El PIB aumentará hasta 45.000 millones con un nuevo cálculo que incluye prostitución y drogas

El Producto Interior Bruto (PIB) nominal aumentará hasta en 45.000 millones tras el cambio de base de la Contabilidad Nacional que hará el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta cifra es una estimación y el dato definitivo se incorporará en la publicación del dato de septiembre. El cambio de base 2010 puede incrementar el PIB nominal entre el 2,7% y el 4,5%. Si tenemos en cuenta que el PIB nominal del año 2010 fue 1.062.591 millones de euros, se podría decir que el impacto podría ser de entre 28.689 y 47.800 millones.
En concreto, los cambios metodológicos, como la capitalización del gasto en investigación y desarrollo, en armamento militar y otros, podrían suponer un aumento de entre el 1,2% y el 1,5% del PIB nominal.
Por su parte, los cambios estadísticos y la incorporación de información estadística nueva como las actividades de prostitución y tráfico de drogas elevarían la riqueza nacional entre un 1,5% y un 3%, entre 15.938 y 31.877 millones de euros.
Los cambios que se introducirán son los derivados de la adaptación de la Contabilidad Nacional y Regional de España a las normas del nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 2010) aprobado en mayo de 2013.

Las armas y el I+D cuentan como inversión

De los numerosos cambios metodológicos, los más significativos son el reconocimiento como inversión tanto del gasto en investigación y desarrollo (I+D) y del gasto en los sistemas de armamento.
En el SEC 2010 los gastos en I+D se tratan como inversión en activos fijos y por tanto, la depreciación de dichos activos como consumo de capital fijo. Este cambio supondrá un incremento del PIB respecto al calculado según la metodología de la anterior versión del sistema de cuentas.
Por otro lado, en el SEC 2010 se armoniza la definición de activos fijos en el ámbito militar con la definición general de los mismos para el resto de los sectores económicos. Así, en este grupo se incluirán las armas y sistemas de apoyo usados de forma continua durante más de un año en la producción de servicios de defensa.

Contrabando, una actividad económica

En el cálculo del PIB se da cumplimiento a la obligación de la Comisión Europea para que en septiembre de 2014 todos los Estados incorporen a la estimación de su Renta Nacional Bruta los flujos procedentes de actividades ilegales, como la prostitución, producción y tráfico de drogas o el contrabando.
El anterior sistema, ya establecía que las actividades ilegales se debían incluir dentro de la frontera de producción de las cuentas nacionales. No obstante, fue acordado que las fuentes y métodos para abordar estas estimaciones necesitaban ser analizados en profundidad para garantizar su correcta inclusión en cuentas nacionales.
Dada las dificultades inherentes a la estimación de este tipo de actividades, Eurostat ha elaborado una serie de recomendaciones metodológicas a seguir con el objeto de garantizar la total consistencia del sistema y la comparabilidad entre países.

Cambios en la población

La nueva base del PIB también incorporará la información procedente del nuevo censo de población y viviendas de 2011 y los cambios derivados del mismo en las encuestas a hogares, y la revisión de las estadísticas de Balanza de Pagos.
En el nuevo sistema también se observa un tratamiento más extenso y exhaustivo de cuestiones relacionadas con el sector público. Por otra parte, se establece una mayor desagregación por subsectores del sector de las instituciones financieras.
Además, algunas directrices recogidas afectan también al registro de los flujos de bienes y servicios con el resto del mundo. En particular, las referentes a operaciones de comercio triangular de mercancías y a bienes enviados al extranjero para ser procesados sin que exista un cambio de propiedad.

Fuente:   www.elmundo.es

El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa

Europa y Estados Unidos negocian a espaldas de sus ciudadanos uno de los pactos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP, y que busca igualar la regulación en ambas zonas económicas para potenciar el comercio y la inversión.

eldiario.es ha tenido acceso, en exclusiva junto a La Marea y Diagonal, a uno de los documentos secretos que sirven de base a la negociación ya que supone la oferta de servicios que Europa está dispuesta a negociar con Washington. El documento ha llegado a través de Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colaboran estos medios.

