Intervención íntegra del portavoz económico de IU, ICV-EUiA, CHA
en el Pleno del Congreso para responder a las explicaciones del
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
"Señor ministro, usted ha hecho en su intervención una descripción de la
economía de España que es en exceso optimista, desgraciadamente, por la
situación en la que nos encontramos y que sólo podríamos entender si,
por ejemplo, fuésemos banqueros, grandes empresarios o grandes
empresarios de las autopistas.
Así entenderíamos ese optimismo
que usted ha estado señalando respecto a la situación actual que -dice
usted- en este caso, en este proyecto de ley se inserta en esa política
general. Sin embargo, acabamos de conocer una noticia reciente de hoy
mismo: España es el segundo país con más pobreza infantil de la Unión
Europea. Eso no se corresponde o no debería corresponderse con un país
desarrollado que se refleja en las palabras que usted ha dicho. Parece
ser que usted está haciendo un uso de las palabras, del lenguaje, que no
es coincidente con lo que los ciudadanos están viviendo en la calle.
Eso,
que es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente desde el
comienzo de esta legislatura, tiene aún más ‘inri’ cuando nos
enfrentamos ante un proyecto de ley que utiliza el lenguaje de una forma
quizás demasiado torticera, porque el propio lenguaje -otros grupos han
podido señalar en las intervenciones anteriores algunas de estas
cuestiones- lleva a claros equívocos. Cuando hablamos de racionalización
-que como otros han señalado anteriormente, algunas instituciones,
entre ellas el Consejo de Estado, es una palabra excesiva para el
contenido del proyecto de ley-, uno está pensando en una radicalización
del cambio de la estructura de las instituciones públicas en nuestro
país y, por desgracia, por lo que nosotros entendemos -a continuación lo
explicaremos-, no se trata de eso. Al contrario, de lo que estamos
hablando es de una reordenación bastante caótica, descontrolada y a
continuación precisaremos por qué nos lo parece esta forma.
No
obstante, primero quiero señalar una cuestión general a la que usted
también se ha referido: el elemento de cómo relacionar una mejor
utilización de servicios públicos, cuestión que si se vendiera de esa
forma todo el mundo firmaría, porque todo el mundo quiere utilizar mejor
los servicios públicos y las instituciones públicas; hasta ahí no cabe
ninguna duda. La cuestión es que eso pueda encubrir una devaluación de
la calidad de esos servicios y de esas instituciones, que a nuestro
juicio es lo que va a ocurrir y es lo que se deriva de este proyecto de
ley concreto.
Sin embargo, dentro de ese esquema general, cuando
hablamos de gastos tenemos que recordar que en el proyecto de ley
presentado por el Grupo Popular nos encontramos con que se reconoce que
España es uno de los países que menos gasta en gasto público con
respecto al producto interior bruto; estadísticamente es así.
De
esa forma tenemos que empezar reconociendo, porque sería deshonesto
hacerlo de otra forma, que no es un problema de gasto lo que asola a la
economía española; al contrario, lo que estamos viendo es que es un
problema de ingresos. De ingresos, señor Montoro -lo hemos visto en esta
legislatura-, derivados del fraude fiscal, de ingresos derivados de un
mal sistema fiscal y de ingresos porque la crisis económica ha
disminuido la actividad productiva. Hay que incidir ahí, y el Gobierno
incide mal. Además, usted ha aprovechado su intervención para anunciar
más reformas tributarias que van en la línea contraria a lo que nosotros
queremos, que es lo que usted ha anunciado: disminuir los impuestos
directos sin haber mencionado los impuestos indirectos, que ya veremos
finalmente cómo quedan; por tanto, esa política es errónea en ese
sentido.
Después, si hacemos mención al gasto, nos encontramos
con que la política que usted ha estado describiendo es hipócrita porque
no es coincidente con la realidad, porque este Gobierno es el Gobierno
del endeudamiento público, porque por mucho que demonice el gasto
público o el endeudamiento público, al final es el Gobierno que más ha
desembolsado para rescatar al sistema financiero, que más ha ampliado
los créditos extraordinarios del gasto militar, que más ha rescatado a
las autopistas, como recientemente hemos visto, y eso sólo se deriva de
una interpretación ideológica de lo que es el gasto.
Porque el
gasto público no es bueno o malo per se, depende del tipo de gasto
público al que nos estemos refiriendo. Hay gasto público productivo,
gasto público productivo, señor ministro, que todos entenderemos que
permite estimular el crecimiento económico o sentar las bases de mayor
productividad, como es el gasto público en educación y en innovación.
Ese es un gasto público naturalmente positivo. También hay un gasto
público que, siendo en términos economicistas improductivo, es
socialmente necesario, gasto que permite que se articule mejor la
ciudadanía, que se puedan promover determinados valores y principios
democráticos, también es necesario; también hay un gasto público
improductivo que se deriva del capitalismo de amiguetes y del
despilfarro.
Si hacemos esa diferenciación, nosotros siempre
firmaremos a favor de acabar con ese gasto improductivo que tiene que
ver con las redes clientelares, con el ‘capitalismo de amiguetes’ y con
todo lo que hemos tenido oportunidad otras veces de denunciar. Sin
embargo, este proyecto, que hubiera sido la oportunidad para acabar con
ese gasto improductivo y aumentar la eficiencia del conjunto del gasto
productivo y del gasto social necesario, no responde a eso; en absoluto
responde a ningún criterio de esa naturaleza.
