Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha reaccionado contra el
anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Partido
Popular, y ha denunciado ante la Comisión Europea "la clara violación de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" en caso de
que el PP implemente el Anteproyecto filtrado ayer.
"El Gobierno
de España lleva tiempo implementando una estrategia represiva, con la
criminalización de la movilización social como punto central, para
silenciar la indignación y el rechazo generalizado a su pésima acción de
gobierno, y con esta ley se situaría fuera de la legalidad nacional e
internacional. Este anteproyecto violaría flagrantemente derechos
civiles y libertades políticas fundamentales con el único objetivo de
ocultar el descontento masivo por el empobrecimiento y el retroceso
social que están producen sus políticas", sostuvo el eurodiputado de
Izquierda Unida, Willy Meyer.
El Anteproyecto de Ley que ha sido
dado a conocer entre los movimientos sociales españoles como 'Ley Anti
15-M' debido a que está orientado a incrementar las penas a las acciones
de protesta pacífica llevadas a cabo en los últimos años por dicho
movimiento.
Así, se convertirán en delitos graves, con penas de
30.000 a 600.000 euros, la convocatoria o la participación en
manifestaciones no autorizadas, la grabación y/o difusión de imágenes
sobre las fuerzas de seguridad, y otro tipo de acciones de protesta como
los escraches o las concentraciones frente a Instituciones Públicas.
"La
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye
los derechos de reunión y manifestación, está siendo pisoteada día tras
día en España y los actuales representantes de la Unión Europea alegan
carecer de competencias para actuar. Sin embargo, desde Izquierda Unida
insistimos para que las instituciones comunitarias se pronuncien y
presionen para evitar esta aberración e insulto a los principios básicos
de la democracia", afirmó Meyer.
"En caso contrario -concluyó
el eurodiputado-, las instituciones comunitarias serán cómplices
silenciosas de la represión y el atropello a las libertades civiles y
políticas, además de ser responsables de las políticas antisociales y
neoliberales que la Troika está imponiendo a los países del sur de
Europa e Irlanda a pesar del rechazo de estos pueblos a las medidas de
austeridad".
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