El acuerdo está en el punto de mira de organizaciones sociales y partidos de izquierda ya que sus efectos pueden suponer en la práctica una mayor liberalización de decenas de sectores en la UE, que tiene una normativa en general más exigente que en EEUU, y abre la puerta a un mayor poder de las empresas privadas.

El borrador secreto ha llegado fragmentado en tres archivos y se extiende en al menos un centenar de páginas. La carátula del encabezado deja claro que es un documento secreto ya que las negociaciones se han clasificado como confidenciales en Europa y Estados Unidos, algo muy criticado por personas como Joseph Stiglitz, Noam Chomsky o Sami Naïr. Hasta el momento, solo se conocen  otros cuatro documentos de los decenas de informes que cruzan el océano. Aunque formalmente esta ronda de negociaciones comenzó en 2013, lleva décadas gestándose con sucesivos acuerdos y grupos de trabajo que se han formado en la UE y EEUU. Este documento tiene hoy (13 de junio) como fecha límite para que los estados miembros hagan sus aportaciones.

Esta es una oferta inicial, una suerte de catálogo, de lo que la Unión Europea está dispuesta a negociar con Estados Unidos para flexibilizar los negocios en el sector servicios. Cada una de las áreas que negocia el TTIP se discute en una comisión ad hoc, como en el caso de la energía, otro de los documentos filtrados con anterioridad en el que se hablaba de temas como el fracking. El que ha llegado a Filtrala.org es el borrador con el que trabaja la Comisión de Servicios e Inversión, lo que supone que se hace un recorrido por todos los servicios, incluidos los públicos, que se ofrecen a los ciudadanos. Esto implica que también se abra en el abanico de las ofertas cuestiones como los servicios sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones claves como los servicios de la energía. Es una lista en positivo de puntos que negociar. Es decir, se incluye todo lo que es susceptible de discusión.

En el membrete aparecen los sellos del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión, ya que la representación permanente de cada país en el Consejo es la que está negociando el acuerdo (no es posible que el Gobierno de cada país acuda continuamente a Bruselas para estas discusiones).

El documento marca el amplio perímetro de las negociaciones en servicios de la UE. Tras un listado de cautelas iniciales en el que la Comisión se reserva la posibilidad de negociar aspectos en una amplia panoplia de servicios que se consideran de seguridad nacional, luego muestra al socio norteamericano en qué áreas sería posible entablar una negociación. Los estados miembros deben fijar estas reservas por adelantado, ya que una vez firmado el acuerdo no se pueden introducir nuevas excepciones. Es una forma de no comprometerse a modificar un determinado aspecto en la legislación en los acuerdos multilaterales. 

Las excepciones giran en torno a la extracción de petróleo, minería, producción nuclear y otros elementos sensibles como la pesca y la agricultura de las que la UE se desentiende de compromisos a priori. Su inclusión en la lista no es una negativa a discutir sino una reserva a no hacerlo en caso de que no interese a los estados.

El documento señala una a una las barreras de acceso al mercado que los estados miembros, o la UE en su conjunto, tienen actualmente en un sinfín de sectores, con el fin de negociar su total apertura. En una última columna (bajo el encabezado 'Limitations o National Agreement') se subraya también qué países favorecen la entrada a sus propios ciudadanos o empresas, una de las restricciones al mercado más importantes y que la UE lucha por limar.

El documento es un destape en toda regla en el que los eurócratas exhiben todas las flaquezas de los países miembros para que los estadounidenses sepan a qué restricciones se van a enfrentar y negocien su eliminación. En la nota inicial, la UE deja claro que esta propuesta inicial se hace a la espera de que "Estados Unidos ofrezca un nivel de transparencia significativo a nivel sub-federal". Es decir, al otro lado del Atlántico se debería estar construyendo un borrador similar a este pero con las restricciones que plantean los Estados federados. 

