25 de marzo de 2014

Willy Meyer: "No hay ningún control de la ciudadanía sobre la cosa pública"

Willy Meyer
Willy Meyer (1952) porta en la solapa de su chaqueta el triágulo rojo invertido, la marca de los presos políticos en los campos de concentración alemanes. "Es para que no se nos olvide lo que significó el fascismo y el nazismo en Europa, que no es ninguna tontería y que está otra vez aquí, entre nosotros, y viene con fuerza".
Meyer ha sido elegido para liderar la lista europea de Izquierda Unida al Parlamento Europeo por tercera vez consecutiva. A falta de dos meses para la cita con las urnas, atiende a eldiario.es/andalucia en la sede regional andaluza de la formación de izquierdas, en Sevilla. Lo tiene claro: "Ahí vamos a estar nosotros alertando a la gente de que un proyecto regional distinto como el que planteamos hace inviable el fascismo". Y advierte: "En un país como Francia va a ser la primera fuerza política. Eso da mucho miedo. Eso no puede volver a Europa".
Encabeza por tercera vez consecutiva la lista de IU a las elecciones europeas, ¿aspira a superar los dos escaños actuales en el Parlamento Europeo?
Por supuesto. Estamos convencidos de que vamos a ser la fuerza política que más va a subir respecto a los últimas elecciones. Yo creo que es un mérito que tiene que ver con haber sido capaces de conectar con la rebelión democrática que se ha organizado en este país, de los trabajadores y trabajadoras, de la juventud, en contra de las políticas del austericidio. Tiene mucho que ver con eso y también con un programa alternativo a este proyecto regional fallido que se llama Unión Europea.
¿Entiende que es el momento idóneo para plantear una nueva estructura política en Europa?
Hay que conseguir que el 25 de mayo recortemos a los recortadores, es decir, a la Troika y a las fuerzas políticas bipartidistas que la han apoyado, la han jaleado y la han construido, que son el PP y el PSOE. Se trata de que el 25 de mayo saquemos nuestras tijeras, igual que lo han hecho ellos con nosotros, que nos han recortado salarios, empleo, gasto público con efectos letales para la educación y para la sanidad pública, etc. y aplicárselo a ellos.
¿Cabe realmente plantear un modelo que cuestione el Banco Central Europeo y el euro según está diseñado ahora mismo?
En este proyecto regional no cabe. Nosotros cuestionamos la mayor. Hemos llegado a la conclusión, y lo vamos a debatir en la campaña electoral, que desde el punto de vista del empleo, del interés general, de los servicios públicos, de los salarios, de las pensiones, de la salud y la educación pública, este proyecto regional es un proyecto fallido y no es reformable. No es reformable porque PP y PSOE, es decir, los dos grupos europeos mayoritarios, la socialdemocracia y la derecha, en el conjunto de los tratados que se hicieron, desde Maastricht hasta Lisboa, blindaron un modelo no democrático.
¿En qué sentido el actual modelo europeo no es democrático?
La arquitectura no es democrática. Tenemos un Parlamento que no legisla plenamente, no elige, no controla un gobierno. Y un modelo económico pensado en garantizar la defraudación fiscal para consentir el fraude financiero de los estafadores y para acaparar la riqueza en muy pocas manos, sobre todo de las transnacionales, a costa del modelo social y los trabajadores.
¿Qué plantean entonces?
Queremos un proceso constituyente que determine un proyecto regional pensado por y para la gente, con instrumentos económicos diferentes. Queremos una moneda que tenga un tesoro público, no como ésta que no se puede devaluar para controlar la inflación y se convierte en un ataque a los salarios. Queremos un Banco Central no como éste, que es un nido de especuladores porque no se permite dar dinero directamente a los estados sino que lo tiene que prestar la banca privada a un interés. Queremos un banco público con capacidad de inyectar dinero directamente a los estados a interés cero.
Y en función de esta nueva realidad económica, actuar sobre la deuda. En estos momentos, es una deuda impagable en muchos países europeos. Grecia, antes de las aplicación de la austeridad, estaba en el 125% del PIB. Siete años después está en un 175% de su PIB. España el año que viene estará en en el 105% del PIB. Esta deuda es el resultado de esa especulación que realizó el Banco Central con la banca privada. Queremos auditarla para que la parte especulativa no se pague.
