Rebelión.org - La ministra de Administraciones Públicas remite a los partidos políticos y grupos parlamentarios esta iniciativa que Izquierda Unida convertirá en una proposición no de ley para su inclusión en la futura Ley de Gobierno Local La propuesta elaborada por Izquierda Unida para alcanzar un acuerdo entre todas las formaciones políticas, de conformidad con los criterios que marque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que se establezca unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales cuenta a partir de ahora con el apoyo del Gobierno.
Después de que la responsable de Política Municipal y Autonómica de IU, Montserrat Muñoz, expusiera esta propuesta en la reunión de ayer del Pacto Antitransfuguismo celebrada en el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), su titular, Elena Salgado, ha manifestado “el apoyo del MAP a esta iniciativa” y, por indicaciones suyas, ha sido remitida a través del secretario de la Comisión de Seguimiento del Pacto a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios que forman parte de él.
Muñoz se ha felicitado “por la buena acogida y el interés que todas las formaciones políticas han mostrado hacia esta importante iniciativa de Izquierda Unida. Se ha demostrado que estamos a tiempo para atajar y cortar de raíz el aprovechamiento que algunos cargos electos han hecho para beneficiarse mediante sus sueldos de la ausencia de una regulación legal y de un marco global”.
La dirigente y diputada nacional de IU anuncia que “para tramitar nuestra iniciativa, además de propiciar un futuro debate en el seno de la FEMP, la transformaremos en una proposición no de ley para su tramitación en el Congreso y buscaremos su inclusión en la futura Ley de Gobierno Local”.
La dirigente federal de IU detalla las tres medidas más significativas a tomar en un primer momento:
Establecer una horquilla para las retribuciones de alcaldes y concejales de acuerdo con los criterios de la FEMP que permita que cada ayuntamiento en ejercicio de su autonomía local pueda fijar sus retribuciones, atendiendo siempre a unos criterios objetivos que no se podrán sobrepasar.
Que a estos efectos los criterios objetivos a establecer tengan en cuenta, entre otros, la población del municipio, su presupuesto anual y la situación financiera del ayuntamiento.
Favorecer un gran acuerdo entre los partidos respecto a los criterios y cuantías para su posterior incorporación a la legislación básica local.
Montserrat Muñoz recuerda que “hasta ahora, la regulación legal otorga al Pleno de la Corporación la facultad de fijar el salario de sus alcaldes y concejales.
Habitualmente se fijan en el primer Pleno después de la constitución de los ayuntamientos y se aprueban en el marco del acuerdo global del Pleno de Organización. En éste, además, se discuten el número de liberados con dedicación exclusiva del gobierno local y de la oposición, las dietas y el personal de confianza política a designar”.
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