Línea roja en la banca

Es especialmente llamativo que solo un área queda fuera del texto: las finanzas. Aunque inicialmente los servicios financieros se iban a incluir en el Tratado, como todos los demás aspectos de la economía, EEUU ha puesto trabas en la negociación. Washington entiende que la actual regulación financiera es más exigente que la europea, gracias sobre todo a una de las últimas leyes aprobadas tras el estallido de la burbuja, la Dodd-Frank. Por este motivo, los estadounidenses han pedido excluir a las finanzas del marco de cooperación regulatoria, que les hubiera llevado a negociar su actual nivel de regulación financiera y hacerlo más laxo.

Este aspecto es muy importante, ya que tal y como recuerda Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, hace que los argumentos que esgrimen los negociadores para defender el Tratado "se caigan por su propio peso". Si Estados Unidos no quiere negociar en el ámbito financiero porque supondría una rebaja de sus exigencias, está claro que el proceso de negociación se hace a la baja. En este caso, es la legislación comunitaria la que más tiene que perder ya que salvando el área de las finanzas, la UE es mucho más exigente en cuanto a normativa. Por ejemplo, el principal interés de EEUU es negociar la cooperación regulatoria en el campo de la energía, donde los estadounidenses son mucho más abiertos que los europeos.

El documento dice que "debido a la firme oposición de Estados Unidos a incluir cooperación regulatoria en el campo del acuerdo, se considera apropiado no incluir ningún compromiso en la oferta de servicios financieros por parte de la UE en este punto". La Comisión deja la puerta abierta a que si "en el futuro" los estadounidenses cambian de opinión y se comprometen a abrir el melón de las finanzas, Europa también mostrará sus cartas.

Los servicios bancarios son por lo tanto la única línea roja marcada en el documento, y no por voluntad europea. Del resto, la UE muestra su deseo a hablar de todo, incluida la prestación de servicios médicos (lo que abriría aún más el negocio de la salud a las grandes corporaciones estadounidenses de sanidad), el transporte o la liberalización de los colegios profesionales. Desde los sindicatos europeos de servicio público se subraya que esta apertura a negociar este tipo de prestaciones atentará contra la calidad de los servicios y el empleo. Para Kucharz, es una "alerta a todas las mareas españolas. Es una megaamenaza a la calidad de los servicios públicos".

Cabe resaltar que al hacer el recorrido de trabas actuales en los países de la Unión, España es uno de los países que menos aparece, en gran medida porque es uno de los países más liberalizados del Continente. Las escasas menciones que se encuentran de España son respecto a las restricciones de los colegios profesionales y, cómo no, a la posibilidad de poner una farmacia o al trabajo de los auditores contables.

Los defensores del acuerdo hablan de cifras por valor de miles de millones de impacto económico y de creación de empleo. Los detractores, de destrucción de miles de puestos de trabajo en Europa y de pérdida de derechos laborales.

Fuente:   www.eldiario.es

Galo Sánchez Bermejo: "el PP no hace más con menos, sino menos con más"

El concejal de Izquierda Unida realizaba estas declaraciones en una rueda de prensa en la que denunciaba que los trabajadores del CIDAHM tendrán que servir de apoyo en las visitas guiadas en La Motilla del Azuer, algo que, entiende, provocará "un menoscabo en ambos servicios".

Izquierda Unida comparecía este miércoles en rueda de prensa para expresar su "preocupación" al respecto del futuro de los trabajadores del Centro de Interpretación del Agua y los Humedales Manchegos (CIDAHM), que, según anunciaba Sánchez Bermejo, tendrán que que servir de apoyo en las visitas guiadas a la Motilla del Azuer en las ocasiones en las que el arqueólogo del yacimiento no pueda hacerse cargo del servicio.

