La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía ha abierto dos procedimientos administrativos contra la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por incumplimiento de
las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas
en la comunidad autónoma.
Según indica la Junta en
una nota, las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos
ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb
no acredite ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a
disposición de los registros públicos municipales de demandantes de
vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que
posee en Andalucía.
Estos registros establecen los
mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección
pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las
mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la
disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la
Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que
establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la
administración pública inventario de las viviendas protegidas que se
encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb el
acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy
grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.
La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones
muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la
misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual
redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la
obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas
protegidas a disposición de los registros públicos municipales de
demandantes.
La Consejería que dirige Elena Cortés ha
enviado a la Sareb un requerimiento oficial de información y
documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus viviendas
protegidas en los Registros. Las sanciones establecidas por la Ley de
VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo
tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería
podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros,
siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911
viviendas a disposición de los Registros.
La
Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de la existencia
de estas 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que
supuestamente incumplen su función social a través de información
oficial de la propia sociedad de gestión.
La
Presidencia del Gobierno de España recurrió ante el TC el 18 de
diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social de la
Vivienda. En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado el 9
de julio de 2013 contra el Decreto precedente, la Presidencia del
Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb, titulado
'Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía', que
señala que "en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se
encuentra radicado en el territorio andaluz", un total de 6.379
viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia,
4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911.
La Junta ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función
Social de la Vivienda "no fue impugnada en su totalidad, sino sólo
algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras
por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de
expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de
familias en riesgo de exclusión social". Ha añadido que "los artículos
que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones
de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente
vigentes".
Fuente: www.eldiario.es
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