11 de marzo de 2014

Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes obligados a duplicar su aportación para sostener los servicios sociales

Sólo cuatro días ha tardado la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en concretar el recorte de su aportación en 2014 a los convenios con los ayuntamientos para financiar los servicios sociales básicos.
Según una orden publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo la aportación conjunta del Ministerio de Sanidad y de la Consejería a esos convenios será como máximo del 40 % en los municipios de más de 20.000 habitantes de la región, o lo que es lo mismo que los ayuntamientos deberán aportar el otro 60 %, cuando hasta ahora era de un 33 %. Los municipios con población inferior a 20.000 habitantes sin embargo aportarán sólo el 40 %.
Tal como informamos en eldiario.es/clm, el Decreto 13/2014 publicado en Diario Oficial el pasado 3 de marzo ha venido a modificar la participación de la Junta en la financiación de los servicios sociales municipales. Si hasta ahora se garantizaban dos tercios del coste (un 66 %) con la modificación se establece que la aportación conjunta de Consejería y Ministerio oscilará entre el 30 % y el 70 %, con el objetivo de “flexibilizar la aportación financiera” condicionada por las disponibilidades presupuestarias.
Este esfuerzo se les exigirá a los ayuntamientos durante dos ejercicios, ya que la nueva Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales prevé que el 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las competencias que hasta ahora tenían los ayuntamientos en la prestación de servicios sociales.
Pero más allá de porcentajes de cofinanciación entre 2011 y 2014 la Junta ha recortado a la mitad la cuantía de sus aportaciones a los ayuntamientos para servicios sociales, según un informe del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha comparando los Presupuestos de Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en ese periodo. En concreto se ha recortado a los Ayuntamientos el 49,28% su colaboración, a las entidades sociales el 50,07%, a la Fundación Sociosanitaria y otros entes públicos les ha rebajado un 58,74% y las ayudas económicas a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, dependencia y/o emergencia social se han reducido un 46,78%.

Fuente:   www.eldiario.es

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