Según Galo Sánchez Bermejo, "IU no va a consentir que se desvista un santo para vestir otro" ya que, entiende, "al final los dos servicios sufren un menoscabo". Calificaba como "una autentica chapuza esta decisión que le va a restar fuerza tanto a la Motilla como al Centro del Agua". "Decimos sí a la Motilla, pero no se pueden hacer las cosas de cualquier forma". En este sentido, Sánchez Bermejo se preguntaba si "no podría darse trabajo a demandantes de empleo formándolos para que pudieran desarrollar la visita guiada".

Del mismo modo, el portavoz de la coalición confesaba no entender que "si, en palabras del alcalde, Las Tablas son el buque insignia del turismo en Daimiel, quitemos fuerza al centro, que es el timón". En este punto pedía explicaciones al concejal de Medio Ambiente, Gregorio Díaz del Campo, por su ausencia de gestión en defensa de esta instalación.

Así las cosas, Sánchez Bermejo opinaba que "el Partido Popular no va a hacer en este caso, más con menos, sino menos con más, ya que vamos a abrir el yacimiento de forma improvisada, sin contar con el apoyo de la Universidad de Granada, responsable de las excavaciones, y encima poniendo 200.000 euros de nuestras arcas (70.000 de ellos de la subvención del Organismo Parques Nacionales), habiendo perdido una aportación de 500.000 euros por parte del Estado y de la Junta". 

Sánchez Bermejo denunciaba una sensación de "total improvisación" en la gestión de la apertura del yacimiento, "que no cuenta con un proyecto concreto". El concejal planteaba también sus sospechas de que, por parte del equipo de Gobierno, se pretenda vaciar poco a poco de contenido al Centro del Agua, para justificar así estos cambios en las funciones de sus trabajadores", máxime, cuando "se han anunciado mientras el director del centro se encuentra de baja médica".

 

Fuente:   www.daimiel.es

La asamblea de parados pide al Ayuntamiento "más esfuerzos y más dinero" para mejorar su situación

Alrededor de una treinta de desempleados daban a conocer este martes sus reivindicaciones a través de un comunicado que leían en la Plaza de España. Su impulsor, Santos Molina, insistió en que la "recuperación de la que hablan no nos saca de la situación en la que estamos". 

Una treintena de desempleados ha decidido unirse y formar la Asamblea de Parados de Daimiel. Este grupo, que tiene la intención de constituirse como Plataforma, leyó este martes un comunicado en la Plaza de España para hacer públicas sus quejas y reivindicaciones. Su impulsor, Santos Molina, exponía que no entienden que "se diga que no hay dinero para la gente que estamos mal y que se hayan dado miles y miles de millones para los bancos con dineros de todos nosotros y de Europa". 

Molina recalcó que "los desempleados y la gente joven que quiere trabajar no podemos seguir abandonados" y "tampoco podemos esperar más porque la recuperación de la que hablan no saca de la situación en la que estamos". Un contexto que "nos lleva a trabajar más, cobrar mucho menos, perder nuestros derechos y a una jubilación de pobres", después, recordaban, de que su trabajo y esfuerzo haya dado "tanta riqueza a nuestro país". 

Así las cosas, anunciaban que van a empezar una recogida de firmas "para pedir al Ayuntamiento que dedique a su problema "más dinero y más esfuerzos para mejorar la situación". 

Por otro lado, repitieron las tres preguntas que algunos de sus miembros plantearon en el pleno de junio que, a su juicio, "el alcalde y su partido pensamos que no respondió diciendo otras cosas que no tienen que nada ver". "Nuestra preocupación son todos los parados, o sea, no hablamos para nosotros mismos", reiteraba Santos Molina. En esas cuestiones se planteaban  qué va a pasar con las personas de 50 años que no puedan cotizar a la Seguridad Social los últimos 10 por no tener trabajo; si se puede vivir con 426 euros al menos o con nada, o cuál es el futuro de una familia de cuatro miembros en la que cobra solo uno. 

Ante estas problemáticas, Luis Illescas, portavoz de la asamblea, reclamaba que se implante con urgencia un Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Lo que urge ahora mismo es ese SMI en aquellas familias donde no haya ingresos y, por supuesto, teniendo en cuenta su patrimonio. No es para vivir con más soltura, es simplemente para comer", enfatizaba.  

