Gaspar Llamazares, que defenderá la toma en consideración de
la proposición de ley, considera que hay que acabar con el “abuso
endémico de esta medida al que han recurrido los sucesivos gobiernos del
PP y PSOE”
El texto que plantea IU establece que la medida de
gracia no podrá ser aprobada por el Ejecutivo en contra del criterio del
tribunal que haya emitido la sentencia
Izquierda
Unida, a través de su diputado y portavoz de Justicia, Gaspar
Llamazares, defenderá en el Pleno del Congreso del próximo martes una
“ambiciosa y necesaria” proposición de ley para modificar la actual
legislación sobre indultos -que data de 1870, aunque con alguna
modificación puntual posterior- de tal forma que el Gobierno esté
obligado a motivar la concesión de cada medida de gracia. De esta forma,
el indulto no podrá aprobarse en contra del criterio del tribunal
sentenciador y no se podrán indultar delitos que causen alarma social,
como los referidos a temas de corrupción.
Para resumir los
objetivos fundamentales de esta reforma Llamazares indica que debe
garantizarse que los indultos “no sean injustos en ningún caso”, dado
que es imposible acabar del todo con el “margen de arbitrariedad” que
corresponde al Ejecutivo que los concede. Por ello, el texto que plantea
IU establece las reglas para una “aplicación transparente” de esta
medida, para acabar así con el “abuso endémico al que han recurrido los
sucesivos gobiernos de PP y PSOE” cuando la han utilizado.
El
portavoz parlamentario de Justicia de IU cifra en torno al medio
centenar los indultos que concede al año el Ejecutivo. Del mismo modo,
denuncia que esta medida se ha aplicado a políticos, jueces, banqueros o
personas ligadas al poder político y económico, “lo que ha acabado por
dar la impresión a la ciudadanía de que existe una ‘justicia paralela’ y
sesgada para determinados círculos de poder que se escapa al control
democrático”.
Llamazares pone como ejemplo el caso ocurrido en
la segunda mitad de 2013 de un conductor kamikaze indultado por el
Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado a 13 años de prisión por
matar a un joven en Valencia, decisión anulada posteriormente por el
Tribunal Supremo. Para evitar casos así o que abarquen hechos
especialmente delicados, la proposición de ley de IU plantea
determinados delitos se excluyan del ámbito del indulto.
Entre
otros, se hace referencia a los que tengan que ver con los delitos de
estafa, apropiación indebida, blanqueo de dinero, los societarios y
contra la Administración y la Hacienda públicas, malversación y fraude,
prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, y delitos electorales y
ecológicos.
Entre las explicaciones y datos que el Gobierno de
turno deberá detallar expresamente en sus resoluciones para conceder un
indulto estarán el delito cometido, el grado de ejecución alcanzado
(actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de la
imputación (autor o cómplice), la pena principal en que recaiga la
gracia, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que justificó
su concesión.
Estos mismos puntos deberán constar, de manera
sucinta, en los reales decretos que formalizan la concesión de los
indultos y que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
textos que tendrán que seguir incluyendo los datos sobre el órgano
sentenciador, las variables temporales y las condiciones impuestas.
Además,
la iniciativa coordinada por Gaspar Llamazares cuya toma en
consideración se votará el próximo martes en el Congreso plantea que
para que el Gobierno conceda un indulto parcial o total el magistrado o
tribunal sentenciador deberá acreditar “razones de justicia equidad o
utilidad pública”.
La proposición de ley plantea también que el
Ejecutivo remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso
copia de los expedientes de indulto concedidos, así como la publicación
anual de todos los datos estadísticos sobre la utilización de esta
medida, garantizando el libre acceso público a los mismos.
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