Pasaban las doce y media de la noche cuando el alcalde daba por concluido el pleno tras más de cuatro horas de debate que dieron para discutir las tres mociones presentadas por el Partido Popular, una enmienda a la totalidad del PSOE a una de esas mociones y una batería de 16 preguntas formuladas por la oposición al equipo de Gobierno. Antes de las cuestiones y cuando apenas quedaban quince minutos para la medianoche (según el reglamento hora en que el alcalde-presidente puede dar por finalizada la sesión) el concejal de Izquierda Unida, Galo Sánchez Bermejo, decidió retirar sendas mociones sobre la defensa del ferrocarril tradicional y sobre resaltos y badenes al entender que no daría tiempo suficiente para desarrollarlas.
Tras la aprobación unánime de la Ordenanza de Vertidos de Aguas Residuales, el grueso del debate se centró por tanto en las mociones presentadas por el grupo popular. La primera de ellas instaba a la reforma inmediata de la ley sobre el Gobierno Local y su financiación. Para el portavoz del PP, Leopoldo Sierra, “es exigible una suficiencia económica que ahora no tenemos”, apuntando que el nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos ha de ir aparejado al de las administraciones autonómicas “como así se comprometió el Gobierno socialista hace cinco años”. Sierra teme que al cierre del ejercicio los ayuntamientos se vean abocados a reintegrar al Estado parte de los ingresos recibidos de la administración central, en referencia a las declaraciones de la Vicepresidenta económica Elena Salgado.
Por su parte, la portavoz socialista Cristina Maestre señaló que la reforma del Gobierno Local debe partir del máximo consenso y por su complejidad puede ralentizarse. Añadió que la labor de avanzar se encuentra el Gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda y los más de 8.000 municipios representados en la FEMP. Maestre subrayó que es fundamental partir del principio de la “suficiencia global, respetar la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, fomentar la transparencia o garantizar la lealtad institucional”. “La voluntad política –continuaba- es delimitar servicios y competencias de los ayuntamientos para después exigir a comunidades autónomas y estado la financiación correspondiente”.No obstante, la edil socialista enumeró ciertas medidas que han estado suministrando liquidez a las arcas municipales y a sus ciudadanos como los 14.000 millones de euros para refinanciación, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), la línea ICO para avalar a empresas y autónomos, la supresión del IAE o los anticipos a cuenta.
Del lado Izquierda Unida, su concejal Galo Sánchez Bermejo mostró su disconformidad con PP y PSOE por no haber acometido la reforma durante sus años de Gobierno en la nación, tachando la moción popular de recurrente. El edil concluía que la propuesta siempre mantenida por su coalición es fijar el 50 por ciento del presupuesto para el Estado, el 25 para las Autonomías y el 25 restante para los Ayuntamientos. La moción del PP tuvo la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del PSOE.
Fondo Estatal de Inversión Local
La segunda moción elevada por los populares cuestionaba sobre la aplicación de los fondos del futuro Plan E de 2010, una partida de 5.000 millones de euros que destinará Madrid a los ayuntamientos españoles independientemente de los 8.000 aprobados este año. De entrada a Daimiel por su baremación poblacional le corresponderían 2 millones de euros frente a los 3,2 de 2009. El Partido Popular insta a que 3000 millones se dediquen a “tapar agujeros”. Fernando Gigante postulaba que el dinero se destine a partidas más tangibles que repercutan directamente en los ciudadanos, servicios, proveedores y empresas que han contribuido estos meses a luchar contra la crisis. El concejal popular manifestaba su preocupación porque el ayuntamiento se convierta en “víctima del cobrador del Frac”.
El Partido Socialista presentó una enmienda a la totalidad de la moción del PP, defendida en pleno de nuevo por Cristina Maestre. La portavoz del PSOE argumentó que el 60 por ciento de los 5.000 millones deben aplicarse en todo caso a políticas sociales, de sostenibilidad económica y medioambiental, dotaciones, contrataciones o gastos de mantenimiento de las obras ejecutadas previamente. “Utilizamos el dinero –añadió- para invertir y generar empleo, nunca a tapar a agujeros porque las necesidades y urgencias no tienen por qué ser las mismas en todos los municipios”.
