En este
sentido, la Directiva Marco del Agua y la aplicación de la normativa europea en
general, representaban una oportunidad para modificar vicios adquiridos y
aplicar políticas muy distintas en la gestión del agua. Sin embargo, estamos
claramente ante una oportunidad perdida. Tanto la nueva planificación
hidrográfica, en cuanto a su proceso de elaboración y el resultado final del
mismo, como el resto de la normativa que se está aprobando, refuerzan las malas
políticas existentes y consolidan, por un lado, el expolio del agua, primando
la consideración de los ríos en sus tramos altos y medios como una especie de
depósitos y tuberías para trasvasar agua a las zonas costeras, y desprecian,
por otro, las necesidades y reivindicaciones históricas de Castilla-La Mancha,
tanto a nivel ambiental como socioeconómico.
Los planes
de cuenca están llegando tarde y de mala manera, incumplen la normativa
ambiental europea y dibujan un modelo de gestión del agua basado en la
satisfacción de las demandas de los regantes y las compañías eléctricas,
independientemente de las realidad de los recursos existentes y el objetivo de
mantener las masas de agua en un buen estado de conservación; estos planes
brillan por su escasa transparencia y participación.
Los planes
del Tajo, Júcar y Segura garantizan el estatus quo existente hasta la fecha, y
dotan de mayor seguridad jurídica al trasvase Tajo-Segura, y a los que existen
en el Júcar. El Tajo seguirá siendo un río que desemboca en el Cenajo, una
cloaca su curso natural; el Júcar un conducto de agua hacía levante; el Segura
ha borrado de su demarcación la parte alta del mismo. Poco importa para ellos
el estado de las aguas o las necesidades que queden en el camino. En el caso
del Júcar, el plan se ha elaborado incluyendo cuencas intracomunitarias de
otros ríos, en caso de sequía el agua de abastecimiento humano para Albacete se
le tendrá que pagar a los regantes valencianos y aún se permiten reclamar que
los usos de la Mancha se eliminen. En definitiva, desde Levante controlan la
gestión de las cuencas de los ríos, se legisla a su placer, al dictado y
prevalencia del viejo modelo de gestión
del agua basado, a salvo el abastecimiento humano, en la oferta de recursos
hídricos para regadío e hidroelectricidad.
Para colmo de males, el famoso
Memorándum firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia, elaborado sin la
participación de Castilla-La Mancha, que se ha limitado a dar el visto bueno a
lo acordado por los demás, ha adquirido rango de Ley a través de ocho enmiendas
incluidas en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que sin absolutamente
ningún debate, ni información pública, ha modificado el régimen de explotación
del trasvase Tajo-Segura, la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico Nacional, dando
un giro radical a la regulación los trasvases entre cuencas en general y, con ello, a la
política de aguas. A mi juicio, estos cambios fundamentales, impuestos
por el PP y metidos con calzador en una ley “ajena”, suponen una auténtica
traición a la región, dejando por el camino cualquier reivindicación de mejora
en la gestión y uso del agua, especialmente en lo que afecta al Tajo.
Ciertamente Cospedal parece haber
zanjado la guerra del agua, pero lo
ha hecho ejerciendo de Secretaria General del PP, dejando a un lado su
condición de Presidenta de Castilla-La Mancha, un auténtico menosprecio hacia
esta tierra. Como en tantas otras cuestiones claves para esta región, durante
muchos años la problemática del agua ha sido objeto de una tremenda demagogia,
mucho se ha dicho, pero poco o nada se ha hecho; ahora, el PP, agitado por su
corte levantina, ha aprovechado un balón muerto en el área y nos ha metido un
gol por toda la escuadra. El agua es determinante para la vida y junto con otros
recursos naturales forma parte de la identidad de Castilla-La Mancha, si la
perdemos, si renunciamos a la defensa de los ríos, si permitimos su expolio,
perdemos la dignidad como pueblo.
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