31 de marzo de 2014

Alberto Garzón reprocha a Montoro que aproveche su Ley de Racionalización del Sector Público para "devaluar o suprimir organismos como el Instituto de la Mujer o el Consejo de la Juventud"

Intervención íntegra del portavoz económico de IU, ICV-EUiA, CHA en el Pleno del Congreso para responder a las explicaciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas "Señor ministro, usted ha hecho en su intervención una descripción de la economía de España que es en exceso optimista, desgraciadamente, por la situación en la que nos encontramos y que sólo podríamos entender si, por ejemplo, fuésemos banqueros, grandes empresarios o grandes empresarios de las autopistas.

Así entenderíamos ese optimismo que usted ha estado señalando respecto a la situación actual que -dice usted- en este caso, en este proyecto de ley se inserta en esa política general. Sin embargo, acabamos de conocer una noticia reciente de hoy mismo: España es el segundo país con más pobreza infantil de la Unión Europea. Eso no se corresponde o no debería corresponderse con un país desarrollado que se refleja en las palabras que usted ha dicho. Parece ser que usted está haciendo un uso de las palabras, del lenguaje, que no es coincidente con lo que los ciudadanos están viviendo en la calle.

Eso, que es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente desde el comienzo de esta legislatura, tiene aún más ‘inri’ cuando nos enfrentamos ante un proyecto de ley que utiliza el lenguaje de una forma quizás demasiado torticera, porque el propio lenguaje -otros grupos han podido señalar en las intervenciones anteriores algunas de estas cuestiones- lleva a claros equívocos. Cuando hablamos de racionalización -que como otros han señalado anteriormente, algunas instituciones, entre ellas el Consejo de Estado, es una palabra excesiva para el contenido del proyecto de ley-, uno está pensando en una radicalización del cambio de la estructura de las instituciones públicas en nuestro país y, por desgracia, por lo que nosotros entendemos -a continuación lo explicaremos-, no se trata de eso. Al contrario, de lo que estamos hablando es de una reordenación bastante caótica, descontrolada y a continuación precisaremos por qué nos lo parece  esta forma.

No obstante, primero quiero señalar una cuestión general a la que usted también se ha referido: el elemento de cómo relacionar una mejor utilización de servicios públicos, cuestión que si se vendiera de esa forma todo el mundo firmaría, porque todo el mundo quiere utilizar mejor los servicios públicos y las instituciones públicas; hasta ahí no cabe ninguna duda. La cuestión es que eso pueda encubrir una devaluación de la calidad de esos servicios y de esas instituciones, que a nuestro juicio es lo que va a ocurrir y es lo que se deriva de este proyecto de ley concreto.

Sin embargo, dentro de ese esquema general, cuando hablamos de gastos tenemos que recordar que en el proyecto de ley presentado por el Grupo Popular nos encontramos con que se reconoce que España es uno de los países que menos gasta en gasto público con respecto al producto interior bruto; estadísticamente es así.

De esa forma tenemos que empezar reconociendo, porque sería deshonesto hacerlo de otra forma, que no es un problema de gasto lo que asola a la economía española; al contrario, lo que estamos viendo es que es un problema de ingresos. De ingresos, señor Montoro -lo hemos visto en esta legislatura-, derivados del fraude fiscal, de ingresos derivados de un mal sistema fiscal y de ingresos porque la crisis económica ha disminuido la actividad productiva. Hay que incidir ahí, y el Gobierno incide mal. Además, usted ha aprovechado su intervención para anunciar más reformas tributarias que van en la línea contraria a lo que nosotros queremos, que es lo que usted ha anunciado: disminuir los impuestos directos sin haber mencionado los impuestos indirectos, que ya veremos finalmente cómo quedan; por tanto, esa política es errónea en ese sentido.

Después, si hacemos mención al gasto, nos encontramos con que la política que usted ha estado describiendo es hipócrita porque no es coincidente con la realidad, porque este Gobierno es el Gobierno del endeudamiento público, porque por mucho que demonice el gasto público o el endeudamiento público, al final es el Gobierno que más ha desembolsado para rescatar al sistema financiero, que más ha ampliado los créditos extraordinarios del gasto militar, que más ha rescatado a las autopistas, como recientemente hemos visto, y eso sólo se deriva de una interpretación ideológica de lo que es el gasto.

Porque el gasto público no es bueno o malo per se, depende del tipo de gasto público al que nos estemos refiriendo. Hay gasto público productivo, gasto público productivo, señor ministro, que todos entenderemos que permite estimular el crecimiento económico o sentar las bases de mayor productividad, como es el gasto público en educación y en innovación. Ese es un gasto público naturalmente positivo. También hay un gasto público que, siendo en términos economicistas improductivo, es socialmente necesario, gasto que permite que se articule mejor la ciudadanía, que se puedan promover determinados valores y principios democráticos, también es necesario;  también hay un gasto público improductivo que se deriva del capitalismo de amiguetes y del despilfarro.

Si hacemos esa diferenciación, nosotros siempre firmaremos a favor de acabar con ese gasto improductivo que tiene que ver con las redes clientelares, con el ‘capitalismo de amiguetes’ y con todo lo que hemos tenido oportunidad otras veces de denunciar. Sin embargo, este proyecto, que hubiera sido la oportunidad para acabar con ese gasto improductivo y aumentar la eficiencia del conjunto del gasto productivo y del gasto social necesario, no responde a eso; en absoluto responde a ningún criterio de esa naturaleza.

