Junto a las Cortes Regionales y con llamativos carteles,
Daniel Martínez, coordinador regional de la iniciativa política,
comunicó el inicio de la campaña “Reservado el derecho de admisión”, que
se constituye como una plataforma informativa que pretende llevar a los
ciudadanos castellanomanchegos las intenciones detrás de la reforma
electoral del Partido Popular, que pretende reducir los diputados de las
Cortes regionales en 16 escaños. Izquierda Unida ha llamado la atención
ante la rapidez con la que el PP quiere llevar a cabo la reforma, ya
que soslayan cualquier tipo de debate parlamentario u opiniones de
terceros.
La importancia de esta campaña ha sido
destacada también ya que da oportunidad a los castellanomanchegos a
expresar si quieren realmente más o menos representantes. Izquierda
Unida ha afirmado que están seguros que el verdadero deseo de la
ciudadanía es tener menos representantes corruptos. Además, la
iniciativa ha hecho un llamado a otras fuerzas políticas para presentar
un recurso al Tribunal Constitucional, mientras se plantean llevar la
medida ante el Defensor del Pueblo y ante las instituciones europeas.
Martínez ha hecho hincapié en la falta de consenso que ha caracterizado
la llamada reforma de Cospedal, ya que la “hace sin contar con nadie”,
que supone además un límite para las voces de los ciudadanos que no
conseguirán tener una voz en las cortes autonómicas, una vez se apruebe
la reforma. Además, el coordinador regional ha puesto en duda que esta
medida se haya impulsado por las medidas de ahorro, además de señalar
que justificar así la reforma es implicar que “la democracia sale cara” y
que para Cospedal es mejor reducir las instituciones encargadas de
representar la soberanía popular, tildando la argumentación de “con
carácter casi totalitario”.
Para ayudar al Gobierno
regional a ahorrar, Martínez ha señalado por ejemplo que se puede buscar
en los políticos “asesores” o “elegidos a dedos”, cuyo gasto ha sido
tasado en alrededor de 60 millones de euros, mientras que la reducción
de diputados en las costes sólo significaría ocho millones menos de
euros. “Ya no nos sorprende ninguna acción del gobierno del Partido
Popular, porque tenemos claro cuál es el objetivo final: reducir la
democracia en Castilla-La Mancha”, asegura Martínez.
Fuente: www.eldiario.es
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