Izquierda Unida ha denunciado en múltiples ocasiones que
PP y PSOE coinciden en la mayoría de sus votaciones en el Parlamento
Europeo o sobre los asuntos relacionados con la política comunitaria. El
martes sumaron otra muesca en la cuenta cuando los dos partidos
mayoritarios rechazaron en el Congreso someter a referéndum el futuro
acuerdo de libre comercio que negocian EE UU y la UE.
La Izquierda Plural (grupo que reúne a IU, ICV-EUiA y CHA) planteó una
moción a cuenta de la negociación de la Asociación Transatlántica para
el Comercio y la Inversión ( denominado TTIP por sus siglas en inglés).
La moción instaba al Gobierno a rechazar el actual proyecto y a que, en
cualquier caso, su futura ratificación se someta a la voluntad de los
ciudadanos de la unión. En último término pedía que, al menos, la
Comisión de Asuntos Exteriores constituyera un trabajo para arrojar luz
sobre unas conversaciones que, hasta ahora, se están llevando en
secreto.
Los dos primeros puntos fueron rechazados
por PP y PSOE, además de por CiU, UPyD y PNV. "Se trata de la creación
de un área de libre comercio y no hay participación de la sociedad
civil. Las negociaciones se están llevando a cabo a espaldas de la
soberanía de los Estados de la UE y queríamos que el Congreso
participara", se lamenta la diputada de ICV Laia Ortiz, que critica el
acuerdo tanto por el fondo como por las formas con las que se está
negociando.
La moción (que se puede consultar íntegra aquí) fue defendida el martes el diputado José Luis Centella
y aseguró en la tribuna que "el tratado busca fundamentalmente acabar
con la regulación que hay en la UE" y "primar los derechos de los
inversores sobre los de los ciudadanos". El secretario general del PCE
acusó además a PP y PSOE de teatralizar sus diferencias de cara a las
próximas elecciones: "Quienes mandan en la UE, más allá de los
rifirrafes de la campaña, son los intereses a los que la
socialdemocracia y la derecha europea han supeditado la firma de este
tratado".
"La clave está en quién planifica la economía: el BCE y la troika o los
parlamentos democráticamente elegidos", aseguró Centella en su
alocución, en la que acusó a la UE de intentar poner "las corporaciones
al nivel de los Estados" que la conforman. La mano derecha de Cayo Lara
en el Congreso reprochó las, en su opinión, falsas cuentas con las que
se intenta convencer a la ciudadanía de las bondades del acuerdo. Un
beneficio de 500 euros por cada persona de la UE. No decía margallo cómo
se repartían esos 500 euros. Por cada 1000 euros que gane Botín, habrá
un europeo o europea que no gane nada.
El diputado de
IU también conminó al Congreso a que exija al Gobierno que trabaje para
que, en todo caso, el futuro acuerdo sea sometido a referéndum en los
países miembro de la UE "antes de su ratificación".
Estos dos primeros puntos fueron rechazados por 296 de los 320 diputados
presentes. PP y PSOE sumaron sus votos a los de CiU y PNV (que forman
parte del grupo liberal en Estrasburgo) y de UPyD. El PSOE quiso
presentar una enmienda que no fue aceptada por el grupo que proponía la
moción. Ortiz critica el movimiento socialista por ser "un gran acto de
hipocresía". "Te hago una enmienda para no decir que estoy en contra.
Podrían haber abstenido pero votaron en contra", zanja.
De haber aceptado la enmienda del PSOE no se hubiera podido votar por
separado el tercer punto de la moción, que conminaba al Congreso a crear
un grupo de trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores "para que en
el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este
acuerdo y su repercusión en nuestro país". Este tercer punto fue tumbado
en solitario por el PP.
Un acuerdo en entredicho
El TTIP ha generado un sinfín de críticas desde que el presidente de EE
UU, Barack Obama, anunciara el inicio de unas negociaciones que, de
momento, son secretas. "La UE tiene los mejores estándares sociales y
medioambientales del mundo y con este pacto, sale perdiendo", asegura
Laia Ortiz. Y estos derechos, sostiene La Izquierda Plural, corren serio
peligro en caso de que el acuerdo salga adelante.
El
tratado incluye además la instauración de un sistema de arbitraje para
salvar las diferencias que se produzcan entre empresas y gobiernos que
dejaría muchos asuntos al margen de la jurisdicción de los Estados.
Este tipo de resolución de conflictos ya se ha puesto en marcha en
otros acuerdos similares que han permitido a grandes corporaciones a
cobrar indemnizaciones millonarias por cambios legislativos que
contrariaban su negocio. Algo parecido a lo que pedían los promotores de
Eurovegas antes de dar la espantada.
La ONG Amigos
de la Tierra pone un ejemplo: los 1.770 millones de euros que tuvo que
pagar Ecuador a la petrolera Occidental por rescindir el contrato entre
ambas después de que la compañía vendiera el 40% de sus derechos de
producción a otra sin cumplir la obligación de contar con el consenso
del Gobierno.
Fuente: www.eldiario.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario