El estudio realizado por un llamado grupo de expertos y encargado por el
Gobierno, ocupando 444 páginas con medidas de reforma fiscal regresiva
ya ha visto la luz. No es necesario fijarse excesivamente en sus
detalles, porque el propio ministro Montoro ha ninguneado la propuesta.
En realidad, se trata de una nueva aplicación por el Gobierno de la
llamada “doctrina del shock”. Amenazan con cortarnos las dos piernas y
cuando sólo nos corten una les daremos las gracias.
Sin embargo, hay un par de elementos que no aparecen directamente en el
informe, aunque sí constituyen cuestiones mayores que dejan claras las
intenciones del Gobierno. Según Lagares, autor principal del informe,
Mariano Rajoy les dio un límite: no superar en ningún caso el 37% del
PIB como techo de la contribución fiscal. El día de la presentación de
la criatura, Montoro “olvidó” citar la progresividad como rasgo
fundamental de la fiscalidad constitucional.
Por tanto, desfiscalización y regresividad. Los dos ingredientes
necesarios para que el PP intente recuperar su base social electoral.
El único instrumento para salir de la crisis es crear empleo de calidad
Para Izquierda Unida el instrumento fundamental que hará posible una
salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal
justa. Exactamente lo contrario del PP.
En ese mismo escenario, nuestros dos criterios fundamentales son la
suficiencia para satisfacer las necesidades sociales y el carácter
progresivo que permite alcanzar una equidad razonable y, con ella, la
justicia en la distribución del excedente social.
Estos objetivos están alcanzando una amplia aceptación social y
constituyen una base de convergencia de un amplio bloque social y
político. Comisiones Obreras y UGT han hecho públicos, al igual que
nosotros, sendas propuestas desarrolladas para una reforma fiscal justa.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) tiene
elaboraciones muy importantes y otros movimientos sociales vinculados al
15-M realizan aportaciones en el mismo sentido.
Sin tener que llegar a coincidencias en cada punto y cantidad sobre los
contenidos de cada propuesta de reforma fiscal, los ejes fundamentales
son compartidos. Por ello, creemos que hay condiciones para suscitar una
fuerte campaña alternativa a las pretensiones del Gobierno y entrar en
una batalla de ideas que es fundamental para la salida de la crisis y
para el futuro democrático en un Estado Social.
Margen fiscal para una reforma justa
Las medidas que Izquierda Unida propone no solamente son posibles, sino
que tendrían un efecto positivo sobre la economía y la implantación de
un nuevo modelo productivo.
Los medios de comunicación se interesan por el aumento de los ingresos
fiscales que esas medidas representarían. Pueden calcularse en el
entorno de los 80.000 millones de euros al final de un período de una
legislatura, que, sintéticamente, puede desglosarse así: unos 27.000
millones de reducir en 1/3 el fraude fiscal, unos 25.000 millones al
reducir en un 25% la economía sumergida y unos 30.000 millones como
consecuencias de las medidas de reforma fiscal propiamente dichas. Pero
este es un cálculo en frío que no tiene en cuenta el desarrollo
económico que se puede inducir.
Por tanto, es preferible y más realista plantearse la reforma como un
objetivo de suficiencia y recaudación. Una propuesta razonable es la de
alcanzar la contribución fiscal media de la UE-15 (desde luego,
integrada por países escasamente revolucionarios y confiscatorios), es
decir el 46% del PIB. Eso significa 9 puntos de PIB más que el límite de
Rajoy y permitiría nada menos que eliminar el déficit sin recortes y
mantener una política de apoyo a la economía productiva y a la creación
de empleo.
Hay que aclarar de una vez por todas, frente al PP, que nuestro problema
no es el gasto público, sino los ingresos y que, en ese contexto la
cuestión no es bajar o subir impuestos, sino aumentar la justicia
fiscal.
Los ejes de la justicia fiscal
El primero de ellos es reducir aceleradamente el fraude y la economía
sumergida. Esto es incluso previo a la progresividad y un factor de
apoyo a la competitividad de la economía porque si una empresa no paga
sus impuestos, podrá vender más barato y competir en mejores condiciones
que las que los paga. Más arriba, hemos hablado de ello con propuestas
bastante progresivas y razonables.
Conviene detenerse en la elusión fiscal, es decir la utilización de
posibilidades y mecanismos legales para “optimizar” la fiscalidad. (es
decir, pagar poco o nada).
Con esta finalidad proponemos que se integren en la misma base imponible
las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general
del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad,
incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6
en el caso de inmuebles). Como renta del ahorro sólo se consideran las
plusvalías generadas en el medio y largo plazo porque no es ni justo ni
equitativo que las ingentes plusvalías generadas por operaciones
especulativas deban considerarse renta del ahorro y beneficiarse de
tipos impositivos distintos a los de la tarifa general. En todo caso, no
lo parece para los rendimientos de operaciones realizadas en el muy
corto plazo.
Otra medida fundamental es limitar drásticamente los gastos fiscales, es
decir las exenciones, subvenciones, bonificaciones, desgravaciones
etc., de forma que exista un umbral mínimo en cada impuesto y tarifa.
