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| Las familias de la Corrala Utopía muestran las llaves entregadas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía |
La presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía anunció
ayer que hoy dictaría Decreto retirando a IU la competencia en la adjudicación
de viviendas públicas, a raíz de que por la Consejería de Fomento y Vivienda
decidiera realojar a 16 familias de la Corrala La Utopía, muchas de ellas con
menores, que desde el domingo dormían en la calle al ser desalojadas por la
policía, a pesar de haberse cerrado un acuerdo con IberCaja, propietaria del
inmueble.
El argumento esgrimido por Susana Díaz, y por todo el PSOE,
secundado por casi todos los medios (no sorprende la unanimidad al respecto
desde La Razón o ABC a la SER o El País), es que el realojo por parte de la
Consejería de Vivienda de las 16 familias con menores que dormían en la calle
"es contrario a la legalidad" por "saltarse las listas de espera
del Registro de Demandantes de Vivienda".
Este argumento no puede ser más falso, porque me niego a
creer que una presidenta de la Junta de Andalucía, y sus asesores, desconozcan
la legalidad al respecto. La decisión de la Consejería gobernada por IU no sólo
se apoya en el artículo 47 de la Constitución Española (sistemáticamente incumplido),
o en los convenios internacionales sobre protección de la infancia suscritos
por el reino de España (papel mojado para este y anteriores gobiernos tanto del
PSOE como del PP). La decisión la Consejería de Vivienda gobernada por IU tiene
respaldo en el vigente Reglamento Regulador de los Registros PúblicosMunicipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado mediante Decreto
1/2012, de 10 de enero.
Efectivamente, el artículo 9.1 de dicho Reglamento establece,
como regla general, que “Salvo las excepciones
reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a
través de los Registros Públicos Municipales,…”
Por su parte, el artículo 13.1 b) del mencionado Reglamento
establece, entre las tres excepciones a la anterior regla general, la
siguiente: “La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en
riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los
servicios sociales del ayuntamiento”.
De hecho, en los
Consejos Rectores que cada mes celebra el Instituto Municipal de la Vivienda
de
l Ayuntamiento de Málaga, se adjudican por esta vía excepcional de 10 a 20
viviendas a familias o personas en grave riesgo de exclusión social. Y, por
cierto, a pesar de lo manifestado por la presidenta del PSOE-A, Susana Díaz, o
por la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga,
María Gámez, l@s representantes del PSOE
siempre han votado a favor. Por tanto,
cuando ambas alegan que hay que respetar la legalidad, ¿se trata de desconocimiento
de la misma o simple y llanamente de mentir?
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| Acta del IMV en el que se muestra que el Ayuntamiento de Málaga también adjudica habitualmente viviendas por la vía urgente y excepcional al registro de demandantes en caso de riesgo de exclusión social |
En el caso de las familias desalojadas de la Corrala La
Utopía, se contaban desde hace tiempo con informes de los servicios sociales
municipales acreditativos de la situación de riesgo de exclusión social de estas
familias. Por tanto, la Consejería de
Vivienda gestionada por IU ha actuado en todo momento con escrupuloso respeto a
lo establecido en el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales
de Demandantes de Vivienda Protegida, además de garantizando el derecho a una
vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española, el
artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27.3 de laConvención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 11
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Ley Andaluza de Función Social de la Vivienda.
Pero, no sólo ha existido un escrupuloso respeto a la
legislación vigente, incluidos los Convenios Internacionales suscritos por
España, sino que el realojo de las 16 familias desalojadas de la Corrala La
Utopía, que estaban durmiendo en la calle, se produce en cumplimiento del propio Auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla
que acordaba el desalojo de las familias de la corrala La Utopía y ordenaba la
notificación a las Consejerías de Fomento y Vivienda y la de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía, y a la Delegación de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sevilla, “a fin de que
provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y
otras personas en riesgo de exclusión social”.
La postura del PSOE-A, y de su Presidenta Susana Díaz,
tampoco puede sorprendernos mucho, se trata del mismo partido que hace pocos
años, siendo ministra de vivienda Carme Chacón, aprobó la Ley de “Desahucio exprés” , porque el problema
de la vivienda en España era “que se
tardaba mucho tiempo en tramitar los desahucios”. El mismo partido que aprobó inyecciones
multimillonarias de dinero público a la Banca desahuciadora de personas. El
mismo partido que sigue rindiendo pleitesía a Botín y el resto de la Banca: “quien paga manda”. A
ver cómo explica ahora Susana Díaz a su base electoral que rompe el
acuerdo de gobierno con IZQUIERDA UNIDA por realojar a 16 familias, con
menores, que dormían en la calle.
Eduardo Zorrilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga
Fuente: www.eduardozorrillaiu.blogspot.com.es
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