“Una concentración para defender la cohesión social y los servicios públicos”, así ha definido el coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, la convocatoria que su formación ha organizado para el próximo miércoles en la plaza Mayor de Ciudad Real contra la Reforma de la Administración Local.
Para Ramírez, esta reforma, al igual que la de la pensiones, forma parte de los condicionantes a los que se comprometió el Gobierno tras el rescate bancario de 2012, además de “chocar con la Constitución en el principio de Autonomía Local de los municipios y las competencias de comunidades autónomas en ámbito local”.
También ha recordado que las organizaciones sindicales han cifrado entre 150.000 y 300.000 los puestos de trabajo que se perderían de llevarse a cabo los propuesto por el Gobierno de Rajoy.
Movilizaciones en la Comarca de Almadén
En esta misma rueda de prensa han estado presentes varios responsables de Izquierda Unida en la comarca de Almadén, entre ellos el concejal de la formación en la ciudad minera Alfonso Bejarano que ha anunciado una campaña de movilización ciudadana con una doble reivindicación, una denuncia social de los recortes, especialmente los vinculados al ámbito sanitario y por otro lado estructurar una reclamación ciudadana para que la finca Castilseras, propiedad de Minas de Almadén, pase a estar en manos de los ayuntamientos de la zona.
En cuanto a las cuestiones sanitarias, en la comarca Bejarano ha denunciado la continua merma de la calidad asistencial en la comarca, con un centro sanitario que cuenta cada vez con menos dotación, personal y servicios, “mientras se obliga a la población, cada vez más envejecida, a desplazarse casi 100 kilómetros hasta Puertollano”, ha destacado el concejal, recordando que “se trata de una cuestión que está afectando a la salud de la gente y no es demagogia decir que los recortes están poniendo vidas en juego“.
Sobre la finca Castilseras, la formación va a realizar asambleas abiertas en las poblaciones de la zona para escuchar las propuestas de los ciudadanos sobre el estado de estos terreno que cuentan con 9.000 hectáreas. Bejarano ha explicado que la pretensión es evitar que la finca sea vendida a cualquier iniciativa privada y proponen llevar a cabo una iniciativa similar al banco de tierras andaluz para que la propiedad quede en manos de los ciudadanos. “Tenemos que conseguir que no se venda y que seamos capaces de hacer un plan estratégico para crear empleo en el que participen, Minas de Almadén, los ayuntamientos, la Universidad y la ciudadanía”.
Fuente: www.elcrisoldeciudadreal.es
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