Y después, poner todos los recursos económicos al servicio de la creación de empleo. Para eso hace falta, en ese nuevo modelo económico, rescatar empresas estratégicas de producción que fueron privatizadas, comenzando por la energía. Teníamos un potente sector estratégico, la siderurgia, el sector naval, el transporte, la telecomunicación, la gestión del agua, una parte del sector financiero... Todo eso tiene que volver a ser público para, desde allí, controlar las ansias depredadoras del mercado libre que es, al fin y al cabo, en lo que se convirtió la Unión Europea de la mano de PP y PSOE.
¿Cómo notaría el ciudadano europeo el desarrollo de unas políticas diferentes?
En primer lugar, en un proceso constituyente el ciudadano tendría la palabra para elegir representantes para que éstos redactaran una constitución que se sometiera a referéndum popular. Nosotros defenderíamos una constitución del siglo XXI con nuevas figuras. Lo que se evidencia en las calles, en las manifestaciones, es que a esta democracia le llaman democracia y no lo es. Tienen razón. Porque no hay ningún control de la ciudadanía sobre la cosa pública. Queremos introducir, tanto en España como en Europa, el revocatorio de un cargo público si no cumple con su programa, la dación de cuenta de su gestión y la democracia directa a través de referéndums vinculantes que obliguen a las administraciones, europeas o nacionales, a acatar la voluntad popular, así como la conversión de los derechos potenciales (vivienda, trabajo...) en derechos exigibles.
Todo eso ayudaría a ver que la ciudadanía es la protagonista de la historia, no como ahora en que la gente se ve humillada, indignada y dramáticamente violentada. Las administraciones consienten una violencia diaria, no hay nada más violento que un despido, no hay nada más violento que un desahucio, no hay nada más violento que un joven bien formado y bien preparado tenga que coger las maletas e irse de su país.
¿En qué fase de la enfermedad está el Estado del Bienestar?
Ahora mismo está en la UVI. Absolutamente en la UVI. Y nunca tan bien dicho, porque el otro día conocí en cifras lo que supone en Grecia, que es la avanzadilla neoliberal de la Troika, el recorte en sanidad, y estamos hablando de gente que muere por no tener asistencia sanitaria. Una cosa impensable que esto pudiera ocurrir en la Unión Europea. Las listas de espera no tienen límite, hay operaciones que se retrasan tanto que ponen en riesgo la vida del paciente y para todo lo que es la prevención en salud ya no hay financiación suficiente. Y todo eso repercute en la salud en general.
Izquierda Abierta ha impugnado ante la Comisión de Garantías Federal de IU la lista electoral que usted lidera, ¿qué le parece?
Yo espero que se resuelva de forma democrática y bien porque todo el mundo tiene derecho a estar representado en la candidatura de las europeas, por supuesto Izquierda Abierta también. Ha sido una pena que no nos pudiéramos poner de acuerdo para una lista unitaria. Lo que no ha podido ser, espero que ahora sí sea, es decir, que la Comisión de Garantías establezca un método para que efectivamente los compañeros puedan estar en la candidatura.
Usted, entre otros eurodiputados, ha firmado una declaración de apoyo a las víctimas del franquismo para exigir la creación de una Comisión de la Verdad en España, ¿ve posibilidades de que eso llegue a buen puerto?
En estos momentos, el caso de España es el único caso de la UE que todavía tiene gente luchadora contra el fascismo desaparecida y enterrada en las cunetas sin que el Estado tenga la obligación legal de la reparación de esas víctimas, de la investigación de esos crímenes. Por eso nosotros hemos hecho una iniciativa parlamentaria con todas las asociaciones civiles que están haciendo un trabajo absolutamente noble, que tendría que hacer el Estado, por la verdad, la reparación y la justicia.
Es lamentable que tengan que ser tribunales argentinos los que pidan abrir investigaciones sobre torturadores y que han interpretado la aministía general de 1977 como algo que podía borrar la responsabilidad penal de esos torturadores. Vamos a seguir en la próxima legislatura con el compromiso de imponer desde la UE el que el Estado español de una vez por todas asuma su responsabilidad política, que se encargue de las exhumaciones, de las investigaciones penales sobre los autores de crímenes todavía vivos y de borrar todos los expedientes judiciales en los que aparece gente condenada que fueron leales a la República.
Si saliera adelante en Argentina una reforma de la justicia universal como la que plantea el Gobierno de España eso ya no sería posible...