La próxima reunión de la Asamblea se celebrará este jueves en el edificio de los sindicatos, a partir de las 18:00 horas. 

 

Fuente:   www.daimiel.es

Cayo Lara señala sobre la abdicación del Rey que “cuando las calles reclaman más democracia no se puede perpetuar un sistema que impide al pueblo que pueda decidir sobre su futuro”

Intervención íntegra del presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA en el Pleno del Congreso

“Señorías, el Rey abdica. Tres palabras para dejar una herencia…”

Ante las protestas y rumores de algunos parlamentarios asistentes al Pleno tiene que intervenir el presidente del Congreso para pedir orden y Cayo Lara recuerda:

“Hemos sido radicalmente respetuosos con las demás intervenciones en el Grupo de La Izquierda Plural…”

Reinicia su intervención: “Tres palabras para dejar una herencia, para dejar en herencia, nada más y menos, que la Jefatura del Estado. Un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. Se dice en la propia exposición de motivos, entre comillas: ‘mi hijo, Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica’. ¿Y el pueblo qué opina? ¿No dice la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español?

Señorías, la abdicación se ha gestado de una forma oscura, una especie de maniobra palaciega entre algunos de los partidos dinásticos, que ha dejado al Parlamento de convidado de piedra. Han situado a los ciudadanos como súbditos, con un bombardeo a la opinión pública de alabanzas al heredero, endulzando la maniobra para presentarla como una regeneración del sistema. La sucesión por la línea de consanguinidad no tiene nada que ver con la regeneración, tal vez todo lo contrario; es sangre nueva para una dinastía decrépita.

Nos traen a la Cámara la abdicación con la Transición acabada. Se ha agotado un modelo que ustedes, los banqueros y los grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiar todo para que nada cambie. Sin querer ser pretencioso ni arrogarme la representación de tanta gente que renunció a tantos sueños y tantas convicciones en la Transición, hasta aceptar un monarca designado inicialmente por el dictador, hoy me siento orgulloso de traer modestamente la voz de mucha gente que dio lo mejor de su vida, que dio la vida, que marchó al exilio, como ayer nos recordaba el presidente de México, porque soñaron con una república democrática.

Precisamente por esa historia y por todas esas renuncias en la Transición para que la democracia saliera adelante, tenemos ahora toda la legitimidad del mundo para exigir que se convoque un referéndum para que el pueblo decida su destino; un destino que se está escribiendo con el sufrimiento de mucha gente. Porque esta Cámara ha tomado demasiadas decisiones que no tienen nada que ver con lo que quiere y necesita nuestro pueblo. Por eso se ha abierto un abismo entre una gran parte de la ciudadanía y las instituciones democráticas.

Los partidos que han sustentado la monarquía han roto el pacto constitucional de 1978. Los derechos pactados en la Transición, incorporados en la Carta Magna, se violan masivamente un día sí y otro también. La lealtad que se proclama a la Constitución española se demuestra no modificándola, sino cumpliendo los derechos sociales, laborales y civiles consagrados en la propia Constitución. Se desahucia, señorías, a la gente sin piedad de sus casas. El derecho al trabajo se sustituye por el exilio laboral de miles de jóvenes. La seguridad de tener una pensión futura se aleja cada vez más de más gente. La ayuda a los desempleados se recorta sin contemplaciones. Crece como nunca la desigualdad social. La corrupción se generaliza y llega a las propias instituciones del Estado, incluida la Familia Real. El conflicto territorial se agudiza y no se resuelve.

El deterioro de los partidos dinásticos se ha manifestado en las últimas Elecciones Europeas y la monarquía llega hoy con el mayor índice de desprestigio desde la Transición democrática. En estas condiciones, señorías, el debate de hoy es sobre si queremos profundizar y aumentar la democracia en España o si, por el contrario, queremos continuar con este sistema, a veces despótico, en el que unos pocos, y algunas veces fuera de las propias instituciones, han tomado y toman decisiones que hacen daño a la vida diaria de millones de personas.

