Comunicado del Área Federal de Migraciones sobre el recorte en la atención sanitaria a emigrantes españoles
Este
el regalo de navidad que el Gobierno ha hecho a aquellas personas que
se ven abocadas a abandonar el país debido a la situación de precariedad
extrema y la falta de oportunidades: a los 90 días del exilio perderán
su derecho a la atención sanitaria. Tal y como viene recogido en el BOE
a fecha de 26 de diciembre de 2013, los próximos Presupuestos Generales
del Estado de 2014 incluyen una enmienda que establece que las personas
desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán
el derecho a la Sanidad Pública española si están 3 meses fuera del
estado español.
La falta tacto y el recorte de derechos tanto
para los que se van como para los que vienen, emigrantes e inmigrantes,
está siendo más que evidente por parte del ejecutivo popular durante
todo el periodo de gobierno. Por una parte, los insultos de la Ministra
Fátima Báñez llamando “movilidad exterior” a la ciudadanía española que
tiene que emigrar y de la Secretaria de Estado de Emigración e
Inmigración tildando de “espíritu aventurero” a los jóvenes que tienen
que dejar el país. Por otra, exclusión del sistema sanitario de salud a
aquellos inmigrantes que hayan perdido su derecho a residencia por la
falta de empleo o cuchillas hirientes para los que intentan huir de la
miseria o los conflictos bélicos, entre otras medidas.
Pero a
aquellos que se les llena la boca de patriotismo, lo han dejado
totalmente claro, si es que aún había alguna duda, en esta última
ocasión. No se trata de ser español o no, se trata de quien se lo puede
pagar y de desmontar el sistema público de salud. Así, esta medida
obligará a todos los que hayan abandonado el país a contratar servicios
de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar
directamente a la atención médica. Además, en el caso de poder volver,
estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo
contrato de trabajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha,
serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser
atendidos. La aprobación de esta medida podría dar de baja de la
seguridad social a cientos de miles de emigrantes españoles,
principalmente jóvenes, que han salido del país para encontrar un
trabajo en el extranjero, en su mayoría precario, forzados por los altos
niveles de desempleo y la falta de oportunidades. Con todo ello, para
aquellas personas que puedan permitírselo, se verán obligadas a
contratar un seguro médico, siendo objeto por tanto la salud como un
negocio y no como un derecho.
El Área de Migraciones de Izquierda
Unida rechaza completamente este tipo de medidas y utilizará todos los
medios posibles para la rectificación del ejecutivo. Asimismo, llama a
todas aquellas personas que se han visto obligadas a emigrar a
organizarse en movimientos por la defensa de sus derechos como la Marea
Granate y a seguir denunciando públicamente estos recortes de derechos
fundamentales.
7 de Enero de 2014, Área Federal de Migraciones de IU.
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