La Conferencia Episcopal ha distribuido
recientemente, con la prensa diaria, un folleto donde afirma que sus 2.458
centros privados-concertados suponen un ahorro para el erario público de 3.601
millones de euros. Aseguran también que atienden a un total de 1.434.524
estudiantes (casi todos en centros concertados), por lo que vienen a decir que
nos ahorran al menos 2.510 euros por alumno y curso. Esta afirmación no parece
basarse en ningún estudio científico, sino en su profunda fe en que lo privado
es más rentable que lo público.
Sin embargo, la investigación realizada por
el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, titulada El coste de la plaza
escolar en la pública y en la concertada, desmiente rotundamente ese mito interesado acerca de que la educación
privada-concertada sea más barata que la pública, demostrando, en dicho estudio,
que este tipo de informaciones y titulares sobre el pretendido "ahorro público” que supone la enseñanza
privada-concertada no son más que una burda manipulación.
Exclusivamente desde el punto de vista
económico, a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo (4.185
euros por alumno en la pública, frente a 4.184 en la privada-concertada). Pero,
además, si a esto añadimos lo que supone el gasto de las familias, el coste anual por estudiante en la enseñanza
privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación
pública sería de 5.007 euros. El INE constata en
efecto que las familias de la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros
por alumno/a, mientras que para quienes acudieron a un centro privado
concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar.
Cuando el diario La Razón en 2011
afirmaba “estudiar en la pública cuesta el doble que en la concertada”, daba
datos trucados, imputando a la enseñanza concertada exclusivamente lo que
efectivamente le concierne (gastos de personal y de funcionamiento), mientras
que en la educación pública incluyen todo tipo de gastos, aunque no tengan
correlato alguno en la enseñanza
concertada, además
de ocultar el coste añadido para las familias que supone la enseñanza privada-concertada.
No se pueden hacer afirmaciones de este tipo
si no se hace un estudio comparado de los distintos capítulos presupuestarios
que afectan tanto a la enseñanza
pública como a la
privada concertada, que serían los gastos de personal y de bienes corrientes y
servicios. Hasta el capítulo de “Transferencias corrientes” se suele añadir a
los gastos de la pública, a pesar de que corresponde precisamente
a la financiación de los conciertos educativos.
Hay, en efecto, toda una serie de ámbitos
educativos que la enseñanza privada-concertada no atiende y que los
presupuestos de la educación pública tiene que asumir: Educación a distancia,
Educación en el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se pueden imputar sólo a la
educación pública las partidas que atienden indistintamente a ambas redes de
centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o Investigación
educativa, entre otras, como se hace sistemáticamente en los artículos
divulgados al respecto.
El estudio realizado utiliza datos del MECD,
el INE y el Consejo Escolar del Estado para calcular la inversión en aquellos
capítulos y partidas que tienen su correlato en la privada-concertada; e
introduce otros factores de corrección, dadas las diferencias entre ambas redes
educativas en condiciones que resultan decisivas para comparar el coste por
alumno, como son la ratio profesorado/grupo, la ratio alumnado/grupo y el
salario del profesorado.
Lo que se ha constatado en esta investigación
es que si la privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece peores
servicios (desatiende las zonas rurales y selecciona a su alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de minorías está
escolarizado en centros públicos-) e inferiores condiciones laborales a sus
profesionales, que tienen mayor número de escolares a su cargo e inferiores
sueldos.
Intentaremos mostras por qué.
Las diferentes ratios de alumnos/as por aula
y de docentes por grupo que hay en ambas redes influyen poderosamente en el
coste medio por plaza escolar. Estas diferencias obedecen a que la educación
pública tiene que asegurar el derecho universal a la educación en condiciones
de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger
a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de la enseñanza privada
concertada que muestra un total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables
como, por ejemplo, las más habituales en nuestra región: las zonas rurales o
los municipios de menor población (hasta 10.000 habitantes, el 90% de los
centros son públicos), donde el coste medio por
alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado
en sus informes anuales. Las estadísticas oficiales demuestran que la ratio de
alumnado por grupo se reduce a medida que baja el tamaño de los municipios y la
ratio de profesorado por grupo es superior a la media. Ambas circunstancias encarecen
el servicio, pero su rentabilidad social es enorme e irrenunciable: permite
ejercer su derecho a la educación a más de un millón de escolares en
condiciones de igualdad.
