Sólo cuatro días ha tardado la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
concretar el recorte de su aportación en 2014 a los convenios con los
ayuntamientos para financiar los servicios sociales básicos.
Según una orden publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo la
aportación conjunta del Ministerio de Sanidad y de la Consejería a esos
convenios será como máximo del 40 % en los municipios de más de 20.000
habitantes de la región, o lo que es lo mismo que los ayuntamientos
deberán aportar el otro 60 %, cuando hasta ahora era de un 33 %. Los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes sin embargo
aportarán sólo el 40 %.
Tal como informamos en eldiario.es/clm,
el Decreto 13/2014 publicado en Diario Oficial el pasado 3 de marzo ha
venido a modificar la participación de la Junta en la financiación de
los servicios sociales municipales. Si hasta ahora se garantizaban dos
tercios del coste (un 66 %) con la modificación se establece que la
aportación conjunta de Consejería y Ministerio oscilará entre el 30 % y
el 70 %, con el objetivo de “flexibilizar la aportación financiera”
condicionada por las disponibilidades presupuestarias.
Este esfuerzo se les exigirá a los ayuntamientos durante dos
ejercicios, ya que la nueva Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de las administraciones locales prevé que el 31 de
diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las competencias
que hasta ahora tenían los ayuntamientos en la prestación de servicios
sociales.
Pero más
allá de porcentajes de cofinanciación entre 2011 y 2014 la Junta ha
recortado a la mitad la cuantía de sus aportaciones a los ayuntamientos
para servicios sociales, según un informe del Colegio Oficial de Trabajo
Social de Castilla-La Mancha comparando los Presupuestos de Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales en ese periodo. En concreto se ha
recortado a los Ayuntamientos el 49,28% su colaboración, a las entidades
sociales el 50,07%, a la Fundación Sociosanitaria y otros entes
públicos les ha rebajado un 58,74% y las ayudas económicas a las
personas y familias en situación de vulnerabilidad, dependencia y/o
emergencia social se han reducido un 46,78%.
Fuente: www.eldiario.es
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