9 de julio de 2013

La ONCE da la espalda a sus alumnos ciegos con más dificultades

Comunicado conjunto de las áreas federales de educación y bienestar social de IU

A través de la representación sindical correspondiente, acabamos de conocer el cierre del centro escolar especializado de la ONCE en Sevilla, que cubre como zona de influencia las comunidades de Andalucía y Extremadura.

No se trata del cese de la acción educativa de la ONCE  en su totalidad en esas demarcaciones, sino la desaparición del centro específico que acogía en régimen de estancia completa o transitoria a alumnos internos o no residentes que, por razones de índole académica o sociofamiliar, no podían realizar con garantías su escolarización en régimen integrado, que es hoy el habitual para alumnos con ceguera o deficiencia visual grave.

Por tanto, nuestra preocupación y sorpresa ante la medida no viene dada por no ser partidarios de la inclusión educativa como línea de general aplicación a estos alumnos, sino por la forma precipitada y falta de toda previsión con que se ha adoptado.

Entendemos que la planificación educativa ha de obedecer a razones pedagógicas y sociales que faciliten la adecuada escolarización del alumno en condiciones objetivas para cumplir el curriculum educativo correspondiente.

En el proceso de inclusión educativa de las personas ciegas, existe una variedad de casos bastante como para que hayan debido convivir durante 30 años las dos modalidades básicas de escolarización: la integrada y la específica.

Por más que se haya intentado avanzar hacia la plena inclusión, todavía queda un alumnado necesitado de una cobertura especial para poder lograr los mismos objetivos pedagógicos.

Lo cierto es que la ONCE ha sido muy poco escrupulosa en los últimos años con esa diferencia de ritmo de parte del alumnado y ha optado por ir cerrando centros más al ritmo de las preferencias o conveniencias presupuestarias y de plantilla que de una planificación educativa coherente.

Ahora le ha tocado al centro específico de Sevilla pasar por ese rodillo impropio.
Lo que ocurre es que este colegio atendía tales necesidades educativas especiales para al menos un tercio de la población española en esas circunstancias. Por lo que la decisión es profundamente antisocial y antipedagógica.

Reiteramos el carácter preferente de la inclusión educativa, pero tan aberrante sería negar esta premisa, como no aceptar que en determinadas condiciones debe mantenerse un programa específico. Si el apoyo no puede cubrir con suficiencia las necesidades educativas especiales del alumno ciego, es un error imponerlo como axioma.

Denunciamos aquí la falta de sensibilidad social de la Dirección de la ONCE y le exigimos cumpla con sus fines institucionales, para los que cuenta con los recursos que le otorga el Estado mediante la concesión de sus modalidades de juego y demás beneficios económicos.

Reclamamos de las autoridades educativas de Andalucía y Extremadura una toma de conciencia clara del problema y una actuación consecuente frente a los responsables de la ONCE para lograr una rectificación de la medida.

Igualmente, requerimos al Gobierno de España, a que ejerza su facultad de tutela sobre la ONCE para establecer los criterios objetivos apropiados para resolver este despropósito. En ese aspecto, Tanto la ministra Mato, como Presidenta del Protectorado de la ONCE, como el Ministro Wert por la materia de que se trata, están llamados a intervenir en el asunto con celeridad y eficacia.

Finalmente, tanto los Parlamentos Andaluz y Extremeño, como las Cortes Generales, en el primer caso por mor de las competencias educativas, y en el segundo, debido al carácter estatal de la ONCE, deben actuar como control de sus ejecutivos respectivos y adoptar iniciativas conducentes a solventar este conflicto.

Sin olvidar que además de la problemática educativa, se suscita también  una serie de despidos laborales y de traslados forzosos al personal del centro, que implican un trauma social importante.

Por nuestra parte, hacemos una especial indicación a nuestros parlamentarios estatales y autonómicos y a nuestros miembros del Gobierno Andaluz a que se movilicen en defensa de los niños y niñas con discapacidad visual y presionen por todos los medios a su alcance para la solución adecuada del problema, consiguiendo que se mantenga abierto el Centro específico de la ONCE en Sevilla y se arbitren las fórmulas que faciliten su continuidad con la corresponsabilidad de la ONCE y las administraciones educativas competentes.

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