El Gobierno tiene a punto un instrumento con el que
hacer frente a las nuevas formas de protesta ciudadana en el segundo
tramo de la legislatura. Las movilizaciones que arrancaron con el 15-M y
que constituyen una prioridad para el Ministerio del Interior desde que
el PP ganó las elecciones, caso de las concentraciones frente al
Congreso o los escraches, pasarán a estar tipificados como infracciones
en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto estará en la
mesa del Consejo de Ministros antes de que acabe noviembre.
Se trata, precisamente, de castigar con sanciones económicas las
movilizaciones a las que diferentes tribunales y jueces de instrucción
han dado su aval como legítimo ejercicio de la libertad de expresión.
Una vez que el nuevo Código Penal elimina las faltas, las acciones que
antes eran tipificadas como tal pasan ahora a ser delitos o
infracciones, según su gravedad. La Constitución frena cualquier
tentación de convertir en delito actos vinculados a la libertad de
expresión y es ahí donde el Gobierno opta por reformar la Ley de
Seguridad Ciudadana y convertir esas faltas en infracciones leves,
graves o muy graves.
Según adelantó este miércoles
el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participar, por ejemplo,
en una manifestación no autorizada frente al Congreso constituirá una
infracción muy grave que llevará aparejada una fuerte multa. Un portavoz
de su departamento aseguró que aún no se han cerrado las cuantías de
las sanciones administrativas para cada infracción.
Durante el primer tramo de legislatura, la estrategia del Ministerio
del Interior consistió en intentar sentar a los manifestantes en el
banquillo, incluido el de la Audiencia Nacional. El 15M había nacido en
la etapa socialista, así que el Ejecutivo de Mariano Rajoy encontró su
primera prueba de fuego en la convocatoria del 25 de septiembre de 2012, día en el que la Plataforma En Pie y la Coordinadora 25S llamaron a "ocupar" el Congreso.
Concebida como una forma de revitalizar el 15M, al menos por una parte
de los convocantes, la protesta fue modulando su mensaje e incluso llegó
a cambiar el ‘ocupa’ por un ‘rodea’. El Gobierno, sin embargo, no dudó y
siete de sus convocantes acabaron en la Audiencia Nacional. Una vez
celebrada la protesta, el resultado fue un auto del juez Santiago Pedraz
que incluía una durísima crítica a los “excesos” de interpretación y
actuación cometidos por la Policía y una frase que quedó grabada en la
memoria de aquellos días: "No cabe prohibir el elogio o la defensa de
ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en
cuestión el marco constitucional, ni menos aún, de prohibir la expresión
de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de
actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase
política".
Sergio García Gómez fue uno de aquellos
convocantes y su hermano integró el grupo de imputados que declaró ante
Pedraz. Consultado sobre la reforma que prepara el Gobierno, tiene claro
que “va en la línea de acabar con cualquier forma de expresión que le
hace daño”. García Gómez ni siquiera cree que las fuertes multas vayan a
acallar el descontento social. Por muy altas que sean las multas, “¿qué
van a hacer cuando sean millones las personas multadas”?, se preguntan.
En sucesivas convocatorias, Interior trató de llevar de nuevo a la
Audiencia Nacional las convocatorias frente al Congreso, como
susceptibles de violar varios artículos del apartado del Código Penal
dedicado a las altas instituciones del Estado. El artículo 493 castiga
con penas de hasta cinco años asaltar el Congreso, algo que nunca se
produjo. Así que se reservó para su estrategia la aplicación del 494,
que castiga con pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a
veinticuatro meses a ”los que promuevan, dirijan o presidan
manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de
los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad
Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.
El juez Eloy Velasco se unió con motivo de otra protesta al criterio de su compañero Pedraz y más recientemente, Javier Gómez Bermúdez archivó la causa contra los activistas de Greenpeace que se encaramaron al frontispicio de la Cámara Alta.