Es la hora de la ‘Democracia’ con mayúsculas, porque cuando en las calles se reclama más democracia no se puede pretender perpetuar un sistema que impide al pueblo que pueda decidir sobre su futuro, sobre algo tan fundamental como la forma de Estado. Dicen el bipartidismo y la monarquía que dejar que hable el pueblo es negativo para la estabilidad, pero nos hacemos una pregunta: ¿estabilidad para quién? Entérense de que el pueblo español ya está en una situación de inestabilidad, de emergencia social. Con seis millones de parados, con decenas de miles de familias perdiendo sus casas y con otras decenas de miles de familias amenazadas por el hambre y la desesperanza no cabe hablar de estabilidad. ¿Estabilidad para quién? ¿Para las grandes empresas y las grandes fortunas, que se han enriquecido con la gestión bipartidista de esta crisis? ¿Estabilidad para la Bolsa y el Ibex 35? Ellos no son soberanos. La soberanía reside exactamente en el pueblo español.

Señorías, la estabilidad es acabar con las desigualdades, con el paro, con la corrupción que carcome nuestras instituciones. La estabilidad está en alumbrar un nuevo sistema político y social; la estabilidad es la democracia con mayúsculas y me atrevo a decir hoy aquí con orgullo que la estabilidad, por qué no, es la república. ¿Por qué no quieren ustedes que el pueblo exprese libremente su opinión? ¿Qué miedo tienen a cumplir lo que dice la Constitución española, esa que siempre tienen en la boca los más patriotas del país, pero que tampoco se preocupan de hacerla cumplir cuando hablamos de derechos como el del trabajo o la vivienda? Para eso hay menos prisas. Reducir el paro y frenar los desahucios no está entre las prioridades de este sistema. Eso lo sabe toda la ciudadanía.

Eso sí, cuando se trata de reformar la Constitución, tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en hacerlo en dos tardes para asegurar a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que tendrán su dinero pase lo que pase. Aunque aumente la pobreza y el deterioro social, ellos siempre tendrán el dinero a punto, tal y como se hizo cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución española.

La Izquierda Plural no está planteando que nuestra vocación republicana se extienda de manera inmediata a toda la sociedad y al resto de partidos políticos, claro que no. Lo que estamos exigiendo ahora mismo tiene que ver con el concepto profundo de lo que es la democracia. Simplemente queremos que se convoque un referéndum y que se pregunte al pueblo español qué quiere en estos momentos cruciales de nuestra historia.

El 70% de los ciudadanos y ciudadanas de este país no ha votado la Constitución. Que los ciudadanos y ciudadanas de este país decidan libre y conscientemente cuál debe ser su futuro. Hablamos, pues, hoy de monarquía o república, pero sobre todo hablamos de monarquía o democracia, el derecho de sangre o la urna, que el pueblo pueda votar con libertad en referéndum, independientemente de los sentimientos, el pensamiento, la ideología que tengamos cada uno y cada una en nuestro país. La república es una forma de Estado, independientemente de lo que cada uno pensemos, pero queremos que la democracia llegue y que lo haga por la vía de la urna en la elección de la Jefatura del Estado.

No encontramos ninguna justificación para que se impida a los españoles expresar su opinión y su criterio sobre este punto y, para ello, ni siquiera es necesario reformar la Constitución. No sería el primer referéndum que se hace. Recordarán el realizado sobre la permanencia en la OTAN, en 1986, o el más reciente sobre la Constitución europea, en febrero de 2004. Para eso está el artículo 92 de la Carta Magna, que también dice literalmente que las decisiones políticas de especial trascendencia -esta debe ser una decisión política de especial trascendencia, ¿sí o no?- podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos si se quiere; o sea que sí se puede, pero no se quiere.

