Ecologistas en Acción ha elaborado un informe bajo el título “Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha” que pone de relieve con datos como el desproporcionado crecimiento urbanístico y de grandes infraestructuras está depredando el territorio de Castilla-La Mancha, destruyendo el medio ambiente e hipotecando las posibilidades de poner en práctica un modelo de desarrollo sostenible. El informe denuncia la trama que enlaza los potentes intereses económicos que mueve el urbanismo con las debilidades del control político, judicial y de los procedimientos administrativos que afectan a la gestión del suelo y termina realizando una serie de propuestas a las Administraciones y a los agentes sociales y económicos implicados.
Según los datos del informe y que publica la propia Consejería de Vivienda y Urbanismo, en Castilla-La Mancha desde el año 2000 se reclasifican como promedio 3.500 hectáreas/año, o lo que es lo mismo, 35 millones de m2 / año o el equivalente a la superficie que ocupan 3.500 campos de fútbol.
No obstante, estos promedios se han incrementado significativamente en el periodo 2004-2005 ya que según la misma Consejería se han reclasificado 60 millones de m2, 35 de ellos para las 45.000 viviendas anuales que se han construido.
A la vista de los ingentes planes y proyectos de urbanización en marcha en toda Castilla-La Mancha este último parece ser el ritmo de crecimiento a mantener. Así, de la recopilación de datos realizada se deduce que en la actualidad hay una previsión mínima para dar lugar a la construcción de 700.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Considerando las dificultades de acceso a información urbanística actualizada y el ritmo de aparición de nuevos proyectos no resulta descabellado decir que en Castilla-La Mancha se están generando proyectos urbanísticos que podrían suponer que en 20-30 años el parque de vivienda se duplique sobre el actual, esto es, que alcance la cifra de 2.000.000 de viviendas.
El análisis de la situación urbanística en Castilla-La Mancha pone de manifiesto también el cambio de modelo urbanístico, ya que prolifera la vivienda unifamiliar y los desarrollos ligados a campos de golf.
Ecologistas en Acción calcula que puede haber en proyecto en Castilla-La Mancha del orden de 50 nuevos campos de golf. Considerando que estas instalaciones ocupan entre 50 y 150 hectáreas de superficie y vienen a consumir una cantidad de agua al año entre 600.000 y 1.000.000 m3, equivalente a lo que gasta una localidad de entre 9.000 y 12.000 habitantes, cabe inferir el impacto que suponen.
A la vista de los datos, el modelo urbanístico por el que actualmente apuesta Castilla-La Mancha, liderada por la Consejería de Vivienda y Urbanismo, no se diferencia gran cosa del de otras Comunidades Autónomas. En primer lugar tiene como objetivo transformar una buena parte del territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha en una serie de grandes áreas urbanas continuas, extendidas en horizontal. Las más de 300.000 nuevas viviendas que se proyectan en La Sagra o en el Corredor del Henares son del estilo de las grandes áreas metropolitanas, como Los Ángeles de California o de la más cerca área metropolitana de Madrid. De otra parte, en las zonas rurales de Castilla-La Mancha se favorecen actuaciones singulares y macrourbanizaciones desconectadas de los cascos urbanos y, las más de las veces, acompañadas de campos de golf.
Por otra parte, asociadas al desarrollo urbanístico, existen un buen número de proyectos de infraestructuras que se están realizando o se pretenden realizar en Castilla-La Mancha, fundamentalmente de comunicación y de abastecimiento de agua y de energía. Es el caso, por ejemplo, de las numerosas autovías y autopistas, como las de la Sagra y la de la Alcarria, de trasvases como el Tajo-La Mancha y de abastecimientos de agua como Picadas a Toledo y desde el Alto Tajo a la Alcarria y a la Sagra. Todas ellas dan lugar al beneficio de los especuladores inmobiliarios.
