por Carmen Soánez, concejala de IU Ciudad Real – (El poder de la gente (V)
Si nos remitimos a lo recogido en la Carta Europea de la Autonomía
local, ratificada por España en 1988, en la que considera que “las
Entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen
democrático; que el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión
de los asuntos públicos forma parte de los principios democráticos… que
la existencia de Entidades locales, investidas de competencias
efectivas, permite una administración a la vez eficaz y próxima al
ciudadano…, que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía
local en los diferentes países de Europa representan una contribución
esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de
democracia y descentralización del poder”.
Sí, este derecho está recogido en la Carta Europea, y ratificado por
todos los países miembros, incluido España, sin embargo la situación que
vivimos en la actualidad europea, como consecuencia de las políticas
liberales ejercidas –para las que prima el interés de las grandes
empresas y entidades financieras– han traído, como consecuencia en
España la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local de diciembre de 2013, que reconoce la necesidad de dar
cumplimiento a los compromisos europeos sobre la consolidación fiscal
que le viene impuesta en el Memorándum de Entendimiento sobre el sector
financiero.
Con esto se está cercenando la autonomía municipal garantizada, también, por el artículo 140 de la Constitución española,
ya que exige racionalizar la estructura organizativa de la
Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia,
estabilidad y sostenibilidad financiera y garantizar un control
financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa
económica privada evitando intervenciones administrativas
desproporcionadas.
Es decir, que la función social y cercana de los ayuntamientos, ha
pasado a ser mero apunte contable en la hoja de resultados de cualquier
empresa que se hace cargo de “vender” los servicios básicos. A ser
mercancía en manos de empresas privadas que sumaran a sus beneficios los
repercutidos por el abastecimiento del agua; de las escuelas;
de los servicios sociales; de la cultura y el deporte; de la
pavimentación de las vías públicas; la limpieza viaria. Esta
ley obliga a los ayuntamientos a reducir la autonomía municipal y la
participación ciudadana, a disolver los pequeños municipios a través de
la fusión de los mismos.
Qué conclusión debemos extraer y por qué debemos participar en las elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo:
para conseguir que en Europa las políticas cambien, las políticas se
dirijan a garantizar los derechos de las personas no a los intereses
económicos; si se hacen planes que se dirijan a la creación de empleo, a
la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, a la defensa de la
sanidad universal, al mantenimiento de la educación en igualdad de
derechos; al sostenimiento de una sociedad integral y justa para la
juventud, estable para la madurez y digna para la vejez. Y en fin para
evitar que desde una Europa conservadora nos ajusten al patrón
economicista y para que podamos mantener la defensa y el fortalecimiento
de la autonomía local, garante de una administración a la vez eficaz y
próxima a las personas.
Fuente: www.elcrisoldeciudadreal.es
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