Agua: un bien público en manos privadas

En 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaba el estudio Salida de Operadores Privados Internacionales de Agua en América Latina. Después de haber fomentado durante más de 20 años la privatización de la gestión del agua mediante políticas tan simples como condicionar el 66% de sus créditos a la privatización del servicio, se encontró con que la mayoría de operadores internacionales a mediados de la primera década del nuevo siglo se había retirado o estaba en vías de hacerlo. El fracaso y el rechazo suscitado por ese modelo de gestión quedaba demostrado.
La conflictividad social, la falta de inversiones, las subidas abusivas de tarifas, así como los bajos niveles de eficiencia, fueron algunos de los detonantes que conllevaron la primera gran oleada de remunicipalizaciones o rescates de concesiones en el continente latinoamericano. Destacan la guerra del agua de Cochabamba (Bolivia), la salida de Agbar-Suez de Buenos Aires o el referéndum constitucional impulsado por la sociedad civil en Uruguay.
Pero mientras el laboratorio de pruebas neoliberales que durante muchos años había sido el continente latinoamericano hacía aguas, emergía otro gran mercado, una Europa debilitada en plena crisis financiera. No es de extrañar encontrar paralelismos a un lado y otro del mar: en las condiciones impuestas por la troika a Grecia y Portugal para acceder al “rescate” se incluía la privatización de la gestión del agua de Atenas y Tesalónica o la de la empresa pública Aguas de Portugal. La mercantilización del agua se profundizaba en las periferias.
En España nos encontramos con una oleada de privatizaciones que básicamente obedecen a la necesidad de sanear las maltrechas y mal gestionadas arcas municipales. Este saneamiento se produce mediante una aportación económica al municipio llamada canon concesional, que normalmente se paga en dos tramos: una parte sustancial al inicio y la otra a lo largo de toda la concesión. Sin embargo, en la mayoría de casos el canon no repercute en las cuentas del ciclo del agua, sino en las de otros departamentos con mayores urgencias del municipio o, llegado el caso, contribuye a las campañas electorales. Esta aportación no la hace el operador privado, sino que, evidentemente, se incorpora en el recibo que paga toda la ciudadanía, con lo que no solo se aumenta el coste del servicio, sino que se convierte el agua en un activo financiero. O dicho de otra forma, en un impuesto recaudatorio de dudosa legalidad, pues el recibo del agua tendría que estar vinculado exclusivamente al servicio de agua prestado. Sin lugar a dudas, es una política fiscal inaceptable e improcedente. En el caso de Aguas Ter Llobregat, hablamos de un canon dividido en una aportación inicial de 300 millones y de 700 más a lo largo de los 50 años de concesión, que a día de hoy no se están destinando al ciclo del agua, con lo que se vulnera lo establecido por la Ley Ómnibus.

No se cuenta que en Europa el modelo imperante, el que abarca a un 70% de la población, es de gestión pública

El proceso de remunicipalización, curiosamente, se está produciendo con mayor intensidad en aquellos países que más peso tienen hoy en la Comisión Europea, aunque aquí se trate de ocultar. Mientras nos intentan convencer de que las políticas de ajustes estructural son imprescindibles, no se habla de que en el corazón de las multinacionales del agua, en su capital, París, se revirtió a manos públicas la gestión del agua en 2010. La iniciativa supuso un ahorro anual de 30 millones de euros y una reducción de la tarifa del 8%, como había pasado en Grenoble o Brest antes, al eliminar las plusvalías asociadas a la explotación privada. Tampoco se cita el caso de Berlín, donde recientemente también se ha rescatado la gestión del agua, siguiendo el camino de los más de 170 municipios que desde 2007 han remunicipalizado ese servicio o la electricidad. O no se menciona el referéndum constitucional de 2011 en el que los italianos se opusieron a la privatización de la gestión del agua, algo que ya establecía la constitución holandesa.
En definitiva, no se cuenta que en Europa el modelo imperante, el que abarca a un 70% de la población, es de gestión pública. Es el que ha universalizado el servicio, conseguido mayor eficiencia y, sobre todo, el único capaz de asegurar unas políticas ambientales eficaces y las mayores garantías en la calidad del agua, y consecuentemente en la salud y la vida de las personas. Tampoco se cuenta que en Cataluña, por el contrario, la gestión pública no alcanza ni el 20%: el resto no es ni siquiera un oligopolio, sino el monopolio de la multinacional francesa Suez, a través de su filial Agbar.
Quizás es hora de que decidamos cómo queremos gestionar nuestros bienes comunes, de que abramos el debate poniendo el interés general, el de todos y todas, en el centro de las políticas públicas. Quizás es hora de que también en este país nos pongamos a caminar hacia la remunicipalización del agua.

Eloi Badia Casas es ingeniero industrial y portavoz de la Plataforma Aigua és Vida

Fuente:   www.ccaa.elpais.com