El PP ha acabado con la justicia universal. Lo ha hecho
en menos de un mes a través de la presentación de una iniciativa
parlamentaria para modificar la ley orgánica del Poder Judicial que se
ha debatido en escasas dos horas en el Congreso. La mayoría absoluta del
partido de Mariano Rajoy ha rechazado las enmiendas de la oposición,
que ha rechazado en bloque la limitación de la jurisprudencia universal,
y ha permitido sacar adelante la iniciativa registrada a finales de
enero.
Con este cambio legislativo, los tribunales
españoles no podrán perseguir delitos contra la humanidad como lo habían
hecho hasta ahora, sino que se establecen limitaciones: solo podrán
hacerlo si entre las víctimas hay españoles, si son ellas o la Fiscalía
quienes denuncien los hechos o si los perpretadores de los crímenes
tienen nacionalidad o residencia en España.
La
oposición ha acusado al PP de ceder ante el chantaje del Gobierno chino
así como de los empresarios de la potencia asiática. El cambio de la ley
se produce poco después de que la Audiencia Nacional imputara a varios
exdirigentes chinos -entre ellos un expresidente y un exprimer ministro-
por el genocidio del Tíbet.
"No les importa
dinamitar el proceso porque han recibido órdenes de china", ha expresado
el portavoz de ERC, Joan Tardá. Gaspar Llamazares, que ha intervenido
en representación de IU, ha señalado que es "humillante el papel del
Gobierno porque paga con esta ley la foto con Obama y de los empresarios
chinos que se niegan a reunirse" por la investigación de la Audiencia.
"Favorece la impunidad de los genocidas, los tiranos, los mafiosos y los
corruptos- ha señalado Irene Lozano, de UPyD-. sus amigos los
gobernantes chinos reúnen esas cuatro cualidades".
El PSOE ha cargado contra el recorte en derechos y libertades que está
acometiendo el PP, así como porque supondrá un incumplimiento de
tratados internacionales. Toda la oposición ha criticado, además, que
esta iniciativa se haya tramitado por la vía de urgencia, un proceder
que han calificado de "despropósito" y "fraudulento". Así, han señalado
que el Gobierno ha tramitado esta iniciativa a través del grupo
parlamentario popular para evitar los informes jurídicos que el
Ejecutivo tiene que solicitar al CGPJ y al Consejo de Estado a la hora
de legislar. "Se evita los necesarios informes", ha señalado la
nacionalista gallega Idoia Fernández.
El PP se ha
defendido asegurando que el trámite parlamentario por la vía de urgencia
se ha utilizado en muchas otras ocasiones y ha recordad algunos de los
casos en los que los socialistas lo emplaron. El diputado José Miguel
Castillo ha asegurado que la propuesta del PP es "realista": "Con
nuestra proposición se incluirá todo lo que se pueda juzgar. Sin
demagogias ni cuentos chinos". El diputado popular ha insistido en que
"no corresponde a un estado en particular restablecer el orden contra
todos y en cualquier parte".
La
propuesta aprobada por el PP permite que los jueces sólo puedan
investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se
dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan
habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada. Los
delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre
que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con
nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo
si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los
tribunales.
"Los requisitos que establece son de
imposible cumplimiento", ha expresado Llamazares, para quien esos
criterios son los que ya abarca la propia justicia penal española. "Es
muy improbable que la víctima denuncia, porque en muchos casos ya no
está", ha apuntado antes de advertir de que la Fiscalía va a seguir los
pasos del Gobierno en esos casos.
La aprobación de este cambio legal tiene un carácter retroactivo, es
decir, que implica el archivo de todas las causas que actualmente
tramitan los tribunales en base al principio del derecho universal. "La
búsqueda de la exclusión y el archivo de las causas conduce a
inseguridad jurídica", ha advertido el diputado socialista Julio
Villarrubia. En esa misma línea, Llamazares ha señalado que el "carácter
retroactivo es un escarnio para las víctimas". "Hay muchas personas
inocentes que hoy se removerán en sus tumas", ha dicho el diputado de
Compromís-Equo, Joan Baldoví.
En concreto, la
modificación de esta ley paralizará doce procesos abiertos por la
Audiencia Nacional: al del genocidio en el Tíbet, China asume otra
investigación contra el líder Jia Qinglin por torturas y genocidio tras
una denuncia presentada por el grupo Falun Gong. También se investigan
genocidios en Guatemala -a raíz de una denuncia interpuesta por la Nobel
de la Paz Rigoberta Menchú-; en Ruanda, por el asesinato de unos cuatro
millones de personas; y en el Sáhara por la desaparición de 542
personas desde que España se retiró del territorio en 1975. El juez
Ismael Moreno también dictó órdenes de extradición de cuatro nazis por
el Holocausto judío.
Otro de los casos que se dejará
de investigar tras esta aprobación es el asesinato en Bagdad del cámara
de Telecinco José Couso, a quien dispararó el ejército americano en
abril de 2003. El juez Santiago Pedraz ha emitido órdenes de extradición
de tres soldados implicados en la muerte, pero Estados Unidos no ha
respondido. Pedraz informó recientemente de la negativa al Gobierno de
Rajoy. La familia de José Couso ha manifestado su intención de recurrir
ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo tras el cambio legislativo que paralizará la investigación.
También se investigan los vuelos de la CIA que hicieron parada en
España cuando tenían detenidos a presuntos terroristas, el asesinato de
un diplomático español a manos de la dictadura de Pinochet o el
asesinato de jesuitas en El Salvador. Los ataques a la flotilla de la
libertad en Gaza y a un campo de refugiados iraníes en Irak son otras de
las causas que se archivarán.
Fuente: www.eldiario.es
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