Quería aprovechar para citar cuatro puntos de reformas concretas que están insertas en este proyecto de ley y que, sin embargo, nos parecen de las más peligrosas y de lo menos necesario de hacer. En primer lugar, la integración en el INTA de diversos organismos, sin que ello repercuta en el empleo público; es decir, no se garantiza de ninguna de las formas que el empleo público se vaya a mantener. Y usted ha hecho una referencia al empleo público casi como un sacrificio; ha venido a decir que toda la pérdida del empleo público acometida desde el inicio de la crisis es un sacrificio necesario. Pues bien, eso no es compatible con estar diciendo continuamente que el objetivo de este Gobierno es el empleo. Es una situación de nuevo hipócrita y que necesariamente en el caso particular y concreto al que se refiere este proyecto de ley, que es el del INTA, y la inserción de otros organismos dentro del mismo, debería garantizar el empleo público.

En segundo lugar, el Instituto de la Mujer. No contentos con acabar con el ministerio, ahora se devalúa el Instituto de la Mujer. Proponemos en cambio que se pueda adscribir este instituto al Ministerio de la Presidencia para demostrar el carácter trasversal que tienen que tener las políticas de igualdad. Es necesario y en el proceso de las enmiendas parciales seguiremos insistiendo en ese punto.

En tercer lugar, el Observatorio Nacional de Salud, también devaluado, a nuestro juicio, como consecuencia de este proyecto de ley. Sabemos que la Sanidad Pública es fundamental, lo defendemos y lo defenderemos aquí y en la calle como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, pero sabemos que hacen falta también instituciones que estén fiscalizando continuamente todo lo que tiene que ver con la salud en nuestro país y los servicios públicos en general. Es un paso en falso por parte de este Gobierno devaluar aquellas instituciones que consolidan y mejoran la posición de la salud y del sistema sanitario en nuestro país.

En último lugar, algo que no es menos importante y, sin embargo, está potencialmente mucho más claro en la política del Gobierno a la hora de elaborar este proyecto de ley. Tiene que ver con el Consejo de la Juventud de España, señor ministro, porque nos deja muy claro por qué y cómo se ha elaborado este proyecto de ley y por qué y cómo se han elegido determinadas instituciones para suprimir y para reordenar y cuáles son los criterios elegidos.

El Consejo de la Juventud de España es una plataforma de organizaciones juveniles que son autónomas, es decir, no tienen que ver de forma directa con el Gobierno de España. Por tanto, permiten una pluralidad también política a la hora de hacer sus informes, a pesar de tener una financiación pública. Ese Consejo de la Juventud de España, que ha tenido unos grandes resultados y con el que la juventud está, en general, contenta con lo que ha sido su percepción, a pesar de que se pueden hacer críticas pasadas de insuficiencia en la presupuestación, es ahora un organismo que se ha suprimido en este proyecto de ley.

Sin embargo, se mantiene el instituto conocido como Injuve, que sí es dependiente directamente del Gobierno. Teníamos una aparente duplicidad de instituciones, el Injuve, dependiente del Gobierno, y el Consejo de la Juventud de España, que no dependía del Gobierno. Este Gobierno ha elegido -ahí se ve muy bien el criterio- eliminar el que no depende del Gobierno para mantener y cambiar el nombre al que depende directamente del mismo, que va a ser mucho menos crítico con las políticas gubernamentales.

Este ejemplo representa muy bien la política y el criterio con los que se ha hecho este proyecto de ley. Si este proyecto de ley se hubiese hecho, como decía al principio, para eliminar el gasto público improductivo -el de los despilfarros, el del amiguismo o el de las redes clientelares-, tendría la aprobación de toda la Cámara. Sin embargo, no hay criterio de esa naturaleza. Hay un criterio oscuro y poco transparente, siempre envuelto en grandes discursos retóricos de que es lo mejor para España, de que es eficiente y productivo. Pero luego, cuando bajamos a la realidad, vemos lo que está ocurriendo: una devaluación de instituciones públicas que son necesarias. Naturalmente tienen una financiación, pero son socialmente necesarias; incluso, como en el caso del INTA, tienen que ver con la investigación y con la capacidad potencial de la economía española de cara al futuro. Sin embargo, se las devalúa; cuando no directamente, como en el caso del Consejo de la Juventud, se las elimina aprovechando que eran organizaciones no adscritas al Gobierno. Por lo tanto, es un despropósito.

Teniendo la oportunidad tan clara para poder optimizar los gastos y hacer paralelamente políticas de ingresos adecuadas para tener servicios públicos de calidad -como, por cierto, dice la Constitución española, que tanto sale a relucir estos días-, este proyecto de ley va en la dirección contraria, que es la misma dirección que están llevando las políticas del Gobierno y que hemos venido denunciando últimamente. La noticia de hoy de que España es el segundo país con más pobreza infantil también es consecuencia en parte de la política de este Gobierno -aunque sea de una forma más indirecta, lo es- y es también reflejo de lo insuficientes que son las medidas legislativas que se están tomando, incluso de los efectos directos que pueden llevar a tener este tipo de políticas en el medio y en el largo plazo. Muchas gracias."

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