Organizaciones ecologistas piden que la disminución de los regadíos en La Mancha sea paralela a la aplicación del PEAG

EUROPA PRESS

Las organizaciones ecologistas demandaron hoy que paralela a la aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), que hoy aprobará el Consejo de Ministros, tiene que ejecutarse una disminución de los cultivos de regadío, porque el documento surge con dinero suficiente como para iniciar una nueva empresa económica en esta zona.

Los ecologistas afirmaron estar preocupados por la oposición que el Gobierno regional pueda mostrar al modelo agrario que ellos defienden para la zona, pues mantienen una exigencia de niveles de consumo de recursos hídricos muy altos, "y si realmente queremos cumplir al normativa marco ha de disminuirse", afirmaron.

En declaraciones a los medios, antes de la reunión del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, el representante de WWF/Adena, Alberto Fernández, acompañado del de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández, aseguró que hoy "es un día especial porque después de muchos años e intentos se aprobará el plan más ambicioso para la conservación, preservación y mejora de los acuíferos de La Mancha".

Según Fernández, el PEAG nace con una inversión "fuerte" de 3.000 millones euros, destinada en su mayoría a comprar los derechos de agua de los regantes que están usando agua para sus cultivos, con la que se solventará la sobreexplotación que desde hace años sufren estos acuíferos, y que han producido un problema ambiental de escala mundial.

No obstante el representante de WWF/Adena señaló que las organizaciones ecologistas desconocen el texto final que se va a aprobar, y "por eso estamos preocupados por lo que pueda ocurrir al final, ya que aspectos fundamentales como una estrategia clara de cambio estructural que afecte a la política, a la sociología, y que combata las extracciones ilegales de agua no aparece como acción fundamental".

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA.

Alberto Fernández, que alertó de que todo eso dinero sólo solucionará la mitad del problema de las sobreexplotaciones de los acuíferos, aseveró también que estas acciones del Gobierno "no son gratuitas", sino que se deben a la exigencia de la Directiva Europea Marco de Agua, que establece que todas las masas hídricas de agua deben estar en buen estado antes de 2015.

"En el caso del Acuífero de la Mancha --añadió-- tendremos que pedir prórrogas contempladas en la legislación. Pero en el caso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel el plazo es 2015, y el PEAG no contempla de qué forma se va a justificar ante la Comisión Europea este incumplimiento del plazo", algo que en su opinión pondría en peligro la financiación del plan.

Otro de los asuntos que preocupa a los ecologistas es la figura del Consorcio en el que están representados Ministerio y Junta, y que desde su punto de vista puede interferir en la marcha del régimen anual de extracciones que se ha de hacer para limitar el consumo de agua para recuperar el acuífero.

"Este consorcio tiene talante político", condenó el representante de WWF/Adena, quien demandó la rebaja de las extracciones y alertó de que la presión de los sectores que hasta ahora han estado usando el agua puede influir en que la reducción de extracciones no sea exitosa.

En último lugar advirtió de que la partida económica contemplada para los desarrollos alternativos que financia la Junta es "escasa, y vemos que es mucho menor que el agrario y no ayuda a la transformación que requiere la zona".

CIERRE DE POZOS ILEGALES.

Por su parte, el representante de Ecologistas en Acción se mostró "razonablemente optimista" por el contenido que pueda tener el PEAG, que recoge aspectos importantes como una mayor exigencia en el cumplimiento de los objetivos medioambientales, un calendario de plazo de la Directiva Marco de Agua, y unos órganos de control que permita la participación de organizaciones ecologistas.

"No obstante sabemos que el texto que se apruebe tiene grandes incertidumbres y en ese sentido los ecologistas mantendremos siempre una oposición de alerta constante, y de crítica, para que no se desvíen las acciones del objetivo que se pretende cumplir, y de las exigencias del cierre de pozos ilegales", aseveró Hernández.

Sobre este asunto defendió que este plan no tiene ninguna posibilidad de salir adelante si no se cierran los pozos ilegales de la zona, y en este sentido mostró su preocupación por las reacciones de determinados grupos, "que se manifiestan en el Palacio de la Moncloa con intereses que se nos escapan, porque no sabemos si defienden la agricultura, los pozos ilegales o intenciones electorales".

En opinión del representante de Ecologistas en Acción, en el Consejo Regional del Agua "es preocupante" que todavía haya sectores reaccionarios que no quieren que se recuperen los acuíferos de La Mancha, y "por ello exigiremos a la Administración el cumplimiento de la ley para que desde el PEAG o los instrumentos sancionadores se les aplique con todo el rigor, y sobre todo que no reciban ayudas".

Miguel Ángel Hernández concluyó anunciando que en cuanto el PEAG sea publicado en el Boletín Oficial del Estado pedirán la convocatoria del Observatorio de la Sostenibilidad, "que tiene que seguir su cumplimiento y ha de ser el garante y vigilante de que las actitudes políticas van encaminadas a cuestiones medioambientales y no políticas".