El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha
publicado la respuesta del Gobierno, a través del secretario de estado
de relaciones con las Cortes, a las preguntas formuladas el pasado mes
de junio de de 2013 por el diputado de Izquierda Unida Cayo Lara sobre
la gestión del político manchego Francisco Gil-Ortega al frente de la
Empresa Nacional de Residuos y del proyecto de almacén temporal
centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de
Cañas (Cuenca).
Lara cuestionaba al Gobierno la
idoneidad de poner al frente de ENRESA a un político, sin perfil técnico
relacionado ni con el sector nuclear ni energético, rompiendo lo que
había sido la norma, y a quien además reprochaba haber roto la
neutralidad de la empresa pública por haber realizado declaraciones
abiertamente pronucleares.
Por otra parte el diputado
de IU planteaba dudas respecto de las fincas adquiridas por Gil-Ortega
para ENRESA y cuestionaba el emplazamiento del ATC por persistir las
dudas en cuanto a su riesgo geomorfológico, puesto que en un documento
técnico de la propia empresa se valora "...la existencia de yesos en
alguno de los emplazamientos propuestos" como "una condición
desfavorable de cierta relevancia, de posibles consecuencias no
despreciables. Los yesos son materiales potencialmente karstificables
por disolución; lo cual a su vez puede generar subsidencias y colapsos,
que evidentemente son un riesgo geotécnico relevante". El propio
Gil-Ortega reconoció implícitamente estos riesgos durante su
comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados,
el 27 de noviembre de 2012, al manifestar que "estamos dejando el suelo
como un queso gruyer para saber con certeza lo que hay".
Finalmente se apuntaba a las motivaciones políticas y de “compra de
voluntades” de las inversiones de 18,8 millones de euros de ENRESA en el
arreglo de dos carreteras en el entorno de Villar de Cañas y otros 5
millones en un polígono industrial y un laboratorio, pese a no ser
funciones de la empresa pública.
Respuestas del Gobierno
Para el Gobierno la gestión de los residuos radiactivos implica
desarrollar “actividades complementarias que tienen como objeto el
facilitar dicha gestión” y entre ellas puede estar el construir
infraestructuras en las áreas geográficas involucradas o facilitar el
asentamiento de empresas que puedan contribuir a crear un ambiente
socioeconómico adecuado en el entorno de las instalaciones.
Respecto al posicionamiento pronuclear de Gil-Ortega se apunta a que en
las normas de ENRESA no se prescribe cual ha de ser la actitud de la
persona que ostenta este cargo en relación con la energía nuclear.
Por último, en cuanto a la compra de los terrenos para ubicar el ATC se
señala que se hicieron unos trabajos iniciales en los tres terrenos
propuestos por el municipio de Villar de Cañas, con el fin de disponer
de información específica de los mismos para dar soporte a la compra de
terrenos. Dichos trabajos consistieron en un reconocimiento geológico
preliminar, la realización de varios perfiles geofísicos y la
perforación de 1 o 2 sondeos en cada parcela para disponer de
información real del subsuelo.
Los resultados
obtenidos, según el Gobierno, “no inhabilitaban a ninguna de las
parcelas propuestas”, por lo que concluye que “no cabe decir que ENRESA
ha comprado los terrenos antes de realizar estudios previos sobre los
mismos”. Pero no obstante admite que “estos estudios deberán de ser
ampliados”, para que esta instalación pueda contar con las
autorizaciones necesarias del Consejo de Seguridad Nuclear que ha sacado
a concurso una asistencia técnica externa a la que se encomienda
supervisar esos nuevos estudios.
Relaciones del marido de Cospedal con el ATC
El pasado mes de marzo Cayo Lara registró nuevas preguntas al Gobierno
relativas al ATC, cuestionando por un posible desvío presupuestario
debido a una mala elección de los terrenos que podría impedir que el
centro esté operativo en 2018. Aunque es previsible que pasen varios
meses hasta que haya respuesta escrita del Gobierno, el Presidente de
ENRESA ha aprovechado una comparecencia en el Congreso de los Diputados
para insistir en que no existe sobrecoste ni cambios previstos en el
calendario del ATC, en lo que parece una respuesta directa a Lara.
Queda pendiente sin embargo una pregunta más incómoda, la que pide
opinión al Gobierno sobre el hecho de que los mayores contratos
adjudicados hasta ahora para poner en marcha el silo nuclear hayan ido a
parar a consorcios en los que participa de forma directa o indirecta
Iberdrola Ingeniería, que hace año y medio fichó como consejero al
marido de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Mª Dolores de Cospedal, a quien el diputado de IU presenta como
“la gran valedora del presidente actual de ENRESA”, insinuando así un
evidente trato de favor recíproco.
Fuente: www.eldiario.es
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