Galo Sánchez-Bermejo y Julián Rodríguez de la Rubia, concejales de IU en Daimiel, han acudido a estas jornadas donde se abordaron temas como el futuro de los ayuntamientos.
Izquierda Unida de Daimiel participó el sábado 8 de junio por la mañana en Miguelturra en las jornadas organizadas por el comité provincial de Ciudad Real. Con la presencia de sus dos concejales, Galo Sánchez-Bermejo Rodríguez-Bobada y Juan Julián Rodríguez de la Rubia Jiménez, Izquierda Unida de Daimiel estuvo presente en una charla y debate sobre el futuro de los ayuntamientos a cargo de Manuel Fuentes, ex- alcalde de Seseña conocido por defender la legalidad frente al constructor Paco el Pocero y actual responsable nacional a nivel federal de política municipal.
En una detallada y muy ilustrativa exposición, Manuel explicó en que consiste básicamente el Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (del que ya van 10 borradores) que va a presentar en breves fechas el gobierno del PP al parlamento nacional, y sobre todo que efectos prácticos va a tener en el día a día de la gestión municipal. Miguel Ramírez, coordinador provincial, introdujo al principio los aspectos más fundamentales.
Las consideraciones principales que se pudieron extraer son las recurrentes últimamente en lo que concierne a la política neoliberal que defienden tanto PP como PSOE. Tras la modificación del artículo 135 de la constitución, consensuada por ambos partidos durante el gobierno de Zapatero, y añadiendo la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera, está claro que la economía se antepone a las personas, el cumplimiento del déficit está por delante del bienestar general.
Los recortes no son novedosos y siguiendo los dictados del FMI o la troika europea, en consonancia con lo acontecido e impuesto en Grecia, Portugal o Italia, se nos imponen como país rescatado unos nuevos condicionantes a cumplir, en este caso a nivel local y municipal. En lugar de afrontar los problemas endémicos de los ayuntamientos sobre capacidad y autonomía de recursos propios, que en el global de las administraciones representa un ridículo 13%, y con la "intención" de conseguir "ahorrar" (la deuda de los ayuntamientos españoles representa el 4% de la deuda nacional, y de ese porcentaje más del 40% lo tienen 10 ayuntamientos de más de 500 mil habitantes) y la excusa de evitar duplicidades, se establece una serie de cambios normativos que pueden provocar cerca de 400 mil despidos en la administración local, la eliminación de múltiples competencias a favor de las antidemocráticas diputaciones provinciales, e incluso la desaparición de muchas entidades locales entre muchas otras barbaridades.
La propuesta de Izquierda Unida incide en otorgar legalmente a los ayuntamientos las garantías necesarias de transferencias corrientes de ingresos del resto de administraciones que permitan su suficiencia financiera, y que reflejen su realidad como la administración más cercana a sus ciudadanos. Tal como se plantea la actual reforma, Izquierda Plural se plantea presentar una enmienda a la totalidad, así como elevar un posible recurso de inconstitucionalidad.
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