La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido
al Ministerio de Empleo que retire el incentivo que concede a las
agencias de colocación por delatar a las personas en paro que pasen por
sus oficinas y que estén incurriendo en alguna irregularidad que
implique una sanción.
Empleo incluyó este incentivo en el acuerdo marco
que establecía las condiciones para que las agencias colaboraran con
los servicios públicos de empleo. La Asociación Nacional para la Defensa
Efectiva del Trabajador (ANDET) recurrió a la Defensora, que ahora les
da la razón y considera que se trata de una retribución "indebida" que
pervierte el sentido de la norma.
Las agencias
privadas de colocación cobrarán entre 300 y 3.000 euros por colocar a
personas en desempleo, en función de la edad del parado y del tiempo
que lleva en desempleo.
Y el Ministerio añadió otro
incentivo: uno para las agencias que encuentren irregularidades que
acaben en una sanción al parado. "Se hará efectivo aunque no se consiga
la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la
agencia hubiera obtenido durante la prestación del servicio y
proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un
procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna
sanción", se exponía en los pliegos de condiciones de la licitación.
ANDET recurrió a la Defensora del Pueblo al considerar que el incentivo
generaba "un nuevo modo de iniciar la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en relación a la acción de denuncia" que era
contrario y que vulneraba la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
"A nuestro juicio las agencias de colocación de carácter privado no
resultan competentes para incoar, instruir o resolver los expedientes
sancionadores, ni tan siquiera poner en conocimiento del Servicio
Público de Empleo, como es el caso, posibles irregularidades por parte
de desempleados sin llevar a cabo el trámite establecido por nuestro
ordenamiento jurídico, por cuanto esas funciones suponen el ejercicio de
una autoridad pública que no puede corresponder a una sociedad
mercantil aunque esta sea de capital público o goce de la firma de un
convenio marco", decía la asociación en su escrito a Soledad Becerril.
ANDET esgrimía también que la nueva condición vulneraba la Ley de
Protección de Datos.
La Defensora del Pueblo ha
respondido a la queja de la asociación y, tras requerir información de
la Secretaría de Estado de Empleo, ha pedido al Ministerio que modifique
esta cláusula y que suprima "el incentivo por resolución de
irregularidades".
"Tras el análisis de las
consideraciones de la Secretaría de Estado de Empleo esta institución
considera que el incentivo o retribución por resolución de
irregularidades [...] establece una retribución indebida, por cuanto
retribuye una acción que no constituye intermediación laboral y
pervierte el sentido de la norma, al convertir en objetivo susceptible
de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a
la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de
su actividad", manifiesta en su escrito la adjunta segunda de la
Defensora, Concepció Ferrer i Casals.
Un portavoz
del Ministerio de Empleo asegura que aún no tienen notificación de este
escrito, pero que siempre han defendido que el acuerdo marco de
colaboración con las agencias de colocación se ajusta a la legalidad. El
concurso aún no se ha resuelto: cuando sea efectivo, se conocerán qué
agencias son las que colaborarán con los servicios públicos de empleo y,
por tanto, recibirán estos incentivos.
Fuente: www.eldiario.es
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