El concejal de Izquierda Unida, en rueda de prensa, ponía en duda que "no haya dinero para pagarles mes a mes, pero sí que haya para pagarles las indemnizaciones que les correspondan". Según su criterio estos despidos responden a la intención del Partido Popular de privatizar todos los servicios posibles.
Daimiel Noticias.- El concejal de Izquierda Unida Galo Sánchez Bermejo y el responsable del organización José Manuel López han repasado este miércoles en rueda de prensa el resultado de las mociones presentadas por su formación en la pasada sesión plenaria.
Comenzaba la comparecencia José Manuel López criticando las medidas económicas adoptadas por gobierno nacional que, según su opinión, pretenden "apagar un incendio con gasolina". Acusaba al ejecutivo de incumplir sus promesas electorales de no subir los impuestos y de destinar el dinero público a apoyar a la banca privada mientras se cierran empresas públicas, "no porque no funcionen, sino por la intención de disminuir lo público a favor de lo privado".
Calificaba como "inconstitucional e injusta la subida del IRPF" que se va a llevar a cabo, ya que grava los salarios, que serán los que pagarán el grueso de esta subida y que conllevarán además una pérdida de poder adquisitivo de la población, y criticaba que no se presionara más por parte del equipo de gobierno al ejecutivo regional para que agilizara los pagos del dinero que se le debe al ayuntamiento.
Continuaba la rueda de prensa Galo Sánchez Bermejo que calificaba el despido de trabajadores que se ha llevado a cabo en el ayuntamiento de "auténtico despilfarro", poniendo en duda que no haya dinero para pagarles mes a mes, pero sí que haya para pagarles las indemnizaciones que les correspondan. Según su criterio estos despidos responden a la intención del Partido Popular de privatizar todos los servicios posibles, recalcando que desde Izquierda Unida "siempre estará de lado de los trabajadores".
Añadía que es cuestión de "voluntad política" el hecho de elegir mantener estos puestos de trabajo o que se elija destinar un puesto a un trabajador que se ocupe del "protocolo y de escribir los discursos del alcalde a razón de 31.000 euros anuales", criticando además que no se le respondiera a esta pregunta en pleno.
Insistía en el incremento de la presión fiscal sobre las grandes fortunas y en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida como principal medida para incrementar los ingresos y evitar llevar a cabo los recortes que se están llevando a cabo. A este respecto criticaba el hecho de que la Iglesia no pague el Impuesto de la Contribución o el sueldo de los profesores de religión y que se recorte en Servicios Sociales antes que en el gasto del ejercito.
En cuanto a la moción presentada para la constitución de una comisión de investigación, declaraba no comprender el hecho de que se votara en contra de su creación dadas las acusaciones que en los últimos meses está arrojando el equipo de gobierno a la anterior gestión del Partido Socialista. Criticaba que haya que conformarse con dar credibilidad a las acusaciones del partido popular de irregularidades por un lado y la negativa a este punto del PSOE por otro sin que se lleve a cabo una investigación independiente aclare dichas acusaciones.
También aprovechaba para aclarar al concejal de hacienda, David Gómez-Cambronero, que desde su coalición no pretenden una reunión "a dos bandas", sino una reunión de los tres partidos con representación en el Ayuntamiento para tratar el asunto.
Por último criticaba la falta de valentía del Partido Popular para no votar en contra de la implantación del ATC nuclear en Villar de Cañas, en la cabecera del Acuífero 23, sabiendo, según sus palabras, de lo perjudicial para la salud de dicha instalación. Desde Izquierda Unida se propone hacer cuatro pequeños almacenes en las cuatro centrales nucleares que no tienen este tipo de residuos y que les costarían a las eléctricas 25 millones cada uno en vez de gastar en uno 2.000 millones de dinero público y colocarlo además en nuestra comunidad.
Criticaba también por insuficiente la respuesta del alcalde ante la problemática de la empresa SERGESA, la empresa que gestiona la residencia de ancianos La Masiega y ponía en duda la falta de solvencia de una empresa que recibe, según sus palabras, "1.200 euros al mes por cama, esté ocupada o no" y que disfruta de una concesión del servicio de 50 años.
En cuanto al cierre de la Ludoteca Municipal criticaba que ni el alcalde ni la concejal de Servicios Sociales dieran la cara para explicar esta decisión con suficiente antelación y que fuera una de las nuevas trabajadoras contratadas la que se ocupara de informar a los padres.
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