Cayo Lara defiende la actuación de la Consejería de Fomento andaluza y subraya la legalidad del realojo de las familias de la ‘Corrala Utopía’ porque “tiene aval jurídico”

El coordinador federal hace referencia al auto judicial que mandata a la consejería que gestiona IU a que ‘provean lo necesario’ a los menores y personas en riesgo de exclusión social desalojados y valora que se tomó “una decisión política valiente y comprometida”, porque Izquierda Unida está en el Gobierno andaluz “para resolver los problemas de la gente”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha defendido hoy la actuación de los responsables de la Consejería de Fomento del Gobierno andaluz, que gestiona IU dentro de los acuerdos de gobierno en esta comunidad. Lara ha subrayado que el realojo de algunas familias que habían sido desahuciadas de la conocida como ‘Corrala Utopía’ de Sevilla cumple absolutamente la legalidad y está “avalado desde el punto de vista jurídico”.
Frente a otras valoraciones en sentido distinto, el máximo responsable federal de IU ha recordado que “hay un mandado judicial” en el que, además de obligar al desalojo de los vecinos de la ‘Corrala Utopía’, se indica que se tienen que adoptar medidas urgentes.
En concreto, y por dos veces, tanto en la parte referida a los ‘Hechos’ como en la ‘Parte Dispositiva’ del auto dictado el pasado 25 de febrero por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Sevilla se señala de forma explícita que, una vez que se cumpla el desalojo del inmueble referido se notifique esta resolución “a las Consejerías de Fomento y Vivienda y a la de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.
En alusión a este escrito judicial, Cayo Lara indicó que desde la Consejería de Fomento se ha tomado “una decisión política valiente y comprometida”, porque Izquierda Unida está en el Gobierno andaluz “para resolver los problemas de la gente”.
Detalló también que, en cualquier caso, en este tema subyace un problema “de mucho más calado”, del que responsabilizó al PP y a las instituciones en las que este partido gobierna.
Por una parte, recordó que el Ayuntamiento de Sevilla dispone de un importante número de viviendas sin adjudicar, algo que no ocurre en la Junta. Por otro lado, apuntó al Gobierno de Mariano Rajoy por mantener dos recursos ante el Tribunal Constitucional “al decreto y a la ley andaluza del derecho a la vivienda”, que llevan a que “miles de viviendas libres que hay en Andalucía y que podían ocuparse por parte de la gente en esas listas de espera, estén en manos de los bancos o se estén vendiendo a ‘fondos buitre’.
“Hay una corresponsabilidad clarísima del PP –apuntó- porque por esos recursos no se puede acabar con el problema completo. No pueden pretender utilizar una situación de agravio”.
Para el coordinador federal “no hay ninguna crisis” en el Gobierno andaluz, sino un problema de unas personas que “algunos piensan que tenían que dormir debajo de un puente” y otros, como IU, que “tienen que dormir en viviendas siempre que haya viviendas”.
De igual forma, mostró su confianza en que la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, integrada por dirigentes de IU y del PSOE, y que lleva reunida durante toda la mañana, “pueda resolver” las posibles discrepancias que este tema haya suscitado. “En este momento hay una reunión pública y conocida, y tengo confianza plena en que llegarán a acuerdo y, en todo caso, es algo que compete a ellos”, dijo.