Aunque ya había anuncios y advertencias en este sentido
finalmente se ha concretado mediante Decreto la reducción del porcentaje
de aportación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los convenios con los
ayuntamientos para financiar los servicios sociales básicos.
El Decreto 13/2014 publicado en Diario Oficial el pasado 3 de marzo
declara su objetivo de “flexibilizar la aportación financiera”
condicionada por las disponibilidades presupuestarias y si hasta ahora
la Junta, mediante convenio, garantizaba su participación en la
financiación de los servicios sociales municipales en dos tercios, ahora
se establece que la aportación conjunta de Consejería y Ministerio
oscilará entre el 30 % y el 70 %. Es decir que, según el criterio del
Consejero, se seguirá aportando prácticamente idéntico porcentaje que
hasta ahora o bien el ayuntamiento aumentará su financiación desde el 33
% actual, pudiendo llegar a tener que hacerse cargo del 70 %.
El problema añadido de este criterio de “flexibilidad” es que deja
margen para la discrecionalidad y para premiar o castigar al
ayuntamiento de turno según su color político. El “consuelo” para los
ayuntamientos es que este esfuerzo añadido se les exigirá sólo durante
dos ejercicios, ya que la nueva Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de las administraciones locales prevé que el 31 de
diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las competencias
que hasta ahora tenían los ayuntamientos en la prestación de servicios
sociales.
Y eso, si atendemos al pasado reciente, no
es una buena noticia ni para los usuarios ni para los para los
profesionales. Porque hasta ahora sólo hemos hablado de porcentajes de
cofinanciación pero si nos preguntamos por la cuantía en sí, resulta que
entre 2011 y 2014 la Junta ha recortado a la mitad sus aportaciones a
los ayuntamientos para servicios sociales, según un informe del Colegio
Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha comparando los
Presupuestos de Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en ese periodo.
En concreto se ha recortado a los Ayuntamientos el 49,28% su
colaboración, a las entidades sociales el 50,07%, a la Fundación
Sociosanitaria y otros entes públicos les ha rebajado un 58,74% y las
ayudas económicas a las personas y familias en situación de
vulnerabilidad, dependencia y/o emergencia social se han reducido un
46,78%.
Del mismo estudio se deduce que la Junta ha
reducido un 38,87 % su presupuesto de servicios sociales que existía en
2011, pero también hay aproximadamente un 12% del mismo que no se
ejecuta, por lo que la conclusión es que se han desmantelado o recortado
la mitad de los servicios sociales existentes en 2011, provocando
desatención y despidos de casi 20.000 profesionales, y ello cuando son
más necesarios que nunca ya que solo en el último año ha aumentado su
demanda un 58,3% en la región.
Fuente: www.eldiario.es
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