Hay buenas noticias en ese sentido y es que parece que los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional van a recurrir para que ese principio, que permitió en su día sentar en el banquillo a Pinochet, siga siendo una realidad y que la justicia universal forme parte del cuerpo jurídico de la actuación de los jueces del Estado. Ahora mismo es una vergüenza. Yo mismo, que fui torturado en 1972 por un policía de la Brigada Político Social llamado 'Billy el Niño', tuve que mandar mi testimonio a un juez argentino. Me parece insólito.
¿Por qué parece tan difícil que se pongan de acuerdo los partidos para alcanzar un Pacto de Estado por la inmigración y qué papel juega Europa en esta situación?
Europa juega un papel fundamental. En la anterior legislatura se aprobó, para vergüenza de todos, la 'directiva del retorno'. Fue el día que más vergüenza pasé en mi vida con una acción legislativa cuando vi el contador de votos. Se estaba aprobando una directiva que por primera vez permite a la policía detener a una persona por no llevar papeles y encarcelarlo sin pasar por un juez. Eso es un acto totalitario, propio de países donde no se garantizan los derechos mínimos de asistencia letrada
¿A partir de ahí qué ha ocurrido? El mensaje que se ha dado a toda Europa es que un inmigrante sin papeles es un criminal. Lo que ha hecho la UE, fruto de ese modelo económico depredador para el empleo, es blindar todas sus fronteras. Pero de una manera cínica, porque la propia Comisión Europea dice que la inmigración económica garantiza las pensiones del futuro. Es totalmente inaceptable que a la inmigración que escapa del hambre o de la guerra se le responda con alambradas, con botes de humo, con pelotas de goma y convirtiendo el Mediterráneo en una gran fosa común.
¿Qué tendría que hacer entonces la Unión Europea?
Cambiar radicalmente sus políticas de inmigración. Cambiarlas en origen, actuando donde a la gente se le obliga a irse, para que el presupuesto de cooperación sea muy fuerte, muy contundente, con fondos que permitan la localización del empleo, y regulando la necesaria inmigración económica para que sean bienvenidos, sin alambradas. Es un paquete completo pero que necesitamos cambiar de raíz. Invertir en cooperación es invertir también en el desarrollo de los europeos y las europeas. Nosotros no vamos a formar parte de ningún pacto que tenga que ver con un trato inhumano a la inmigración. En materia de inmigración no hay diferencia en Europa entre PP y PSOE. Aquí, si hicieran un pacto, con nosotros que no cuenten.
¿Qué le ha parecido que el Gobierno recurriera el decreto andaluz para reabrir la mina de Aznalcóllar y unos días después se reúna con la Junta para enmendarse?
Esto es el teatro éste absurdo que parece un circo, que sale un candidato, que se ve en la obligación de adelantarse a la noticia, para después desdecirse. Es lamentable.
Pero, ¿importa quién tenga las competencias para desarrollar un proyecto en el que ambos parece estar de acuerdo en que es importante para el empleo?
Es un juego que es inaceptable. La Junta tiene competencias, debe ser responsable de la creación de empleo y si ahí se ve una oportunidad... Si el Gobierno dice que no y ahora que sí, es un problema que tenemos, pero solo uno más.
¿Y por qué cree que casi nadie ha recordado el desastre ecológico de hace 16 años?
Aquí se apostó por un modelo productivo depredador para el medio natural. He podido ver más en concreto el tema de la Ría de Huelva. Los fosfoyesos, los vertidos, eso es algo espectacular, a sabiendas de que que produce un daño irreversible. El modelo capitalista salvaje ni tiene en cuenta a la persona ni al medio ambiente. Se lleva por delante todo. Si por el capitalismo salvaje fuera, volveríamos a la esclavitud. Estamos volviendo a los 50, pero si les dejáramos volveríamos al siglo XIX, y después al XVII y después al látigo.
De todas formas, ¿no se dirimen las cuestiones políticas demasiadas veces en el Constitucional o en el Supremo?
El Gobierno central ha utilizado la vía del Constitucional para intentar frenar el autogobierno andaluz. Nosotros los andaluces, a diferencia de otras comunidades, no nos regalaron autogobierno, tuvimos que conquistarlo en la calle. Una vez que lo tenemos, a través del Estatuto de Autonomía, los cargos andaluces tienen la obligación de defender ese autogobierno ¿Qué hace el Gobierno central? No solo no lo respeta sino que por la vía de los recursos intenta limitarlo día sí, día no, en función de temas que son claramente de competencia andaluza, con distintas artimañas.
¿También la función social de la vivienda? Hasta dos veces ha llevado el Gobierno el asunto al Constitucional y hasta Bruselas ha tenido algo que decir al respecto.
