11 de agosto de 2009

IU C-LM pide a la Fiscalía Anticorrupción "celeridad y diligencia" en la investigación del ex alcalde del PSOE


El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, aseguró que pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que actúe "con celeridad y diligencia" en la investigación de responsabilidades penales contra el ex alcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, después de leer los nuevos datos publicados por el diario El Mundo.

En rueda de prensa, Martínez señaló que IU exigirá que el caso se ponga en manos de la Fiscalía Anticorrupción, y que ésta actúe "con celeridad y diligencia" y compruebe si Martín recibió 700.000 euros por parte de dos empresas controladas por el presunto miembro de la mafia calabresa, Gianni Montaldo, amigo del principal responsable del Caso Malaya, Juan Antonio Roca, al adjudicar al constructor Francisco Hernando 'El Pocero' una urbanización de 13.000 viviendas.

En este sentido, Daniel Martínez insistió en que es necesaria la celeridad en la actuación de la Fiscalía, puesto que "han pasado muchos años desde que estos hechos ocurrieron y, hasta el momento, ha actuado con demasiada lentitud".

Asimismo, el coordinador regional de IU pidió al Gobierno regional que "no abandone a su suerte, como ha hecho El Pocero, a las 2.000 familias que viven en la urbanización 'El Quiñón' de Seseña", en las que recordó se presentan "importantes deficiencias en servicios de abastecimiento, saneamiento y electricidad".

También pidió al Ejecutivo autonómico que "tampoco abandone al Ayuntamiento y a los vecinos de Seseña", ya que, recordó, fue el Gobierno de Castilla-La Mancha quien "dio el visto bueno" al Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) de 'El Quiñón' de Seseña, y quien, en 2004, "hizo un traje a medida con la Ley de Ordenación del Territorio para que El Pocero pudiera aterrizar en Seseña, eliminando la obligatoriedad de construir Viviendas de Protección Oficial en localidades de menos de 10.000 habitantes".

Por último, Martínez aseguró que este caso, y la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actuación Urbanizadora, "nos hace dudar sobre los intereses que defiende el Gobierno castellano-manchego cuando se pone a trabajar en la ordenación del territorio y cuando hablamos de urbanismo y vivienda", concluyó.

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