¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto
máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e
Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la
supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es
obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a
la Seguridad Social?
Estas son algunas de las
razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de
33.000 millones de euros
que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa
ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se
consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto,
quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la
población.
Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que
desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos"
de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese
recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema
de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y
los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la
mayoría", denunció
Héctor Illueca desde los despachos de
Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado
Alberto Garzón.
Como
firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una
barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo
es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de los puntos
que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido
por Báñez favorece o al menos
extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados.
El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara
está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá
como uno de los temas principales las pensiones.
Gasto excesivo
La
coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el
aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos
problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que
desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de
turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el
tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas
sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos,
lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados
factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o
el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las
proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población
total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las
pensiones".
"Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos por la recesión, así que lo verdaderamente insostenible es la recesión"
En
el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el
Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las
recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante
el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas.
Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso
despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado
en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda
vienen insistiendo en un dato claro:
seguimos invirtiendo menos que la media europea
(el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto
será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en
torno al 14% del PIB.
Y eso no hará que el sistema de la
Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las
posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a
ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al
contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena
parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de
la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de
Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se
financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos,
es un error. "
Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado
ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema
cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la
Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social por la
Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del
Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de
ese Estado, también las pensiones", sostienen.
Más ingresos
Desde
este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser
los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos "no hay
ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las
empresariales". Lo afirman además amparándose en el
artículo 50 de la Constitución,
que sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es
precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios
para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede
en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son
suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los
Presupuestos Generales del Estado.
"Son
todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la
totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones" Y
la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El
hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento
inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo
insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por
extensión,
lo verdaderamente insostenible es la propia recesión",
reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo:
"Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las
medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y
del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del
sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por
la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la
política económica seguida".
Los firmantes rebaten asimismo
que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción
entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el
Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per
capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de
esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así,
resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones
de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la
sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera
política redistributiva".
Asimismo, apuntan que si el sistema
fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de
una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión
fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%),
inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de
diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania,
respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar
las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma
fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que
habría de llevarse a cabo".
Infórmate
El manifiesto completo, titulado
En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web
documentopensiones.org.
Los firmantes son:
Francisco
Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina
Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón
Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración Guamán,
Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis
Monereo, Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan
Torres, Carlos Ochando, Albert Recio,Julio Rodríguez y Amat Sánchez.