En la primera reunión que tuve con el Rey en el mes de agosto de 2009 le planteé  por qué no promovía un referéndum para que su hijo tuviera la legitimidad directa del pueblo en las urnas, si es que el pueblo decidía y optaba por la monarquía. Se ha podido hacer y promover el referéndum; no se ha querido, porque se ha decidido que lo que se acordó en 1978 tiene que ser definitivo y para siempre. ¿Eso por qué? ¿Por qué tiene que ser definitivo y para siempre?

Señorías, en mi grupo pensamos que no se puede esperar más, que no se puede negar al pueblo español su derecho a decidir qué forma de Estado quiere. No se le puede silenciar amparándose en cuestiones que ya pertenecen al pasado. Estamos convencidos de que la democracia no puede reducirse a votar cada cuatro años y de que el hecho de depositar el voto en una urna no da patente de corso a ningún gobierno, a ninguno, para hacer lo que le venga en gana y, sobre todo, lo contrario a lo que se promete.

Las últimas Elecciones Europeas han dejado claro que los ciudadanos y ciudadanas de este país han cambiado de opinión. Muchos ciudadanos y ciudadanas han cambiado de opinión y han dicho que están hartos de este sistema bipartidista que ha servido de pilar fundamental para esta monarquía. Han dicho que están cansados de un sistema institucional golpeado por la corrupción a todos los niveles, en el que unos pocos han sido los más beneficiados a costa de todos los demás; una corrupción de la que la propia monarquía no se ha escapado. Los ciudadanos han dicho que nuestro país necesita una nueva hoja de ruta, porque la anterior solo puede conducir a más paro, precariedad, corrupción e impunidad.

El pasado 25 de mayo la sociedad española dio un giro histórico ante el que nadie puede permanecer inerte. Pensamos que es el momento de traducir ese giro en la apertura de un nuevo proceso constituyente que abra el debate también hacia un nuevo proyecto de país. Espero que estén de acuerdo conmigo en que decidir sobre la forma de Estado es una decisión política de especial trascendencia y que sería mucho más democrático consultar al pueblo español sobre este punto que no hacerlo. Eso, ni más ni menos, es lo que estamos pidiendo: que se convoque un referéndum para que la sociedad española se pronuncie y que nuestro país, independientemente del resultado, suba un peldaño más en la escala democrática.

Si tan seguros están de lo que piensan los ciudadanos, ¡déjenles expresar su opinión en un referéndum! De lo contrario, lo único que seguirán demostrando ustedes es que tienen una visión paternalista de la democracia, una indolencia y un desprecio absoluto por el pueblo español. Si deciden, como es previsible, continuar dando soporte a una institución anacrónica y radicalmente injusta, allá ustedes, pero mucha gente, cada vez más, seguirá defendiendo que no somos súbditos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera; que somos ciudadanos y ciudadanas libres también para elegir directamente al jefe del Estado, al jefe de nuestro Estado.

Estén seguros de que el pueblo español les hará pagar en el futuro esa decisión que hoy van a tomar. No falta mucho para que las urnas vuelvan a hablar. Entonces ni ustedes ni nadie podrán amparar los deseos y las ganas de la sociedad española de decir alto y claro qué es lo que quieren para este país. Las elecciones volverán a ser un plebiscito en el que este sistema será puesto a prueba.

Concluyo, señor presidente. Señorías, empecemos a regenerar la democracia con la elección por el pueblo de la más alta institución del Estado, porque el pueblo es el único soberano. No cierren una herida que está infectada. Esta democracia tiene demasiados males, no le sumen más. Recuerden que, como decía un determinado político estadounidense, ‘todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia’. Nuestro voto va a ser ‘NO’ porque exigimos más democracia”.

“Reservado el derecho de admisión”, proyecto para que la ciudadanía conozca la reforma electoral

Junto a las Cortes Regionales y con llamativos carteles, Daniel Martínez, coordinador regional de la iniciativa política, comunicó el inicio de la campaña “Reservado el derecho de admisión”, que se constituye como una plataforma informativa que pretende llevar a los ciudadanos castellanomanchegos las intenciones detrás de la reforma electoral del Partido Popular, que pretende reducir los diputados de las Cortes regionales en 16 escaños. Izquierda Unida ha llamado la atención ante la rapidez con la que el PP quiere llevar a cabo la reforma, ya que soslayan cualquier tipo de debate parlamentario u opiniones de terceros.

