A pesar de que el 64% de las personas consultadas por la Comisión Europea se oponen al uso del fracking para extraer gas de esquisto, la institución ha dado vía libre a esta práctica
En junio de 2013 la Comisión Europea presentó los
resultados de la consulta lanzada meses atrás para saber qué pensaba la
ciudadanía sobre la explotación de combustibles no convencionales en
Europa. Los resultados,
ponderados por población, fueron contundentes. El 64% no quiere que,
bajo ningún concepto, se utilice la técnica de la fractura hidráulica o
fracking para extraer gas de esquisto. Un 20% considera que no existe
un marco regulatorio adecuado, que proteja la salud y el medio ambiente,
para desarrollar el fracking en el continente.
La
oposición pública es indiscutible y se refleja en el terreno. En el
Estado español, el cuarto de la UE que más contribuyó en número de
respuestas a la consulta, las plataformas ciudadanas no han parado de
surgir como setas allá donde las empresas han solicitado permisos de
investigación. Los movimientos de resistencia empezaron en Cantabria,
durante el verano de 2011, y en seguida se extendieron a Álava, Navarra,
Burgos, La Rioja, Andalucía, Asturias, Cataluña, Albacete, etc.
Esta fuerte respuesta se ha traducido en alrededor de 400 municipios
que ya han aprobado declaraciones contra la fractura hidráulica y siete
Comunidades Autónomas que se han posicionado contra la técnica:
aprobando leyes que la prohíben (en Cantabria y La Rioja), votando en
contra en sus parlamentos (en Asturias, Andalucía, Navarra y Galicia), o
negando las licencias para investigar (Cataluña). Un clamor popular
contra el fracking que el gobierno central, favorable a desarrollar la
actividad, afronta aprobando leyes de rango estatal que sorteen las
prohibiciones regionales. Muy democrático.
Otros
países de Europa están en peor situación. En Polonia, donde ya hay
alrededor de 50 pozos perforados, la oposición popular es objeto de una
campaña de criminalización y espionaje. Desde hace siete meses
campesinos polacos resisten ocupando un campo en Zurawlow donde Chevron
quiere empezar a perforar, a pesar de que solo tiene licencia para unos
sondeos sísmicos. La ley minera polaca estipula que las actividades de
las compañías solo se pueden llevar a cabo con el conocimiento y
aceptación de la sociedad, una premisa que no se cumple.
En Reino Unido -donde cerca del 50% de la población es contraria al
fracking, frente a un 15% que se muestra favorable- el gobierno ignora
la voluntad popular: ha prometido un régimen fiscal favorable a las
empresas, ha presentado planes para perforar dos terceras partes del
país, ha intentado sobornar con incentivos económicos a los
ayuntamientos que no pongan trabas a las perforaciones y ha reprimido
con dureza a quienes se resisten. Es lo que sucedió en Balcombe, en las
protestas contra Cuadrilla Resources, y lo que sucede estos dias en
Barton Moss3, contra IGas.
En Rumanía, con un 70% del
país afectado por permisos para perforar, se vive desde diciembre
pasado una situación totalmente antidemocrática. Las fuerzas
antidisturbios tomaron durante días la localidad de Pungesti,
imponiendo un estado de sitio de facto, restringiendo los movimientos de
la población, vetando el acceso a la prensa, golpeando, entrando en las
casas y deteniendo aleatoriamente y sin garantías legales para quebrar
la resistencia de los campesinos a los planes de Chevron de empezar a
perforar. En otra parte del país, en Mosna, se levanta desde hace
semanas un campamento de resistencia contra la licencia concedida a otra
empresa. En Dobrogea, otra de las zonas afectadas en el sureste del
país, ha quedado clara la oposición masiva a la actividad con la
celebración de varios referenda populares. Es importante señalar que las
promesas de prohibir el fracking fueron uno de los elementos que
contribuyeron a la elección, en mayo de 2012, del actual gobierno
socialdemócrata de Victor Ponta. Promesas que, huelga decirlo, fueron
incumplidas.
La semana pasada la Comisión Europea
presentó su esperado paquete de medidas para regular el fracking en
Europa. Los estudios encargados por el Ejecutivo comunitario y
publicados hace algo más de un año detectaban hasta once lagunas
legislativas en materia de agua, minería o participación pública, para
que el fracking en Europa disfrutara de una regulación “adecuada”. Todo
sugería la necesidad de una directiva exigente que estableciera un nuevo
marco regulatorio vinculante. Según se filtró en octubre esa norma
exigente estaba en marcha, lista para ser presentada a finales de año.
Sin embargo, la campaña de presión liderada por Reino Unido ha torcido
el brazo de la Comisión, que se ha limitado a presentar una colección de
recomendaciones de buenas prácticas que no serán de obligado
cumplimiento. La Comisión ignora así los resultados de la consulta
pública que hizo a los ciudadanos.
En una vuelta de tuerca más contra la democracia en Europa, la Comisión negocia actualmente de forma totalmente opaca el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) con EEUU, un acuerdo que amenaza con relajar la normativa ambiental y social europea para facilitar el desembarco de empresas americanas, incluyendo empresas gasísticas. Según este acuerdo, si una empresa americana considera que una ley que prohíbe el fracking daña sus intereses económicos, puede perseguir la medida en tribunales de arbitraje poco transparentes.
Por todas estas razones, cerca de 400 organizaciones europeas han
dirigido una carta abierta a las instituciones comunitarias para exigir
que se escuche a la ciudadanía europea, que está diciendo alto y claro
que NO quiere continuar por la senda de los combustibles fósiles,
poniendo en riesgo el agua que beben o el aire que respiran a cambio de
más cambio climático. Es urgente cambiar de modelo energético. El futuro
solo será posible si consumimos menos energía y si lo hacemos
principalmente de fuente renovables. Cualquier alternativa es un
suicidio planetario.
Fuente: www.eldiario.es
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