Cómo máximo, el conjunto de éstas para cada sujeto pasivo no debería
superar el 3% de la cuota líquida con carácter general y la posibilidad
de un 5% máximo de forma temporal y limitado de forma estricta a la
creación de empleo.
Es preciso suprimir ya el sistema de módulos con carácter general.
Transitoriamente podría permanecer exclusivamente para beneficios de la
actividad empresarial (no para el IVA) durante los dos primeros
ejercicios para las empresas con tráfico comercial limitado a clientes
finales y una facturación limitada.
Hay que introducir en el sistema fiscal el concepto de salarios máximos,
de forma que sólo puedan ser deducibles como tales cantidades
limitadas, teniendo el exceso sobre esas cantidades la consideración de
donaciones a efectos fiscales.
También será necesario derogar el régimen fiscal especial aplicable a
los trabajadores desplazados a territorio español que no ha beneficiado
más que a los jugadores extranjeros de fútbol y los directivos de las
grandes multinacionales.
En cuanto a reorganización de impuestos que permitan una menor presión
sobre los sectores más favorecidos, es preciso derogar el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre el IVA de forma que puedan
reducirse y reclasificarse algunos tipos (industrias realmente
culturales, compresas, otros productos alimenticios no transformados,
ciertos medicamentos, etc.).
NUEVOS IMPUESTOS PARA RICOS
Los impuestos de nueva creación que representarían un crecimiento de la recaudación serían los siguientes:
- El incremento hasta el 35% del tipo del impuesto de sociedades
aplicable a empresas cuya base imponible sea superior a un millón de
euros.
- Un Impuesto especial sobre Bienes Suntuarios, aplicable a los productos y servicios considerados de lujo.
- Un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Tasa Tobin), con una
base impositiva amplia y que será sustituido, cuando proceda, por un
tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han
acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.
- Un Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al Impuesto sobre el
Patrimonio, con mínimos exentos similares a los vigentes en el actual
Impuesto sobre Patrimonio y tipos efectivos superiores para mejorar la
progresividad, e incorporará fórmulas para evitar la interposición de
sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir la
tributación.
MEDIDAS ESPECÍFICAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL
El fraude es uno de los mayores problemas de nuestro sistema fiscal. Los
técnicos del Ministerio de Hacienda han evaluado en 89.000 millones de
euros/año el volumen del fraude existente. Es uno de los fraudes
fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE. Y este
fraude se concentra en las grandes fortunas y empresas de mayor
dimensión que lo canalizan hacia los paraísos fiscales.
Los profesionales de la Administración Tributaria española vienen
denunciando reiteradamente que el control tributario dista mucho de ser
eficaz. Los planes anuales de control tributario se presentan para
cumplir unos objetivos poco ambiciosos y asegurar así, precisamente, que
van a ser cumplidos El coste de la Administración Tributaria sobre
recaudación es el más bajo de los países de nuestro entorno y
dimensiones.
Proponemos las siguientes medidas principales:
- Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base
imponible y la trasferencia de beneficios de las multinacionales.
- Prohibir en las instituciones financieras españolas nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.
- Revocar la licencia de las Instituciones financieras y entidades
emisoras de tarjetas de crédito y débito que se nieguen a colaborar con
la Administración Tributaria en la información y persecución de
prácticas de fraude fiscal.
- Trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención
automática de información de carácter mercantil o tributario de las
personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en
los países o territorios calificados como paraísos fiscales.
- Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas
con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la
Administración Tributaria. Es evidente la necesidad de incrementar las
plantillas del personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal,
pero también lo es optimizar los recursos ya existentes en un marco de
restriciones presupuestarias.
- Fijar objetivos anuales de reducción del fraude y de la economía
sumergida existente, cuantificarlos con una metodología científica,
asegurando la independencia de los autores de los análisis y
evaluaciones e informar regularmente al Congreso de los Diputados de la
situación.
- Creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda. Esto supondrá la
habilitación de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para
realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas,
incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude.
- Comprobar la licitud de origen de los 40.000 millones que han aflorado
con la amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012, para
evitar que se estén blanqueando capitales de procedencia ilícita, salvo
los provenientes exclusivamente de la evasión fiscal.
- Derogar la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de
30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, para
evitar que se convierta en una especie de proceso de regularización
fiscal permanente y además resulta manifiestamente contrario a nuestro
sistema jurídico privar al Ministerio Fiscal y a Jueces y Tribunales del
conocimiento de hechos que pudieran constituir delito.
- Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva
para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de
capital variable (SICAV), de patrimonios familiares, que cumpliendo los
actuales requisitos crean una institución de inversión colectiva cuando
en realidad son auténticas instituciones de inversión “privadas”.
Extender el límite máximo de participación (5% del capital) a todas las
modalidades de sociedades de inversión, financieras o no, y no sólo a
las SICAV. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que
quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y
tributará por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el
valor liquidativo y el valor de adquisición.
- Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación
sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán de un
plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el
correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra mínima
prevista en el párrafo anterior.
Fuente: www.mundoobrero.es
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