La importancia de esta campaña ha sido destacada también ya que da oportunidad a los castellanomanchegos a expresar si quieren realmente más o menos representantes. Izquierda Unida ha afirmado que están seguros que el verdadero deseo de la ciudadanía es tener menos representantes corruptos. Además, la iniciativa ha hecho un llamado a otras fuerzas políticas para presentar un recurso al Tribunal Constitucional, mientras se plantean llevar la medida ante el Defensor del Pueblo y ante las instituciones europeas.

Martínez ha hecho hincapié en la falta de consenso que ha caracterizado la llamada reforma de Cospedal, ya que la “hace sin contar con nadie”, que supone además un límite para las voces de los ciudadanos que no conseguirán tener una voz en las cortes autonómicas, una vez se apruebe la reforma. Además, el coordinador regional ha puesto en duda que esta medida se haya impulsado por las medidas de ahorro, además de señalar que justificar así la reforma es implicar que “la democracia sale cara” y que para Cospedal es mejor reducir las instituciones encargadas de representar la soberanía popular, tildando la argumentación de “con carácter casi totalitario”.

Para ayudar al Gobierno regional a ahorrar, Martínez ha señalado por ejemplo que se puede buscar en los políticos “asesores” o “elegidos a dedos”, cuyo gasto ha sido tasado en alrededor de 60 millones de euros, mientras que la reducción de diputados en las costes sólo significaría ocho millones menos de euros. “Ya no nos sorprende ninguna acción del gobierno del Partido Popular, porque tenemos claro cuál es el objetivo final: reducir la democracia en Castilla-La Mancha”, asegura Martínez.

Fuente:   www.eldiario.es

El "pucherazo de Cospedal": 33 diputados con la nocturnidad del debate de la Abdicación Real

Por fín se ha decidido Cospedal a poner número a su pucherazo electoral. El Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado la Proposición de Ley para modificar la Ley Electoral de la región, que plantea que las Cortes de Castilla-La Mancha estén formadas por 33 diputados, 16 menos que los que componen la Cámara regional en la actualidad. Para esta modificación ha sido necesaria una Reforma del Estatuto de Autonomía que, por primera vez en España, se ha llevado a cabo sin acuerdo, con los únicos votos de un partido, el PP.

Aparece este miércoles, con todos los visos de querer pasar desapercibida, la iniciativa parlamentaria que fue presentada por el PP ayer martes en el Registro de las Cortes. La propuesta se calificará este jueves, día 12, en una Mesa convocada tras el pleno del Parlamento autonómico. La previsión, han señalado las mismas fuentes, es que la reforma quede aprobada en una sesión plenaria que se celebrará la última semana del mes de julio, posiblemente los días 30 o 31.

Para acometer esta reducción, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo, con los únicos votos del PP, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, auspiciada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y que establece una reducción del número de diputados de las Cortes autonómicas hasta un intervalo de entre 25 y 35, frente a la horquilla anterior de entre 47 y 59 parlamentarios.

UNA REFORMA PREVIA
No obstante, el Grupo Popular ya propuso otra reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha en el año 2012, aprobada por el pleno de las Cortes el 17 de mayo de ese mismo año con los únicos votos de los 'populares', que elevaba de 49 a 53 los diputados de la región.

Sin embargo, este primer cambio de la norma nunca se llegará a materializar puesto que, cuatro meses después, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, durante el Debate sobre el Estado de la Región, propuso reducir a la mitad los diputados del Parlamento regional, lo que trajo como consecuencia esta última reforma del Estatuto y, a la postre, la nueva Ley Electoral, que se aplicaría en las elecciones del próximo año.

Fuente:   www.dclm.es