Izquierda Unida presenta su propuesta alternativa para abordar la reforma fiscal de manera "justa y progresiva" frente a los cambios que prepara el Gobierno

Cayo Lara defiende durante la jornada parlamentaria ‘Una fiscalidad justa para una salida social de la crisis’ -donde se desgranaron 57 medidas fiscales concretas- que “se debe echar un órdago” en esta materia para evitar que la prioridad sea sólo pagar la deuda

Izquierda Unida ha presentado hoy su propuesta alternativa para abordar una reforma fiscal de manera “justa y progresiva” de cara a los cambios anunciados por el Gobierno del PP para el primer semestre de 2014. Lo hizo durante la jornada ‘Una fiscalidad justa para una salida social de la crisis’ que esta formación, a través de su grupo parlamentario, ha organizado en el Congreso y que ha sido clausurada por el coordinador federal, Cayo Lara.

Lara ha defendido “echar un órdago” en política fiscal para evitar que la prioridad del gasto público sea sólo el pago de la deuda. Dejó claro que Izquierda Unida aspira a un proceso constituyente que reforme muchos aspectos de la Carta Magna pero, mientras tanto, “simplemente aplicando el artículo 31 en su actual redacción –aseguró- se pueden hacer más cosas de las que hay sobre la mesa”.

Recordó que ese artículo establece que en España “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”.

La propuesta alternativa de IU parte de la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución pactada y aplicada la legislatura pasada –agosto de 2011- por PSOE y PP. A partir de ahí, se incluyen hasta 57 medidas concretas para hacer la fiscalidad más progresiva y aumentar la recaudación.

Cayo Lara expuso su convicción sobre que el modelo fiscal basado en “más igualdad y equidad” que defiende IU permite mayor margen que aquel por el que apuestan PP y por el PSOE. Subrayó, eso sí, la necesidad de no perder de vista el pragmatismo, para que “al día siguiente de empezar a construir el socialismo, la gente tiene que abrir el grifo y tiene que seguir saliendo agua”.

El objetivo tiene que ser garantizar recursos suficientes para garantizar la financiación del “Estado social que queremos tener y que no queremos que nos roben más”, todo ello cumpliendo el criterio de equidad en el esfuerzo.

A lo largo de la jornada, en la que han participado expertos fiscales de distintos sectores, los diferentes dirigentes de IU han detallado las prioridades para esta formación. Alberto Garzón, portavoz económico parlamentario, incidió en que “es la clase trabajadora quien está costeando con su esfuerzo la deuda pública”, cuyo coste “es imposible de pagar”, aseguró tajante.

Por ello, abogó por que se reconozca la imposibilidad de este pago. “Si se hace –dijo- tiene consecuencias; hay que ver cómo afrontamos esas consecuencias”. Reconoció que dejar de pagar parte de la deuda para dedicar ese dinero a otros fines “no es una medida de avance. No genera empleo, ni crecimiento por sí mismo. Es una medida de salvamento”.

Por su parte, Marga Ferré, secretaria ejecutiva de Elaboración Política, Programática y Áreas de IU, denunció las consecuencias que tiene la “aplicación increíblemente dogmática de la doctrina neoliberal”.

Advirtió de que este modelo iniciado en los años 70 y que se impone sin contemplaciones desde el inicio de la actual crisis “tiene cuatro puntos básicos, no son más, que aplican en todo: la apertura completa de la economía; recorte del gasto público y eliminación del gasto social; privatización de las empresas públicas y crear el clima propicio para eliminar la función económica y social del Estado”

El responsable de la secretaría federal de Economía y Empleo, José Antonio García Rubio, junto a Manuel Martín, miembro del Gabinete Técnico Económico parlamentario de IU, fueron los encargados de desgranar los 57 puntos concretos de la propuesta alternativa de reforma fiscal.

Junto a la derogación del artículo 135 de la Constitución, García Rubio planteó como “imprescindible la derogación y renegociación con Bruselas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para proteger así legalmente el gasto y la inversión en servicios públicos”.

Entre las medidas que plasma IU en su propuesta figuran también la tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital, que se dé marcha atrás a la subida del IVA y se establezcan nuevos impuestos sobre el lujo, la riqueza (a partir del ya conocido Impuesto sobre el Patrimonio) o sobre las pernoctaciones en establecimientos turísticos.