El decreto de vivienda se llevó al Constitucional diciendo, ni más ni menos, que ponía en riesgo la propiedad privada. Es un disparate. Y la Comisión Europea respondió, y delante mío lo dijo a la consejera de Vivienda en Bruselas, que ese decreto ponía en riesgo el sistema financiero europeo, cuando la misma Comisión estuvo callada 15 años con la directiva europea sobre hipotecas que no permitía la ley de hipotecas de España. Es decir, hay una actuación cómplice entre la Comisión Europea, la Troika y el Gobierno del PP porque son lo mismo. Quieren hacernos la vida imposible y nosotros vamos también a procurar hacerles la vida imposible a ellos.
¿Qué nota le pone al Gobierno de la Junta de Andalucía PSOE-IU?
Un 7.
¿Qué le falta, a su juicio, para llegar al sobresaliente?
Tiene que trabajar en un escenario muy, muy complejo. IU somos una fuerza política a la que nos ata el acuerdo político, que pretende en el mismo frenar al máximo las políticas de austeridad de la Troika y donde se plasma que tenemos diferencias de fondo con el PSOE, nuestro socio de gobierno, en relación a las políticas europeas. Gobernamos con un acoso permanente de recortes sobre recortes y hemos levantado un pequeño muro de contención para defender lo público, para defender Canal Sur y no cerrarla como ha pasado en Valencia o en Madrid, por ejemplo. Si fuera un sobresaliente en Andalucía no habría desempleo, no habría desahucios, todo el mundo tendría su vivienda, los jóvenes estarían trabajando felizmente... Yo espero que algún día podamos tener un sobresaliente. Un 7, con la que está cayendo, me parece una buena nota.
Se habla desde hace tiempo de la desafección ciudadana, ¿qué papel juegan los movimientos sociales o las marchas de la dignidad que, por ejemplo, se han celebrado este fin de semana?
Es muy importante la movilización y que la gente haga suyo lo que es el poder popular. Pero es insuficiente. Tiene que haber fuerzas políticas. Por ejemplo, el movimiento del 15M nace con el Gobierno Zapatero, hay una rebelión popular contra la Troika, hay huelgas generales, pero se abren las urnas y el PP tiene mayoría absoluta. Luego aquí falla algo. No hay correspondencia entre la movilización y la representación popular ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, no ser ingenuos y darnos cuenta de que, en relación a lo que es IU, nosotros lo que queremos es poner fin al capitalismo y al imperialismo.
Para conseguir esos objetivos no hay atajos, no se trata de tener razón, de tener un programa alternativo, de tener buenos oradores en las instituciones. Eso lo tenemos. Vamos sobrados. Pero falta algo muy importante: una organización potente, de masas que, junto con los movimientos sociales, tenga la fuerza suficiente para ganar la hegemonía en la calle. Incluso tú puedes coger el gobierno, pero podrás desarrollar tu programa en función de si la gente te sigue o no. Si tienes muy poca organización, estarás haciendo el paripé de que gobiernas, pero el gobierno te lo harán otros, los que tengan realmente fuerza, que son las multinacionales, el sector financiero, etc.
¿Por eso le dan tanta importancia a las europeas? ¿Qué le diría a la gente que ve los comicios del 25 de mayo como algo lejano, que no le afecta directamente?
Pues si es agricultor, que en Andalucía tenemos muchos, le diría que en estos momentos, la Política Agraria Común, que se decide en el Parlamento Europeo, a duras penas te da para pagar tus productos. Con otro Parlamento Europeo, pensado por y para la soberanía y la seguridad alimentaria, garantizaríamos esas dos cosas, que no es poco, y, además, una renta importante y digna para todo el productor agrario y ganadero. Si sus representantes europeos son terratenientes, de los grupos financieros, de las transnacionales de la alimentación, pues entonces trabajarán para ellos, que es lo que ocurre en estos momentos, a costa del pequeño y mediano agricultor que tiene el empeño de sacar adelante producciones pero que apenas el producto le da para pagar los gastos.
El Parlamento Europeo es muy importante para la juventud. Si tuviera una orientación distinta y defendiera la localización de empleo o apoyara la I+D+i hasta un 3% del PIB europeo, redundaría inmediatamente en la juventud. Con unas normativas europeas que garantizaran un salario mínimo, la vivienda, que cada empresa de nueva creación tenga una buena parte de juventud.

Fuente:   www.eldiario.es

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