El Consejo General del Trabajo Social alerta del "desmantelamiento de los servicios sociales" que prevé la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno en diciembre
Los Ayuntamientos perderán competencias en los servicios sociales básicos, que dependerán de las Comunidades Autónomas "ahogadas por las deudas"
Representantes de los trabajadores sociales, nacionales y extranjeros, debaten este fin de semana en Madrid cómo han afectado las políticas de austeridad a la atención social
Los recortes en sanidad y educación ocupan muchos
titulares, pero el recorte de los servicios sociales pasa más
desapercibido, lamenta Ana Lima, presidenta del Consejo General del
Trabajo Social. "A los trabajadores sociales no nos están escuchando y
somos testigos directos de cómo está afectando la crisis", expone. Y
alerta de lo que se avecina, del "desmantelamiento de los servicios
sociales" que resultará "del ahorro de unos 4.000 millones de euros en estas partidas".
"La reforma local incluye muchos aspectos, como el sueldo de los
alcaldes, pero que contiene cambios sustanciales en el modelo de los
servicios sociales", apunta. El Gobierno aprobó en diciembre la ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, con la que
asumen un ahorro para las arcas públicas de 8.000 millones. "De estos
más de 3.400 aparecen detallados como servicios sociales, a los que hay
que sumar otras partidas que también nos afectarán", explica la
presidenta del Consejo.
Al lado de Ana Lima,
Cristina Martins, presidenta de la Federación Internacional del Trabajo
Social (FITS) en Europa y Rory Truell, secretario general de la FITS
Mundial, han apoyado en un acto a los profesionales españoles en su
lucha por visibilizar los efectos de las políticas de austeridad para la
asistencia social "en el momento en el que es más necesaria, una crisis
económica".
El Consejo General del Trabajo Social
presentó el pasado octubre el primer informe ISSE, sobre los Servicios
Sociales en España, en el que se cifró en un 74% el aumento de la demanda de atención en el último año.
El estudio destaca que "la mitad de estos nuevos usuarios petenecen a
la clase media". "Personas que ni siquiera sabían dónde estaban los
servicios sociales", abunda Lima.
De cara a las elecciones europeas del 25 de mayo, los profesionales
piden a los diputados que resulten electos el abandono de "decisiones
basadas en los intereses del mercado. Hay otra forma de hacer las
cosas", añade Lima. Rory Truell hace un llamamiento a la inversión
económica. "La base fundamental para una economía fuerte es una
comunidad fuerte", apunta.
Los costes de la austeridad
Los ponentes destacan el incremento en los índices de pobreza en el continente.
En los últimos cinco años los niveles de pobreza han alcanzado a 10
millones de personas más, hasta llegar a los 124 millones, apuntan desde
la Federación Internacional. En este sentido, España ocupa los primeros
puestos de las clasificaciones internacionales: el país está entre los
diez primeros con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza y
exclusión social, y es el tercero con mayor índice de personas en
situación de pobreza después de haber recibido las transferencias
sociales, según los datos de Eurostat de 2012.
La
alta tasa de paro, otro de los rankings europeos que encabeza España
(sólo por detrás de Grecia), es uno de los mayores dramas de las
familias. "Hay gente que acude porque no puede dar de comer a sus hijos o
pagar la hipoteca porque no tiene trabajo, pero también se da un
fenómeno nuevo de gente empleada pero que está en situaciones de
problemas y exclusión", dice Lima. Según la presidenta de Consejo, España es el país con un mayor nivel de subempleo,
con un 9,2%, "de personas que están trabajando a jornada parcial, pero
no porque quieren sino porque no les queda otra opción".
Entre las consecuencias de la
austeridad presupuestaria, los trabajadores sociales destacan el aumento
de la violencia. "En un momento en el que hay tan pocos recursos, hay
un ambiente de crispación y de lucha por los escasos presupuestos",
expone Lima. La violencia plasmada en los suicidios ha aumentando entre
la población mayor de 45 años, indica Rory Truell.
La culpabilización del usuario de los recursos sociales es otra de las
denuncias. "Se transmite un mensaje de que los beneficiarios abusan de
las ayudas y estas ¡acaban retirándose! No creo que porque algunas
personas defrauden a Hacienda se supriman las políticas tributarias",
condena Lima.
Un modelo de beneficencia
La
reducción de los presupuestos del Estado, la reforma de la
Administración local y el aumento de los contratos con el Tercer Sector,
compuestos por ONG y otras organizaciones cívicas, son "un cambio de
modelo", según Ana Lima. "Con toda nuestra consideración al trabajo de
las ONG, su labor debe ser complementaria. La atención social es
responsabilidad del Estado", añade.
La reforma legal
en las competencias de los municipios preocupa especialmente al
Consejo. "Los políticos no dicen nada porque temen represalias en las
elecciones de 2015. Hemos invitado al presidente de la Federación
Española de Municipios a las jornadas que celebraremos en junio al
respecto y ni siquiera nos ha contestado", dice Lima.
En su opinión, la delegación de servicios al Tercer Sector es un
"caramelo envenenado": "Por un lado recortan los servicios estatales y,
por otro, aportan presupuesto a las ONG. Cuando aleguen falta de
presupuesto, no concederán subvenciones, y ya habrán acabado con el
sistema de servicios sociales".
La vía abierta a la
privatización de la reforma local también asusta al Consejo. "La pobreza
y otras materias sociales no llaman la atención de las empresas
privadas, así que la atención para las personas sin recursos quedará a
disposición de la beneficencia", lamenta Lima. Por eso, el Consejo
reclama una ley marco de servicios sociales, que "establezca un mínimo
de atención que no puedan negar las Comunidades Autónomas".
Fuente: www.eldiario.es
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