Justo cuando se reanuda la tramitación en el Senado de
la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para permitir
reducir el número de diputados regionales, el periódico ABC ha dado a
conocer una encuesta de intención de voto que concluye que el PP
revalidaría su mayoría absoluta en la Cortes.
La
proyección de escaños que realiza la encuesta se hace considerando un
Parlamento de 53 escaños, es decir los que la propia Mª Dolores de
Cospedal decidió que habría en el futuro cuando reformó en junio de 2012
la ley electoral de Castilla-La Mancha para ampliar el número actual de
49 con el argumento de “procurar una Ley electoral más democrática, más
justa” (sic). Con ese número el resultado sería de 28 diputados para el
PP, 23 para el Psoe y 2 para Izquierda Unida que volvería a tener
representación parlamentaria.
Sin embargo la
modificación del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha impulsada
por la propia Cospedal le permitirá modificar nuevamente la Ley
electoral, sólo dos años después, pero en esta ocasión para reducir el
número de diputados en las Cortes y dejarlos en una horquilla de entre
25 y 35, con el argumento del ahorro, pese a que desde el año pasado,
por voluntad del PP, los diputados no cobran sueldo fijo.
El efecto de la reducción, además de consolidar el bipartidismo y en
especial premiar al más votado, tiene el efecto perverso de eliminar de
facto a las minorías. La formación más perjudicada será Izquierda Unida
que con el 8 % de los votos, como mínimo, que vaticinan las encuestas no
obtendría ningún diputado. Eso supone que, si se diera una
participación similar a la de 2011, unos 90.000 ciudadanos que votasen
esa opción se quedarían sin representación, a los que cabría unir otro 5
% (unas 50.000 personas) que votarán opciones minoritarias (UPyD,
Equo…) sin obtener tampoco escaño. Es decir, un mínimo del 13 % de los
ciudadanos que voten no estarán representados en las Cortes, para
“ahorrar”.
Ahorro ficticio
El portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, autor
del slogan de que se busca “ahorrar en políticos”, defendió la reforma
del Estatuto de Autonomía con el argumento de que se ahorrarían entre 4 y
5 millones de euros por legislatura, según cual sea el número
definitivo de diputados.
Pero si de verdad fuese ese
el objetivo sería más sencillo aplicar al personal de confianza
eventual, que son políticos al fin y al cabo designados a dedo, la misma
receta que han aplicado a los chóferes de la Junta que se pretenden
reducir a la mitad.
Y es que sólo la Presidenta y su
Consejería de Presidencia gastan en altos cargos y personal eventual más
de 3,25 millones de euros anuales para pagar a 77 políticos. Con que en
lugar de 56 “asesores” fuesen la mitad, en una legislatura se
ahorrarían 4,3 millones de euros, o sea más que reduciendo diputados.
Alternativas más democráticas
En las propuestas de veto presentadas por la oposición en el Senado se
ha denunciado que estamos ante una maniobra populista de Cospedal que no
persigue el ahorro sino consolidar su preeminencia electoral en
Castilla-La Mancha, aún dando por hecho una cierta bajada en la
intención de voto al PP.
Lo que se pretendería es
acentuar la injusta distribución actual de diputados regionales por cada
circunscripción electoral provincial, que hace que el voto de un
conquense “valga más” que el de un toledano, o dicho de otra forma que
elegir un diputado “sale más caro” en votos en las provincias más
pobladas, mucho más de lo que cabría esperar en términos proporcionales,
y ello de paso beneficia al PP, más consolidado en las provincias menos
pobladas.
Entre las alternativas propuestas se ha
planteado ampliar el número de diputados (ahora sin sueldo), en la línea
de lo que defendía el Partido Popular hace dos años, o crear la
circunscripción única en la región para que cada voto cuente igual y en
ese caso el número de diputados no sería lo más relevante.
Fuente: www.eldiario.es
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