Izquierda Unida ha presentado esta mañana en los juzgados un escrito para solicitar
la comparecencia de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores
Cospedal, y del consejero de Educación, Marcial Marín, como testigos en el procedimiento
penal abierto contra sietes personas, entre ellas tres miembros de la
agrupación local de IU, a los que se les imputa una falta de injurias que se habría producido durante una protesta durante la reinauguración del Museo Provincial.
La formación ha querido dejar claro su apoyo a los imputados con la presencia de sus dirigentes en el ámbito local, Carmen Soánez, en el provincial, Miguel Ramírez, y en el regional, Daniel Martínez, que se personará como abogado en la defensa de los encausados.“No nos pueden quitar todos los derechos y además quitarnos la calle“,
denunciaba el líder regional de IU que veía detrás de este tipo de
sanciones un intento de criminalizar la protestas pacífica, “qué menos
que poder salir a la calle a manifestar la indignación, cuando estamos
en una región en la que se están padeciendo especialmente los recortes”,
ha comentado.
Para el coordinador regional de IU este proceso iniciado por el
Partido Popular, se hace más palpable en Castilla-La Mancha donde cada
visita de Cospedal deja “huella represiva” en los pueblos de la región,
que “no solo se manifiesta en su acción de gobierno, sino que allá
donde va Cospedal, ademas de un cordón policial tremendo, quedan
sancionados muchos ciudadanos”, destacaba Martínez, recordando que su
formación no tiene intención de desistir en la protestas, “vamos a seguir en la movilización, en la contestación socia y en la rebeldía”.
“Abuso de poder” del PP en Castilla-La Mancha
En esta misma línea se ha pronunciado el coordinador provincial, Miguel Ramírez, que ha denunciado la “pérdida de calidad democrática” y el “abuso de poder” que ejerce el PP en nuestra región,
comparando el caso de los imputados en Ciudad Real, con el abucheo que
recibió el ministro Wert y la reina durante un acto en el Liceo de
Barcelona, donde no se produjo ninguna sanción, “debería ocurrir lo
mismo con este caso y archivarse”.
En cuanto a los insultos que recoge el atestado policial que motiva esta denuncia, Ramírez ha recordado que “si alguien ha podido sentirse ofendido debe entender que le va en el sueldo, porque cuando se toman medidas que afectan tan negativamente a la sociedad, es normal que se pueda encontrar una expresión salida de tono fruto del grado de desesperación”.
Una protesta legal y pacífica
Por su parte, el secretario de Organización de IU, Jorge Fernández, que es además uno de los imputados en el proceso, ha destacado que la protesta que motivó el juicio penal fue “legal y pacífica”, recordando que el número de asistentes ni siquiera llegaba al límite establecido por la ley para tener que comunicarla a la Subdelegación del Gobierno.Fernández ha hecho hincapié en que el trasfondo de estos procesos judiciales es una “campaña de represión sin precedentes” que, según ha denunciado, se pone de manifiesto con el considerable aumento de sanciones administrativas y procedimientos penales que están sufriendo los ciudadanos desde que gobierna Cospedal.
En cuanto al devenir de la causa, el secretario de Organización se ha
mostrado confiando dado la numerosa jurisprudencia del Tribunal
Superior de Derechos Humanos y del Constitucional sobre esta “utilización
de las fuerzas de seguridad para generar miedo entre los ciudadanos y
que no puedan ejercer sus derechos fundamentales”. Unas
prácticas que a su juicio, son completamente ilegales en un estado de
derecho y “más propias de los gobiernos autoritarios”.
“Hay tres o cuatro cabezas de turco a los que nos tienen muchas ganas”
En la puerta del Juzgado también nos hemos encontrado con Rodrigo
Manchado, uno de los imputados en el proceso, que sin embargo asegura no
haber tenido participación en los hechos, “estaba de paso, paré 5 minutos y no participé en la protesta ni abrí la boca”, explicaba.
Detrás de su imputación, Rodrigo Manchado considera que está su
implicación en movimientos sociales, algo que se manifiesta
explícitamente en el atestado policial, “hay tres o cuatro cabezas de
turco a los que nos tienen muchas ganas y que quieren perseguir especialmente”, ha denunciado el joven activista, que tiene claro que detrás de estas sanciones, “lo que quieren es meter miedo a las personas que hemos estado en las movilizaciones”.
Fuente: www.elcrisoldeciudadreal.es
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