Se prevé que en el año 2.020 Castilla-La Mancha cuente con 2.790 kilómetros de carreteras de alta capacidad y 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, de los cuales en la actualidad están en servicio respectivamente 1.000 y 300 kilómetros. Además, está en construcción afectando severamente a un área protegida el primer gran aeropuerto de iniciativa privada en España, el de Ciudad Real.
Los enormes efectos territoriales y medioambientales de esta vorágine desarrollista se ponen de manifiesto igualmente en el informe ay que la actividad urbanística implica la completa destrucción del ecosistema en el espacio directamente ocupado por la misma. En Castilla-La Mancha, a razón de 3.500 hectáreas/año, se prevé que en los próximos 20 años esto ocurra en las 70.000 hectáreas se prevén recalificar como superficie destinada a viviendas.
Además, se generan otra serie de impactos indirectos que ha de soportar el entorno circundante, así, de las áreas urbanizadas parten conducciones de aguas residuales que van a contaminar los cursos de agua, incluso aunque haya depuración, y de éstas áreas también surgen nuevos focos de contaminación atmosférica ligados al tráfico. Por último, con la aprobación de los nuevos desarrollos urbanísticos ha crecido notablemente la preocupación por los negativos impactos que éstos puedan tener en el rico patrimonio cultural castellano-manchego y, en particular, en las dos localidades declaradas Patrimonio de la Humanidad, esto es, Toledo y Cuenca.
En cuanto al efecto sobre las demandas de agua, Castilla-La Mancha consume actualmente entre 175 y 200 hm3 al año en abastecimientos urbanos y 60-70 hm3 al año en industrias. Con las previsiones de desarrollo urbanístico actuales la demanda de agua para uso urbano podría llegar a triplicarse.
En definitiva, el gran crecimiento urbanístico que se está produciendo supone la ocupación de grandes superficies, la destrucción de una parte de las áreas naturales existentes y compromete la calidad de vida a medio-largo plazo, pero a la vez puede llegar a producir en Castilla-La Mancha una auténtica crisis medioambiental que pone en riesgo la propia viabilidad del modelo de desarrollo social.
Uno de los indicadores más significativos del impacto del desarrollo urbanístico lo encontramos en las afecciones a los espacios de la Red Natura 2000 europea en Castilla-La Mancha, a este respecto se ha comprobado que más del 50% de los Lugares de Interés Comunitario y el 75% de las Zonas de Especial Protección para Aves están afectadas de una u otra manera por planes urbanísticos.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción considera necesario afrontar este problema a partir de una toma de conciencia profunda sobre las causas y los efectos de lo que está pasando y de una voluntad real para tomar medidas que den lugar a una modificación sustancial de las normas legales, de los procedimientos administrativos y de los mecanismos económicos que operan en el mercado inmobiliario. Desenredando a su vez la trama que enlaza los potentes intereses económicos que mueve el urbanismo con las debilidades del control político, judicial y de los procedimientos administrativos que afectan a la gestión del suelo.
Para el caso de Castilla-La Mancha, donde llama la atención la escasa reacción de los Gobiernos Autonómico y Locales ante el fenómeno urbanístico, Ecologistas en Acción ha elaborado una serie de propuestas para hacer frente al problema, de todas ellas las más importantes son:
Fijar límites absolutos y por ley al crecimiento urbanístico.
Aumentar el control sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas en materia urbanística.
Incrementar las investigaciones y las actuaciones judiciales.
Facilitar la transparencia y la participación pública en las Comisiones de Urbanismo
Aumentar la protección medio ambiental del suelo rústico y las competencias de medio ambiente para paralizar planes urbanísticos.
Frenar la especulación mediante la asignación de las plusvalías de la recalificación del suelo a fondos públicos.
Eliminar las figuras del convenio urbanístico y del agente urbanizador.
Racionalizar mediante planes de ordenación territorial rigurosos el crecimiento a escala regional.
Hacer responsables económicos directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario