La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial, lo que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de EEUU y la UE difieren en mucho al tratar determinados sectores o productos. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal principio no opera y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea?
La pregunta está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada la lógica del sistema económico. Y es que cuando se abren las fronteras a la competencia extranjera, como busca cualquier tratado de libre comercio, se inicia una competencia a la baja o carrera hacia el fondo que desploma los estándares laborales, medioambientales, sanitarios e incluso democráticos. Es decir, en esas circunstancias económicas cualquier coste es un obstáculo para vencer en la carrera competitiva, y lo mismo da que se trate de un salario alto o de un severo control medioambiental.
El caso del fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de gas y petróleo está extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a los efectos negativos que tiene sobre el subsuelo e incluso la salud humana su prohibición está ganando terreno en la Unión Europea. Las multinacionales estadounidenses y las multinacionales europeas y algunos líderes políticos han protestado. Las primeras porque insisten en ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian que compiten con desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo nítidamente que la paralización del fracking promovida desde la UE provocaba que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra parte.
Así las cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o armonización de las regulaciones siempre se hace por la baja. Desregulación, en definitiva. No sólo de elementos medioambientales, como el fracking, o sanitarios, como los transgénicos o el etiquetado de productos, sino también laborales y democráticos.
EEUU no ha firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo una cláusula llamada irónicamente Derecho al Trabajo se esconde una legislación antisindical que será armonizada con la regulación laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y político en el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la excesiva regulación laboral… Intrigante.
Más jugo tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como consecuencia del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares. Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta naturaleza.
Por cierto, estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa sólo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al cabo se trata de un atentado contra la democracia, incluso entendiendo ésta sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a las multinacionales un poder y una capacidad de la que carecen los ciudadanos.
Constituye, en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la vez destituye el ahora presente en las constituciones nacionales. Sirve para construir un nuevo marco de reglas profundamente sesgadas hacia el interés individual de las grandes empresas. Supone, a falta de su consecución, una verdadera distopía potencial. Y es, naturalmente, el enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del Acuerdo Multilateral de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del fallido ACTA que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo, y una movilización social contundente y a tiempo puede suponer una nueva victoria ciudadana y de la clase trabajadora. En España los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso». Sin embargo, es aún posible movilizar a las bases sociales para continuar luchando contra esta Unión Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que comencemos cuanto antes por la pedagogía política llevando a todas partes esta antidemocrática y miserable actuación de las élites europeas. Y hundamos sus elitistas y distópicos proyectos con la misma fuerza y contundencia con la que tenemos que impulsar nuestras utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the US”.
[3]Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade
Fuente: www.blogs.publico.es/economia-para-pobres
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