Al banquillo por aprobar los 13.000 pisos de 'El Pocero'

El alcalde José Luis Martín que aprobó en un erial de Seseña (Toledo) la mayor urbanización de España adjudicada a un solo promotor -13.000 pisos-, se sentará en el banquillo por posible prevaricación y por blanquear presuntamente casi un millón de euros de origen desconocido. La investigación impulsada por Izquierda Unida ha constatado, además, que entre él y sus hijos ingresaron por ventanilla otros 750.000 euros en efectivo entre 2001 y 2005, sin que se haya aclarado tampoco de dónde salió ese dinero.
Sin embargo, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Juzgado han considerado pertinente orientar las pesquisas hacia el gran beneficiario de la operación, el constructor Francisco Hernando -Paco el Pocero-, pese a que incluso en la denuncia que en 2008 presentó el Ministerio Público se advertían ya «vínculos indiciarios» de un cohecho, al coincidir las fechas de esos movimientos en metálico con los principales actos administrativos en favor del empresario.
La juez de Illescas Rocío Gil ha dado por concluida la instrucción y dictado auto de procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- contra el ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín, sus tres hijos y dos de sus socios después de una larguísima investigación que se ha prolongado durante ocho años en los que el país ha mudado de piel. La operación queda como el paradigma del crecimiento sostenido en la especulación inmobiliaria y el derroche del crédito financiero al ladrillo que encubría prácticas de corrupción generalizadas.
El actual coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el regidor que sucedió en Seseña al ahora procesado, Manuel Fuentes, denunciaron la adjudicación en 2006 ante la Fiscalía y la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, llevó el caso al juzgado dos años después. Nunca se ha citado al constructor, ni como imputado ni como testigo, ni se le ha pedido documentación, aunque los denunciantes lo solicitaron varias veces.

Resolución judicial

La resolución judicial constata que «se evidencia» que el ex alcalde José Luis Martín conocía las deficiencias que hacían «inviable» la aprobación de la urbanización y aun así, «a sabiendas», convocó un Pleno extraordinario para el día 8 de mayo de 2003, «el último día posible antes de las elecciones municipales convocadas», que terminó perdiendo en favor de Fuentes.
Por la mañana de ese 8 de mayo, el alcalde se reunió en Toledo con El Pocero, el hijo mayor de éste y el consejero de Urbanismo, Alejandro Gil. Por la tarde, la mayoría socialista reclasificó dos millones de metros cuadrados de suelo rústico -tres cuartas partes propiedad de El Pocero- y le adjudicó los pisos a ese constructor todavía sin dos documentos indispensables: la declaración de impacto ambiental y el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo que debía valorar las necesidades de agua de la nueva ciudad, en la que podían llegar a vivir más de 50.000 personas.
Según la resolución, el ex alcalde y sus tres hijos, en fechas anteriores y posteriores, «dispusieron e ingresaron en efectivo cantidades de origen desconocido, y que no obedecen a rendimientos de trabajo ni de capital, en numerosas cuentas bancarias abiertas en distintas entidades en las que aparecen como titulares, bien conjunta o separadamente, por un total de 751.821 euros, siendo el año 2003 el de mayor importe».

Cantidades 'de origen desconocido'

Algunos de los principales desembolsos coinciden con el desarrollo administrativo de la urbanización. Así, cuando el constructor presentó su PAU, Martín suscribió un fondo de inversión de 158.000 euros. Además, cinco días después de aprobar el PAU, en mayo de 2003, invirtió otros 144.000 euros en sendos fondos de inversión para sus hijos. Pocos días después, realizó otro ingreso en metálico de 77.208 euros y le compró a El Pocero dos chalés por valor de 250.244 euros, a través de un préstamo hipotecario.
La juez relata asimismo una rudimentaria operación de posible blanqueo de capitales en la que el ex alcalde se habría confabulado para lavar un incremento patrimonial total de 961.826,50 euros a través de un sencillo entramado de tres empresas que hicieron inversiones en torno «a dos fincas rústicas que carecían de valor», abonando una sociedad que pertenecía a un tercero «un precio desorbitado por ellas», «empleando argumentos peregrinos en cuanto a que 'se oía que se iban a recalificar' o que 'se proyectaba construir un centro comercial'». De manera aparentemente circunstancial, las dos parcelas acabaron después en manos de El Pocero.
A lo que no se presta atención en el auto es a los 700.000 euros que dos empresas controladas por Gianni Montaldo -vinculado a la mafia de Calabria y al cerebro de la corrupción urbanística de Marbella, Juan Antonio Roca- pagaron al ex alcalde José Luis Martín por una «intermediación inmobiliaria» en Estepona en fechas también coincidentes con los principales hitos del procedimiento de adjudicación de la urbanización.
La juez entiende que no hay pruebas del origen delictivo de esos pagos después de que José Luis Martín -que es taxista de profesión y en su declaración judicial reconoció que tiene «problemas para leer y escribir»- aportase los contratos que sostendrían su participación en una compraventa de terrenos.

Fuente:   www.elmundo.es