El Congreso ha dado este martes el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Privada,
que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto
inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con
la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.
Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la
ley, el texto ha sido debatido hoy en la Comisión de Interior del
Congreso, que con competencia legislativa plena y a falta de la votación
esta tarde, será remitida al Senado.
Tras la incorporación de más de setenta enmiendas,
el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e
Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante "ruptura" de la
concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad
del Estado.
Desde el PSOE,
su portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha puesto el énfasis en una de
las enmiendas pactadas por PP y CiU relativa al artículo 41 de la ley,
referida a las competencias de las empresas de seguridad privada. Según
la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los
vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas
comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o
en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier
espacio público con la autorización pertinente.
"Cuando viene un
vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma", ha destacado
Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a
que "el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio".
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en
el texto son solo "de chapa y pintura" y no alteran en nada la
filosofía de la ley, el diputado socialista ha señalado que la seguridad
pública se da "por terminada".
También muy crítico con la ley se ha mostrado el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto,
quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde
"una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad". Considera
que esta nueva norma "viene a incrementar el peso de lo privado frente a
lo público". "La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar",
denunció Sixto, quien mostró sus reparos a la presencia de vigilantes
privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora
corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.
Más satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU,
después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como
País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y
despachos de detectives que operen en sus territorios. "La interacción
de los intereses de todos es completa", ha asegurado el diputado del PNV
Emilio Olabarria, para quien la ley "es buena pero mejorable".
Como
satisfactorio ha calificado el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané
que también ha reclamado que el Senado mejore el texto. En concreto, ha
pedido que la Cámara Alta revise "en profundidad" que la
complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la
pública "esté enmarcada en una subordinación". De lo contrario se corre
el riesgo de establecer "departamentos estancos" de seguridad privada y
pública.
Por su parte, para el diputado del PP Francisco Márquez,
la nueva norma modernizará la actual ley de 1992 y, si bien es cierto
que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la
privatización de la seguridad. "La ley se fundamenta en los principios
de complementariedad y subordinación funcional", ha enfatizado Márquez
para quien el objetivo de la norma es "contribuir a hacer de España un
país más seguro".
La Ley de Seguridad Privada es una de las tres reformas que en el campo de la Seguridad ha
impulsado el Ministerio del Interior en esta legislatura junto a la Ley
de Seguridad Vial (ya en tramitación parlamentaria) y la polémica Ley
de Seguridad Ciudadana, aún en fase de anteproyecto. A la hora de
justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a
"facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la
importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.
Fuente: www.publico.es
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