Tras votarse, la mayoría socialista sacó adelante su enmienda, mientras fue rechazada la del PP. Izquierda Unida se abstuvo en ambas incidiendo especialmente en el rechazo a detraer partidas para gastos corrientes.
PEAG
Por último, los populares llevaron a pleno el Plan Especial Alto Guadiana con una moción que puso el acento en el “incumplimiento de plazos y dotación presupuestaria”. Para Gregorio Díaz del Campo “a este ritmo no se alcanzarán los objetivos”, destacando la resolución de los pozos alegales, la reducción de los gravámenes o la agilización de las solicitudes relativas a los derechos de agua, subrayando que “siguen faltando 80 millones de euros”. También defendió a los agricultores “para que no pierdan sus derechos de regadío”.
Maestre señaló que el PEAG fue fruto de un consenso en el que también participaron los sindicatos agrarios, apuntando que ya se han regularizado 5.000 expedientes para seguir explotando la vid. En este sentido, insistió en que “ningún agricultor con regadío legalizado va a perder una sola hectárea”, concluyendo con que “actualmente hay en trámite 20 millones de euros para comprar nuevos derechos de agua”.
Desde Izquierda Unida, Sánchez-Bermejo exigió claridad a ambas formaciones políticas, en especial al partido del Gobierno recordándole que el problema es de agua y que, más allá de una cuestión medioambiental “es una cuestión de supervivencia de nuestro pueblo”. Al Partido Popular le replicó que “no es posible que se recargue el acuífero sin que alguien pierda algo porque no hay agua para todos”. Esta tercera moción del PP fue rechazada con los votos en contra de PSOE e IU.
Ruegos y Preguntas
En cuanto al turno de Ruegos y Preguntas, el PP cuestionó de nuevo sobre el destino de la Cruz de los Caídos y la imagen de la Virgen del Carmen. Sobre lo primero, la edil de Urbanismo Fernández de Simón indicó que la Cruz no existía como tal, “eran bloques de piedra que no pudieron salvarse por la dificultad para separarlos del lugar”. El alcalde informó de que la imagen de la Virgen del Carmen se encuentra en el almacén municipal a la espera de una futura restauración aunque matizó que “no es un asunto prioritario”.
El PP también se interesó por la adjudicación por parte de la empresa municipal EMUMASA de la obra de abastecimiento de agua en la calle manzanares. El principal partido de la oposición expresó su malestar por no haber participado en la decisión adjudicataria generando el momento de más tensión del pleno con el intercambio de pareces entre el edil del PP Rafael Marcelino Palomares, la titular de Urbanismo y el alcalde como mediador. El PP insistió en que la decisión se había tomado de manera unilateral y Fernández de Simón defendió que tras el estudio de tres propuestas se optó por la más ventajosa, “la mejor oferta”, aseveró.
PP e IU se interesaron igualmente por el estado y servicio del Centro de Cultura Deportiva. El concejal de Deportes, Miguel Ángel Escuderos explico que la flamante instalación municipal se ha levantado con un presupuesto ajustado pero que el servicio de vestuarios y baños podrá ser cubierto inicialmente por las prestaciones del Estadio Municipal y en un futuro “si fuere necesario” por las dotaciones del complejo de piscinas de verano.
Izquierda Unida quiso saber además sobre la anunciada Mesa por el Ocio y la Convivencia que buscará dar solución a los problema derivados del botellón. El alcalde subrayó que ya se había mantenido alguna reunión sectorial y que próximamente se citará a los partidos políticos, “presumiblemente en primer lugar a ustedes (dirigiéndose a Sánchez-Bermejo). El proceso de retirada de los árboles de San Pedro, la coordinación de patrullado entre Policía y Guardia Civil o la falta de empleado en el Parking Municipal fueron otras de las preguntas formuladas. Fernández de Simón defendió el procedimiento en el primero de los casos; el alcalde señaló que las operaciones policiales difieren muchas veces de lo publicado por motivos estratégicos; y respecto al parking “hasta que no se elaboren los estatutos con todos los propietarios implicados” no se abordará la ausencia de empleado en la instalación, papel que ahora custodian los agentes de la policía local.
