12 de octubre de 2013

IU-CLM VE CLAROS INDICIOS DELICTIVOS EN LAS CUENTAS DEL PP DE CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN EL AUTO JUDICIAL QUE IMPUTA AL TESORERO.

 
Daniel Martínez: “Exigimos a Cospedal que aclare  urgentemente a los ciudadanos en qué se gastaron los 200.000 euros y dónde están contabilizados”
Toledo, 12 de octubre de 2013.
Tras la querella presentada por Izquierda Unida junto con otras organizaciones, como Ecologistas en Acción, Los Verdes y Asociación Libre de Abogados, el Juez Ruz se viene encargando de la instrucción del caso, en el que ya han tenido que declarar como testigos los tres últimos secretarios generales del PP, incluida Mª Dolores de Cospedal. En el interrogatorio a esta última, celebrado el mes de agosto, no se admitieron preguntas concretas sobre los 200.000 euros que el Tesorero del PP recibió en la sede nacional del PP de determinados empresarios-Sacyr Vallehermoso- a cambio presuntamente de la concesión  de servicios municipales en el Ayuntamiento de Toledo.
El recibí de los 200.000 euros es uno de los papeles aportados por Bárcenas, determinó la apertura de una pieza separada en el procedimiento, y su existencia fue reconocida por la propia Cospedal, que a preguntas de los periodistas contestó: “Lo único que prueba este documento, que es lógico que exista, si es que prueba algo, es que el gerente del PP en Castilla-La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibirían la asignación para la campaña electoral, de la que Bárcenas entonces, como gerente, era responsable y administrador de la campaña”.
Para Daniel Martínez, coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, “es inexplicable, y sobre todo un mal augurio, que a pesar de los meses transcurridos desde la aparición del recibí y el reconocimiento de su existencia nadie en el PP de Castilla-La Mancha haya sido capaz de probar con claridad en qué se gasto ese dinero y donde está contabilizado”.
Izquierda Unida considera que las informaciones que vienen apareciendo y las decisiones del Juez Ruz demuestran que la gestión del gobierno de Cospedal está claramente condicionada por los presuntos favores que ahora tiene que devolver a los empresarios al PP, de ahí el empeño de desmantelar todo lo que suene a público y privatizar los servicios básicos para que determinadas empresas puedan obtener una rentabilidad económica de los mismos, todo ello en detrimento y menoscabo de las necesidades y los derechos de las personas.
El Auto de fecha 11 de octubre de 2013, dictado por el JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO AUDIENCIA NACIONAL, en las DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008- PIEZA SEPARADA “INFORME UDEF-BLA Nº 22.510/13”, conocido a través de diversos medios de comunicación, acuerda la práctica de una serie de diligencias que, en todo caso serán fundamentales para la instrucción de la pieza y la determinación de las responsabilidades penales, entre ellas, requiere al Partido Popular, aporte a la causa toda la documentación contable o de cualquier otra índole que obre en su poder, así como la información que tuviere sobre la presunta recepción por parte de José Ángel Cañas Cañada de la cantidad de 200.000 euros en el año 2007, presuntamente reflejada en el documento aportado por el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez ante este Juzgado en su declaración de fecha 15.07.13, recibir declaración en calidad de imputados a José Ángel Cañas Cañada, Luis del Rivero Asensio y  Manuel Manrique Cecilia, para el próximo día 6 de noviembre, además de la práctica de prueba pericial caligráfica a fin de proceder al cotejo entre el cuerpo de escritura del Tesorero del PP de Castilla-La Mancha y el contenido del documento manuscrito entregado por el Sr. Bárcenas en el Juzgado.
Además el Ayuntamiento de Toledo, tal y como solicitó en su momento Izquierda Unida, tendrá que entregar testimonio íntegro (en soporte documental e informático) del expediente que dio lugar a la concesión de la explotación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte en régimen de concesión administrativo y que con fecha 15 de enero de 2007 se habría adjudicado y firmado a favor de la mercantil SUFI, S.A.

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