La "paz social" de Fernández Díaz
La reforma es el último episodio de una estrategia que arranca en la
toma de posesión de Fernández Díaz el 22 de diciembre de 2011. Aquel
día, el ministro dedicó el mismo tiempo de su discurso a la lucha contra
terrorismo que al mantenimiento de la “paz social”, un término
utilizado habitualmente para referirse al acuerdo entre Gobierno,
patronal y sindicatos y que él eligió en sustitución del de “orden
público”. Entre las primeras medidas de Fernández, estuvo la de elegir
al frente de la Policía al comisario jefe de los antidisturbios en la
época de Aznar.
Cuatro meses después, en abril de
2012, se produjo el choque con el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. Jorge Fernández Díaz se lanzó a anunciar que la
resistencia pasiva a los policías o la convocatoria de manifestaciones
ilegales sería tipificado como delito en la reforma del Código Penal
prometida por el Gobierno. Poco después, el titular de Justicia tuvo que corregirle en ambos casos.
Fuentes que trabajan en el Ministerio del Interior sitúan igualmente
los roces de Fernández Díaz con su primer secretario de Estado, Ignacio
Ulloa, entre los motivos que provocaron la salida de éste del
Ministerio. Ulloa, jurista de formación, habría rebatido las
pretensiones en este ámbito de Fernández Díaz.
Los
escraches son otro objeto de la próxima reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana. Como ocurrió contra las protestas del Congreso, las denuncias
del Gobierno y del PP han chocado con los tribunales. Uno de los más
célebres encontronazos se produjo con ocasión del escrache de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el domicilio de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, archivó la denuncia
asegurando en su auto que los denunciados estaban amparados por el
derecho de libre expresión y manifestación y que, aunque sus palabras
pudieran haber ofendido o perturbado a la vicepresidenta o su familia,
no violaron su derecho a la intimidad, “dado que por su carácter de
persona de relevancia pública dedicada a la gestión, dicho derecho cede
ante los expresados derechos colectivos.
Para Rafa
Mayoral, abogado de la PAH, la reforma anunciada por el ministro no hace
sino “profundizar en las restricciones de las libertades fundamentales”
e insistir en errores cometidos en el pasado, como ocurrió con la ley
Corcuera, de la que recuerda, “parte está derogada por el Tribunal
Constitucional”. Además, según Mayoral, supone “un intento infructuoso”
de limitar el ejercicio de las libertades, que aventuró, los ciudadanos
van a seguir ejerciendo.
Proteger a la Policía
Otra de las patas de la reforma son las infracciones que castigan
determinadas conductas, aún por determinar, contra las Fuerzas de
Seguridad. "El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente
la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la
misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil
Policía y fuerzas de seguridad", dijo este miércoles el ministro.
Hasta ahora, muchas protestas pacíficas se saldaban con denuncias por
resistencia o atentado a la autoridad, “un cajón de sastre” para la
criminalización de la protesta en sí, según denuncian los activistas.
Ocurre en la paralización de los desahucios emprendida por la PAH. Van
825 acciones, según recoge su página web, y ninguno de sus activistas ha
sido imputado por un delito de sedición, recogido en el artículo 544
del Código Penal y que castiga a aquellos que "se alcen pública y
tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías
legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad". De nuevo,
los jueces respaldan esa iniciativa ciudadana y el juzgado sólo tramita
denuncias policiales por resistencia o atentado.
El Gobierno ha contabilizado 777 ciudadanos heridos en las distintas protestas
celebradas en lo que va de legislatura y 253 policías. Al cumplirse el
segundo aniversario del 15M, ninguno de los 447 detenidos en esa
protesta o similares había sido condenado. Por el contrario, los
juzgados de lo contencioso administrativo han condenado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno
en Madrid por vulnerar los derechos fundamentales de los manifestantes.
Su titular, Cristina Cifuentes, vio cómo caía en saco roto su propuesta
de "modular" el derecho de manifestación.
Fuente: www.eldiario.es
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