"¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una
gestión 100% pública?" Frente a la negativa del Ayuntamiento de convocar
un referéndum, los vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han
decidido seguir dando batalla contra la privatización de la gestión del
agua municipal y no quedarse de brazos cruzados. Por eso, la Plataforma
contra la Privatización del Agua de Alcázar ha puesto en marcha una consulta popular convocada del 20 al 23 de marzo en la que los ciudadanos tendrá que responder afirmativa o negativamente a esta pregunta.
Evidentemente no será vinculante pero sí una buena forma de medir el
sentir de los alcazareños frente a la adjudicación del 52% de la empresa
municipal de agua a la empresa privada Aqualia, de FCC, para los
próximos 25 años. "Hemos tomado como referente la consulta que se hizo
en Madrid contra la privatización del Canal de Isabel II. Tendremos once
mesas en la ciudad conectadas por internet para que cualquier persona
censada mayor de 18 años con su DNI o el certificado de empadronamiento
pueda votar. Como no podemos acceder al censo electoral, iremos
apuntando escrupulosamente quién ha votado para que no haya
duplicidades", explica Raúl Zarco, de la plataforma. "Queremos que sea
como una votación normal para poder comparar resultados y acercarnos
todo lo posible a la realidad", remacha Luis Miguel López, miembro
también de la plataforma.
Además, se podrá votar por
correo postal y habrá una mesa ambulante que irá a las casas de aquellas
personas que no puedan desplazarse y previamente lo hayan solicitado
por teléfono (626 38 47 55) o email
(consultaciudadanaalcazar@gmail.com). "Como el Ayuntamiento nos ha
negado la consulta, y sabiendo que no es vinculante, la vamos a hacer
para moralmente mostrarle lo que opina el pueblo de Alcázar. Más que
nada es algo moral. Estamos muy animados y pensamos que la participación
va a ser grande porque cada vez tenemos más apoyo y los vecinos están
más concienciados", agrega Luis Miguel.
Por su parte,
el alcalde de Alcázar, Diego Ortega (PP), ha señalado a eldiario.es que
esta votación es "una consulta manifiestamente ilegal, tal y como
recoge el artículo 71 de las Bases del Régimen Local. No tienen
autorización y además hace tres semanas en el pleno, en el que
intervinieron los vecinos, la corporación municipal desestimó la
consulta".
De igual modo, el d
elegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, mantuvo la misma
idea ayer en rueda de prensa al asegurar que la consulta es ilegal y
que la asociación puede llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa pero “dentro de su ámbito interno”. También informó de la apertura de un expediente sancionador al exalcalde de la localidad,
José Fernando Sánchez Bólado (PSOE), al que señala como presunto
organizador de las concentraciones ciudadanas en protesta por el cambio
de gestión de agua los días 18 y 19 de febrero.
La adjuciación definitiva del agua, el miércoles
Y frente a las manifestaciones y la consulta ciudadana de la semana que
viene, el Consistorio sigue adelante con la adjudicación del servicio
de agua alegando que es la única vía posible para sostener el servicio
ante los 6,5 millones de euros de la empresa municipal. Ya en el último pleno extraordinario celebrado en medio de todas las protestas y del encierro
que una veintena de vecinos mantuvieron durante cuatro días en la sede
del Ayuntamiento, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba
un referendum se tumbó y se decidió seguir adelante con la adjudicación
en unas votaciones que se resolvieron con el voto de calidad del
regidor. "El planteamiento del Ayuntamiento es hacer lo que le
corresponde, salvar la empresa de aguas y defender los intereses de los
vecinos. Por eso, nos hemos comprometido a mejorar el servicio, que no
se vea incrementada la factura y que la plantilla conserve sus puestos
de trabajo. Hay que defender el bien general y eso es lo que estamos
haciendo independientemente de estas actuaciones ilegales que nada
tienen que ver con la democracia, que es, por otro lado, la que ha
legitimado a este equipo de Gobierno en las urnas", aseguraba ayer
Ortega.
El próximo pleno se celebrará este miércoles
a las 8.15 horas para, además de que tomen posesión los dos nuevos
concejales (uno por el PP y otro por Ciudadanos por Alcázar tras las
recientes dimisiones), aprobar la adjudicación definitiva de Aguas de
Alcázar a Aqualia. Lo que ha llamado la atención en el municipio es la
convocatoria de dicho pleno extraordinario. Se hizo el domingo mientras
miles de vecinos se volvían a concentrar frente al Ayuntamiento para
seguir reivindicando que el agua de Alcázar sea pública. "Lo atípico es
convocar un pleno en domingo. ¿Por qué no lo hicieron el viernes u hoy
[por ayer]?", se pregunta Luis Miguel. "Nos extraña el hecho de que lo
hicieran en domingo y precisamente cuando todo el pueblo de Alcázar
estaba en la calle manifestándose. Nos quedamos perplejos y no sabemos
qué estrategia sigue el equipo de Gobierno o si tratan de asustar a los
ciudadaos. Sus medidas van encaminadas a desmoralizar a los vecinos para
que piensen que para qué van a votar si ya está hecho. Esa es su
política. Esta convocatoria de pleno es inusual y rarísima pero
estaremos allí como llevamos haciendo siete u ocho meses", agrega.
Ortega, por su lado, explica que el pleno se convocó el domingo porque
"cualquier día se puede convocar un Pleno. Hay que cumplir unos plazos
que recoge la normativa para las adjucaciones. Y este equipo de Gobierno
trabaja los 365 días", zanja.
Fuente: www.eldiario.es
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