Respecto al alumnado que la privada
concertada (des)atiende hay que señalar, por ejemplo, que son más del doble el número
de programas de diversificación curricular en la educación pública con un
reducido número de escolares por grupo (máximo 15). Igualmente hay que
considerar que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas
específicas está en centros públicos. La escolarización de este alumnado no
sólo implica una reducción de la ratio escolar en los grupos correspondientes,
sino que además requiere añadir profesionales especialistas. Lo cual también es
aplicable, en cierta medida, al porcentaje de alumnado inmigrante que requiere
recursos y apoyos complementarios para el éxito de su escolarización.
Vale la pena destacar que los dos factores
clave que contribuyen al coste de una plaza (número de docentes por grupo y de
alumnos/as en cada aula) afectan directamente a la calidad educativa. En
este sentido las diferencias son palpables, ya que en 2011 los centros públicos
tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada clase, mientras
que en los concertados los grupos tuvieron una media de 23 estudiantes y fueron
atendidos por 1,68 profesores. En efecto, si se eleva el número de escolares
a cargo de cada docente, se reduce el tiempo y la atención que puede dedicar a
cada alumno/a, lo que redunda en una respuesta educativa menos
personalizada.
Por último, las condiciones salariales del
profesorado –que suponen más del 60% del gasto educativo–, también
repercuten significativamente en el coste de la plaza escolar, ya que mientras
los docentes de la pública cobran un salario medio de 36.784 euros, los de la
privada-concertada tuvieron un sueldo de 30.976 euros.
Por lo tanto, a partir de datos oficiales y
no de creencias, con una metodología acorde con la que se utiliza en los
estudios comparativos internacionales, el supuesto “ahorro” por plaza
escolar de la enseñanza concertada está relacionado con un mayor número de
escolares por aula y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su
escasa implicación a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención
educativa y de su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables,
como son las zonas rurales o los municipios de menor población. No duden que,
en Castilla-La Mancha, si encontramos nuevos centros concertados será donde
exista negocio y no habrá ninguna otra motivación.
No es de extrañar, por tanto, que los
recortes educativos de los últimos cursos se hayan dirigido a alterar ambas
ratios, rebajando así la calidad y equidad de la educación pública: el
recorte de docentes en los dos últimos años ha sido de 60.000 profesores
(Cospedal ha eliminado cerca de 7000 puestos de trabajo en este sector en
apenas dos años), además de congelar o reducir sus salarios. Estudios recientes
revelan al respecto que en los últimos años (2007-2012) el gasto medio por
estudiante en la enseñanza
pública se ha reducido en 648€, mientras que el de la privada concertada ha
aumentado 105€. Y la situación, alerta el estudio, no tiene visos de igualarse
por arriba, sino por abajo.
Si esta investigación hubiese podido utilizar los datos oficiales del año
2012 o 2013, todavía no disponibles, muy probablemente la diferencia entre el
coste por alumno/a en la educación pública y en la concertada habría sido mucho
menor, puesto que en los últimos años se están acomodando los estándares de la
enseñanza pública a los de la privada concertada, a pesar de que ello conlleve
una merma en la calidad y equidad de la educación.
Además, no podemos obviar que si a esto le
añadimos el desembolso económico que tienen que hacer las familias en la
pública y en la privada-concertada, anteriormente comentado, la plaza
escolar de la privada concertada es mucho más cara que la pública.
Por tanto, la educación pública no sólo es
más rentable, sino que llega a todos los lugares y atiende a todo tipo de
alumnado; además de ofrecer todas las modalidades educativas y mejores
condiciones laborales a sus profesionales, lo cual redunda en mejor calidad y
equidad. En definitiva, la escuela pública no sólo es la que puede compensar
las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple
ese irreemplazable papel sin que ello suponga mayor coste real para el erario
público o para las familias.
JACOBO MEDIANERO
MILLÁN
RESPONSABLE
EDUCACIÓN IU-CLM
No hay comentarios:
Publicar un comentario