Quería aprovechar
para citar cuatro puntos de reformas concretas que están insertas en
este proyecto de ley y que, sin embargo, nos parecen de las más
peligrosas y de lo menos necesario de hacer. En primer lugar, la
integración en el INTA de diversos organismos, sin que ello repercuta en
el empleo público; es decir, no se garantiza de ninguna de las formas
que el empleo público se vaya a mantener. Y usted ha hecho una
referencia al empleo público casi como un sacrificio; ha venido a decir
que toda la pérdida del empleo público acometida desde el inicio de la
crisis es un sacrificio necesario. Pues bien, eso no es compatible con
estar diciendo continuamente que el objetivo de este Gobierno es el
empleo. Es una situación de nuevo hipócrita y que necesariamente en el
caso particular y concreto al que se refiere este proyecto de ley, que
es el del INTA, y la inserción de otros organismos dentro del mismo,
debería garantizar el empleo público.
En segundo lugar, el
Instituto de la Mujer. No contentos con acabar con el ministerio, ahora
se devalúa el Instituto de la Mujer. Proponemos en cambio que se pueda
adscribir este instituto al Ministerio de la Presidencia para demostrar
el carácter trasversal que tienen que tener las políticas de igualdad.
Es necesario y en el proceso de las enmiendas parciales seguiremos
insistiendo en ese punto.
En tercer lugar, el Observatorio
Nacional de Salud, también devaluado, a nuestro juicio, como
consecuencia de este proyecto de ley. Sabemos que la Sanidad Pública es
fundamental, lo defendemos y lo defenderemos aquí y en la calle como lo
estamos haciendo hasta el día de hoy, pero sabemos que hacen falta
también instituciones que estén fiscalizando continuamente todo lo que
tiene que ver con la salud en nuestro país y los servicios públicos en
general. Es un paso en falso por parte de este Gobierno devaluar
aquellas instituciones que consolidan y mejoran la posición de la salud y
del sistema sanitario en nuestro país.
En último lugar, algo
que no es menos importante y, sin embargo, está potencialmente mucho más
claro en la política del Gobierno a la hora de elaborar este proyecto
de ley. Tiene que ver con el Consejo de la Juventud de España, señor
ministro, porque nos deja muy claro por qué y cómo se ha elaborado este
proyecto de ley y por qué y cómo se han elegido determinadas
instituciones para suprimir y para reordenar y cuáles son los criterios
elegidos.
El Consejo de la Juventud de España es una plataforma
de organizaciones juveniles que son autónomas, es decir, no tienen que
ver de forma directa con el Gobierno de España. Por tanto, permiten una
pluralidad también política a la hora de hacer sus informes, a pesar de
tener una financiación pública. Ese Consejo de la Juventud de España,
que ha tenido unos grandes resultados y con el que la juventud está, en
general, contenta con lo que ha sido su percepción, a pesar de que se
pueden hacer críticas pasadas de insuficiencia en la presupuestación, es
ahora un organismo que se ha suprimido en este proyecto de ley.
Sin
embargo, se mantiene el instituto conocido como Injuve, que sí es
dependiente directamente del Gobierno. Teníamos una aparente duplicidad
de instituciones, el Injuve, dependiente del Gobierno, y el Consejo de
la Juventud de España, que no dependía del Gobierno. Este Gobierno ha
elegido -ahí se ve muy bien el criterio- eliminar el que no depende del
Gobierno para mantener y cambiar el nombre al que depende directamente
del mismo, que va a ser mucho menos crítico con las políticas
gubernamentales.
Este ejemplo representa muy bien la política y
el criterio con los que se ha hecho este proyecto de ley. Si este
proyecto de ley se hubiese hecho, como decía al principio, para eliminar
el gasto público improductivo -el de los despilfarros, el del amiguismo
o el de las redes clientelares-, tendría la aprobación de toda la
Cámara. Sin embargo, no hay criterio de esa naturaleza. Hay un criterio
oscuro y poco transparente, siempre envuelto en grandes discursos
retóricos de que es lo mejor para España, de que es eficiente y
productivo. Pero luego, cuando bajamos a la realidad, vemos lo que está
ocurriendo: una devaluación de instituciones públicas que son
necesarias. Naturalmente tienen una financiación, pero son socialmente
necesarias; incluso, como en el caso del INTA, tienen que ver con la
investigación y con la capacidad potencial de la economía española de
cara al futuro. Sin embargo, se las devalúa; cuando no directamente,
como en el caso del Consejo de la Juventud, se las elimina aprovechando
que eran organizaciones no adscritas al Gobierno. Por lo tanto, es un
despropósito.
Teniendo la oportunidad tan clara para poder
optimizar los gastos y hacer paralelamente políticas de ingresos
adecuadas para tener servicios públicos de calidad -como, por cierto,
dice la Constitución española, que tanto sale a relucir estos días-,
este proyecto de ley va en la dirección contraria, que es la misma
dirección que están llevando las políticas del Gobierno y que hemos
venido denunciando últimamente. La noticia de hoy de que España es el
segundo país con más pobreza infantil también es consecuencia en parte
de la política de este Gobierno -aunque sea de una forma más indirecta,
lo es- y es también reflejo de lo insuficientes que son las medidas
legislativas que se están tomando, incluso de los efectos directos que
pueden llevar a tener este tipo de políticas en el medio y en el largo
plazo. Muchas gracias."
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