La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá este martes ante
el Pleno del Congreso una proposición de ley de Medidas para prevenir la
pobreza energética, en la que se incluyen ideas como prohibir el corte
de suministro de luz, gas o agua durante los meses de invierno a las
familias con dificultades económicas que no paguen su factura o aplicar
el IVA reducido a los suministros domésticos de gas y electricidad.
La portavoz de Energía de la coalición, Laia Ortiz, defiende
en su iniciativa que la pobreza energética es "la situación que sufre
un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía
suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando
se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos" a este
fin.
Un fenómeno que, según la Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sufre el 10%
de la población española (4 millones de ciudadanos) y sigue en aumento
sin que se haya conseguido visibilizar el problema pese al "impacto
profundo" que tiene tanto en la calidad de vida como en la salud y la
esperanza de vida de las personas.
LA UE PIDE MEDIDAS
De hecho, la Izquierda Plural recuerda en el texto, que
recoge Europa Press, que la propia Unión Europea ya insta en una de sus
directivas a los estados miembros a adoptar medidas para atajar este
fenómeno, que se está viendo agravado por la crisis económica, sobre
todo en un país como España, donde se paga uno de los precios de la
electricidad más caros del continente.
Por eso, IU-ICV pide una "tregua invernal" durante la cual
las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de luz,
gas o agua por impago "siempre y cuando se reúnan unas condiciones de
renta familiar o cuando (la solicitud) vaya acompañada de un informe del
órgano competente en materia de servicios sociales". Además, defiende
que los servicios "esenciales" nunca puedan ser motivo de corte de
suministro.
Una petición similar fue registrada por el PSOE, la
Izquierda Plural, CiU, BNG y ERC como enmiendas al proyecto de ley del
Sector Eléctrico durante su tramitación en el Congreso el pasado mes de
noviembre, sin que pudieran salir adelante por el voto en contra del PP.
Para redundar en esta mejora, el grupo parlamentario reclama
también que se modifique la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
para que el gas y la electricidad de uso doméstico estén sujetos al tipo
reducido (10%).
BONO SOCIAL
Por otra parte, la proposición de ley de Laia Ortiz también
plantea que los suministros básicos de electricidad, gas natural y
butano se regulen con un sistema público de precio social para todos los
hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las
familias en riesgo de exclusión social.
"El Estado debería mejorar el actual bono social para tener
en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos
familiares, y no sólo la potencia contratada o la situación laboral
familiar. También habría que valorar la posibilidad de establecer un
bono social para el gas butano", se explica en la iniciativa.
Así, la propuesta es que el acceso a este bono social se
conceda en función de la renta familiar y tras haberse fijado unos
"consumos mínimos vitales" en cómputo mensual, teniendo en cuenta el
número de miembros del hogar y las estaciones del año. Además, debería
aplicarse tanto en las viviendas en propiedad como a quienes vivan en
régimen de alquiler.
"Este precio social no implicará un gasto presupuestario
extraordinario para las administraciones públicas y tampoco podrá
repercutirse sobre el resto de usuarios, corriendo a cargo de las
compañías suministradoras", exige la Izquierda Plural, que critica que
estas compañías "continúen obteniendo beneficios millonarios" mientras
los ayuntamientos y las entidades sociales se ven obligadas a aumentar
las ayudas para urgencias sociales.
En este sentido, IU-ICV-CHA reclama más "responsabilidad
social y transparencia" a las empresas suministradoras, a las que se
debería obligar a "incrementar y potenciar la información y divulgación
sobre los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos
contratados, las posibles medidas de eficiencia energética y la
disponibilidad de ayudas y/o bonos sociales" a los consumidores.
Asimismo, el grupo de la Izquierda Plural exige que estas
compañías "publiquen trimestralmente los datos del número de
consumidores que no pueden pagar sus facturas, así como del número de
hogares que se ven afectados por cortes de suministro", información que
actualmente no está disponible.
PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Finalmente, la diputada catalana alude en su iniciativa a
las experiencias a nivel europeo que ya se están poniendo en marcha que,
además de "ayudas puntuales" a colectivos vulnerables para pagar sus
facturas o para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, también se
"asegura el suministro en momentos críticos" para "tratar de impedir la
desconexión durante los meses más fríos o a consumidores vulnerables".
En este sentido, se pide al Gobierno un Plan contra la
Pobreza Energética que persiga "garantizar el derecho de la ciudadanía a
los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y
corregir las situaciones detectadas", dando "prioridad" a los hogares
afectados por la pobreza energética en el acceso a las ayudas para
mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones.
Así, se debería "incluir un mecanismo en que se prime el
ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando que las
tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y
elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con
bajos ingresos económicos", concluye la proposición.
Fuente: www.eleconomista.es
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