".

Asimismo tampoco se habría acreditado por parte de la entidad, la firma del test de idoneidad del producto, que consiste en evaluar "si esa persona en cuestión era capaz dentro de sus posibles económicos de asumir el riesgo de ese producto". Sí se firmó el denominado test de conveniencia, que valora si se ha comprendido el producto, aunque según el abogado, de forma general, "las entidades se lo proporcionaban a los clientes ya relleno, con un resultado final de conveniente o no".

En la sentencia, que puede ser recurrida en 20 días, la magistrada estima que la contratante de preferentes "no tiene capacidad para comprender este tipo de productos financieros" como por el contrario pone de manifiesto la entidad bancaria. Asimismo, entiende que "al haberse fundido en un solo acto" la prestación de la documentación e información con la suscripción del producto preferentes, la clienta "no tuvo oportunidad de valorar y conocer la verdadera naturaleza de lo que estaba contratando".

De esta manera, la juez acoge el planteamiento defendido por los abogados de la demandante al considerar que "cabe presumir que fue la entidad bancaria quien captó" a la cliente para comprar preferentes por su alta rentabilidad, ofreciéndole simultáneamente la cancelación de un depósito a plazo fijo por la contratación de otro producto "de similar importe, pero con una rentabilidad mayor".

Esta es la segunda vez que un juzgado de Daimiel obliga a Bankia a devolver importantes sumas de dinero a clientes que habían contratado preferentes, el pasado mes de junio de 2013, en esta ocasión el Juzgado de Primera Instancia número 2 condenaba a la entidad a devolver 246.000 euros a una pareja que había contratado preferentes, al declarar nulas las cláusulas del acuerdo.

Fuente:   www.daimiel.es

Ascensión de las Heras relaciona la reforma del aborto con la devaluación sistemática en políticas de Igualdad y Género

La reforma en ciernes de la actual Ley del aborto no es un hecho aislado y viene a sumarse a la espiral de recortes en políticas de Igualdad y Género que en la actual legislatura está ejecutando el gobierno de Mariano Rajoy. Así de rotunda se pronunciaba Ascensión de las Heras, diputada nacional de Izquierda Plural en el Congreso y Portavoz de la Comisión de Igualdad, para quien la “contrarreforma” que prepara el actual ejecutivo hará prácticamente imposible “practicar una interrupción voluntaria del embarazo” al pasarse de la Ley de plazos a una de supuestos donde las restricciones e impedimentos serán enormes.
heras
La diputada por IU, que ofrece en la jornada de hoy una charla sobre la reforma de la Ley del aborto en el Centro Cultural de Puertollano, cree que tanto Alberto Ruiz Gallardón como el resto del ejecutivo popular están haciendo oídos sordos a las muestras de rechazo y reprobación que están surgiendo en España y en otras partes del mundo acerca de un anteproyecto de ley que ataca gravemente los derechos básicos de la mujer. Desde organizaciones como Amnistía Internacional o Jueces para la Democracia, hay un conjunto de colectivos que piden la retirada de este proyecto. Una presión ambiental que según de las Heras reduce el margen de maniobra del gobierno para sacar adelante una Ley que es más retrógrada que la de 1985 y que situará a España dentro del grupo de países más restrictivos respecto al aborto.
Una reforma que afectará gravemente a las mujeres más pobres
Según la diputada, si el grupo parlamentario popular sacara adelante dicha Ley, en los mismos términos que actualmente, provocará un terrible daño entre las mujeres más pobres que no tendrán opciones económicas de ir al extranjero para poder abortar. Como consecuencia, se incrementará el número de abortos clandestinos en España con el consiguiente riesgo que conlleva para la salud de la mujer.
De las Heras no cree que el gobierno esté diseñando una estrategia para finalmente sacar una Ley más descafeinada y así contentar a su electorado más moderado. Insiste en que su contenido supone un retroceso de 30 años, que deroga la Ley vigente de 2010, vulnera derechos humanos básicos y que para la Izquierda Plural es “innegociable”. Por ello, advierte que si el PP quiere buscar un consenso deberá mantener la actual Ley de plazos.
La diputada alerta que en materia de recortes, las políticas de Igualdad y Género se están viendo muy mermadas señalando que la disminución presupuestaria para este año es del 28%. E insiste en que en las diferentes comisiones de Sanidad e Igualdad, su grupo parlamentario seguirá pidiendo la retirada del anteproyecto.
Rapapolvo a la JCCM y Diputación por el cierre del Centro de la Mujer en Ciudad Real
Para Miguel Ramírez, Coordinador provincial de IU, el paso atrás en materia de Igualdad es preocupante. En clave territorial, reprendió tanto a la Junta de Comunidades como a la Diputación por desentenderse de sus obligaciones y permitir el cierre del Centro de la Mujer de Ciudad Real. Ramírez lo tacha de “imprudencia” y de “incumplimiento” de la Ley. Advierte que las políticas de Igualdad “están profundamente desatendidas en la provincia” sacando a relucir el cierre de las Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de Género tanto en Valdepeñas como Tomelloso.
Una grave tesitura que también denunciaba Daniel Martínez, Coordinador regional de IU. Anunció que durante las tres próximas semanas se llevarán a cabo movilizaciones en torno al 8 de marzo (Día Internacional de la mujer) y que en los ayuntamientos de la región donde esta formación tenga representación se presentarán declaraciones institucionales pidiendo la retirada de una ley que supone “un retroceso sin precedentes”.
De las Heras se reúne con el comité de empresa de Solaria
Respecto al ERE extintivo anunciado en Solaria, la diputada mostró su apoyo a los trabajadores y anunció un encuentro con el comité de empresa para analizar la actual situación que se vive en la factoría. Arremetió contra el Ministerio de Industria por favorecer los intereses de los “oligopolios de las eléctricas” lo que está acarreando un desmantelamiento del tejido industrial asociado a las renovables. Aunque también criticó la gestión de la empresa Solaria por incumplir los acuerdos del actual ERTE vigente y anunció que el grupo municipal de IU estará presente en la manifestación de este martes.
IU defiende la gestión pública del agua
Finalmente, y a preguntas de los medios, Daniel Martínez realizó su valoración sobre lo sucedido en Alcázar de San Juan respecto a la problemática de la gestión del agua. Cree que la Plataforma creada para oponerse a la privatización debe germinar en el resto de municipios de la región para reclamar una gestión pública del agua.
En el caso de aquellas localidades donde ya existe un modelo mixto de gestión, caso de Puertollano, deben buscarse las “fórmulas adecuadas” para recuperar concesiones privatizadas. “Es el momento de la gestión pública del agua en todos los municipios” sentenciaba Martínez.

Fuente:   www.miciudadreal.es

La Defensora del Pueblo pide a Empleo que retire el incentivo para que las ETT delaten a parados

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Empleo que retire el incentivo que concede a las agencias de colocación por delatar a las personas en paro que pasen por sus oficinas y que estén incurriendo en alguna irregularidad que implique una sanción.
Empleo incluyó este incentivo en el acuerdo marco que establecía las condiciones para que las agencias colaboraran con los servicios públicos de empleo. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) recurrió a la Defensora, que ahora les da la razón y considera que se trata de una retribución "indebida" que pervierte el sentido de la norma.
Las agencias privadas de colocación cobrarán entre 300 y 3.000 euros por colocar a personas en desempleo, en función de la edad del parado y del tiempo que lleva en desempleo.
Y el Ministerio añadió otro incentivo: uno para las agencias que encuentren irregularidades que acaben en una sanción al parado. "Se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la agencia hubiera obtenido durante la prestación del servicio y proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción", se exponía en los pliegos de condiciones de la licitación.
ANDET recurrió a la Defensora del Pueblo al considerar que el incentivo generaba "un nuevo modo de iniciar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación a la acción de denuncia" que era contrario y que vulneraba la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
"A nuestro juicio las agencias de colocación de carácter privado no resultan competentes para incoar, instruir o resolver los expedientes sancionadores, ni tan siquiera poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo, como es el caso, posibles irregularidades por parte de desempleados sin llevar a cabo el trámite establecido por nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto esas funciones suponen el ejercicio de una autoridad pública que no puede corresponder a una sociedad mercantil aunque esta sea de capital público o goce de la firma de un convenio marco", decía la asociación en su escrito a Soledad Becerril. ANDET esgrimía también que la nueva condición vulneraba la Ley de Protección de Datos.
La Defensora del Pueblo ha respondido a la queja de la asociación y, tras requerir información de la Secretaría de Estado de Empleo, ha pedido al Ministerio que modifique esta cláusula y que suprima "el incentivo por resolución de irregularidades".
"Tras el análisis de las consideraciones de la Secretaría de Estado de Empleo esta institución considera que el incentivo o retribución por resolución de irregularidades [...] establece una retribución indebida, por cuanto retribuye una acción que no constituye intermediación laboral y pervierte el sentido de la norma, al convertir en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad", manifiesta en su escrito la adjunta segunda de la Defensora, Concepció Ferrer i Casals.
Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura que aún no tienen notificación de este escrito, pero que siempre han defendido que el acuerdo marco de colaboración con las agencias de colocación se ajusta a la legalidad. El concurso aún no se ha resuelto: cuando sea efectivo, se conocerán qué agencias son las que colaborarán con los servicios públicos de empleo y, por tanto, recibirán estos incentivos.

Fuente:  www.eldiario.es

Cayo Lara: El PP quiere reducir "al ridículo democrático" las Cortes de Castilla-La Mancha

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha declarado este sábado durante su participación en la Conferencia Regional de IU Castilla-La Mancha en Guadalajara, que el Partido Popular quiere reducir al "ridículo democrático" las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Reducir a la mitad los escaños roba la dignidad a las Cortes y al mismo tiempo las convierte en las menos democráticas de todas las comunidades autónomas. Es una vergüenza, es un chiringuito lo que quieren dejar ahí en lugar de unas Cortes donde está representada la soberanía popular", ha señalado.
Para Lara, el único objetivo del partido que representa María Dolores de Cospedal en la comunidad manchega, es "limitar la democracia, impedir la pluralidad en las Cortes, asegurarse el poder y evitar el control al Gobierno".
Las agencias de calificación "siempre al servicio de la especulación"
Cayo Lara cree, por otro lado, que las agencias de calificación "están, han estado y estarán siempre al servicio del interés especulativo de los grandes especuladores", o como también ha indicado, al servicio de los "grandes inversores".
"Cuando bajan la nota las agencias de calificación, lo que le están diciendo a los inversores es que España es un país al que venir a invertir los fondos buitres para llevarse los despojos que han quedado del expolio que se ha hecho sobre la política urbanística en este país", ha explicado.
Para Lara, que haya más dinero para los especuladores significa que hay "más castigo para los pueblos" y todo ello aderezado con la "inestimable colaboración del Banco Central Europeo". Además, ha señalado que el hecho de que Moody's haya decidido entrar en la campaña sirve para que Rajoy "tenga un puntal más al que agarrarse el cuando presente las bondades de esta marca España".
El líder de Izquierda Unida ha declarado también que desde su partido abogan por agencias independientes que no estén al servicio de "su señor".
El caso de Ceuta
En relación a los videos íntegros de Ceuta, Cayo Lara ha señalado que se ha demostrado que "se ha mentido" porque "sí hubo disparos" y por lo tanto "alguien tuvo que dar la instrucción", razón por la que desde Izquierda Unida defienden la "necesidad" de una comisión de investigación en el Parlamento "para que todas las contradicciones y mentiras que se han contado en este proceso se clarifiquen y quien tenga responsabilidades políticas las pague".
En su discurso de apertura, Cayo Lara se ha referido a las primarias de su partido indicando que si quieren seguir manteniendo consenso y unidad no pueden meterse en "aventuras que justamente caminan en dirección contraria". "Más allá de la bondad que pueden tener o no las primarias, en este caso en concreto tienen una dificultad inmensa", ha asegurado.
Para finalizar se ha referido a la última reforma llevada a cabo por el gobierno señalando que "nos quitan el registro civil, se lo pasan a los registradores de la propiedad, en la que el señor Rajoy tiene dos hermanos y él aunque no tienen la plaza en activo sigue conservando su plaza que tiene en Alicante".

Fuente:   www.diariocritico.com